29 Setembro 2018
El proyecto del megacanal es muy revelador de cómo Daniel Ortega trata los asuntos públicos y en particular los que afectan de manera directa a las comunidades indígenas.
El reportaje es de Beverly Goldberg para Open Democracy, reproducido por CPAL Social, 26-09-2018.
Estos últimos meses Nicaragua ha estado presente en los medios a raíz del estallido de violencia y represión con el que se desbordó la conflictividad social en uno de los países más pobres y corruptos de América Latina.
El otro gran tema de Nicaragua, más allá de la reacción brutal del gobierno nicaragüense ante una protesta que se tornó violenta, es el del proyecto de megacanal transoceánico – un tema muy revelador de cómo Daniel Ortega y su gobierno tratan los asuntos públicos y, en particular, los que afectan de manera directa a las comunidades indígenas.
El proyecto del Gran Canal Nicaragüense saltó por primera vez a los titulares de prensa en 2013 después de que un misterioso multimillonario chino de las telecomunicaciones, de nombre Wang Jing, negociara con el gobierno sandinista un acuerdo por valor de 50.000 millones de dólares para construir un canal entre el Pacífico y el Atlántico para uso de buques de gran tonelaje – es decir, de tonelaje excesivo para circular por el Canal de Panamá.
Según el presidente Daniel Ortega, este proyecto "de ensueño" representaba la oportunidad de sacar a Nicaragua de la pobreza y poner el país en la vía del desarrollo - una promesa que sin duda tocó la fibra a más de uno en el segundo país más pobre de América después de Haití.
Pero cuando a principios del año en curso se hizo patente que el proyecto estaba en punto muerto, muchos eran ya los que opinaban que más que de un sueño, se trataba de una pesadilla.
La Ley del Canal 840 supuso, ya desde su concepción, una amenaza para los grupos más vulnerables de la población nicaragüense. Dicha ley especifica que cualquier propiedad o terreno necesarios para la construcción del canal serán expropiados - afectando, sin consulta previa, a [unas 100.000] familias rurales e indígenas y amenazando no solo su bienestar sino su supervivencia.
Luego está el tema de la represión y la corrupción gubernamentales. Empezaron a surgir preguntas acerca de cómo se estaba utilizando el proyecto para legitimar a un líder que ha reprimido de forma sistemática y violenta a civiles desde el inicio de su mandato, pero de manera más llamativa desde el pasado mes de abril con el [estallido de las protestas] que han supuesto la muerte de más de 300 personas.
En un país que se sitúa entre los últimos 30 de un total de 180 que figuran en el Índice de Corrupción de Transparency International, surgieron también dudas acerca de la capacidad del gobierno nicaragüense para distribuir los ingresos derivados del proyecto entre su población y especialmente a los más necesitados.
Las sospechas sobre el estado del proyecto empezaron en 2017 cuando tanto la prensa local como la internacional se percataron de que 4 años después de negociarse el infame acuerdo con el empresario chino Wang Jing, no se había movido ni un solo ladrillo.
La empresa de Jing, la Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND), se había comprometido a tener el canal terminado en 2020, pero en junio de 2017 empezó a emitir mensajes justificando que la construcción todavía no hubiese empezado por supuestas conversaciones en curso con socios internacionales acerca del diseño del canal.
El fin del proyecto del megacanal pareció ya algo inminente a principios del presente año cuando Panamá decidió cortar con Taiwán y abrir relaciones con China. A resultas de ello, Beijing se comprometió a realizar proyectos de desarrollo del Canal de Panamá, competidor del de Nicaragua, sobre la base de concesiones de hasta 40 años. Esto complicaba sin duda la participación china en el proyecto del megacanal nicaragüense en un futuro previsible.
Por otra parte, la incapacidad de Jing de confirmar de dónde obtendría los 50.000 millones de dólares necesarios para llevar a cabo el proyecto aumentó la confusión alrededor del proyecto y alimentó los rumores de que su fortuna no era tan sólida como se suponía. En abril del presente año, se desalojaron sin explicación las oficinas de HKND en Hong Kong sin que mediara tampoco información de su traslado a otra dirección.
