11 Mai 2018
En este texto del equipo de la Revista Envío en Managua se analiza paso a paso de cómo se ha llegado a la actual situación política y de violación a los derechos humanos en Nicaragua.
El artículo es publicado por Revista Envío, 10-05-2018.
Nadie presintió este estallido, pero eran incontables las razones que anunciaban que ocurriría. La juventud universitaria lo inició y a la juventud la siguió la gente, muchísima gente, cada vez más gente. Desde hacía años había muertos y terror en las zonas rurales y Managua parecía dormida. Y al despertar Managua, levantó al unísono al país entero. ¿Cómo fue posible? No por una conspiración desde fuera, sino por la mucha lava acumulada dentro. Los volcanes no avisan.
Durante muchos años Nicaragua no ha tenido nunca primeras planas en medios internacionales.
En este histórico abril, cuando empezó a correr la sangre en Managua y después en todo el país y durante varios días, fuimos noticia. Parece dirigido, planificado, organizado, pero fue espontáneo, real, inesperado. Por sus dimensiones y consecuencias, el estallido de abril sorprendió a todo el país y a los mismos jóvenes que lo iniciaron. El régimen Ortega-Murillo fue el principal sorprendido.
Aunque nunca sabremos las cifras exactas, ya el 4 de mayo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) hizo público un informe con un balance de lo que llamó “violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los nicaragüenses por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
En él, y respecto a la violación del derecho a la vida, afirma: “La violencia, sin comparación en la historia reciente de Nicaragua, ejercida por la Policía y las fuerzas de choque del gobierno, ha tenido como consecuencia la muerte violenta de al menos 45 personas durante el ejercicio legítimo de una protesta social. 4 son menores de 18 años, 24 son jóvenes estudiantes y 18 pobladores con diferentes perfiles ocupacionales que apoyaban la protesta de los estudiantes, 2 son agentes policiales y uno, un periodista que daba cobertura a los hechos de violencia en Bluefields”.
“Todas las muertes -precisa- se dieron en el contexto de la represión y la violencia estatal. La mayoría de las víctimas presentaba impactos de bala en la cabeza, cuello, pecho o abdomen, por lo que podemos afirmar que fueron ejecutados, valiéndose las autoridades y las fuerzas de choque de una clara ventaja respecto de los medios de que disponían los manifestantes. Esto evidencia que la orden era matar”.
Todos los asesinados eran varones. 27 murieron en Managua. Otros en Masaya, León, Estelí, Bluefields y Matagalpa. También se refirió el informe a 400 personas, entre lesionados y heridos durante las protestas.
La desproporcionada respuesta de las fuerzas de choque del gobierno y de la Policía Nacional contra jóvenes y ciudadanos que protestaban contra las reformas al seguro social en distintos puntos céntricos de Managua, y la brutal escalada represiva de los días siguientes prendió una chispa. Una década de autoritarismo sin límites la convirtió en un incendio, en una insurrección de la conciencia nacional.
Hacer la lista de los agravios acumulados que en este abril ha nutrido por todo el país masivas protestas cívicas y pacíficas que no se veían desde hace años, y que parecía no veríamos en poco tiempo, resulta una tarea imposible. Los hemos ido analizando pormenorizadamente, mes tras mes, en estas páginas.
Un acumulado de indignación ante abusos, arbitrariedades, humillaciones, corrupción, desigualdades, también crímenes siempre impunes, encendió por fin la mecha. La arrogancia de un poder cada vez más absoluto y asfixiante diseminó los hervores de abril a la velocidad que facilitan hoy las redes sociales. El estallido de abril revela también un relevo generacional y se parece también a un cansancio, un hastío, un hartargo.
La insurrección de abril fue precedida por tres hechos provocados por el propio gobierno. Acostumbrados durante una década a abusar de su poder absoluto sin mayor reacción, el régimen se convirtió en el principal desestabilizador de su modelo.
Apenas un mes antes del estallido, el 12 de marzo, la Vicepresidenta Rosario Murillo anunció que estaba considerando “revisar” las redes sociales porque estaban “influenciando negativamente a familias y comunidades”. Lo de “revisar” fue sentido, naturalmente, como “controlar”. Las redes eran un importante espacio de poder, uno de los pocos que no controlaba ya el gobierno.
Fue la juventud, que “vive” ya en las redes, la que se sintió atacada, pero por este tema aún no salió a las calles a protestar. Tal vez no lo hizo porque pasaban los días y nadie terminaba de aclarar cómo ejercerían el control.
