07 Dezembro 2018
En 2018 la mayoría de los venezolanos tiene peores condiciones de vida que las que tenía en 1998. En estos veinte años Venezuela ha experimentado una franca reversión de los principales logros que hubo en los primeros años del proceso bolivariano. ¿Por qué ocurrió esto?
La análisis es de Edgardo Lander, profesor Titular d ela Universidad Central de Venezuela e investigador Asociado del Transnational Institute, en artículo publicado por Revista Envío y reproducido por CPAL Social, 05-12-2018.
El proceso bolivariano en Venezuela, a partir de la elección de Chávez en 1998, comenzó en un momento crítico de la historia del país. En una sociedad que había entrado ya hacía dos décadas en el agotamiento del modelo petrolero rentista y su Estado clientelar, en una sociedad que atravesaba una severa crisis económica con un sistema político inestable y profundamente deslegitimado, las propuestas y el discurso de Chávez lograron crear un sentido de rumbo, una esperanza colectiva de que era posible otro horizonte para la sociedad.
En la primera década del gobierno de Chávez se produjeron cambios importantes en la sociedad. Se llevó a cabo un proceso constituyente que culminó con la aprobación, por vía de referéndum, de una nueva Constitución. En ella se estableció una amplia gama de modalidades de democracia participativa, destinadas no a reemplazar a la democracia representativa, sino a profundizar la democracia.
En un momento en que operaba en todo el continente una fuerte oleada neoliberal, se constitucionalizaron no sólo los derechos políticos, igualmente los sociales, económicos y culturales; el derecho a la educación en todos los niveles y el acceso a servicios de salud públicos gratuitos. Por primera vez en la historia se reconoció a los pueblos indígenas y sus derechos, incluidos los territoriales. Se dispuso un amplio control estatal sobre la industria petrolera y demás industrias básicas.
Con un mayor control público sobre los ingresos petroleros y un incremento sostenido de los precios de los hidrocarburos, aumentó sustancialmente el ingreso fiscal. Se produjo una fuerte reorientación del gasto público hacia políticas sociales, las denominadas “misiones”, destinadas prioritariamente a los sectores menos favorecidos de la población. Se amplió extraordinariamente la cobertura de la seguridad social. Como resultado de estas políticas y de un crecimiento económico sostenido durante varios años, se redujeron significativamente tanto los niveles de pobreza y de pobreza crítica (medidos por ingreso monetario), como los índices de desigualdad. Mejoraron todos los principales indicadores sociales, como la matrícula escolar, los niveles de nutrición y la mortalidad infantil.
Se produjeron profundos cambios en la cultura política popular. De unas condiciones generalizadas de apatía y distancia en relación a un sistema político desprestigiado en el cual había ido desapareciendo toda noción de lo popular hasta del ámbito del discurso, se pasó a una nueva condición de optimismo, de dignidad y convicción de que con la organización y movilización colectiva sería posible la construcción de un futuro mejor.
Se dieron ricos y variados procesos de organización popular, como las Mesas Técnicas de Agua, los Consejos Comunitarios de Agua, los Comités de Tierras Urbanos, los Comités de Salud, y posteriormente, los Consejos Comunales y las Comunas, que en su conjunto involucraron a millones de personas. Durante más de una década el gobierno de Chávez contó con elevados niveles de legitimidad en el mundo popular venezolano y ganó sucesivas elecciones entre los años 1998 y 2012.
En el ámbito latinoamericano, los ejemplos y las iniciativas del gobierno bolivariano jugaron un papel significativo en la emergencia de gobiernos progresistas que cubrieron la mayor parte de la geografía de América del Sur. Fueron importantes sus iniciativas, tanto en la derrota del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que el gobierno de los Estados Unidos pretendía imponer sobre todo el continente, como en la creación de nuevos mecanismos de solidaridad e integración latinoamericanos: UNASUR, CELAC, Alba y Petrocaribe.
Este extraordinario proceso de cambio se convirtió en una referencia global, en un rayo de esperanza tanto para pueblos y movimientos latinoamericanos, como para comunidades tan remotas como los campamentos de refugiados palestinos en Beirut y movimientos sociales en la India y en el Sureste Asiático.
