01 Março 2019
"A las muchas alarmas de vulneración de los derechos sociales y políticos de los venezolanos, se suma la alerta de la llegada de la minería extractiva de gran escala al Arco del Orinoco".
La análisis es de Edgardo Lander, profesor Titular d ela Universidad Central de Venezuela e investigador Asociado del Transnational Institute, en artículo publicado por Revista Envío y reproducido por CPAL Social, 26-02-2019.
La primera parte del artículo aquí.
Hay pruebas del fracaso del proceso bolivariano en el desastre económico que vive Venezuela, en el colapso de su industria petrolera. Las hay en una política improvisada y de espaldas a las leyes. Más desconocida es la tragedia socioambiental decretada por el régimen entregando las tierras del Arco del Orinoco, el 12% del territorio nacional, a la gran minería transnacional.
Para analizar el estado actual de la economía en Venezuela no existe información oficial actualizada.
La mayor parte de las estadísticas divulgadas por el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística, organismo responsable del sistema estadístico nacional, tienen entre tres y cuatro años de retraso. Claramente, el gobierno ha decidido no divulgar la información que confirmaría la profundidad de la crisis económica. Los cálculos que se han difundido por analistas económicos, centros académicos, asociaciones empresariales e instituciones internacionales presentan grandes variaciones.
En los últimos años la economía venezolana registró una caída aun mayor que la vivida durante el paro petrolero-lock out empresarial de 2002-2003. El PIB ha caído por cuatro años consecutivos: 2014 (–3.9%), 2015 (–6.2%), 2016 (–16.5%). El FMI estima que la cifra correspondiente a 2017 fue de –12%, con lo que la economía venezolana a finales de 2018 tiene un PIB de sólo 66% de lo que fue en el año 2013. Dado que durante 2018 se ha profundizado la crisis, y de acuerdo a algunas proyecciones, es probable que para finales de 2018 el PIB se acerque a la mitad del nivel correspondiente al de 2013. Un descenso de carácter catastrófico.
Durante estos años ha habido un fuerte déficit fiscal del sector público consolidado: 2012 (15.1%); 2013 (13.2%); 2014 (8.8%); 2015 (10.3%); 2016 (17%). En 2017 la inflación superó el 2,000%, iniciándose un período de hiperinflación. A mediados de 2018 la inflación fue de más de 100% mensual. El FMI estima que para finales de 2018 la inflación anual habrá llegado a un millón por ciento.
Aparte de una generalizada especulación, la carencia de divisas y los desequilibrios estructurales entre una oferta de bienes, servicios y divisas en acelerado descenso ante unas expectativas de consumo que difícilmente puedan adaptarse a esas nuevas condiciones, un determinante medular de la hiperinflación ha sido la emisión masiva y creciente de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela con el fin de garantizar la expansión del gasto público y las políticas clientelares del gobierno en condiciones de severos déficits fiscales.
En mayo de 2018, después de tres años de recesión, la masa monetaria fue 509 veces mayor que la correspondiente a mayo de 2015. Esa expansión incontrolada de la masa monetaria se ha ido acelerando. Entre enero y mayo de 2018, la masa monetaria del país se multiplicó por siete, al pasar de 177 a 1,255 miles de millones de bolívares.
La emisión de papel moneda se ha quedado muy atrás, generando una severa escasez de efectivo. Mientras que tradicionalmente en el país el papel moneda circulante ha representado entre 13-14% de la masa monetaria, en la actualidad no llega al 2%. La falta de efectivo se ha convertido en un componente adicional de las dificultades que enfrenta la población en su vida cotidiana. Los bancos permiten retirar montos muy restringidos de dinero cada día, y hay gastos, como los del transporte urbano e interurbano, que no se pueden pagar sino en efectivo. Para ello es frecuente tener que comprar efectivo a través de transferencias bancarias con recargos de hasta del 200% y 300%.
El valor total de las exportaciones bajó de 98,877 millones de dólares en 2012 a 27,407 millones de dólares en 2016. En un país absolutamente dependiente de las importaciones, entre 2012 y 2016, éstas descendieron de 65,951millones de dólares a 16,370 millones de dólares, una caída del 75%, con un severo impacto sobre el conjunto de la actividad económica debido a la carencia de insumos y repuestos. Particularmente dramático ha sido el impacto sobre la disponibilidad de alimentos, medicinas y transporte.