El propio gobierno tiene su parte en la rebeldía que lo ha debilitado: el boom de las redes sociales inició en Nicaragua hasta en 2014, cuando el gobierno invirtió millones en instalar wi-fi libre y gratuito en los parques de todo el país.
Años después, los teléfonos inteligentes de los universitarios con más capacidad económica, y los teléfonos más sencillos de muchos otros jóvenes de los barrios se conectaron y tejieron las redes de la rebeldía en Managua y en todo el país. Muchos creíamos que la juventud estaba absorta, enajenada con ese “juguete” tecnológico. La vida nos demostró que era sólo cuestión de tiempo.
Además de disparar a mansalva a los rebeldes de abril, una de las primeras respuestas del gobierno, tomado por sorpresa, fue cancelar el wi-fi gratuito en todos los parques del país, que hoy lucen vacíos.
El otro antecedente inmediato al estallido de abril fue el incendio iniciado el martes 3 en la Reserva Biológica Indio-Maíz. Un fuego incontrolable comenzó a extenderse por el valiosísimo bosque tropical húmedo que cubre el sureste de Nicaragua, fronterizo con Costa Rica, un tesoro biológico de valor intangible para Nicaragua y Centroamérica.
Acostumbrados a un irresponsable modo de gobernar, en el que las decisiones siempre están ultra-centralizadas, la Vicepresidenta Murillo minimizó el incendio y el gobierno no comenzó a reaccionar hasta el 6 de abril.
Acostumbrados también a gestionar cualquier evento de importancia o silenciándolo o tergiversándolo si no pueden callarlo, el gobierno se resistió a solicitar ayuda internacional, rechazó la que le ofrecieron bomberos costarricenses, militarizó la zona, impidió a periodistas y ambientalistas independientes ingresar a la reserva y amenazó con retirar su personalidad jurídica a la Fundación del Río, primera organización nacional que encendió la alarma el mismo día 3, con informaciones que recibía de las comunidades ramas y krioles que habitan allí.
Desde hace años las reservas naturales de Nicaragua están siendo deforestadas. Alba Forestal, una de las empresas del consorcio Alba, en manos del grupo en el poder, hace negocio con la madera de esos bosques. También están siendo invadidas las reservas por campesinos empobrecidos que luego venden las tierras que ocupan a ganaderos inescrupulosos, que tumban árboles y queman el terreno para dedicarlo después a pasto para ganado.
Lo hacen ante la indolencia o la complicidad de las autoridades locales, en un combinado letal de corrupción e impunidad. En 2017 la Alianza de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua había advertido sobre el acelerado avance de la defo-restación en la Reserva Indio-Maíz, señalando que las invasiones de colonos en ese territorio para apropiarse de tierras que pertenecen a estos pueblos originarios se intensificaron desde que en 2013, cuando el gobierno anunció el proyecto del Canal Inter-oceánico, que atravesaría parte de la Reserva por la zona de Punta Gorda.
Fue la juventud, que en Nicaragua como en todo el mundo, ha ido desarrollando una conciencia de responsabilidad ambiental, intuyendo que el mundo que heredarán está en grave peligro, la que salió a las calles preocupada por la reserva. Desde el 6 de abril, y día tras día, vimos en la entrada de la Universidad Centroamericana (UCA), en el centro de la capital, las primeras protestas de universitarios. En los primeros días fueron pequeños plantones. El 10 de abril ya estaban más concurridos.
El miércoles 11 ya eran más de 300 los jóvenes de varias universidades autoconvocados en las redes por #SOSIndioMa?íz quienes se mantuvieron durante algunas horas frente a la UCA. “Ortega negligente” decía una de las pancartas. En otro punto del centro de Managua, y con el habitual pulso que el gobierno organiza para “no perder las calles”, unos mil miembros de la Juventud Sandinista (JS) alababan el trabajo gubernamental para apagar el fuego. Hasta ese día no hubo represión.
El 12 de abril creció el número de jóvenes frente a la UCA. Cuando pretendieron marchar por calles céntricas de la capital, reclamando información veraz sobre el incendio, aparecieron por primera vez policías antimotines para impedirlo. Golpearon a varios, mientras otros policías protegían la contramarcha de la JS, que desfiló acuerpada por las fuerzas de choque del gobierno: hombres en moto, cubierto el rostro con el casco y armados con garrotes o armas de fuego.
