En noviembre, vence en Argentina el plazo para que las comunidades indígenas salgan de sus ocupaciones que no son legalmente reconocidas. Los laudos antropológicos y las cuestiones jurídicas ya estarían prontos hasta esa fecha. Trabajando en el caso, la Amnistía Internacional lanzó recientemente, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un informe con datos sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina acompañado de una campaña para pedir al Congreso Nacional que prorrogue la Ley 26.160 hasta noviembre de 2021.

“Sesenta por ciento de las comunidades registradas estarán a la deriva por la no extensión de la regla y verán truncadas las posibilidades de tener su territorio aliviado. La conclusión de esta ley dejará a las comunidades desprotegidas delante de la posibilidad de que sean despejadas”, dice el informe a la relatoría de la Amnistía Internacional.

Sancionada al final de 2006, la ley 26.160 dio un período de cuatro años para aliviar los territorios de los pueblos indígenas en todo el país. Ella suspende despejos de tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades y pueblos indígenas y establece la realización de una encuesta técnica legal de registro de la situación de las tierras, cuyo responsable es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas – Inai.

En estos once años de la creación de la ley, fueron estudiadas 759 de las 1532 comunidades identificadas. De estas, el Inai considera que 459 son reconocidas como ocupación, tradicional y pública.

“Argentina tiene un cuadro en la Constitución Nacional favorable a la cuestión indígena, pero existe una enorme inseguridad jurídica en el reconocimiento del territorio legal para las comunidades indígenas”, dijo la directora del la Protección y Promoción de Derechos Humanos de la Amnistía Internacional, Paola García Rey a la publicación Cosecha Roja.

Según ella, existe un estigma y una persecución que se extiende, cuestionando la legitimidad de la reivindicación indígena en general. Pero, para la especialista, “el indígena violento que quiere ocupar mitad de la Argentina no es real.”

Recientemente, la Ley de Emergencia Territorial Indígena fue propuesta en la agenda del día del Senado argentino, pero acabó siendo dejada de lado y quedó para una próxima sesión todavía sin fecha definida.

Actualmente existen por lo menos 623 comunidades registrada sin liberación. De acuerdo con el Inai, ese dato varía y se expande en la medida en que el proceso de registro de la comunidad avanza. Del mismo modo, 303 comunidades todavía no completaron el proceso de estudio. Existen por lo menos 13 provincias que no iniciaron el proceso de estudio, o que el estudio está en proceso. La conclusión de esta ley dejará a las comunidades desprotegidas contra la posibilidad de ser despojadas.

(Imagem: mapa dos territórios a serem preservados/Anistia Internacional)

 

La obsesión por el crecimiento, la apuesta en mega proyectos y la flexibilización del aparato normativo que protege al medio ambiente están en el centro de las tensiones sociales que se asiste envolviendo la cuestión indígena en todo el continente. Marchas, protestos, ocupaciones y movilizaciones hacen parte del escenario de la lucha social de los indios en América Latina en los últimos años y, en la mayor parte de ellas, el arranque de las movilizaciones son los conflictos ambientales basados en la minería. Se ve pues un resurgimiento de los pueblos indígenas en América Latina, que se colocan como nuevo movimiento social, anclado en otra cosmovisión, que se manifiesta en otra concepción de desarrollo.

Tribus argentinas

Hace cerca de cuarenta días, en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, departamento de Cushamen, provincia de Chubut, un conflicto entre manifestantes y la policía argentina de la Guardia Nacional resultó en el desaparecimiento del joven Santiago Maldonado. Algunos días atrás, la familia de Maldonado entregó un pedido al Ministerio de la Justicia argentino incluyendo una “investigación independiente” sobre el desaparecimiento del joven, que tiene cooperación y asistencia técnica a través del escritorio regional de las Naciones Unidas y la participación de especialistas independientes.

Otros conflictos con indios mapuches en Argentina ocurren en las comunidades de Mello Morales y Henctru Trawel Leufú, en donde ellos intentan, desde 2008, anular un contrato para explotación de cobre dentro de sus reservas. Según ellos, la extracción del metal viola legislaciones indígenas y ambientales. Las obras fueron paralizadas por decisiones judiciales hasta que ellos sean consultados. Ya la población de Famatina, en la provincia de la Rioja, junto a la Cordillera de los Andes, y el pueblo de la vecina Chilecito se organizaron en enero de 2012, con vistas a impedir el acceso al área en donde la minera canadiense Osisko Mining pretende extraír oro y otros mineros, utilizando millones de litros de agua mezclada con cianuro y soda caustica. Ellos temen que el uso de cianuro contaminará las aguas de la región y sus efectos podrán alcanzar fuentes hídricas que atraviesan Argentina, pudiendo llegar hasta el río Paraná.

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