La Cámara de los Diputados de México aprobó el 19-4 una ley de combate a la tortura en el país. El proyecto tuvo el apoyo de 319 diputados, y 97 votaron contra. El principal objetivo de la legislación es el de combatir abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del país a los ciudadanos mexicanos.

La iniciativa tiene la denominación de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratamientos o Penas Crueles, Deshumanas y Degradantes. Con la aprobación en la Cámara, el proyecto fue enviado al Senado, en donde ya tramitó, para ser ratificado.

Diputados aprueban la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura; la turnan al Senado https://t.co/LAb6PkUqAW pic.twitter.com/1iCo9guWUq

— Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) 19 de abril de 2017

La legislación fue impulsada en parte por el Ejecutivo, liderado por el presidente Enrique Peña Nieto. Uno de sus objetivos es adecuar la legislación interna del país a sus obligaciones internacionales en relación a los derechos humanos.

Parlamentares favorables a la iniciativa observaron que la ley respeta padrones internacionales de derechos humanos. El proyecto atiende las recomendaciones hechas a México por el Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Un informe divulgado en 2016 por la Amnistía Internacional denunció que mujeres detenidas en las prisiones mexicanas son sometidas a tortura y abuso sexual por agentes del Estado – tanto policiales cuanto soldados del Ejército. Cuando la publicación del informe, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, afirmó que “la violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios.”

La presión de los movimientos sociales y de organismos internacionales como la Amnistía Internacional contribuyó para la aprobación de la ley. El proyecto substituye una legislación anterior sobre el tema, de 1991, y también altera el Código Penal del país.

Entre los cambios, está la alteración de la pena para el delito de tortura, que pasa a ser imprescriptible. Además de eso, servidores públicos que fueren condenados por el crimen tendrán una punición mayor (10 a 20 años de prisión) de que otros ciudadanos (4 a 12 años).

“Hoy estamos superando la visión, anacrónica de la convivencia institucional con la tortura”, destacó la diputada Cristina Gaytán, del Partido de la Revolución Democrática – PRD.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos – CNDH elogió la iniciativa aprobada en la Cámara. De acuerdo con el órgano que está conectado al gobierno federal, la prohibición de la tortura y la protección de la integridad personal son derechos que no pueden ser suspendidos ni restringidos en ninguna situación.

Aprueba la Cámara de @Mx_Diputados la ley general contra la #tortura https://t.co/WeJlx1WCbu pic.twitter.com/OgZXtmqkEG

— La Jornada (@lajornadaonline) 20 de abril de 2017

El proyecto contra la tortura fue aprobado en un momento en que el parlamento mexicano discute la Ley de Seguridad Interior, que reglamentaría la actuación del Ejército en la seguridad interna del país. Desde 2006, cuando asumió el presidente Felipe Calderón, los militares están en las calles mexicanas para ayudar en el combate al crimen organizado.

Casi 52 mil soldados están envueltos en el combate al crimen, de acuerdo con informaciones de Atlas de Seguridad y Defensa de México, divulgado el 19-4 en el Senado del país. Peña Nieto llegó a disminuir el contingente para poco más de 35 mil, pero regresó a los niveles del gobierno de Calderón.

La iniciativa de la Ley de Seguridad Interior es polémica porque ella regulariza la actuación de los militares en el combate al crimen organizado. El Ejército de un país se envuelve normalmente con cuestiones relacionadas a la seguridad externa, pero no interna.

La permanencia de los militares en las calles hace más de una década es controversa inclusive dentro de las propias Fuerzas Armadas. El comandante del Ejército, Salvador Cienfuegos, ha defendido públicamente que los militares vuelvan a los cuarteles.