16 Novembro 2018
La dictadura Ortega-Murillo no parece tener límites ni escrúpulos en su obcecación por permanecer en el poder y por imponer su “normalidad” a punta de represión. Análisis del equipo de Revista Envío.
El articulo es publicado por Revista Envio y reproducido por CPAL Social, 15-11-2018.
El 26 de septiembre la comisión de relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos inició el proceso legislativo destinado a sancionar a la dictadura Ortega-Murillo con un complejo arsenal de severas y abarcadoras sanciones económicas y políticas.
Dos días después, la Policía de Ortega amenazó con procesar judicialmente a cualquier persona o grupo que convoque manifestaciones, por ser “ilegales”, arrogándose atribuciones que no le corresponden y violentando derechos civiles y políticos garantizados por la Constitución. Desde la CIDH, su director Paulo Abrão afirmó que Nicaragua “se está transformando de un Estado de Derecho en un Estado de excepción”.
El régimen, que desde abril ha usado y abusado del monopolio de la fuerza, está decidido a recuperar por la fuerza el monopolio de las calles para demostrarnos que “el Estado son ellos”. Y para demostrarle a Washington que no les importan las sanciones, que tienen control del país y que “después de ellos el diluvio”, que sin ellos no habrá en Nicaragua ni estabilidad, ni orden, que sin ellos habrá un vacío de poder, el caos…
La obstinación de Ortega y de Murillo de no negociar, de no dialogar, de no convocar elecciones anticipadas, de no brindar una sola señal de cambio, de permanecer en el poder a costa de cualquier presión nacional o advertencia internacional, se ha traducido en más control y represión, si ya no con los continuos asesinatos de meses anteriores, con amenazas, acoso, despidos, capturas, cárcel, torturas, procesos judiciales por terrorismo… y algún muerto más. Quieren imponer “el reino del silencio”, dijeron los periodistas independientes del país. Quieren imponer la paz a costa del poder militar, del sometimiento y la capitulación. Una “pax romana” basada en la fuerza de las armas… pero sin desarrollo.
Desde mediados de agosto, y ante la capacidad de movilización que ha demostrado la población de todo el país, también en la capital, burlando el asedio y la intimidación con que la Policía empezó a hostigar y asediar cada marcha en cualquier lugar, el régimen multiplicó la infiltración en las manifestaciones pacíficas con sus agentes para provocar violencia y acusar de esa violencia a los manifestantes.
En la nota de prensa de la Policía, del 28 de septiembre, en la que ilegalmente impone que las marchas azul y blancas son “ilegales”, afirma que son “nada pacíficas”. Y para demostrarlo responsabiliza a los manifestantes de haber matado el domingo 25 de septiembre a Matt Romero, de 16 años, otro adolescente asesinado, víctima fatal de los disparos de paramilitares en la frustrada marcha de esa mañana.
Otra táctica para obstaculizar las manifestaciones azul y blancas ha sido ordenar durante dos semanas consecutivas que empleados públicos y simpatizantes hagan contramarchas: salen todos los días a las rotondas y calles de la capital con banderas del partido de gobierno, en costosas y extenuantes caminatas “por la paz” o en caravanas de vehículos del Estado, proclamando la “muerte al somocismo”.
Y ante el avance del proceso de unidad de los azul y blanco, el régimen ha multiplicado el apresamiento de líderes estudiantiles, territoriales y barriales, acusándolos de terrorismo. Muchos liderazgos universitarios de la rebelión cívica están hoy en las cárceles o han tenido que exiliarse. Muchos liderazgos campesinos en zonas rurales han tenido que huir a las montañas para defender sus vidas. La “pax” de Ortega no tiene otro sustento que la extrema violencia ejercida desde el Estado.
La represión desatada y el terror impuesto se han hecho sentir con fuerza. Pero el rechazo al régimen, el repudio a lo que hace, permanece vivo y latente. Es mayoritario. El 1 de septiembre, el Grupo Cívico Ética y Transparencia realizó un nuevo sondeo telefónico, vía celular, a 1,200 personas elegidas aleatoriamente. EyT? había realizado un sondeo similar en julio.
A la pregunta de si era “conveniente” realizar elecciones “prontamente”, el 81% dijo que sí (79% dijo eso en julio). A la pregunta de si era “ilegal o inconstitucional” acortar el período presidencial, el 68% dijo que no lo era (53% opinó así en julio). La valoración de la actuación de Ortega fue negativa (62%).