El gobierno de Ortega supuestamente amenazó y conminó al gobierno del territorio indígena Rama-Kriol para que firmase un "Acuerdo de consentimiento libre, previo e informado del Gran Canal Interoceánico".
El proyecto todavía no ha sido cancelado oficialmente por el gobierno de Nicaragua, pero todo apunta a que se ha venido abajo la capacidad inversora de Jing.
Los altísimos niveles de inversión necesarios, la nueva inversión china en Panamá y las externalidades negativas que el proyecto agravaría de llevarse a cabo hacen que sea muy poco probable que otro inversor sustituya a Jing en el corto plazo.
La Ley del Canal 840 se aprobó en 2013 tras varios días de negociaciones clandestinas entre el gobierno de Nicaragua y Wang Jing en las que se acordó la construcción sin respetar el derecho a consulta previa.
Nicaragua está comprometida a respetar el principio de consulta previa - el derecho fundamental de los pueblos indígenas a ser consultados e informados sobre cualquier medida que pueda afectar a sus comunidades - al haber ratificado en su día el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dicho principio, además, está consagrado en la constitución nicaragüense.
A pesar de ello, el gobierno de Ortega supuestamente amenazó y conminó al gobierno del territorio indígena Rama-Kriol, que goza de autonomía sobre sus tierras desde 2009, para que firmase un "Acuerdo de consentimiento libre, previo e informado del Gran Canal Interoceánico". Las organizaciones indígenas califican dicho acuerdo de fraudulente porque no cumplió con los requisitos éticos previstos.
Si tenemos en cuenta que el Centro de Estudios Indígenas del Mundo responsabiliza a los gobiernos sandinistas del asesinato de cerca de 10 indígenas que intentaban defender sus territorios y su forma de vida, la aprobación torticera del proyecto del megacanal en 2013 no representa, para muchos, ninguna sorpresa.
El 52% del proyecto sancionado por el gobierno de Ortega cruzaba territorios indígenas, entre ellos los de las comunidades Miskito, Rama y Rama Kriol, añadiendo leña al fuego de la dolorosa historia de los pueblos indígenas bajo los gobiernos sandinistas.
La Ley del Canal 840 incluye una disposición que permite la expropiación de las tierras necesarias para la construcción del canal, lo que habría afectado a [cerca de 100,000] familias rurales e indígenas.
La construcción del canal no solo habría implicado el desplazamiento de comunidades indígenas, sino que habría afectado a los humedales y los bosques de los que dependen estas comunidades para su supervivencia.
El canal propuesto atravesaba el lago de Nicaragua, el lago más grande de América Central, que se utiliza como fuente de agua para toda la población y como fuente de alimento por las comunidades indígenas de Urbaite Las Pilas y San Jorge Nicaraocalí, que habitan en sus riberas.
Como que la profundidad el lago es insuficiente para los súper buques tanque que deberían atravesarlo, el proyecto preveía su dragado, lo que hubiese representado la destrucción del lecho del lago, con el resultado de la contaminación del agua y el daño consiguiente a las especies nativas.
Abrir el lago al Atlántico y al Pacífico también hubiese provocado un aumento de especies invasoras con efectos devastadores para el ecosistema local.
Para la población indígena, el fracaso del proyecto del canal es agridulce: ha presenciado como el gobierno de Ortega ha pisoteado el principio de consulta previa, pero sin duda se siente aliviada ante el hecho de que el canal ya no se construirá a costa de sus tierras.
El presidente Daniel Ortega ha demostrado ser incapaz de lidiar con el descontento social desde elinicio de su mandato en 2006.
Con anterioridad a la crisis actual, Ortega ya reprimía con dureza las protestas, como se evidenció en el caso de la manifestación pacífica contra el canal en 2014, que fue reprimida por la policía militar y se saldó con decenas de heridos y otros tantos encarcelados.
Pero la reciente ola de protestas en Nicaragua, que comenzó con el anuncio de una reforma del plan de pensiones por parte del gobierno, ha llevado a niveles de violencia sin precedentes en todo el país. Los manifestantes han sido el blanco de las fuerzas gubernamentales y de los partidarios de Ortega.
La Organización Pro Derechos Humanos de Nicaragua estima que, desde el pasado mes de abril, los heridos en las protestas ascienden a 2.100 y que 329 personas han desaparecido o han sido secuestradas. Hay además informaciones que apuntan a que un número indeterminado de civiles han sido torturados.