Como era de esperarse, en un proceso político definido como anti-imperialista, y posteriormente como socialista, el proyecto bolivariano enfrentó durante todos estos años presiones y amenazas externas de la derecha global, especialmente del gobierno de Estados Unidos. Desde sus propios inicios, el gobierno de Chávez confrontó acciones imperiales destinadas a deponerlo. En todo momento, el gobierno de Estados Unidos ha apoyado política y financieramente los intentos de la derecha venezolana por derrocarlo, comenzando por el golpe de Estado de abril de 2002 y el paro petrolero-lockout empresarial que prácticamente paralizó al país durante dos meses entre los años de 2002 y 2003.
Barack Obama, justo antes de salir de la Presidencia, renovó una orden ejecutiva que declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”. En agosto de 2017, Donald Trump amenazó a Venezuela con una intervención militar de Estados Unidos: “Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario”.
Un nuevo paso se dio en agosto 2017 cuando Donald Trump ordenó un bloqueo financiero a Venezuela, que ha tenido una aplicación extraterritorial mucho más allá de los Estados Unidos, ya que muchos bancos de otros países, especialmente de la Unión Europea, han suspendido sus operaciones con Venezuela por temor a represalias del gobierno estadounidense. Al carecer de bancos corresponsales en Estados Unidos y en la Unión Europea, el gobierno venezolano ha enfrentado grandes dificultades para sus compras en el exterior (incluso de alimentos y medicamentos), para tener acceso a nuevas fuentes de crédito y para realizar pagos de su deuda externa. A diferencia de las sanciones anteriores, dirigidas puntualmente hacia algunos funcionarios del alto gobierno, estas sanciones económico/financieras afectan directamente a la mayoría de la población.
El desplazamiento político latinoamericano hacia el neoliberalismo ha alterado significativamente el contexto continental en el cual había operado el proceso bolivariano, conduciéndolo a un creciente y severo aislamiento no sólo internacional, también latinoamericano.
El actual contexto, profundamente adverso, es en modo alguno suficiente para explicar la profunda crisis multidimensional que hoy vive Venezuela. Tanto la recesión como la reducción sostenida de la producción petrolera comenzaron en 2014, tres años antes de las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Trump.
El proceso político bolivariano estuvo atravesado desde sus inicios por profundas contradicciones y vulnerabilidades internas, que se fueron haciendo más evidentes con el paso del tiempo. Esto hizo que, más allá de los discursos altisonantes, tuviese grandes limitaciones en su capacidad de resistir las presiones externas.
Lo limitaron las contradicciones entre un proyecto que se denomina anticapitalista y pluricultural, pero apuesta por la acentuación extrema del rentismo y el extractivismo petrolero y minero y por la profundización de la inserción colonial primario-exportadora de Venezuela en el régimen global de la división internacional del trabajo y de los recursos de la Naturaleza.
Lo limitó la extraordinaria dependencia del papel unipersonal de Hugo Chávez como líder carismático incuestionado del proceso bolivariano. Esto tuvo consecuencias profundamente contradictorias. Por un lado, la notable capacidad de liderazgo de Chávez hizo posible los quiebres político-culturales que caracterizaron a las primeras fases del proceso bolivariano, permitiendo quebrar la jaula de hierro de una sociedad que, a pesar de pasar por una profunda crisis económica y de tener un sistema político profundamente deslegitimado, estaba en lo fundamental desmovilizada y carecía de horizontes de cambio creíbles.
Chávez logró romper con el letargo, la apatía y la resignación del mundo popular ofreciéndole un nuevo rumbo, una nueva direccionalidad capaz de capturar los imaginarios colectivos. Pero, por otro lado, el proceso venezolano vivió igualmente las consecuencias negativas de un liderazgo unipersonal. Este modelo de liderazgo termina por generar un tipo de conducción caracterizado por el endiosamiento del líder y la exigencia de incondicionalidad. En un contexto así, el debate crítico estorba y las voces disidentes van siendo marginadas. Se empobrece de esa manera la posibilidad de debates abiertos y la exploración de opciones alternativas.
