12 Abril 2017
"No se trata apenas de re-contar la historia: se trata de deshacer la negación. La Comisión que acaba de crearse tiene dudas pendientes, mucho trabajo, poco tiempo y dificultades serias de gestión, que exigirán un gran esfuerzo de planeación", escribe Marcela Briceño-Donn, oficinera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- OACNUDH, en artículo publicado por Razón Publica, 10-04-2017.
Vea el artículo aquí.
Mediante el Decreto 588 de 2017, este 5 de abril el presidente Santos dio vida formal a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) y a la Unidad Especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
En el acto de firmar este decreto, que tiene fuerza de ley, el presidente pronunció un discurso emotivo según el cual “tenemos que saber y entender lo que ocurrió en el pasado para asegurarnos de que nunca más, ¡nunca más!, se vuelva a repetir”. Dijo también con emoción que “llegó la hora de la verdad…para todas las víctimas del conflicto armado, sin distingo alguno: víctimas de las guerrillas, víctimas de los paramilitares o víctimas de agentes del Estado. ¡Todos tienen los mismos derechos!”.
Con todo eso - y paradójicamente - la intervención de las representantes de las víctimas de crímenes de Estado no estaba prevista en el programa, y solo fue autorizada después de que el presidente concluyó su alocución.
Por lo demás, la expedición del decreto dio lugar a que cientos de personas y organizaciones de la sociedad civil dieron la “bienvenida a la verdad” e invitaron a las víctimas y a la comunidad en general a apoyar la labor de la Comisión y de la Unidad Especial.
En Colombia llevamos décadas de proyectos oficiales y no oficiales de reconstrucción de la verdad que han documentado la secuencia de crímenes y horrores que ha vivido el país en las últimas décadas.
Por eso ahora necesitamos otra cosa: necesitamos poner fin al encubrimiento y a la negación de quiénes son los responsables, sin atajos ni justificaciones para ellos. Y este precisamente es – o debe ser- el propósito de una comisión de la verdad. En efecto,
Han pasado más de treinta años desde la creación de la primera de más de cuarenta comisiones de la verdad en distintos escenarios de transición en el mundo. Hoy existen análisis y balances de sus logros, oportunidades, desafíos y fracasos, y estos son un punto de referencia para tener en cuenta en el momento de que entre a funcionar la de Colombia.
Sobre todo porque en Colombia, donde se tiende a abarcar demasiado y a hacer más complicado lo que desde el comienzo no es sencillo, el diseño de la Comisión de la Verdad es especialmente complejo.
Pablo de Greiff, relator especial para Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, afirma que, aunque las comisiones de la verdad no hacen parte de un sistema institucional ni burocrático establecidos, algunas han logrado hacer contribuciones importantes a los procesos de transición. En este caso, para que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) sea exitoso, lo más importante es planear y garantizar una coordinación adecuada entre los mecanismos e instituciones que conformarán el SIVJRNR y las instituciones ya existentes.
Generalmente, las comisiones de la verdad enfrentan dificultades en los entornos que resultan después del fin de un conflicto armado. En el caso de Colombia, este entorno estaría marcado por la polarización y la violencia creciente contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como por la tensión por las elecciones de 2018, que ya ha llevado a poner en entredicho el cumplimiento del Acuerdo de La Habana.
Además de esto, en las comisiones de la verdad suele haber dificultades operativas causadas por la gran cantidad de trabajo que deben realizar. En este sentido, un primer reto tiene que ver con los plazos –siempre insuficientes– para cumplir con los objetivos propuestos.
En el caso colombiano se prevé que la Comisión funcione durante tres años y se espera que en este tiempo se abarquen más de cincuenta años de conflicto armado interno con particularidades regionales y múltiples actores y factores de violencia. Y no se establece, ni en el Acuerdo ni en el Decreto, la posibilidad de una ampliación del tiempo de operación de la Comisión. Esto implica que desde ahora debe hacerse un enorme esfuerzo en cuanto a planeación, organización, recursos humanos y definición de presupuesto si se quiere que la Comisión tenga éxito.