Grupos paramilitares prosandinistas financiados por el gobierno han hecho su aparición. Algunas informaciones señalan que estos grupos, formados por ex miembros de la guerrilla, pandilleros y miembros de la juventud sandinista, apuntaban con sus armas a la cabeza o al pecho de manifestantes, causando así numerosas muertes.
Dado que Ortega controla el Poder Judicial, es muy poco probable que cualquier acusación de corrupción que pudiera darse contra su gobierno o sus aliados en relación al proyecto del canal llegue a los tribunales.
Ortega es también responsable de importantes retrocesos democráticos desde que empezó su mandato como presidente y los niveles de corrupción en el país siguen siendo muy altos.
Preocupan especialmente la eliminación de la limitación de mandatos prevista en la constitución y la centralización del Poder Judicial que permite que crímenes graves sean enjuiciados por magistrados leales al gobierno en lugar de ser sometidos a la consideración de un jurado.
Todos los departamentos del gobierno y casi todas las instituciones públicas están ahora bajo el control del partido de Ortega, que recientemente ha rechazado las peticiones de elecciones anticipadas, alegando que desestabilizarían aún más el país.
Ortega no ha hecho mucho por tranquilizar a aquellos que se preocupan al ver cómo la corrupción haido penetrando en todas las capas del gobierno y de las instituciones del país. Dado que Ortega controla el Poder Judicial, es muy poco probable que cualquier acusación de corrupción que pudiera darse contra su gobierno o sus aliados en relación al proyecto del canal llegue a los tribunales.
En cambio, los casos judiciales políticamente motivados que implican a la oposición son bastante comunes. Al clima de nepotismo e impunidad imperante viene a añadirse el hecho de que varios miembros de la familia de Ortega, entre ellos su esposa Raquel Murillo (actual vicepresidenta) y sus hijos e hijas, detentan cargos públicos de alto nivel.
En el caso del proyecto del canal, el tema de la corrupción se hizo patente ya desde el principio, cuando se otorgó a la empresa de Wang Jing la concesión para operar el canal y disponer de los beneficios que generase por un periodo de 100 años a partir de su construcción - con lo que se garantizaba el enriquecimiento de la élite y de Jing, pero escasos beneficios a la población nicaragüense.
Por otra parte, dado que la ayuda y la inversión china no conlleva condiciones relativas a la gobernanza o el respeto de los derechos humanos, el aumento de la violencia en el país no es razón para que los inversores se desentiendan de compromisos previos.
Por consiguiente, había el temor de que un megaproyecto de este tipo podía ayudar a proporcionar legitimidad a un régimen cada vez más violento y corrupto, del mismo modo que el petróleo proporciona legitimidad a muchos regímenes no democráticos en Oriente Medio.
Y Ortega podía usar las ganancias para ampliar sus redes clientelares, o para hacer depender la población de la ayuda del gobierno, como en Venezuela, sin promover simultáneamente proyectos de desarrollo.
El fin del megaproyecto del canal es motivo de celebración para muchos nicaragüenses. Las comunidades indígenas Miskito, Rama y Rama Kriol ven renacer sus esperanzas de conservación de sus ecosistemas y se sienten más seguras, al menos de momento, de no que no van a ser expulsadas de sus tierras.
Sin embargo, la Ley del Canal y la turbia estrategia de Ortega de forzar la firma de un acuerdo ilegítimo con el gobierno de Rama-Kriol en detrimento del principio constitucional de consulta previa establece un precedente nefasto para posibles acuerdos ilícitos similares en el futuro.
Muchos en Nicaragua se sentirán sin duda aliviados de que el megacanal no llegue a convertirse en realidad. En lugar de promover el desarrollo, el proyecto simplemente habría fortalecido y legitimado un régimen que ha sido responsable de importantes retrocesos democráticos y que ha ejercido violencia contra la población civil.
¿Ha llegado la pesadilla a su fin? El tiempo lo dirá. Pero si el fracaso de la inversión de Jing se confirma, es muy poco probable que alguien más esté dispuesto a asumir los riesgos financieros y ambientales de un megaproyecto tan megalomaníaco.
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