Entre el 6 y el 18 de septiembre CID Gallup realizó una encuesta en 1,200 hogares de todo el país. El 60% consideró que se deben adelantar las elecciones, el 34% no opina así. A esa misma pregunta, con otra formulación -si Ortega debe dejar el poder-, el 61% dijo que debe “renunciar” y el 28% que debe “quedarse”.
“El comandante se queda” es la consigna más repetida, es el estribillo de la canción que cantan hoy simpatizantes y paramilitares.
Tal vez eso explica por qué un porcentaje bastante alto, el 11% de los encuestados, no quiso responder a una pregunta tan pertinente en la coyuntura actual. El temor a ser totalmente sincero en las encuestas no puede descartarse, dado el nivel de terror que se ha impuesto. “Plomo” es otra de las consignas del régimen en camisetas y muros.
En la encuesta, Ortega aparece con el récord de evaluación más baja de todos los gobernantes que ha tenido Nicaragua desde 1990: 57% de los encuestados lo evalúan “muy mal o mal” (el 25% lo evalúa “bien o muy bien”). Su actuación en la crisis es calificada de “muy mala” por el 33% y por el 24% como “mala”, un 57% de rechazo. Respecto al rumbo que lleva el país, mientras al inicio del año, en enero, un 54% veía un rumbo “favorable”, ahora sólo un 13% lo ve así.
Todos estos porcentajes indican que es mayoritario el rechazo al régimen y a la forma violenta y represiva con que ha decidido “superar” la crisis. También es mayoritario el querer un cambio: elecciones adelantadas.
La crisis económica, que al amanecer del 1 de octubre tiene ya a Nicaragua técnicamente en “recesión” (dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo), está afectando a cada vez más personas y familias.
Desde agosto la propaganda oficial insiste en que todo está “normal”. El régimen conoce las cifras reales y la realidad diaria desmiente los mensajes de “normalidad”.
El turismo se ha desplomado y su recuperación no será nada fácil. Son 347 mil los empleos perdidos según FUNIDES, 100 mil según el gobierno. La drástica caída del consumo y un millón 200 mil personas con posibilidades de sumirse en la pobreza si la crisis se prolonga, más de 100 mil trabajadores abandonando por falta de empleo el seguro social, unos 25 mil nicaragüenses huyendo a Costa Rica, mil millones de dólares de depósitos retirados de la banca privada...
En todos los ambientes abundan las evidencias de la anormalidad económica reinante en el país.
A pesar de todo esto, a la pregunta sobre cuál problema les causa la mayor preocupación, en la encuesta de CID Gallup el 35% respondió que es “la crisis política que vivimos”, más el 12% que dijo era el “temor por nuestros hijos y la opresión del gobierno”, ambas respuestas muy relacionadas con la incertidumbre característica de la “pax” de Ortega.
Por primera vez en muchísimos años el desempleo no fue el principal problema señalado por la población nicaragüense. Por primera vez apareció en una encuesta la situación política como problema principal. El desempleo aparece en cuarto lugar (13%) y el tercer lugar lo ocupa “el costo de cubrir las necesidades básicas” (27%), realidad vinculada al desastre económico que ha provocado el problema político que Ortega no parece querer resolver.
Daniel Ortega y Rosario Murillo han derramado mucha sangre y generado un enorme dolor al resistirse a adelantar las elecciones. Saben que las perderán. En 1990 Ortega las adelantó porque nunca, ni él ni nadie en el FSLN, pensaba en la posibilidad de perderlas, como han reconocido después.
Particular interés tienen varias respuestas a la pregunta sobre si consideran terroristas a quienes participan en marchas y participaron en tranques. 71% dijo que no son terroristas, lo que contradice la versión oficial sobre lo que ha ocurrido en el país y pone en entredicho la persecución policial y judicial contra los azul y blanco.
De cara al futuro de eventuales resultados electorales es también relevante la pregunta sobre la simpatía partidaria: el 67% se declaró “independiente” y el 23% se adscribió al FSLN.
La encuesta no desagrega los resultados ni por sexo ni por edades. Una característica de la rebelión de abril y de sus consecuencias es el rechazo a Ortega de “los nietos de la Revolución”, como los llamó Sergio Ramírez. “Se le rebeló toda una generación. Hasta el chavalero de secundaria se identificó con los universitarios”, dice el sandinista Víctor Hugo Tinoco.
Las preguntas y respuestas de la encuesta que permiten rastrear con mayor claridad la militancia o la simpatía con que aún cuenta Ortega se mueven entre el porcentaje más alto: el 34% de quienes no quieren adelanto de elecciones, una insistencia de Ortega, y el 20% de quienes consideran terroristas a los que participan en marchas y tranques, la versión oficializada por Ortega.