En estas condiciones no debe sorprender que muchas de las decisiones de Chávez fueran improvisadas y terminaran haciéndole mucho daño al país. Desde el punto de vista de la continuidad del proceso bolivariano, la presencia determinante de este tipo de liderazgo bloquea la emergencia de liderazgos alternativos, con lo cual la ausencia del líder máximo pone en riesgo todo el proyecto de cambio.
Fue también una limitación la tensión entre los imaginarios y prácticas del poder popular y la auto-organización desde abajo, por un lado, y políticas de inspiración leninistas de control desde arriba y la toma de todas las principales decisiones desde la cúpula del Estado-partido, que luego son informadas a la población a través de transmisiones conjuntas de radio y televisión. De esta manera se va socavando la confianza en las capacidades de auto-gobierno del pueblo organizado.
Ha habido en estos años una fuerte contradicción entre el impulso y promoción de múltiples formas de organización popular de base, y el establecimiento de estructuras de control vertical de estas organizaciones, así como la generación de una permanente dependencia financiera del Estado, minando así las posibilidades autónomas de estas organizaciones.
Han sido igualmente severas las limitaciones de un proceso de trasformación social concentrado en las dinámicas político-organizativas e institucionales, sin una correspondiente alteración de la estructura económica de la sociedad. Se dan pasos en la dirección de mayor democracia política, sin que eso esté acompañado de la democracia en el ámbito de la producción. Sin base productiva propia, las organizaciones populares no pueden dejar de depender del Estado. De esta manera se acentúa el Estado-centrismo verticalista rentista y clientelar de esta sociedad, lo cual es poco conducente a la ampliación de la democracia.
Fue una limitante la contradicción entre la ampliación de la democracia y el impulso de sus modalidades participativas, por un lado, y por el otro una cultura militar de mando vertical no deliberativo, aportada por la significativa presencia militar en todos los ámbitos del Estado (ministerios, instituciones y empresas públicas, gobernaciones, alcaldías) y del partido de gobierno.
Fueron igualmente severas las consecuencias limitantes de que a nombre de la Revolución se fuesen borrando los límites entre lo público-estatal y lo político-partidista. Cuando se considera que las fronteras entre lo público-estatal y lo político-partidista constituyen separaciones liberales que deben ser superadas en tiempo de “revolución”, se va diluyendo igualmente la frontera entre lo público y lo privado. Se crean así las condiciones político- institucionales para la masiva corrupción que ha caracterizado al gobierno bolivariano en todos sus niveles.
Limitó también el proceso bolivariano la concepción y práctica de la política como una confrontación entre amigo y enemigo. Esta visión terminó instalando en la sociedad venezolana una cultura de sectarismo, desconfianza y de no reconocimiento del otro, que dificulta enormemente las posibilidades de diálogos y acuerdos, aunque sean mínimos, ante la profunda crisis humanitaria que hoy vive el país.
La condición estructural básica de la sociedad venezolana, determinante fundamental de las severas dificultades económicas, políticas y culturales que venía confrontando desde hacía décadas, es la crisis terminal de su modelo petrolero rentista, de su altísima dependencia de la exportación de un solo producto, y del correspondiente modelo de Estado centralizador y clientelar.
Durante los años del gobierno de Chávez, más allá del discurso, no sólo no se tomaron ni siquiera pasos iniciales en la dirección de una transición hacia una Venezuela post-petrolera, sino que se profundizó aún más la dependencia del petróleo, hasta llegar éste a representar el 96% del valor total de las exportaciones del país. En términos relativos y absolutos se redujeron las exportaciones no petroleras y las exportaciones del sector privado. Al incremento de la demanda interna, que se dio como consecuencia de políticas públicas orientadas al aumento de la capacidad de consumo de la población, no se respondió con un aumento de la producción agrícola e industrial, sino con un crecimiento sostenido de las importaciones.
Una paridad cambiaria extraordinariamente sobrevaluada profundizó la histórica “enfermedad holandesa”. Importar bienes del exterior ha sido más barato que producirlos en el país y el comercio y las finanzas han sido más rentables que la actividad agrícola o industrial. Todo esto acentuó la vulnerabilidad de la economía e incrementó su dependencia de los ingresos petroleros.
