03 Fevereiro 2017
Treinta soldados, policías y civiles entraron a la fuerza a la casa de Ana Mirian Romero. Era la madrugada del 22 de octubre de 2015.
Según denunció esta activista que se opone a un proyecto hidroeléctrico en tierras indígenas, los hombres "me torturaron a mí y a mi esposo y saquearon la casa". Tenía 5 meses de embarazo.
El reportaje es de Juan Paullier*, publicado por BBC Mundo, 31-01-2017.
Ana Mirian pasó 11 días hospitalizada. Su cuñada Rosaura perdió su bebé en el ataque.
El caso de Romero, de 29 años, es uno de los tantos que se dan en Honduras, el país más peligroso para los defensores del medio ambiente, y aparece en un informe que Global Witness publica este martes.
Esta organización no gubernamental asegura que detrás de la ola de violencia que ha dejado 123 activistas asesinados desde 2010 (90% de los ataques quedan sin resolverse) se encuentra parte del poder político y empresarial hondureño.
"No es fácil parar esto. Hay que trabajar mucho, cuidarnos y seguir en la lucha, denunciar lo que está mal, agarrarse de la fe que tenemos", le dice Romero a BBC Mundo.
Las agresiones contra la ganadora el año pasado del premio "Front Line Defenders", a defensores de los derechos humanos cuyas vidas corren peligro, comenzaron en 2010.
"Hemos sido muy perseguidos y amenazados de que nos van a matar, un montón de cosas que nos dicen", explica.
Pese a la situación dramática a la que se exponen los defensores del medio ambiente en el país, para Romero —a quien tras el ataque de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares de protección— la situación ha mejorado.
"Ahora vemos que tenemos bastante apoyo", agrega, "estamos más con valorcito para denunciar. Antes era más peligrosos, nosotros no podíamos ni hablar en contra".
El proyecto al que se opone Romero se le conoce como Los Encinos y, según Global Witness, está administrado por Arnold Castro, marido de Gladys López, legisladora, vicepresidenta del Congreso y presidenta del gobernante Partido Nacional.
La ONG asegura que tres activistas indígenas que se oponían al proyecto murieron y que sus cuerpos fueron encontrados con indicios de tortura y descuartizados.
"Por ignorancia están deteniendo el futuro del país", aseguró Gladys López. en 2015 tras las acusaciones de indígenas que aseguraban que buscaba "privatizar" el río Chinacla. Y agregó: "Cuando yo no se algo, yo pregunto. Ellos están molestos porque no se les da dinero y ni se les va dar".
"Hay otras personas ahí que están construyendo algunos proyectos, pero no soy yo", se defendió en ese entonces.
Billy Kyte, jefe de campañas de Global Witness, pide una investigación sobre la congresista y su marido al recordar que la ley hondureña impide que los miembros del Congreso o sus cónyuges obtengan contratos o concesiones del Estado.
"Estamos viendo que las elites políticas y empresariales hondureñas están haciendo actos corruptos y delictivos para imponer proyectos económicos sin respetar la consulta de las comunidades afectadas", le dice a BBC Mundo.
"Nuestra investigación demuestra que políticos y empresarios en Honduras están vinculados con una ola de violencia contra gente común que defiende sus casas y sus tierras de la imposición de proyectos mineros, hidroeléctricos y de agroindustrias", añade.
Global Witness estuvo realizando su estudio durante dos años en base a documentos oficiales, testimonios de los afectados y otras fuentes.
Sobre el caso de la diputada, Kyte dice que una vez contactada no negó "el vínculo entre ellos y los proyectos, lo que sí niegan es cualquier vínculo con la violencia".
BBC Mundo contactó al Partido Nacional para obtener un comentario sobre las acusaciones pero no obtuvo una respuesta.
Otro de los casos que investigó la organización es el de la reconocida activista Berta Cáceres, asesinada en marzo pasado, quien hacía campaña contra la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca.
Siete hombres han sido acusados de su asesinato, dos de ellos tienen relación con la empresa propietaria del proyecto (Desarrollos Energéticos, DESA) -uno fue si gerente de temas sociales y medioambientales- y cuatro están vinculados con el ejército hondureño.
La firma ha negado en diversas ocasiones cualquier participación en el asesinato de Cáceres.
Global Witness considera en su informe que "quienes encargaron el asesinato de Berta Cáceres se encuentran en un escalafón superior al de las personas que están detenidas actualmente".
La organización pide que se investiguen las relaciones de DESA con el ataque, cuyo presidente solía trabajar en la inteligencia militar, de acuerdo a los autores del reporte.
Después del asesinato de Cáceres, 11 miembros del Congreso de EE.UU. enviaron una carta al Departamento de Estado para que ejerciera presión sobre el gobierno de Honduras para que permita una investigación internacional independiente sobre la muerte de Cáceres y financie un sistema de protección para activistas.
Martín Vázquéz es uno de los líderes del Movimiento Indígena Lenca de La Paz (Milpah), una organización que lucha contra dos proyectos de hidroeléctricas supuestamente vinculados a la congresista López.
Tres de sus miembros han sido asesinados y el propio Vázquez fue atacado y amenazado en julio.
"Ahorita tenemos a un compañero que fue herido de bala en un desalojo y lo llevamos a la clínica", le dice a BBC Mundo.
"Es totalmente peligroso defender la vida y el territorio, es totalmente salvaje", agrega.
"El gobierno ha aprobado una ley para la defensa de los defensores de los derechos humanos, ha aceptado los tratados internacionales para los pueblos indígenas, y ha declarado fuera de Honduras que se preocupa por los derechos humanos cuando en realidad es falso, una demagogia, una mentira total, Honduras es un país en guerra, uno no está seguro ni en el camino por donde va a cruzar en cualquier momento.
"Hay atropellos, amenazas, intimidación, hay represión, encarcelamiento, tortura, violencia, hay de todo lo que uno se pueda imaginar", remata.
BBC Mundo se comunicó con la oficina del presidente de Honduras para obtener una declaración sobre las acusaciones contra las autoridades pero no obtuvo una respuesta.
Kyte se reunió el lunes en Tegucigalpa, la capital del país, con el comisionado de Derechos Humanos y con el ministro de Defensa.
"Sus respuestas", cuenta, "han sido que están haciendo todo lo posible (...) reconocen que hay mucho que hacer en términos de protección a los defensores de derechos humanos, sí reconocen que hay problemas".
Global Witness también denuncia la "complicidad" de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, por apoyar al gobierno y no demandar más en cuestiones de derechos humanos.
(*) Alberto Nájar colaboró en la producción de este artículo.
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