Estos porcentajes indican que Ortega aún tiene un “piso” importante, pero que su base se ha erosionado. Ganó la Presidencia con 38% en 2006, gracias a la reforma constitucional que pactó con Alemán y que, entre otras ventajas para él, redujo el porcentaje para ganar, que hasta entonces era el 45%. En 2011 se reeligió y nunca sabremos cuáles fueron los resultados reales, como lo constataron en sus informes los observadores de la OEA y de la Unión Europea. De 2016 menos se sabe: volvió a reelegirse en unas elecciones en donde no hubo competencia y la abstención fue enorme.
EyT? incluyó en su sondeo una pregunta sobre la crisis económica. Por lo acelerado que está siendo el camino al precipicio que lleva la economía nacional, quién sentirá la población que es responsable de esa debacle es un dato importante y podría resultar decisivo en unos comicios futuros.
Y así cómo muchos apuestan a la agudización del desplome de la economía para que Ortega se vea forzado a aceptar una negociación, otros consideran que Ortega calcula quedarse el mayor tiempo posible para agudizar la crisis: así prolongaría el tiempo de la represión y el terror sofocaría las protestas, se iría al exilio más gente, quedarían en el país los más pobres y, por eso, los más vulnerables al clientelismo, el empresariado terminaría adaptándose a la “pax” impuesta y Estados Unidos terminaría aceptando la “estabilidad” lograda. El Estado de excepción de facto, no declarado, apunta a eso.
EyT? preguntó a quién hace responsable de la crisis económica. El 33% dijo que lo son “el gobierno y sus aliados”, el 20% señaló a “la oposición y sus aliados” y el 38% dijo que responsables son “ambos”. Es un dato que parece confirmar a qué está apostando el régimen.
La crisis económica que hoy padece Nicaragua se compara a veces con la de Venezuela. En una entrevista con la cadena Al Jazeera, el escritor y ex-Vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez comentó que no hay forma de comparar ambas situaciones, porque hay diferencias abismales entre el poder económico que Maduro tiene, aunque muy desgastado, con el de Ortega.
“Maduro produce un millón de barriles diarios de petróleo -dice Ramírez-, ingresa 70 millones de dólares diarios. Ortega compra el petróleo que necesitamos en el mercado internacional porque Maduro ya no se lo da. Nicaragua tiene una economía dos veces más pequeña que la de Costa Rica y sólo un poquito más grande que la de Haití. Las exportaciones de Nicaragua son de 2 mil y pico de millones de dólares, las reservas brutas del Banco Central son de 4 mil millones de dólares. Esta es una economía muy frágil, muy pequeña, que ha tenido un deterioro tremendo que Ortega no está atendiendo”.
Sin embargo, precisamente por esa pequeñez de nuestra economía Ortega es menos vulnerable. Muy pronto murieron los dinosaurios, mientras se salvaban los pequeños mamíferos… Ortega parece estar apostando a nuestra insignificancia en la geopolítica mundial.
Parece apostar Ortega a “empobrecer” el país. No se ha enfrentado a las grandes empresas transnacionales, no ha habido paros en las zonas francas, todas de capital extranjero, maquilas que emplean a miles de mujeres por bajos salarios, pero que a fin de cuentas brindan empleo.
El 22 de septiembre, hablando a sus seguidores -siempre acompañados por los empleados estatales, a quienes se intima a ir a las contramarchas a escucharlo- dijo que, como Nicaragua no puede esperar a que los grandes capitales -que han roto con él- reactiven la economía, la “solución” reactivadora será “la economía popular”. Obviamente, no tuvo en cuenta que la economía popular es la que está siendo más duramente golpeada por la crisis.
Ese día propuso a sus bases, voluntarias u obligadas, resistir, prometiéndoles que al menos no les faltará comida. Nombró, uno por uno, todo lo que producimos y no importamos: frijoles, maíz, plátanos, naranjas, limones, leche, carne de pollo, carne de res, carne de cerdo... Obviamente, no mencionó la falta de crédito para producir todo eso, la caída en el consumo, la reducción del circulante... “Nicaragua es un país -dijo, tratando de levantar el ánimo a su audiencia- que tiene una riqueza básica. Y a partir de esa riqueza básica, y por la seguridad que ha tenido el país, y que tiene nuevamente, porque Nicaragua ha recuperado nuevamente la seguridad”... para rematar su alegato afirmando que “eso”, la economía popular y la seguridad recuperada por la “pax” impuesta “atrae inversiones”. Una conclusión inverosímil.