Tanto las políticas sociales, que tuvieron durante unos años un impacto tan significativo en las condiciones de vida de los sectores populares, como las iniciativas de solidaridad con países latinoamericanos, han dependido de la renta petrolera. Se trató en lo fundamental de un modelo político distributivo. La única alteración significativa de la estructura productiva del país fue su progresivo deterioro.
Al pasar el proceso bolivariano a ser definido como socialista en los años 2006 y 2007, y a partir de una fuerte influencia cubana, se identificó socialismo con estatismo.
En ausencia total de un balance informado y crítico sobre las consecuencias que en Cuba tuvo la pretensión de dirigir la totalidad de la actividad económica desde instituciones del Estado, una muy amplia gama de empresas agrícolas, industriales, de servicios y comerciales venezolanas pasaron a ser empresas estatales. El total estimado es de 526 empresas, la mayoría de ellas pasó a ser gestionada en forma deficiente, con limitadas inversiones, así como con niveles bastante generalizados de clientelismo y corrupción. Carecieron de las divisas requeridas para su mantenimiento y actualización tecnológica.
La grotescamente distorsionada estructura de precios de la economía venezolana (una taza de café en una cafetería costaba, a mediados de 2018, lo mismo que 250 mil litros de gasolina de 95 octanos) ha afectado por igual a las empresas públicas y privadas. Lo mismo ocurre con la inflación u con la hiperinflación, lo que impide la realización del cálculo económico requerido para la gestión de toda unidad productiva.
La dirección de estas empresas estatizadas fue puesta en manos de “gente de confianza política”, con frecuencia militares, aunque no tuviesen conocimiento alguno de la actividad que les tocaba gestionar. La mayoría de estas empresas, desde las grandes plantas de acero y aluminio hasta pequeñas empresas de alimentos, pasaron a producir pérdidas y sólo pudieron mantenerse activas con los aportes que les hacía el Estado de la renta petrolera. Cuando el Estado dejó de tener capacidad para subsidiarlas, se profundizó la crisis de estas empresas.
El sector privado no está en mejores condiciones. De acuerdo a la última encuesta de la cámara empresarial de la industria, a mediados de 2017 sólo el 45% de la capacidad industrial instalada en Venezuela estaba siendo utilizada. A mediados de 2018 ya era menor.
La profunda crisis económica del país, el estado de colapso en que está hoy la industria petrolera, atravesada por la corrupción, todo unido a las tendencias autoritarias del gobierno de Nicolás Maduro se ha traducido en una profunda crisis social y ética de la sociedad venezolana.
En estos años se ha venido produciendo una franca reversión de los principales logros de los primeros años del proceso bolivariano. En 2018 la mayoría de la población tiene peores condiciones de vida que las que tenía en 1998 cuando Hugo Chávez ganó por primera vez las elecciones presidenciales.
La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, la falta de dinero en efectivo y la inseguridad hacen que la vida cotidiana sea cada vez más difícil para la mayoría de la población. En contra de lo que podría esperarse, después de años de movilizaciones y procesos organizativos basados en la solidaridad, tienden hoy a predominar en la población reacciones individualistas y competitivas. El “bachaqueo”, la reventa especulativa de productos subsidiados y el contrabando se han convertido en una actividad ampliamente generalizada dentro de una economía paralela de dimensiones desconocidas. Hoy, en ausencia de información oficial medianamente actualizada, la caracterización del estado actual del país en términos sociales y humanitarios tiene que basarse necesariamente en las investigaciones realizadas por universidades, centros de estudio y ONG.
Dados los niveles de hiperinflación, en 2017 el 87% de la población venezolana, medido por nivel de ingreso, es pobre, un incremento del 19% respecto a 2015. En base al método multidimensional que toma en cuenta ingreso, vivienda y su dotación, servicios, trabajo y protección social, la población caracterizada como pobre pasó de 41.3% en 2015 a 51.1% en 2017.