A partir de 2015 se produce un déficit en la cuenta corriente. Las reservas internacionales cayeron de 35 mil millones de dólares en 2009 a 8 mil 700 millones de dólares en julio de 2018. Se estima que la deuda externa total es de 184,500 millones de dólares, sin incluir “los compromisos de deuda comercial, la deuda a proveedores de PDVSA, la deuda por nacionalizaciones y compromisos con organismos multilaterales, entre otros”. Esta deuda es veinte veces mayor que las reservas internacionales totales del país y representa casi siete veces el monto total de las exportaciones de 2016, último año para el que hay información oficial.
A pesar de que hubo años de muy elevados precios del petróleo, la deuda externa per cápita pasó de 1,214 dólares en 1999 a 3,916 dólares en 2017. El hecho de que el gobierno le haya dado prioridad al pago puntual de esta deuda sobre las necesidades más urgentes de alimentación y salud de la población ha sido un factor fundamental de la presente crisis social.
China, y en segundo lugar Rusia, han sido durante los años del proceso bolivariano las principales fuentes de financiamiento externo. Sin embargo, a mediados de 2018, era tal la dificultad del país para cancelar sus compromisos que esos países no parecían dispuestos a seguir suministrando dinero fresco.
El colapso de los precios del petróleo, que pasaron de un promedio que giró en torno a los 100 dólares por barril entre 2012 y 2014, a un promedio de 41 dólares por barril en 2015, fue un componente fundamental de la crisis económica que vive el país. Sin embargo, esto en modo alguno basta para explicarla. Ningún otro país petrolero ha experimentado un deterioro similar en esos mismos años. Por otra parte, los precios del petróleo han venido recuperándose hasta superar los 66 dólares por barril a mediados de 2018, precio más elevado que el promedio durante los catorce años del gobierno de Chávez.
Más allá de los precios del petróleo, la industria petrolera está prácticamente en estado de colapso, poniendo de manifiesto en forma dramática algunas de las principales contradicciones y distorsiones del proceso bolivariano. Mientras que el gobierno nacional se había fijado como meta para 2019 la elevación de la producción de petróleo a 6 millones de barriles diarios, de acuerdo con el boletín estadístico mensual de la OPEP correspondiente a junio de 2018, la producción venezolana -según fuentes secundarias-, había descendido a 2 millones 340 mil barriles diarios, apenas un 44% del nivel de producción de 2009 y el nivel más bajo en décadas.
Este colapso de la producción nada tiene que ver con la intención de reducir las emanaciones de gases de efecto invernadero, ni con políticas de la OPEP destinadas a proteger los precios del petróleo. Hay una extraordinaria disparidad entre las metas de producción que se ha propuesto el gobierno y los niveles de producción que ha logrado.
No todo el petróleo que se exporta se traduce en nuevos ingresos, ya que una importante proporción de estas exportaciones están a orientadas a cancelar la deuda en petróleo que el Estado venezolano ha adquirido con China. Las refinerías están operando tan precariamente que han dejado de tener capacidad para abastecer el mercado interno. En los últimos años han aumentado los gastos operativos con una correspondiente reducción de la participación fiscal en los ingresos totales de la empresa. De acuerdo con la última publicación de los ”Estados Financieros Consolidados” de PDVSA, correspondiente a 2016, sus ganancias netas se desplomaron desde más de 9 mil millones de dólares en 2014 a 828 millones de dólares en 2016.
Son muchas las causas del deterioro de la empresa y del desplome de la producción. Entre ellas destacan, además de los factores externos mencionados, la incapacidad gerencial que conduce a ineficiencia e improvisación, la corrupción, los escandalosos sobreprecios en sus operaciones, el drenaje continuado de personal calificado y las limitadas inversiones en mantenimiento y tecnología.
La distribución prácticamente gratis de la gasolina en el mercado interno, y el masivo contrabando de extracción de sus productos que esto genera, implica pérdidas para el presupuesto nacional de miles de millones de dólares al año. Ha sido sistemático el proceso de descapitalización al que el Ejecutivo sometió a PDVSA, obligando a la empresa a entregar sus divisas al Banco Central a una paridad cambiaria que representaba una extraordinaria e insostenible sobrevaluación del bolívar.
Para seguir operando, a partir de 2007 la empresa comenzó un proceso de creciente endeudamiento externo. En 2017 ya debía un total de 71 mil millones de dólares, deuda que la empresa no está en capacidad de pagar, con lo que se acerca peligrosamente a un default que pondría en riesgo sus instalaciones en el exterior, en especial con CITGO, la subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos.