Finalmente, el 13 de abril concluyó el incendio. El ejército y aviones apagafuegos que brindaron México, Estados Unidos y El Salvador hacían lo que podían, hasta que una copiosa lluvia resultó decisiva para apagar las llamas.
En uno de los cuatro canales del régimen un “especialista” dijo que se sentían “muy optimistas” porque se había perdido menos del 2% del bosque. Otra fue la visión del director del Centro Humboldt, Víctor Campos, quien afirmó que el daño era “irreversible” porque esa pequeña zona quemada estaba precisamente en la zona núcleo de la reserva. “Es la mayor catástrofe ecológica en la historia de nuestro país”, se lamentó el científico Jaime Incer Barquero.
El gobierno dejó de hablar del incendio. Seguramente pensó que, al igual que las llamas, la conciencia juvenil ya estaba sofocada. Tal vez no saben que la neurociencia nos ha enseñado que las grandes decisiones que los seres humanos tomamos comienzan siempre con una emoción, nunca con un análisis racional. Las protestas ambientalistas habían dejado ya un enorme acumulado de nuevas emociones en una masa crítica de la juventud universitaria de Managua.
Tan seguro estaba de que tenían todo bajo control que apenas tres días después de cesada la indignación juvenil por el incendio en Indio-Maíz, el lunes 16 de abril en la tarde, Roberto López, presidente del INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social), anunció cuáles serían las reformas que finalmente el gobierno implementaría para evitar el colapso financiero de la institución.
Antes de esa tarde ya se sabía que las reformas se estaban negociando, como siempre a puertas cerradas, y sólo entre el gobierno y la élite empresarial. La sorpresa, en el anuncio que López hizo aquella tarde fue la distancia que el gobierno tomaba de sus aliados del COSEP: no había sido posible lograr consenso con ellos. Incluso habló del “chantaje” que los empresarios habían hecho.
Después de ese inesperado desaire a sus aliados, y sin decir una sola palabra de las razones estructurales de la crisis del INSS, que, además del natural envejecimiento de la población, tienen que ver con la corrupción del régimen en la institución. López detalló los números de una reforma que dijo “dará un respiro” a las quebrantadas finanzas del INSS durante los próximos diez años.
Como el seguro se quedaría sin dinero para pagar pensiones antes de terminar el año, el gobierno estaba urgido y decidió salirle al paso a la quiebra por la vía más fácil: sacándole dinero a todo mundo.
Los trabajadores asegurados cotizarían más, los empleadores cotizarían mucho más, a los jubilados se les descontaría cada mes un porcentaje de su pensión, a los nuevos jubilados se les reduciría su pensión y el Estado contribuiría, aunque mínima-mente.
No fue una reforma de corto plazo, sino de cortísimo plazo, incluso movida por la desesperación y pensada desde el poder absoluto que no escucha, que no debate.
Para salvar al INSS había otro camino, que hubiera supuesto autocrítica y escucha de los expertos en seguridad social del país, que han insistido en opciones de más largo plazo y más justas. Entre ellas, trasladar al presupuesto nacional las pensiones que el INSS otorga a víctimas de guerra y las “pensiones reducidas” que Ortega concedió en 2013 a unos 50 mil ancianos que nunca cotizaron al INSS o que cotizaron poco tiempo. Las pensiones a miles de no cotizantes han desequilibrado severamente las finanzas del INSS.
Correspondía al Estado asumir la justa protección social a víctimas y ancianos para no sangrar más al INSS. Pero no lo hicieron. Para conseguir fondos que alimentaran el presupuesto hubieran reducido exoneraciones injustificables a algunos sectores empresariales. Pero no lo hicieron. Hubieran asumido también otros problemas estructurales que han asfixiado al Seguro. En su reglamento, el INSS establece que los gastos administrativos no deben superar el 6.5%. Y desde hace años superan el 14% por aumento de personal, aumento de salarios, compra de vehículos, doble aguinaldo...
No hubo tampoco una palabra sobre las turbias inversiones realizadas a partir de 2013 con los fondos del INSS (condominios de lujo, edificios en la capital hoy vacíos…), que también han contribuido a agrandar el agujero negro en las finanzas de la institución.
El gobierno optó por lo inmediato y más fácil y presentó esas irresponsables medidas como un conflicto con la cúpula empresarial, y como una defensa de los trabajadores, por no doblegarse ante el FMI. (En el menú de recomendaciones que el FMI venía presentando al gobierno desde hacía años sugería aumentar la edad de la jubilación y las semanas a cotizar para obtener pensión).