Quizás el impacto más directo que ha tenido el deterioro de la economía ha sido en los niveles de alimentación de la población. De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), en junio de 2018, con un salario mínimo apenas se podía adquirir un 1.8% de la canasta alimentaria del grupo familiar.
De acuerdo a la encuesta de ENCOVI, el 89.4% de la muestra afirmó que no le alcanzaba el dinero para comprar la comida. El 87.6% afirmó que “en los últimos tres meses había comido menos porque no encontraba alimentos para comprar”. El 61.2% dijo que en los últimos tres meses había vivido la experiencia de acostarse con hambre. Concluyen los investigadores de ENCOVI que el 80% de los hogares venezolanos tiene en la actualidad inseguridad alimentaria.
El gobierno ha respondido a esta situación focalizando lo fundamental de su política social en la entrega de bonos en efectivo a la población y en un masivo programa de distribución de alimentos altamente subsidiados mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Los alimentos son fundamentalmente carbohidratos.
De acuerdo a las encuestas de ENCOVI, a este programa tiene acceso el 85.7% de los hogares del país. Además, hay grandes diferencias en la recepción de las bolsas CLAP. Una vez por mes las recibe el 64% de los hogares de Caracas. En el resto del país más de la mitad de los hogares lo recibe sin periodicidad definida.
Aunque sin estos dos programas la situación alimentaria sería mucho más grave, éstos no han logrado superar la grave escasez de alimentos que padece la población. De acuerdo a la “Encuesta al seguimiento del consumo de alimentos” que hace el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el primer semestre de 2013 y el segundo semestre de 2017 se ha producido una reducción muy marcada en el “consumo aparente diario per cápita” de alimentos en la población venezolana. Según esto, no sólo se ha producido una reducción generalizada en el consumo de alimentos, también un cambio en la dieta de la población, con reducciones drásticas en el consumo de proteínas. El consumo de carne, huevos, leche y sus derivados tuvo una reducción de más del 60%. El único renglón en el que hay un leve incremento del consumo (5.1%) fueron raíces y tubérculos. Esta dieta se ha traducido en una pérdida generalizada de peso entre todos los estratos de la población, estimada en 8 kilos por persona sólo durante 2016.
La desnutrición tiene una incidencia particularmente severa en la infancia. Durante los últimos años Cáritas Venezuela ha venido haciendo un seguimiento de la situación nutricional de menores de cinco años en 38 de las parroquias más pobres en siete estados del país. De acuerdo al último informe, correspondiente a enero-marzo del 2018, 17% de los niños estudiados tiene desnutrición moderada o severa, 27% tiene desnutrición leve y 34% está en riesgo de desnutrición. Sólo 22% no tiene déficit nutricional. Estas cifras presentan un importante incremento comparada con las cifras del último semestre de 2017. El grupo de menores de 6 meses es el más afectado: 35% presenta niveles agudos, moderados o severos de desnutrición. En esas mismas parroquias, 38% de las mujeres embarazadas tenía desnutrición severa y 24% moderada.
Dado el impacto de la desnutrición en el desarrollo psicomotor y cognitivo en la primera infancia, se trata, sin lugar a dudas, del impacto de mediano y largo plazo de consecuencias más severas de la actual crisis venezolana.
El sistema público de salud está colapsado en su conjunto. La escasez de medicamentos es severa. Es muy limitado el acceso a medicamentos y tratamientos para enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Los centros de salud carecen de recursos para mantener equipos e instrumentos. Mueren pacientes renales porque las salas de diálisis no los pueden recibir. Mueren pacientes con trasplante de órganos porque carecen de tratamientos para evitar el rechazo. Son frecuentes las fallas de electricidad y agua en los hospitales. Muchos servicios hospitalarios han dejado de funcionar u operan en mínimas condiciones porque los médicos han renunciado.
Reaparecen enfermedades que ya estaban controladas. La malaria (paludismo), una enfermedad que había sido reducida a un único municipio del país, se ha extendido a prácticamente todo el territorio nacional. La gran mayoría de los casos de malaria reportados en el continente americano en el año 2017 se dieron en Venezuela. Entre las semanas epidemiológicas 1 y 42, se reportaron 319,765 casos de malaria, un aumento con respecto al número de casos acumulados notificados durante todo 2016, cuando hubo 240,613 casos. Más de la mitad de los casos de sarampión reportados en todo el continente americano en los primeros tres meses de 2018 ocurrieron en Venezuela.