Siendo la crisis económica de origen político sólo podrá resolverse con una solución política que debe aceptar Ortega y para la que no ha dado, en seis meses, ni una sola señal positiva.
El consenso nacional e internacional, hasta el momento, es amplio y la insistencia permanente: la crisis debe resolverse en una negociación que debe surgir de un diálogo nacional con garantes internacionales, y que desemboque en las condiciones para celebrar elecciones anticipadas, que sean transparentes, competitivas y observadas.
Sólo así se irá normalizando la economía y el país. Pero al iniciarse esa ruta se lograría únicamente poner un freno a la crisis, atenderla para detenerla. Cualquier análisis honesto indica que, aun así, pasarán bastantes años hasta que la economía logre reactivarse.
La Unidad de Inteligencia de “The Economist” afirma en su más reciente informe que “el panorama económico de Nicaragua se verá gravemente obstaculizado por la crisis política, no solo a corto plazo, también a mediano plazo”. Y explica que, aun cuando la crisis se resuelva a fines de 2018 o inicios de 2019, sólo se recuperará en 2022 el crecimiento previo (4.2%) “The Economist” afirma que lo ocurrido con el estallido de abril “constituye el episodio más serio de malestar social en Nicaragua en casi cuatro décadas”.
El pronóstico del economista Néstor Avendaño es más conservador. Avendaño dijo a Envío: “El problema es de confianza y la confianza no se recupera en el corto plazo. No basta únicamente con restablecer los números económicos que se vislumbraban antes del 18 de abril para decir que ya estamos en condiciones normales. Las veo normalizadas en el largo plazo y el largo plazo en economía es cuatro, cinco, seis, siete y más años. Así veo la recuperación del daño que se ha hecho a nuestra economía”.
Además de la propaganda de la “normalidad”, la urgencia de hacer algo para detener el inocultable descalabro económico, que también afecta a los empresarios sandinistas, y también a las empresas de la familia presidencial, llevó a Ortega a sonsacar a la élite de la clase empresarial, su más estrecha aliada durante once años, hasta abril, para atraerla a su obsesión de permanencia en el gobierno.
En mayo, justo en la víspera de la marcha del Día de las Madres, los tres más grandes capitales del país, dueños de los tres grupos financieros (Carlos Pellas, Roberto Zamora y Ramiro Ortiz) dieron declaraciones por separado en las que le pedían a Ortega cesar la violencia y adelantar las elecciones. Antes que ellos, ya José Adán Aguerri, presidente de los gremios empresariales agrupados en el COSEP, había afirmado en el diálogo nacional: “El país no aguanta una salida a mediano plazo. El país necesita una respuesta ya y el gobierno tiene que dar respuestas políticas contundentes”.
Después de esto vino la contraofensiva del régimen. Ortega se decidió por el terrorismo de Estado. En dos meses parecía de nuevo fortalecido y nunca más volvieron a expresarse los tres grandes capitales nacionales. Incluso, aún siguieron cabildeando con algunos congresistas de Estados Unidos para que no aprobaran la Nica Act.
La determinación de Ortega de continuar en el poder, sus crímenes, sus reiteradas declaraciones de que no habrá adelanto de las elecciones, tampoco diálogo nacional, quitaron argumentos a cualquier cabildeo. No hay defensa alguna para lo que hace. Conocedores entonces los empresarios de las duras sanciones personalizadas contenidas, no en la Nica Act, sino en la nueva ley que ahora se ha fusionado con esa ley y cuyo proceso para su aprobación definitiva inició en Washington el 26 de septiembre, rechazaron cualquier acercamiento con Ortega.
Las sanciones de la nueva ley son económicas, son extremadamente severas y no sólo van dirigidas contra la familia presidencial, contra su círculo y contra los funcionarios de su gobierno, también contra “cómplices” y “colaboradores”. Acercarse a Ortega, reo de tan graves sanciones, sería un suicidio.
El modelo corporativo, que funcionó en Nicaragua durante unos diez años se ha roto. El “matrimonio” se ha “divorciado”.
El distanciamiento del gran capital explica el agresivo discurso de Ortega el 22 de septiembre ante empleados públicos y simpatizantes, que caminaron ese sábado por enésima vez “por la paz”.
Ortega dedicó sus palabras a atacar al empresariado, acusándolos de estar “jugando al terrorismo económico”, de estar “jugando con fuego”. Y los amenazó con que si volvían a decidir otro paro nacional -ha habido tres de 24 horas, en junio, julio y septiembre- ordenaría a la Policía a abrir sus empresas a la fuerza. El ataque parece haber sido dirigido específicamente a los bancos, cerrados en los tres paros y el objetivo, los tres grandes grupos financieros del país.