De enormes consecuencias no sólo para la industria petrolera, sino para el presente y futuro del país, fue la decisión estratégica del gobierno bolivariano de priorizar el desarrollo de los petróleos pesados y extrapesados de la Faja del Orinoco sobre el petróleo de los campos tradicionales.
Imaginarios megalómanos buscando convertir a Venezuela en una Gran Potencia Energética, sobre la base de las mayores reservas de hidrocarburos del planeta, llevaron a apostar el futuro del país al desarrollo exponencial de los yacimientos de la Faja del Orinoco.
Se trata mayoritariamente de petróleos pesados y extrapesados que requerirían, para los niveles de producción a los que se aspiraba, de una tecnología y de volúmenes de inversiones con las cuales no cuenta el país, sobre todo si, como se contempla en la Constitución del año 1999, se buscaba limitar la participación en el país de corporaciones transnacionales. Las inversiones en el petróleo de la Faja sólo serían rentables si se mantienen los precios del petróleo cercanos a los 100 dólares por barril y en el supuesto negado de que el uso del petróleo como combustible estuviese garantizado a muy largo plazo.
Mientras tanto, se descuidó o se abandonó una elevada proporción de los campos petroleros tradicionales, que tienen petróleos más livianos y costos de explotación muy inferiores. Se trata de pozos maduros, muchos en producción durante décadas, pero que todavía contaban con reservas suficientemente abundantes como para sostener niveles más modestos de producción durante el tiempo requerido para llevar a cabo la transición hacia una economía no rentista y no dependiente de la explotación de combustibles fósiles.
Hoy no se producen en el país los fósiles livianos para las mezclas requeridas para la explotación de los depósitos pesados y extrapesados, ni suficiente combustible para responder a las demandas del mercado interno. En las actuales condiciones de estrangulamiento económico / financiero, los livianos tienen que ser importados, casi todos de Estados Unidos.
Más allá del cálculo económico, el problema fundamental con este megaproyecto es el extremo daño ambiental que genera una escala de producción de un combustible fósil muy contaminante cuando, para la preservación de la vida en el planeta, es indispensable a muy corto plazo una drástica reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. A pesar de que se trata de hechos ampliamente conocidos, el gobierno bolivariano, a nombre del anticapitalismo y del Socialismo del Siglo 21, y a pesar de todos los documentos y declaraciones que ha formulado en defensa del planeta, se ha propuesto por la vía de los hechos niveles de producción que no pueden sino contribuir a socavar las condiciones que hacen posible la vida.
Otra de las razones del colapso de la industria petrolera nacional es que la corrupción lo atraviesa todo. Las subcontrataciones con sobreprecio -y el cobro de comisiones-, incluso en operaciones que podría realizar la propia empresa, se convirtieron en práctica generalizada.
En los últimos meses de 2017, con acusaciones de corrupción fueron detenidos unos 69 gerentes de la industria, incluidos el ex-presidente de PDVSA, el ex-Ministro de Petróleo y Energía y parte del equipo directivo de CITGO, la empresa filial que opera en Estados Unidos. Estas acusaciones -referidas a hechos cuya masiva escala era desde hace tiempo ampliamente conocida en el país- se destaparon como consecuencia de enfrentamientos crecientemente virulentos al interior del gobierno y del partido oficial, el PSUV. No han estado acompañadas de denuncias similares en otras áreas de la economía, en donde han operado desfalcos a la nación como en la entrega corrupta de divisas altamente subsidiadas en las importaciones de alimentos y las formas ilícitas mediante las cuales operó el masivo endeudamiento del país.
A diferencia de otros países en el continente, y a pesar del peso preponderante en la construcción de infraestructura que tuvo la Odebrecht durante todos los años del proceso bolivariano, y del hecho de que una buena parte de estas obras quedó paralizada, no se ha abierto ninguna investigación sobre las actividades corruptas de esta empresa y de sus contrapartes en el gobierno venezolano. Sin todo este monumental multidesfalco ocurrido en estos años, con seguridad la situación económica del país hoy sería diferente.
Ante el deterioro sostenido de los ingresos petroleros, el gobierno venezolano, en lugar de buscar opciones alternativas a la lógica rentista exportadora que tanto daño le ha causado al país, ha optado claramente por una profundización de esa lógica, ahora con la minería a gran escala.