Los pueblos indígenas son los más severamente afectados por esta crisis del sistema de salud. El pueblo Yanomami, en la frontera con Brasil, presenta una seria epidemia de sarampión. El pueblo Warao, en el Delta del Orinoco, tiene una extendida epidemia de VIH-SIDA. El pueblo Yukpa, en la Sierra de Perijá, está padeciendo de una enfermedad desconocida de carácter letal. La sobrevivencia de estos pueblos está en riesgo si no se logra detener estas epidemias.
El deterioro en la cobertura del sistema educativo ha sido alarmante en todos los niveles. Entre 2015 y 2017 la población entre 3 y 24 años escolarizada descendió del 78% al 71%. Los sectores más pobres de la población asisten a la escuela con irregularidad, principalmente por falta de comida en sus hogares y fallas en el servicio de agua. Como resultado de fallas en el transporte, tanto maestros y profesores como estudiantes dejan de asistir a las escuelas.
Maestras y maestros reportan casos de estudiantes que se desmayan en el aula por falta de una alimentación adecuada. Las universidades, sobre todo las públicas, están sufriendo un profundo proceso de deterioro. Prácticamente todo el presupuesto se dedica a salarios casi simbólicos, sin posibilidad alguna de cubrir los gastos de mantenimiento o a equipos y materiales de investigación o publicaciones.
Todas las universidades reportan renuncias de profesores y una masiva deserción estudiantil, tanto por no poder costearse los estudios por la necesidad de contribuir al sustento familiar, como por la sensación de inutilidad de los estudios en un contexto en que los salarios de los profesionales no alcanzan ni para alimentarse. Muchos optan por irse del país. Múltiples concursos para nuevos cargos de profesores en las universidades se declaran desiertos porque en estas condiciones la carrera académica dejó de ser vista como una opción de vida.
De consecuencias igualmente severas para la población es la inseguridad, producto tanto del hampa como de la represión policial / militar. La tasa de homicidios se ha incrementado en forma sostenida en el país desde 1995. De acuerdo a diversas fuentes, Caracas es hoy la segunda ciudad más violenta del mundo. Las fuerzas de seguridad del Estado, lejos de garantizar la protección de la ciudadanía son parte del problema. El ejemplo más violento han sido las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), creadas a mediados del año 2015 con el argumento de ofrecer seguridad ciudadana y controlar el hampa. Estas operaciones han operado como aparatos represivos que en forma sistemática han aplicado la pena de muerte en operativos policiales en los barrios populares.
Como consecuencia combinada de la ineficiencia, de la falta de inversión y mantenimiento y de la corrupción, todos los servicios públicos en el país se encuentran en la actualidad en un sostenido proceso de deterioro.
Las interrupciones del servicio eléctrico son frecuentes, sobre todo en algunas regiones del país como el Estado Zulia. Las comunicaciones telefónicas son cada vez más precarias y el Internet es cada vez más lento. Hay sectores, tanto populares como de clase media en Caracas, que pasan meses sin servicio de agua potable. La basura se acumula. El Metro de Caracas, principal medio de transporte de la ciudad, está cada vez más deteriorado, tiene retrasos frecuentes y su uso es cada vez más peligroso.
Es similar el deterioro de los servicios en las oficinas de atención al público y en las que se emiten cédulas de identidad y pasaportes y se legalizan documentos. Con frecuencia, lo único que garantiza la realización de trámites burocráticos es el pago de elevadas comisiones a los funcionarios públicos responsables. El alumbrado público es cada vez más limitado. Las calles y carreteras del país están llenas de huecos por falta de mantenimiento. Tiende a instalarse como sentido común la idea de que lo público es necesariamente ineficiente y corrupto. El transporte público y privado, tanto urbano como interurbano, cuenta con cada vez menos unidades en servicio por carecer de repuestos, especialmente cauchos y baterías. En la época navideña de 2017 se formaron colas hasta de tres días para comprar pasajes para viajar de Caracas a algunas ciudades del interior.