Les respondieron de inmediato las cámaras empresariales del COSEP, las empresas estadounidenses presentes en Nicaragua agrupadas en AMCHAM y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), señalando que la solución a la crisis económica tiene que ser una solución política.
El COSEP recordó en su mensaje, que tituló “Nicaragua es la patria de todos”, que la crisis iniciada en abril ha sido producto de “la intolerancia irracional al disenso político”, una elegante manera de nombrar la política de terror desatada contra la población en rebeldía. La Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM) señaló una vez más que el origen de la crisis está en “masivas violaciones de derechos humanos”. FUNIDES afirmó que las amenazas lanzadas por Ortega “exacerban y profundizan la fractura social que actualmente vive el país”. Todos los empresarios abogaron por el diálogo nacional y el adelanto de las elecciones.
Si nacionalmente a Ortega lo están abandonando sandinistas históricos, simpatizantes de ocasión y eventuales votantes, en el terreno internacional Ortega no cuenta prácticamente con nadie, cada día está más solo. Y es en ese ámbito en donde no tiene posibilidad ninguna amenazar, mucho menos de reprimir. Los crímenes cometidos por Ortega y Murillo en tan breve espacio de tiempo en este tan pequeño país son conocidos y repudiados mundialmente.
En septiembre la correlación de fuerzas internacional se hizo aún más negativa para Ortega y Murillo. El 5 de septiembre la crisis de Nicaragua fue tema de debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, un hecho sin precedentes, dado el pequeño peso de Nicaragua en la geopolítica mundial y teniendo en cuenta la rapidez con que la tragedia de nuestro país escaló hasta llegar a ese nivel.
Por primera vez, en un foro mundial se le llamó “dictador”. De los 15 países que integran el Consejo, nueve expresaron preocupación por la represión gubernamental, por la impunidad en el uso de la fuerza estatal y abogaron por el diálogo como salida a la crisis. Seis consideraron que la crisis nicaragüense no debe ser objeto del Consejo por no representar un peligro para la paz y la seguridad mundial. Todos los que así se expresaron fueron países con gobiernos autoritarios, entre ellos, Rusia y China, dos de las cinco naciones que tienen poder de veto en el Consejo. Rusia empleó un discurso retórico. China, cuatro escuetas palabras.
En el debate en la ONU estuvieron como países invitados Nicaragua, Venezuela y Costa Rica. Nicaragua criticó una vez más la injerencia en sus asuntos internos, Venezuela, la instrumentalización del Consejo de Seguridad por Estados Unidos. Costa Rica advirtió que la crisis nicaragüense tiene potencial para afectar a toda Centroamérica.
Al inicio del debate se escucharon las palabras de Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien consideró que “Nicaragua se está convirtiendo en un país sin esperanza y se encuentra en una encrucijada de la cual dependen su paz, su democracia y su futuro”. En representación de la ciudadanía nicaragüense habló Félix Maradiaga, quien presentó un testimonio personal de su participación en la rebelión cívica. Maradiaga se exilió en Estados Unidos desde que el régimen decretó orden de captura contra él acusándolo de financiar el terrorismo. El 23 de septiembre la Policía allanó el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), que dirige, requisando documentos para “probar” ese financiamiento.
A la primera reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Nicaragua siguió, una semana después, el 12 de septiembre, la sexta reunión del Consejo Permanente de la OEA sobre nuestra crisis.
Ese día el organismo regional aprobó una nueva resolución sobre Nicaragua, con el respaldo de 19 países, 4 en contra, 9 abstenciones y 2 ausencias, números bastante similares a los de los votos en resoluciones anteriores.
De nuevo, los países del continente insistieron en restaurar el diálogo y en que el régimen facilite el trabajo de los organismos internacionales de derechos humanos presentes en Nicaragua, el mecanismo de seguimiento de la CIDH y el Grupo de Expertos, a cuyos funcionarios el régimen no sólo no les entrega información, tampoco les garantiza libertad de movimientos.
Lo nuevo en esta resolución de la OEA es el punto 7: hace un llamado a los Estados miembros a tomar “medidas” unilaterales, decididas por cada país, que “coadyuven” a restablecer la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.
La OEA se ha movido también en otras direcciones. El grupo de trabajo de 12 países del continente para incidir en la crisis nicaragüense -al que Ortega no permitió entrar en el país-, presididos por Canadá, se reunió en septiembre con directivos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para conocer el estado de los préstamos millonarios de los que en gran medida depende la economía de Nicaragua.
