Se ha identificado a 266 víctimas, de las que 178 eran menores.

El reportaje es publicado por Religión Digital, 23-07-2018.

La Fiscalía de Chile investiga a 158 personas vinculadas con la Iglesia católica con motivo de los 144 casos de abusos sexuales o de otra índole, tal y como han informado este lunes fuentes de ese organismo.

Todos ellos son casos ocurridos en el país desde el año 2000, cuando entró en vigor la reforma procesal penal, dijo a los periodistas Luis Torres, director de la División especializada en Derechos Humanos, Delitos sexuales y Violencia de Género.

Hasta el momento se han identificado a 266 víctimas, de las cuales 178 eran menores cuando sufrieron los abusos, 31 eran adultos y del resto no se han precisado esos datos, indicó Torres. Cargos ocupados por los investigados De las personas investigadas, 74 estarían clasificados por la Fiscalía como obispos, sacerdotes o diáconos diocesanos que no pertenecen a ninguna congregación, mientras que otros 65 obispos, sacerdotes o diáconos sí pertenecerían a ellas.

También hay 10 personas laicas a cargo de pastorales parroquiales o pertenecientes a colegios; y otros 9 quienes no se especificó su función. La Fiscalía también determinó que "la gran mayoría de los hechos denunciados corresponden a delitos sexuales cometidos por sacerdotes párrocos o personas vinculadas a establecimientos educacionales".

Agregaron que también forman parte de estos datos cinco casos de "encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de una determinada diócesis".

Estado de las investigaciones

En cuanto al estado de las investigaciones, 34 se encuentran en diligencias pendientes y el resto ya concluyeron por distintas formas de término. Entre esas formas, destacaron 23 sentencias condenatorias, 1 absolución, 4 casos por suspensión condicional del procedimiento, 7 por sobreseimiento definitivo y 43 archivados de forma provisional o por no perseverar, al no existir antecedentes suficientes.

El Ministerio Público señaló que "todas las regiones reportaron al menos un caso, concentrándose la mayor cantidad en las regiones con mayor población (Metropolitana, Biobío y Valparaíso)". Esta información publicada este lunes por la Fiscalía del país procede de reportes de denuncias de las Fiscalías regionales, organizaciones sin fines de lucro e información entregada a través de comunicados de prensa de las distintas diócesis del país.

Además de los casos considerados desde la entrada en vigor en 2000 de la reforma procesal penal, hay otros más antiguos, algunos desde el año 1960, que no se han resuelto, añadieron desde la Fiscalía. Los casos de abusos sexuales han conmocionado desde hace años a la Iglesia católica chilena y el pasado junio el papa Francisco aceptó las renuncias de cinco obispos, después de que 34 miembros de la Conferencia Episcopal de Chile le ofrecieron sus cargos tras ser citados al Vaticano por el pontífice.

Colaboración con la Iglesia

La elaboración ocurre en un contexto de colaboración acordado entre el jefe del ente persecutor, Jorge Abbott, y los enviados especiales del Papa Francisco, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, en una reunión sostenida hace más de un mes.

De acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, también se decidió solicitar mayores antecedente al Vaticano.

Serán las fiscalías de Valparaíso, La Araucanía y Metropolitana Sur las que harán los requerimientos en bloque. Esta última, especialmente con miras al informe realizado por Scicluna. Así también no se descarta que otras unidades pidan información a la Santa Sede de forma particular, como Rancagua.

Hasta la fecha, las fiscalías regionales han nombrado a ocho fiscales preferentes o abogados punto de contacto para estos casos.

Tras comunicada la información, el director de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, reiteró el compromiso de los persecutores con el esclarecimiento de los hechos: "La definición del Ministerio Público es investigar todas las denuncias, más allá de si los delitos están prescritos o no, porque las víctimas tienen el derecho de ser escuchadas por la justicia", concluyó.

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