11 Julho 2018
El electo mandatario López Obrador quiere que en un plazo de tres años el ejército vuelva a los cuarteles. Además, se plantea abrir el debate a la despenalización de la droga y la forma de “achicar” los territorios donde manda el crimen organizado.
El reportaje es de Eduardo Febbro, publicado por Página|12, 09-07-2018
Puebla, el Estado de Guerrero, Chiapas, Veracruz o Chihuahua, Colima o el Estado de México, cada una de estas regiones donde reinó el PRI durante décadas fueron conquistadas en su mayoría por el movimiento Morena del presidente electo Andrés Manuel López Obrador: la violencia, la corrupción y la impunidad han sido determinantes en la victoria de la coalición presidencial.
Juntos haremos historia en estas zonas donde los asesinatos, los secuestros y las desapariciones han sido una constante diaria. Desarmar ese triángulo del mal que azota al país fue una de las primeras iniciativas que adelantó el equipo presidencial luego del triunfo del domingo primero de julio. Se trata de una Ley de Amnistía con la que Obrador apunta a pacificar al país. La idea evocada durante la campaña electoral empezará a tomar cuerpo desde ahora con un modelo similar con el que se creó Morena (Movimiento de regeneración Nacional) a partir del año 2010: la imbricación de la sociedad civil en la elaboración de decisiones políticas. La ley se diseñará mediante la realización de foros en los que intervendrán víctimas, sociedad civil y organizaciones internacionales (la ONU, Unicef, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Sistema Interamericano, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Open Society Foundation, Federación Internacional de Derechos Humanos, el papa Francisco).
Olga Sánchez Cordero, ex Ministra de la Corte, miembro del equipo de seguridad y gobernabilidad de Obrador y futura Secretaria de Gobernación plantea sin vueltas los reclamos de la sociedad cuando dice: “México tiene sed de Justicia”. Esa avidez abarca a toda la sociedad y está dramáticamente plasmada no sólo en las cifras sino en las 38 páginas del prolijo documento que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) presentó hace un par de meses: Protocolos Básicos de Seguridad Eclesial: personal y de recintos religiosos.
El documento, dividido en dos partes, es un auténtico manual o un “plan preventivo” para hacer frente a la violencia del crimen organizado. Datos proporcionados por el episcopado mexicano dan cuenta de que en los últimos seis años 24 religiosos fueron asesinados. “En México es fácil matar y nunca pisar la cárcel. Sólo se resuelven el 5% de los homicidios, recuerda el excelente portal de periodismo de investigación (de verdad y no editoriales u opiniones) Animal Político. Esto equivale a que por cada 100 asesinados, sólo cinco terminan con los supuestos responsables en la cárcel. A modo de estadística, Animal Político detalla que “si solo nos concentráramos en encontrar a quienes cometieron homicidios entre 2010 y 2016, nos tardaríamos 124 años en hacerlo, porque a ese ritmo trabaja el sistema de justicia mexicano”. Varios informes privados calcularon que durante el año 2017 la violencia le hizo perder a México alrededor del 21% de su Producto interno bruto (PIB).
Los foros que conducirán a la Ley de Amnistía que se presentará en el Congreso buscan los ingredientes de la “receta mexicana” para la pacificación del país.
Estos empezarán a mediados de julio y permanecerán activos hasta la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, en el mes de diciembre. Los intercambios se llevarán a cabo en todo México, aunque se pondrá el acento en las regiones más violentas como Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, entre otras. La Ley y los dispositivos que la acompañarán tienen un objetivo: comprimir los cerca de 30 mil muertos anuales que la ola de violencia entre el crimen organizado y contra él dejan anualmente en el país. Entre las iniciativas que se debatirán figuran la despenalización de la droga y la forma de “achicar” los territorios donde manda el crimen organizado. A su vez, el próximo gobierno quiere que en un plazo de tres años el ejército regrese a los cuarteles. Alfonso Durazo, quien será nombrado a cargo de la Seguridad Pública, aclaró que “en el transcurso de tres años pudiéramos tener ya un retiro relevante de los militares a los cuarteles” gracias a la “capacitación” de los cuerpos policiales que tomarán el relevo.
Durazo explicó que era preciso “ampliar la visión e ir a las causas profundas que generan la inseguridad y eso obliga al diseño de políticas públicas que trascienden la capacidad de una formación policial” y den lugar a la construcción “de una nueva cultura que permita librar a las futuras generaciones del odio y la violencia”. Cuando a lo largo de la campaña electoral López Obrador sacó la idea de una Ley de Amnistía sus opositores se le vinieron encima acusándolo de querer perdonar a los delincuentes. Los contornos de dicha Ley resumidos por el mismo Durazo distan de conducir a un “perdón” de los grandes criminales.
La amnistía apuntaría más a bien a los menores de edad reclutados por el crimen organizado con el fin de que tengan “opciones de trabajo y educación”, según precisó Loretta Ortiz, una asesora en derechos humanos. La amnistía beneficiaría igualmente a los campesinos que actuaron como productores de drogas y a mujeres que han delinquido “por amor” a su pareja. La futura Ley excluye del perdón a las personas responsables de actos de violencia extremos o crímenes de lesa humanidad (desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales). En este contexto, Olga Sánchez Cordero, la ex Ministra de la Corte, recalcó primero que la amnistía “no significa impunidad” y luego que en la Ley se incluirá la reparación del daño causado a las víctimas y sus familias. Alfonso Durazo insistió en el hecho de que se trata de alentar a los grupos más vulnerables implicados en el crimen organizado a “a dejar la ilegalidad y participar en los procesos de esclarecimiento de la verdad, así como en programas de reconciliación comunitaria”. El eje de la Ley gira en torno a la misma concepción de Morena, a la vez movimiento, es decir, sociedad, y partido, o sea estructura: lo que viene de abajo asciende. Por ello, la doctora Sánchez Cordero insiste en puntualizar que el dispositivo “estará a cargo de la sociedad misma, la última palabra la tendrán las víctimas y posteriormente el Congreso”.
Más que medidas contra la delincuencia que sólo se concentrarían en la opción por la fuerza, toda la arquitectura de la iniciativa del equipo presidencial consiste en empezar desde ahora a construir “una cultura de la paz” sin dejar por ello de lado el tema de la corrupción institucional, la impunidad o la inteligencia financiera. El modelo exitoso de acercamiento con la gente que tantos beneficios le trajo a la coalición presidencial. Juntos haremos Historia funcionará de nuevo durante la delineación de la Ley de Amnistía: foros públicos, plataformas digitales y hasta “casa por casa” para llegar hasta el corazón de las comunidades donde no hay tecnología pero donde la muerte golpea todos los días a la puerta.