Después de estos nuevos reveses diplomáticos, y ante las inminentes sanciones del gobierno de Estados Unidos, Ortega quiso reivindicarse en tres nuevas entrevistas a medios televisivos internacionales de Europa: habló a la agencia española EFE, a France 24 y a la alemana Deutsche Welle.
En todas las entrevistas repitió su relato: ha sido víctima de un golpe de Estado fraguado en Washington y ya lo ha superado. A la Deutsche Welle le dijo que Alemania ayudaría “diciéndole a Estados Unidos que no se entrometan en Nicaragua”. También le dijo que era innecesario un diálogo en una mesa con mediadores, porque ya se “está negociando desde la base, con un diálogo en la comunidad y en el barrio”.
A France 24 le dijo que ningún policía y ningún paramilitar había cometido crimen alguno y que ninguno estaba siendo investigado. Y dio la prueba: “Naciones Unidas no estaba aquí y no los vieron”. Por eso, por no estar en Nicaragua, consideró que el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos era “falso, una infamia”.
Ortega expresó también al medio francés que estaba considerando hablar en la 73 Asamblea General de la ONU y que estando allí era “imperativo” tener “un intercambio y diálogo” con el Presidente Trump, “no sólo en nombre de Nicaragua, también de América Latina”. Días después, Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos en la OEA, un diplomático muy cercano a Trump, le respondió: “No hay nada de qué hablar mientras en Nicaragua sigan los paramilitares violando los derechos humanos”. Y le recordó las sanciones en marcha: “Los generales, paramilitares y policías que están torturando y oprimiendo al pueblo, violando los derechos de los nicaragüenses, van a ser llevados ante la justicia”.
Daniel Ortega estaba inscrito en la lista de oradores en la Asamblea General de la ONU para hablar la tarde del miércoles 26 de septiembre. Pero ni llegó ni la vocera del gobierno dio las razones de su ausencia.
Los Presidentes de Ecuador, Paraguay, Chile y Panamá y la Vicepresidenta de Costa Rica fueron los mandatarios que expresaron su preocupación por la crisis nicaragüense. Epsy Campbell, a nombre de Costa Rica, dijo que “cuando se trata de la vida y la dignidad de las personas, el silencio nos convierte en cómplices”.
El Presidente Piñera, de Chile, fue el más explícito al mencionar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicaragua.
Era de esperar que Nicolás Maduro, a quien Ortega cedió el espacio que tenía el día 26, defendiera a Ortega. Resultó sorprendente que Maduro ni siquiera mencionó a Nicaragua en su extenso discurso de una hora.
Lanzó su esperada diatriba contra el imperialismo y, a la vez, “sacó pecho” mostrando su poder negociador con el imperio hablando de los inmensos recursos de su país: no sólo tienen la mayor reserva de petróleo del mundo, también “la primera reserva de oro más grande del mundo bajo estándares internacionales” y también reservas enormes de gas y otros tesoros es en el Arco Minero del Orinoco, un territorio del tamaño de la isla de Cuba, en donde ya hay actividades extractivas rusas y chinas para sacar de esa zona oro, diamantes, hierro, bauxita, coltán, niobio, tantalio y otros minerales valiosos.
El silencio de Nicolás Maduro ante el mundo sobre los avatares que afligen a su socio Ortega fue tal vez la señal más patética de la soledad en la que hoy se encuentra el régimen orteguista.
Más doloroso el silencio, después que, en defensa de Maduro, tan sólo días antes, Murillo pidiera la renuncia de Luis Almagro al cargo de secretario general de la OEA por haber dicho que no se debía descartar ninguna opción para derrocar a Maduro, incluida una intervención militar. Murillo afirmó que esas declaraciones “constituyen una grave amenaza a la paz y seguridad internacional”.
Con este intemperante reclamo, el régimen puso un definitivo e irreversible punto final al “entendimiento” acordado con Almagro en 2016 para reformar el sistema electoral nicaragüense.
“Asfixiar” al régimen de Ortega fue la propuesta que hizo el secretario general de la OEA el 8 de septiembre, al hablar en la 15 Cumbre Latinoamericana celebrada en Miami. “Es inadmisible -dijo ese día refiriéndose a Nicaragua, después de referirse a Venezuela- que otro país del continente se vaya por el despeñadero de la dictadura”. Y exhortó a la comunidad internacional a cumplir con su deber de dar respuestas “para asfixiar la dictadura que también se viene instalando en Nicaragua”.
