"Òsta es su última oportunidad de espabilar, señora y señores de los proyectos de la UNE y de la élite. Y me parece que el tsunami les deja dos opciones. Acuerpar la lucha contra la impunidad sin boicotearla cuando toca a alguno de los suyos. O resistirse y tomar un ticket para el lugar que les correspondería: el pasado", escribe Martín Rodríguez Pellecer, grado de maestría en estudios latinoamericanos en Madrid y director fundador de Nómada, en el artículo publicado por Nómada, 06-06-2016.

Vea el artículo abajo.

La primera son los responsables directos. Los políticos que han robado dinero o los empresarios que han sobornado a políticos para pagar menos impuestos o para que les dieran obras. La personificación de estos bandidos está en el Partido Patriota y en el partido Líder, la alianza más corrupta de la historia.

La segunda son los dos actores políticos institucionales más importantes desde 1996 hasta 2016, en los 20 años de la firma de la paz, los actores que estaban llamados a cambiar el país.

Por un lado, el proyecto político socialdemócrata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y por otro lado, el proyecto político de la élite económica, que tiene en la Cámara de Industria a su principal fortaleza política y ha tenido ya cuatro partidos políticos (PAN, Gana, CREO, Unionistas).

La UNE, de Òlvaro Colom y Sandra Torres, fue la heredera de las esperanzas de los acuerdos de paz. Colom era sobrino del alcalde visionario Manuel Colom Argueta (asesinado por anticomunistas en 1978), trabajó para reubicar a retornados que habían huido de las masacres y fue el primer candidato de la exguerrilla y las fuerzas democráticas en 1999.

Su gobierno (2008-2011) ciertamente fue el primero que consideró a los pobres, por medio de los (tímidos) programas sociales, y fue el que permitió que empezar en serio la lucha contra la impunidad. Por medio de dejar funcionar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), permitió que funcionara el Ministerio Público (con Amílcar Zárate, Gloria Porras y Claudia Paz entre 2008 y 2013) y el que empezó a liberar al Ministerio de Gobernación de mafias (con Carlos Menocal de 2010 a 2011).

Su fin era hacer algo por los pobres y combatir la impunidad. Su medio fue la corrupción.

La corrupción de sus financistas y motores electorales. Gustavo Alejos. Manuel Baldizón. Los caciques departamentales. El Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Comunicaciones. El abandono del intento de reforma fiscal. Y un largo etcétera.

Y la élite económica. Por medio del CACIF (en especial la Cámara de Industria) y por medio de partidos políticos. Durante los gobiernos de sus opciones políticas, ya sea por participación de partidos, cuadros o financiamiento, llevaron a alguna gente técnica y líderes probos, que desestructuraron mafias de contrabando durante el gobierno de Òlvaro Arzú (1996-1999), o que crearon Guatecompras, mejoraron leyes de seguridad y justicia e incluso cabildearon por la CICIG con Òscar Berger (2004-2007). O promovieron y participaron de un gobierno a favor de pocos contrapesos al sector privado, como el de Otto Pérez Molina (2012-2015).

Su fin era ser un país más competitivo. Su medio también fue la corrupción.

Transar con obras con sobra (roba, pero hace, ha sido el lema del arzuísmo). Transar con caciques departamentales corruptos como Jaime Martínez Lohayza (jefe de bancada de la Gana y acusado ⒠de narco⒠ por ministros de Berger, ahora bajo persecución por corrupción). O financiar desde 2001 a corruptos como los del Partido Patriota. Financiar partidos (tantos) para después cobrárselos con privilegios fiscales como la reforma a la ley de maquilas en 2004 para que cualquiera pudiera evitar pagar impuestos. O la reforma del 29 de noviembre de 2013 para que no se cobre impuestos a las utilidades de empresas guatemaltecas que declaran que su residencia es Panamá. O 'convencer' a políticos o a una mayoría de jueces de la Corte de Constitucionalidad para que nunca se les cobre más impuestos. O 'convencer' a jueces y a electores de jueces que boicotearan a Claudia Paz y a jueces independientes. Y casi olvidaba otros ejemplos recientes. El apoyo a Pérez Molina, a la concesión corrupta de TCQ y que acusados por el MP y la CICIG, como Aceros de Guatemala, G&T Continental, Montana o Conasa, son agremiados del Cacif.

La UNE al menos está reaccionando 'a trancazos como siempre' y acuerpando las reformas que piden el MP y la CICIG. La élite económica y sus instituciones siguen en shock, defendiendo 'la presunción de inocencia' de sus agremiados, como defendieron a Otto Pérez Molina entre abril y agosto 'para la estabilidad del país'.

Es cierto, la UNE y la élite empresarial no son tan corruptos como Líder y PP. Es cierto que apoyaron para que hoy funcione la CICIG y el MP o Guatecompras, respectivamente. Pero esos apoyos mínimos en el pasado han sido insuficientes. Insuficientes para evitar que la corrupción 'su medio' se convirtiera en el fin del sistema.

Òsta es su última oportunidad de espabilar, señora y señores de los proyectos de la UNE y de la élite. Y me parece que el tsunami les deja dos opciones. Acuerpar la lucha contra la impunidad sin boicotearla cuando toca a alguno de los suyos. O resistirse y tomar un ticket para el lugar que les correspondería: el pasado.