Los especialistas nicaragüenses en seguridad social han insistido en que el INSS no sólo padece una crisis financiera, sino también de gestión y por eso debía, antes que nada, recuperar confianza transformándose en una institución autónoma y transparente, dejando de ser coto de empleados muy bien pagados por su lealtad al partido de gobierno. No dialogaron con los especialistas. No hubo debate con nadie.
Con quienes hablaron durante unos días fue con los empresarios, que insistían en negociar simultáneamente la reforma al INSS y la reducción de algunas exoneraciones que los privilegian a ellos para obtener más recursos fiscales, cada vez más tensio-nados desde que en 2016 comenzó a declinar la cooperación petrolera venezolana. Ni siquiera tuvieron en cuenta a sus aliados.
Decidieron unilateralmente. “Por sus pistolas”, en argot nica. Actuaron con la habitual arrogancia que da el poder absoluto.
El gobierno calculó que si sus activistas políticos repetían por doquier que no se modificaba la edad de jubilación (60 años) ni las semanas de cotización (750) y que los jubilados recibirían su aguinaldo en Navidad, que el gobierno “revolucionario” no había obedecido al FMI, todos los afectados quedarían conformes.
Calcularon que la élite empresarial se quejaría, pero terminaría arreglándose con ellos. Después de una década de un gobierno corporativo, donde los empresarios han ocupado más de 40 cargos en instituciones estatales y han sido co-artífices en la elaboración de decenas de leyes, donde el corporativismo, denominado “modelo de diálogo y consenso”, hasta se incluyó en el texto de la Constitución, pensaron que el “desentendimiento” con la clase empresarial sería pasajero y manejable.
Lo que quedó fuera del cálculo del régimen fue el espeso caldo de rechazo que se venía cocinando en la sociedad. El día 18 los universitarios volvieron a salir a las calles. Por las reformas. Y por todo. Por el ya insoportable yugo de un autoritarismo sin límites. Y estalló la conciencia.
La “izquierda” internacional que interpreta lo ocurrido en Nicaragua habla de que “problemas con el seguro social los hay en todo el mundo y lo que pasó en Nicaragua es que Ortega se le plantó al FMI y defendió a la “clase obrera” y la “derecha imperial” reaccionó para “desestabilizarlo”…
Las protestas iniciaron el miércoles 18 en la noche, cuando universitarios de la UCA y de la UAM -propiedad del Ejército- convocados por #SOSINSS se reunieron en los nuevos portones de la UCA, que fueron apedreados y destruidos por miembros de la Juventud Sandinista (JS).
El 19 en la tarde se congregó un grupo de universitarios y ciudadanía adulta en el Camino de Oriente, otra zona céntrica de Managua. Fueron garroteados y golpeados por turbas de la JS y por paramilitares motorizados, que también atacaron a los periodistas que cubrían la protesta y robaron cámaras y celulares. Todo, a vista y paciencia de la Policía Nacional, en la más total impunidad.
Hace cinco años, este método de agresión les había dado muy buen resultado. La juventud de Managua que en 2013 defendió a los ancianos sin pensión convocada por #OcupaINSS? fue golpeada, amenazada y robada. ¿No les había funcionado entonces? ¿Y después de que las turbas de la JS los apalearon, no se replegó asustada la juventud?
Lo que no calculó el gobierno fue que en cinco años de wi-fi masivo en todo el país, y ya enredado todo mundo en las redes, existía ya el embrión de una nueva realidad social y cinco años más de agravios.
La represión de la tarde del 19 fue documentada por la radio y los canales independientes que aún quedan en el país. Pronto, varios fueron sacados del aire. Ese atardecer más y más jóvenes salieron a las calles y desafiaron compactas filas de policías antimotines en distintos puntos de Managua. Las redes divulgaban a velocidad de la luz imágenes impactantes del valor con que lo hacían.
El día 20 despertó la juventud de las universidades públicas: los primeros, los de la Universidad Nacional Autónoma (UNAN) con sede en León. Al día siguiente en Managua, la Universidad de Ingeniería (UNI), la Universidad Politécnica (UPOLI) y la Universidad Agraria, consideradas bastiones de la JS, controladas a través de la UNEN (Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua), un brazo del partido de gobierno que domina las universidades estatales. Después se rebelaron los de la UNAN Managua. También hubo eco en Rivas, en Camoapa…
A la ira juvenil comenzó a unirse la juventud y la población de los barrios de Managua y de otros municipios. Ese día ya había marchas y plantones de protesta espontáneos por todos lados, por todo el país.
