La Organización de las Naciones Unidas – ONU hizo públicas 14 recomendaciones sobre derechos humanos a Méjico que fueron realizadas en marzo de este año. Ellas fueron reveladas el 20-10, junto con las respuestas de Méjico al documento. El país acató parcialmente las recomendaciones.

El documento es el resultado de la visita al país del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad al-Hussein, que ocurrió en octubre de 2015. Él pidió alteraciones jurídicas e institucionales para combatir las violaciones de derechos humanos en el país y la impunidad - los crímenes difícilmente son solucionados, o siquiera investigados.

Méjico cuenta con altos índices de homicidios, compatibles con regiones en conflicto. Además de eso, existen millares de desaparecimientos que nos son aclarados. El país sufre con la acción de los carteles de drogas y del crimen organizado, y la acción del Estado ha aumentado la violencia en los últimos años.

Entre las recomendaciones de la ONU están la de la creación de un consejo asesor formando por especialistas en derechos humanos, la “debida investigación de graves violaciones a los derechos humanos”, en el ámbito de la Procuradoría General de la República; la reforma del Código de Justicia Militar; y el registro de todas las prisiones que son realizadas en el país.

La recomendación de que se registren las prisiones tiene como objetivo el combate a las prisiones ilegales y los desaparecimientos causados por las fuerzas de seguridad del Estado. El gobierno mejicano se comprometió a proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y, aunque haya valorizado acciones y políticas que están siendo implementadas, reconoció que el país tiene desafíos para resolver en el área de los derechos humanos.

La ONU le pide a México abrir los cuarteles militares por medio de la nueva ley de desaparición forzada https://t.co/0YS40DLitv

— Sin Embargo (@SinEmbargoMX) 19 de outubro de 2016

Entre las 14 recomendaciones, la única que Méjico rechazó directamente fue la que pide la reforma del Código de Justicia Militar. La cuestión es sobre el control que las autoridades civiles tienen de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares. La ONU afirmó que los civiles responsables deben “cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por elementos de las fuerzas armadas.” El gobierno destacó que hubo una reforma en 2014, que todavía está siendo implantada, y afirmó que “no es factible considerar mayores modificaciones.”

El caso más emblemático de impunidad en los años recientes en Méjico es el de los 43 estudiantes de una escuela de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala en 2014. Hasta hoy, no se sabe lo que ocurrió con ellos, y las familias de los desaparecidos nunca aceptaron la versión oficial sobre el caso. Recientemente (21-10), fue encontrado el ex jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores. Él había huido después del desaparecimiento de los estudiantes, y se pensaba que estuviera muerto. Flores puede ayudar a esclarecer los detalles del crimen.