Con su habitual estilo apasionado, era la primera vez que Almagro llamaba “dictadura” al régimen nicaragüense. Horas antes de estas declaraciones había escuchado a un médico nicaragüense que le mostró pruebas de torturas cometidas contra los detenidos en Nicaragua, que constituyen crímenes de lesa humanidad. Eso parece haberle convencido de hablar así.
Muchas han sido las declaraciones, resoluciones y mensajes de poderes internacionales llamando la atención del régimen Ortega-Murillo.
Sin embargo, son las sanciones de Estados Unidos, que durante más de una década tuvo las mejores relaciones con Ortega, las que más inquietan y hasta desmoralizan no sólo a Ortega y a Murillo, sino a quienes los rodean. Tienen un potencial asfixiante y ponen en peligro la cohesión interna de su más cercano círculo de poder.
El proceso legislativo iniciado en el Senado de Estados Unidos el 26 de septiembre fusiona dos leyes, la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act) y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción (conocida como la Magnitsky Nica).
La Nica Act, de la que se ha hablado en Nicaragua desde hace ya dos años ha sido activamente promovida por la congresista republicana Ileana Ross-Lehtinen y ha tenido una prolongada espera en su ruta de aprobación.
Empresarios privados, a nombre del gobierno de Ortega, cabildearon para detenerla. Y el régimen invirtió millones en lograrlo. Después de la rebelión de abril, la visita que en junio realizó a Ortega el asesor principal para América Latina en el Senado, Caleb McCarry?, enviado por el senador republicano Bob Corker, influyente presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue como un último intento de Washington de evitar su aprobación.
McCarry? vino a ofrecerle a Ortega una “escalera” para que abandonara el gobierno a cambio de inmunidad para su familia y seguridad para sus propiedades. Sin embargo, todo lo que sucedió después -ninguna señal de Ortega de aceptar esa salida y una represión brutal- indica que McCarry? fracasó y que Ortega le dijo a McCarry? lo que éste quería oir. Se le retiró la “escalera”… El 22 de septiembre Ortega pidió a los congresistas “reflexionar” y no aprobar la ley.
Viendo la obcecación de Ortega y de Murillo, el 18 de julio, después de dos meses de matanza indiscriminada, durante la “operación limpieza” el senador demócrata Bob Menéndez, con el respaldo de representantes de ambos partidos, algunos de ellos muy solventes, introdujo al Senado la otra ley.
La fusión de ambas en una sola legislación es lo que finalmente aprobó el 26 de septiembre el comité de relaciones exteriores del Senado, paso que se consideraba el más difícil en el proceso legislativo. El debate y votación en el pleno del Senado y en el pleno de la Cámara de Representantes y la firma del Presidente Trump convertirán el proyecto en ley.
Ortega sabía que todo esto vendría. Sin embargo, siguió mostrando su determinación a no abandonar el poder en las mismas vísperas de la votación. El día 22 reiteró que se quedará en el gobierno hasta 2021, se negó nuevamente al diálogo y amenazó con furia a los empresarios. El día 23 ordenó a sus paramilitares disparar a matar en una marcha. Una de las balas segó la vida de un chavalo de 16 años. Y el día 26 no se presentó a la ONU a repetir su relato de que es víctima del terrorismo golpista organizado y financiado en Estados Unidos…
Las dos leyes fusionadas son complementarias: sancionan al gobierno y sancionan a personas.
La Nica Act establece que los representantes del gobierno de Estados Unidos en las instituciones financieras multilaterales (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) deben vetar el desembolso de préstamos para Nicaragua, sean nuevos o incluso ya aprobados, a no ser que estén destinados a proyectos humanitarios.
La otra ley, la llamada Magnitsky Nica, impone severas sanciones económicas y políticas a Ortega y a su familia, a funcionarios de todos los poderes del gobierno de Nicaragua y a sus familias, a cómplices y colaboradores financieros y materiales del régimen y a sus familias, por su participación en violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción, lavado de dinero y otros delitos vinculados.
Se le llama así porque los sancionados serán reos de sanciones personalizadas, similares a las que establece la Ley Global Magnitsky: se les quita la visa para viajar o residir en Estados Unidos, se les bloquean sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, se les incluye en la “lista” de la Oficina para el Control de Activos del Departamento del Tesoro, se les coloca bajo el escrutinio de las agencias de inteligencia estadounidenses… Todo esto los convierte en “parias” financieros internacionales.
El ex-embajador Bosco Matamoros señaló que con esta ley Magnitsky para nicaragüenses “los sancionados saben dónde comienzan las sanciones, pero no donde terminan, porque caen en manos de los fiscales del Departamento de Estado, que trabajan con el Departamento del Tesoro, unos seis mil profesionales con capacidad de investigar lo todo.