En febrero de 2016 Maduro dictó el Decreto del Arco Minero del Orinoco mediante el que se abren a la gran minería internacional 112 mil kilómetros cuadrados, el 12% del territorio nacional, una superficie equivalente a la totalidad de la superficie de la isla de Cuba. Se trata de una vasta zona rica en minerales. Entre otros, oro, coltán, aluminio, diamantes y minerales radiactivos. El mineral a explotar en el que el gobierno ha hecho más énfasis ha sido el oro. Según el entonces Ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, se estima que las reservas auríferas de la zona serían de 7 mil toneladas, lo que representaría unos 280 mil millones de dólares.
El territorio que ha sido delimitado como Arco Minero del Orinoco tiene riquezas socioambientales e incluso económicas muy superiores al valor monetario potencial de las reservas mineras. Es parte del territorio ancestral de los pueblos indígenas Warao, E´Ñepa, Hoti, Pumé, Mapoyo, Kariña, Piaroa, Pemón, Ye´kwana y Sanema. Las condiciones materiales de reproducción de sus vidas serían devastadas por esta explotación minera, no sólo violando flagrantemente los derechos constitucionales de estos pueblos, sino amenazándolos con el etnocidio. Se trata de una parte de la Amazonía que juega un papel crítico en la regulación de los regímenes climáticos del planeta y cuya preservación es vital para frenar el avance del cambio climático.
Es un territorio de una extraordinaria diversidad biológica, que es la fuente principal de agua con la cual cuenta Venezuela y el territorio en el cual están ubicadas las represas hidroeléctricas que suministran más del 70% de la electricidad que se consume en el país. Profundizando la lógica extractivista, se le ha dado preferencia a la obtención de ingresos monetarios a corto plazo, aunque ello implique una devastación socioambiental de carácter irreversible. Todo esto se ha decidido por decreto presidencial en ausencia total de debate público, en un país cuya Constitución lo define como democrático, participativo y protagónico, multiétnico y pluricultural.
Este decreto constituye una abierta violación de derechos y responsabilidades ambientales taxativamente establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la legislación ambiental vigente y por acuerdos internacionales suscritos por el país como el Convenio de Diversidad Biológica. Se violan igualmente la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (enero 2001) y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (diciembre 2005). Entre estas violaciones destacan todas las normas de consulta previa e informada que están firmemente establecidas, tanto en la legislación venezolana como internacional (Convenio 169 de la OIT), en los casos en que se programen tareas que podrían impactar negativamente el hábitat de estos pueblos.
En el proyecto del Arco Minero está prevista la participación de “empresas privadas, estatales y mixtas”. El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas corporaciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales, la simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no exigencia de determinados requisitos legales previstos en la legislación venezolana, la generación de “mecanismos de financiamiento preferenciales” y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para- arancelarias para sus importaciones. Contarían igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado.
Las posibilidades de oponerse a los impactos negativos de la gran minería en la zona del Arco Minero están prohibidas por las normativas del decreto. Con el fin de impedir que las actividades de las empresas puedan ser obstaculizadas por la resistencia, se crea una Zona de Desarrollo Estratégico bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El decreto en cuestión establece en forma expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco Minero.
Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta “Prevalencia del interés general sobre Intereses particulares”, ya que se entiende por “intereses generales”, la explotación minera tal como ésta está concebida en este decreto presidencial. Toda otra visión, todo otro interés, incluso la apelación a la Constitución, pasan a ser definidos como un “interés particular” y por lo tanto sujeto a que los “organismos de seguridad del Estado” lleven a cabo “las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas” en el decreto.
Pero, ¿cuáles son o pueden ser los intereses denominados aquí como “particulares”? El decreto está redactado en forma tal que permite una amplia interpretación. Por un lado, señala expresamente como “particulares” los intereses sindicales y gremiales. Esto, sin duda, puede conducir a la suspensión, en toda la zona, de los derechos de los trabajadores con¬templados en la Constitución, y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Implica esto igualmente que los derechos “gremiales”, y por lo tanto “particulares” de los periodistas de informar sobre el desarrollo de las actividades mineras quedan suspendidos? ¿Son los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo con esto, intereses particulares?
A mediados de 2018 todavía no llegaban las grandes in¬versiones de empresas transnacionales esperadas por el gobierno, fundamentalmente por la ausencia de seguridad jurídica para éstas. Sin embargo, la minería ilegal de oro y coltán se expande ya aceleradamente con la participación de decenas de miles de mineros. Esta vasta extensión del territorio nacional se ha convertido en un territorio al margen del Estado y al margen de toda legalidad. Agrupaciones armadas, paramilitares, integrantes colombianos del ELN y de disidentes de las FARC, bandas criminales denominadas “sindicatos”, controlan diferentes sectores dentro de estos territorios y fijan los precios a los cuales obligan a los mineros a vender los minerales extraídos.