Por otra parte, las funciones asignadas a las comisiones de la verdad tienden a abarcar cada vez más terreno, y la CEV no es la excepción. La Comisión debe “esclarecer y promover el reconocimiento” de trece puntos con contenido muy amplio y todos ellos de enorme complejidad. Esto equivale prácticamente a lo que deberían hacer trece comisiones de la verdad, con el componente adicional que implica el enfoque diferencial, que incluye acertadamente las consideraciones de género, edad y etnia.
Esta amplitud de las tareas de la Comisión es comprensible ante la multiplicidad de las violencias y exclusiones durante el conflicto, los fenómenos criminales y el daño que han sufrido diferentes poblaciones. Pero, de nuevo, para poder cumplir con las expectativas puestas sobre la CEV será necesario un esfuerzo conjunto para apoyar a la Comisión. Este esfuerzo debe venir principalmente de la sociedad civil y las universidades, del propio Estado y de la comunidad internacional. Solo así se podrán garantizar la efectividad, independencia, solidez y pertinencia de las investigaciones de la CEV para esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado.
El decreto que establece la Comisión básicamente reproduce el texto del Acuerdo Final en cuanto a sus objetivos, criterios orientadores, mandato y funciones, pero no avanza en tres temas fundamentales:
Si bien se introduce la figura de un secretario general –y no la de una Secretaría General–, las funciones asignadas a esa persona son básicamente administrativas y presupuestales (incluyendo la búsqueda de recursos); no se define su papel en lo tocante al trabajo sustantivo de la Comisión.
Más que las buenas intenciones y expresiones de apoyo, en este momento se necesita un proceso serio de planeación que permita precisar el organigrama y la planta de personal –considerando factores como la especialidad y la interdisciplinariedad– para cumplir con las funciones asignadas a la Comisión.
Esto incluye todo lo relacionado con comunicación, pedagogía, apoyo psicosocial, sistemas de información, espacios de comunicación con las víctimas y sus organizaciones, mecanismos de información y rendición de cuentas, etc. Pero, sobre todo, incluye la necesaria presencia de la Comisión de la Verdad en las regiones, pues sería absurda una institución de este tipo que no estuviera presente en los territorios más afectados por el conflicto.
No menos importante es la asignación de recursos financieros seguros y suficientes para garantizar la sostenibilidad de la CEV durante tres años y la del Comité de Seguimiento durante, al menos, otros tres años.
Además, debe lograrse la coordinación y coherencia de la Comisión con las otras organizaciones del Sistema Integral, como la Jurisdicción Especial para la Paz, pues en el Acuerdo se considera –y así lo reiteró el presidente Santos en su discurso– que la verdad y el reconocimiento de la responsabilidad son requisitos necesarios para acceder a beneficios en el ámbito judicial.
Finalmente, las víctimas del conflicto, que han tenido la oportunidad de contribuir a la construcción de la Comisión de la Verdad, deben seguir siendo participantes activos durante cada una de las etapas del proceso y deben recibir protección, acompañamiento psicosocial, transparencia y respeto en las audiencias públicas y, sobre todo, la garantía de no revictimización.
La Comisión de la Verdad puede tener un efecto reparador. Las víctimas, así como otros sectores de la sociedad, han puesto esperanza y confianza en sus resultados. El Estado y las FARC han expresado su compromiso con ella. Además, la Comisión ofrece una oportunidad histórica para superar el “negacionismo” y tomar las medidas necesarias para garantizar la no repetición de los hechos.
Por todas estas razones es necesario ir más allá de las normas y seguir muy de cerca el proceso de organización y puesta en marcha de la Comisión de la Verdad, así como el de los demás mecanismos y medidas que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
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La Comisión de la Verdad: un nuevo compromiso con el pasado - Instituto Humanitas Unisinos - IHU
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