Carlos Ponce, de la ONG “Freedom House”, con sede en Washington -a quien hace unos años Ortega le prohibió la entrada en Nicaragua-, informó que ya hay “listas muy grandes que se manejan en el Congreso” de las personas que serán sancionables por esta ley y entre ellas aparecen “personas de las Fuerzas Armadas”.
Las leyes ahora fusionadas -dice- son estrategias que hagan ver al círculo que rodea a Ortega que es tiempo de abandonarlo… Daniel Ortega ya ha llegado a niveles de deshumanización tal que no le importa nada. Teniendo una dictadura de ese tipo, no veo otra opción que incrementar las sanciones, que incrementar la presión. Que se presione a los militares que están con Ortega para que vean que sus fondos de pensiones, que tienen en Estados Unidos, están en riesgo. Que su familia, que la tienen estudiando afuera, está en riesgo. Incluso que los mismos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo se preocupen porque el futuro a don-de los está dirigiendo Daniel se ve muy sombrío”.
¿Por qué tendría que ser “presionado” el Ejército de Nicaragua? A pesar de que reiteradamente ha dicho su jefatura no estar participando en el conflicto, y ni siquiera ha mencionado la versión oficial del golpe de Estado, los rumores de que en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica están activos miembros del Ejército. Lo confirmó doña Francisca Ramírez, líder del movimiento anticanal, con reconocimiento nacional e internacional. Ella tuvo que salir a Costa Rica a finales de septiembre, amenazada de muerte. Su salida del país fue una auténtica odisea, más peligrosa, dijo, por la presencia del Ejército en la frontera.
“Quiero aclarar algo al pueblo de Nicaragua y al mundo entero -afirmó en una entrevista con el diario “La Prensa”-. Y es que el Ejército ha tenido un discurso donde dice que no tiene nada que ver con la situación que está pasando en Nicaragua. Y yo con mis propios ojos pude verificar que están bien activos en la frontera, viendo quién pasa. Tienen una lista donde revisan. Yo pasé la frontera en la madrugada y ya estaba tendido el Ejército. Entonces sí están prestándose a la persecución y a los atropellos que está haciendo el gobierno”.
La ley introducida por Menéndez tuvo desde el comienzo el respaldo de demócratas y republicanos. Igualmente, la fusión de ambas leyes, tuvo apoyo bipartidista. Se fusionó en ambas la ideología liberal de los demócratas, históricamente más preocupados por principios -el respeto a los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho y la democracia-, y la ideología de los republicanos, más preocupados por la seguridad nacional y más pragmáticos.
El consenso bipartidista para sancionar a Ortega abarca hoy en Washington desde la línea dura hasta la línea más progresista y liberal.
Este consenso, al que ha conducido el errático y criminal accionar de Ortega, desmiente la versión que él ha repetido ante medios internacionales: que quienes han promovido y financiado el golpe de Estado contra él son los republicanos de origen cubano y de línea dura de la Florida.
“El perfil de los firmantes -dice Matamoros- no es ése. Es muy variado y demuestra que Nicaragua preocupa por razones de democracia y por razones de seguridad. Eso nos indica que, como país, Nicaragua se ha convertido para Estados Unidos en una cuestión de orden estratégico”.
Al poner punto final a este texto, el 4 de octubre, más de 40 organizaciones ciudadanas, territoriales y nacionales, encabezadas por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia constituyeron la Unidad Nacional Azul y Blanco. En el Manifiesto con el que se presentaron ante la nación afirman que con este esfuerzo, tan ansiado y demandado, “iniciamos una nueva etapa de organización y movilización para la conquista de la libertad, la justicia y la democracia”.
Entre las organizaciones hay coaliciones universitarias, la clase empresarial, el movimiento campesino, académicos, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) en el que hay partidos políticos. Lo integran también movimientos juveniles, feministas, ecologistas, de la diversidad sexual, organizaciones del Movimiento 19 de Abril de varios departamentos, medios independientes, médicos, comité de madres de caídos, comité de prisioneros y prisioneras políticas, comité por la libertad de los presos políticos...
Con esta unidad inicia una nueva fase en la resistencia pacífica contra la dictadura, que también ha iniciado una nueva fase, con un no declarado, aunque impuesto, estado de excepción.
Resistir pacífica y cívicamente con los colores azul y blanco contra tanta represión no será fácil. La meta está intacta, es la que tanta juventud ya intuyó en abril: una Nicaragua en la que a nadie, nunca más, le duela respirar.
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