Todo esto con la complicidad de integrantes de la fuerza armada venezolana. Esta actividad minera ilegal opera con elevados niveles de violencia. Son frecuentes las muertes de mineros por disputas territoriales y son severos los impactos socioambientales. Para la minería del oro se utiliza en forma masiva el mercurio que ya se encuentra en grandes concentraciones en madres y niños de la zona. Niñas indígenas son raptadas en sus comunidades para someterlas a la prostitución en los campamentos mineros.
Ante la grave crisis económica, política, humanitaria y ética que vive el país el gobierno carece de iniciativas y propuestas.
Lo más común es que responda a las protestas con represión. Al negarse a reconocer la profundidad de la crisis y sobre todo sus causas, por ser incapaz de toda autocrítica sustantiva en torno a su responsabilidad en la crisis, por carecer de propuestas medianamente sistemáticas y coherentes, el gobierno anuncia una y otra vez políticas improvisadas que nunca van al fondo de los problemas.
La gran solución que ofreció Maduro en julio de 2018 fue la emisión del Bolívar Soberano, con el cual se prevé quitar cinco ceros a la moneda nacional. Con el fin de frenar la inflación se ha anunciado que se traspasaría al Banco Central de Venezuela la propiedad del petróleo del Bloque Ayacucho I de la Faja Petrolífera del Orinoco para que sirva de respaldo a la nueva moneda y, de acuerdo con Maduro, detener en seco la hiperinflación. Este anuncio ha generado debate y rechazo nacional.
Si lo que se busca es que ese petróleo sirva como garantía a la nueva moneda, se estarían hipotecando en forma inconstitucional estos bienes, ya que de acuerdo al artículo 12 de la Constitución: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles…”
En términos prácticos inmediatos es previsible que este respaldo petrolero a la moneda tenga poca incidencia en el control de la hiperinflación. El petróleo sirve de respaldo efectivo a la moneda sólo en la medida en que los poseedores de la moneda puedan tener un acceso previsible a ese petróleo, lo que evidentemente no es el caso. Esas reservas sólo tienen valor efectivo si pueden ser extraídas del subsuelo y el gobierno carece de los masivos recursos financieros que serían requeridos para ello. ¿Será que de lo que se trata es de dar un primer paso dirigido no solo a la privatización de esas reservas sino del conjunto de la industria petrolera?
No está claro cuál es el proyecto político del gobierno, más allá de un hecho indudable: busca permanecer en el control del Estado a como dé lugar.
Los principales instrumentos con los cuales cuenta para ello son el apoyo que hasta ahora le ha brindado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el poder total que le da una Asamblea Nacional Constituyente “supraconstitucional” y “plenipotenciaria”. La fuerza armada tiene mucho que perder con un cambio de gobierno. Además de condiciones salariales muy superiores a las del resto de los empleados públicos, una elevada proporción de los masivos niveles de corrupción de este gobierno han sido protagonizados por integrantes de algunos de los cuerpos de las fuerzas armadas.
En cuanto al futuro de la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno ha dado señales contradictorias. Inicialmente se había anunciado que su tiempo de vigencia sería por dos años. Sin embargo, de acuerdo a Diosdado Cabello, presidente de esa Asamblea, podría extender su vigencia hasta cuatro años más. Dado su carácter de “plenipotenciaria” y “supraconstitucional”, podría prolongar su vigencia por tiempo indefinido.
La elaboración de un nuevo texto constitucional parece estarse llevando a cabo en secreto, al margen incluso de quienes integran esa Asamblea. No existe, por tanto, información pública confiable sobre lo que podrían ser sus orientaciones fundamentales, sobre qué es lo que se busca con una nueva Constitución que no pueda lograrse con la Constitución de 1999.
Hay dos hipótesis principales, probablemente complementarias sobre lo que podrían ser los objetivos principales del nuevo texto constitucional. En primer lugar, buscar opciones a corto plazo ante la severa carencia de recursos con los que cuenta el Estado para responder a la crisis que vive en país. Con toda seguridad, el gobierno está consciente de que en las condiciones actuales se le está acabando el tiempo.
Ante la urgencia de nuevos ingresos, durante los últimos tres años ha venido tomando medidas para atraer al capital trasnacional. Las más importantes, la creación por decreto presidencial del Arco Minero del Orinoco, la creación de la zonas económicas especiales y la aprobación por la Asamblea Nacional Constituyente de una nueva ley de promoción y protección de la inversión extranjera.
