26 Junho 2018
La culminación este domingo de la Semana Social 2018 reflejó que la nueva conducción de la Iglesia local es más confrontativa con el Gobierno pero también que sus miembros se identifican más con el Sumo Pontífice.
A reportagem é de Sergio Rubin, publicada por Clarín, 24-06-2018.
El Gobierno tiene claro que la nueva conducción del Episcopado surgida en los comicios de los obispos de todo el país de noviembre pasado es más crítica de lo que venía siendo hasta entonces. En efecto, el recambio en la presidencia de monseñor José María Arancedo por monseñor Oscar Ojea lo confirma. Como también la llegada del obispo Jorge Lugones a la estratégica comisión de Pastoral Social.
Los ejemplos podrían seguir, pero sumamos sólo uno que tiene que ver con una Iglesia más progresista: la designación de monseñor Víctor Manuel Fernández en el arzobispado de La Plata como sucesor del conservador monseñor Héctor Aguer por haber llegado a la edad límite de 75 años. Así, el Papa Francisco conformó una Conferencia Episcopal en perfecta línea con sus deseos.
El cambio de perfil de la Iglesia argentina llega en un momento particularmente complicado para el Gobierno, en que, después de la crisis cambiaria, la consiguiente suba de la inflación y el ajuste reclamado por el FMI sobre la actividad económica, el impacto se apresta a sentirse con fuerza –si ya no se siente- sobre los sectores socialmente menos favorecidos. A ello hay que sumar la influencia que tiene en el ánimo de los obispos –y del propio Papa- la decisión del presidente de habilitar el debate sobre el aborto justo cuando hay un pontífice argentino, agravado –según si visión- por el hecho de que el tema o figuró en la campaña electoral del oficialismo. Y porque –siempre de acuerdo a la lectura eclesiástica-, pese a que Mauricio Macri dijo que iba a ser prescindente ante el debate, varias de sus principales espadas terminaron operando para que el proyecto obtuviera en Diputados la media sanción.
En ese contexto, monseñor Ojea salió a reclamar el viernes, en la apertura de la Semana Social, en Mar del Plata, que el ajuste que se viene “no lo paguen los pobres”. A la vez que señaló que “el nivel de inequidad es enorme y se acentúa cada vez más”. Pero quien más aumentó la tensión con la Casa Rosada fue monseñor Lugones, al señalar que la huelga “es un derecho” reconocido por al Doctrina Social de la Iglesia ante situaciones de “injusticia”. Lo que se interpretó como un aval al paro general de este lunes. Más aún: criticó el hecho de que mientras algunos gremios obtienen un 25 % de aumento en las paritarias –en implícita alusión a Camioneros- los docentes, el 15 % -en referencia al ofrecimiento en la provincia de Buenos Aires. Así, hasta una aliada de la Iglesia la gobernadora Vidal fue alcanzada por la crítica.
Las declaraciones de Lugones suscitaron especial polémica –aún dentro de la Iglesia- porque no se estaba refiriendo a un paro de un gremio –un derecho indiscutible-, sino a una huelga general en democracia, una medida de mayor voltaje político. De todas formas, los obispos bajaron el tono tras los dichos de Lugones en la declaración conclusiva de ayer de la Semana Social. Aunque se mantuvieron firmes en su denuncia de “la marginalidad creciente”. E insistieron en que “las políticas de ajuste no se practiquen sobre los pobres”.
En otras palabras, lo que la Iglesia planteó ayer de cara a la nueva etapa es que el ajuste debe ser equitativo. Y que los más débiles deben ser protegidos (por caso, seguramente considera que debe declararse ya la emergencia alimentaria que reclaman los movimientos sociales). Así, interpela fuerte sobre todo al Gobierno, pero también a la oposición, a acordar respuestas.
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