En los últimos cuatro años se ha producido una masiva diáspora de venezolanos y venezolanas que buscan un futuro mejor en el exterior. Aunque, como en tantos otros ámbitos, no hay cifras oficiales, diferentes fuentes estiman un volumen de emigración entre los 2 y los 4 millones de personas.
El gobierno colombiano ha confirmado la presencia de más de un millón de venezolanos en su territorio. Esta migración, que comenzó con sectores medios y profesionales, tiende a ampliarse a todas las esferas de la sociedad. Ha sido particularmente severo el impacto que, en hospitales, universidades e industrias, en especial en PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.), está teniendo este masivo abandono por parte de su personal.
La escala de esta migración es la expresión más dramática de una sociedad que se siente derrotada y sin salida, de una juventud que busca nuevos horizontes porque ya no ve posibilidades de futuro en su país. Para los familiares que permanecen en el país esta migración tiene dos caras. Por un lado, Venezuela se ha convertido en un importante receptor de remesas y una proporción creciente de la población depende de ese dinero para sobrevivir. Por otro lado, está produciendo dolorosos desgarramientos familiares.
En términos políticos, durante 2017 el gobierno logró consolidar su control sobre cada una de las estructuras del Estado, desde el Poder Ejecutivo hasta la gran mayoría de las alcaldías. Cuenta con un control político que, por el momento, parece bastante firme. La oposición de derecha y centroderecha ha quedado profundamente dividida y sus bases de apoyo desmoralizadas. La oposición de izquierda, incluyendo lo que ha sido denominado “chavismo crítico” y “chavismo democrático”, está constituida por grupos pequeños sin capacidad de incidir a corto plazo sobre el rumbo del país.
Con una hábil combinación de un discurso radical antiimperialista que atribuye todos los problemas del país a la “guerra económica”, dirigido a sus bases más incondicionales y una política clientelar ampliamente extendida, que combina dádivas, subsidios y amenazas, el régimen ha logrado relativos apoyos electorales, en modo alguno mayoritarios.
Ha logrado también la desmovilización de la mayoría de la población, dedicada a la difícil tarea del día a día. Para sobrevivir, una elevada proporción de la población ha pasado a ser absolutamente dependiente del reparto de bonos y de las bolsas de comida subsidiadas que distribuye el gobierno. La principal tarea de muchas de las organizaciones populares de base ha pasado a ser la coordinación de la distribución de bienes subsidiados.
En el año 2018 se han producido significativos desplazamientos en las expresiones del descontento de la población. Ante la derrota de las masivas movilizaciones de mediados de 2017, y ante la pérdida de legitimidad de los mayores partidos de la oposición entre sus seguidores, la conflictividad y protesta social en 2018 ha tenido un carácter fundamentalmente gremial/social, huelgas, paros, cortes de calles, protestas y movilizaciones, tanto por el salario y condiciones de trabajo, como por otros asuntos como la ausencia de agua, los cortes de electricidad, la carencia de comida, la in¬seguridad y la crisis del transporte.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el primer semestre de 2018 se registraron 5,315 protestas, unas 30 por día. De acuerdo a este observatorio “la mayoría (84%) se caracterizó por la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
En condiciones de creciente despolitización de la población, de desconfianza generalizada en la política y en los políticos, ya sean del gobierno o de la oposición, la conflictividad social ya no se expresa, como en años anteriores, en posturas polarizadas a favor o contra del gobierno, sino en demandas más inmediatas que tienen que ver con la sobrevivencia.
El futuro inmediato del país dependerá, en una importante medida, del grado en que estas múltiples protestas logren articularse en un nuevo tipo de movimiento más allá de los partidos que hasta 2017 habían sido los principales actores en la escena política nacional. (Continuará…)
*El texto íntegro de este análisis apareció publicado en www.aporrea.org y fue escrito en Caracas en agosto de 2018.
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El fracaso del proceso bolivariano - Instituto Humanitas Unisinos - IHU
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