Sin embargo, a pesar de las condiciones extraordinariamente favorables ofrecidas al capital extranjero, tanto en términos de flexibilidad regulatoria como de incentivos fiscales de todo tipo, y de las extraordinarias riquezas energéticas y mineras que está ofreciendo el Estado a las transnacionales, los torrentes de inversiones que esperaba el gobierno no han llegado. Y esto, fundamentalmente, porque se trata de inversiones de gran escala que solo serían rentables a mediano y largo plazo. Para ello las empresas, además de las condiciones favorables que les ofrece el Estado venezolano, requieren tanto de estabilidad política como de seguridad jurídica. Ninguna de esas dos cosas está hoy garantizada en el país.
No hay seguridad jurídica porque todos los decretos, normativas y contratos de esta nueva política minero / energética son anticonstitucionales y violatorios adicionalmente de las leyes de hidrocarburos, de la legislación de pueblos indígenas, del ambiente y de las relaciones laborales. Estas decisiones, además no han contado con el respaldo de la Asamblea Nacional, el único órgano legislativo reconocido por la mayoría de los países.
Por eso, con un cambio de gobierno todas estas medidas inconstitucionales podrían ser revertidas. Y por eso, para atraer las inversiones que necesita con urgencia, el gobierno, con toda seguridad, buscará darle un piso de legitimidad constitucional a todas estas políticas de orden neoliberal. Es, sin embargo, muy poco probable que estas modificaciones constitucionales alterasen la percepción que en el extranjero se tiene del país y sean capaces de generar la ansiada confianza.
En segundo lugar, para permanecer en control del Estado por tiempo indefinido, la actual dirigencia política del gobierno-PSUV tendría que modificar sustancialmente la estructura jurídico-política del Estado venezolano, dejando a un lado o acotando severamente las “rémoras” de la democracia representativa liberal.
Con un sistema político basado en elecciones universales, directas y secretas y con suficiente legitimidad como para que participe en ellas la mayoría de los ciudadanos, el gobierno no puede garantizar su control sobre el aparato del Estado. Para lograr ese control son diversas las modalidades de organización del Estado, y sobre todo del régimen electoral, basados en otros principios que, como en los tiempos del socialismo realmente existente, a nombre de profundizar la democracia se termine por liquidar toda posibilidad de expresión democrática.
Podrían incorporarse al nuevo diseño constitucional elecciones de segundo grado o elecciones basadas en organizaciones y sectores sociales que puedan ser controlados por el gobierno. Un paso en esta dirección ya se dio en las elecciones de la supuesta Asamblea Nacional Constituyente, cuando se estableció un régimen discriminatorio que dividía arbitrariamente a la población entre ciudadanos de primera, con derecho a dos votos, y ciudadanos de segunda con derecho a un solo voto.
En un contexto de divisiones internas y mucho malestar en las bases por la situación del país, se realizó a partir de fines de julio de 2018 el Cuarto Congreso del PSUV, con unos 670 delegados. En las semanas previas a su realización diversas voces, incluso de altos dirigentes, argumentaron públicamente que había llegado el momento de democratizar el partido y darle más peso a la opinión de las bases.
En ese congreso el vicepresidente del partido propuso que Nicolás Maduro fuese ratificado y electo como presidente del partido. Propuso adicionalmente “otorgarle de una vez toda la potestad necesaria para que tome todas las decisiones que él considere convenientes para nombrar a su dirección nacional, a los equipos políticos, y cualquier decisión que en materia organizativa sean necesarias para el fortalecimiento del partido y de la revolución”. Esto fue aprobado por aclamación. “Democrática” y “voluntariamente”, los delegados al congreso del PSUV aceptaron que todas las decisiones las puede tomar el líder máximo. Se repitió así el verticalismo y la total ausencia de democracia partidista interna propia de los tiempos más oscuros del estalinismo.
Todo esto define un nuevo momento político caracterizado, por un lado, por la profundización de la crisis humanitaria, una oposición partidista fragmentada y profundamente debilitada, el mayor o menor auge que puedan tomar las crecientes protestas sociales en el país, y los intentos de avance del proyecto autoritario, con contenidos económicos neoliberales que, contra viento y marea, se propone imponer el gobierno.
FECHAR
Comunique à redação erros de português, de informação ou técnicos encontrados nesta página:
Venezuela. El fracaso del proceso bolivariano - parte 2 - Instituto Humanitas Unisinos - IHU