No fue sólo por la seguridad social. Estallaron diez años de negación de la autonomía universitaria, de negación de la autonomía municipal, de negación de la democracia y de los derechos humanos, especialmente los derechos civiles y políticos. La respuesta del gobierno a esta inesperada y espontánea insurrección, que los agarró por sorpresa, fue tan torpe como cruel, propia de una política de terrorismo de Estado.
El día 20 la Catedral de Managua se convirtió en refugio seguro para unos 2 mil estudiantes, muchos de ellos heridos, que huían de la represión generalizada en el centro de la capital. Chavalos y chavalas estuvieron amparados allí durante horas por el cardenal arzobispo de Managua, su obispo auxiliar, Silvio Báez, y el clero de la capital, acosados por las turbas del gobierno decididas a ingresar en el templo para atacarlos.
Desde el comienzo del estallido, Monseñor Báez jugó un papel destacado. Muchos jóvenes, que ni sabían que él existía, lo conocieron en esos días.
El país estaba insurreccionado. El día 20 cayó al suelo, cortado pacientemente por muchos jóvenes con una sierra de mano, el primer “árbol de la vida”, símbolo del poder. Rosario Murillo “sembró” 140 de estas moles de hierro de 14 toneladas por toda Managua. Caerían en los días siguientes ocho de estas estructuras. El día 21 se levantaron barricadas en Monimbó, emblema de la lucha antisomocista.
El viernes 20 ocurrió la primera muerte. Entre ese día y hasta el día 22, ininterrumpidamente, empezamos a sumar muertos matados por bala, a escuchar historias de valor y dolor, de pobladores de todas las edades y de todos los lugares, colaborando con quienes protestaban, llevándoles alimentos, medicinas, curándolos, protegiéndolos, escondiéndolos… En esos cuatro días asistimos estupefactos a una brutalidad y crueldad que considerábamos impensable en miembros de la Policía Nacional, auxiliada por fuerzas de choque y francotiradores vestidos de civil. Aunque no ha logrado comprobarse, varios medios (“La Prensa” y 100% Noticias) han hablado de policías detenidos por negarse a disparar.
El Ejército se desplegó en esos días en Estelí y otros lugares del país, pero sólo resguardó edificios y no participó en la represión. Toda la maquinaria represiva la llevó adelante la Policía, acompañada visiblemente por turbas organizadas desde antes, o para esta ocasión, por el partido de gobierno.
“Las muertes y daños” que el gobierno ordenó durante esos días son incontables. Y aunque después de publicarlas en el diario oficial, un Ortega, sorprendido por el inesperado mensaje que le llegaba de todas las esquinas del país, también de las bases de su partido, reaccionó el 22 de abril revocando las reformas a la seguridad social, las protestas siguieron. Y hoy, al poner punto final a este texto, martes 8 de mayo, el descontento se mantiene y se incrementa. Manifestaciones por todo el país exigen justica por los muertos y un cambio en el país: ¡Que se vayan!
Hay una clara línea divisoria entre la Nicaragua de antes de estos inesperados días de rebeldía y la Nicaragua de ahora. Y sin saber aún cómo se irá conformando el nuevo país nacido del estallido, ya sabemos que nada seguirá en el mismo lugar en donde estuvo antes.
Los epítetos empleados en los más álgidos días de la rebeldía por Rosario Murillo contra quienes protestaban (“almas pequeñas, tóxicas, llenas de odio, vampiros sedientos de sangre, grupos minúsculos”), atizaron el fuego de la indignación. La interpretación que hizo Daniel Ortega de lo que ocurría -son “pandillas matándose entre ellos mismos”- hizo trizas la imagen que su gobierno y sus aliados empresariales han vendido durante una década: “Nicaragua, el país más seguro de Centroamérica”.
En la noche del 21 y durante el domingo 22 se produjeron saqueos en 30 comercios de Managua, entre ellos en los supermercados Palí y La Unión, propiedad de Walmart. En algunos videos se veían patrullas de la Policía resguardando a los saqueadores y trasladando lo saqueado. En otros era la televisión gubernamental la que transmitía en directo los saqueos…
En su informe del 4 de mayo sobre los acontecimientos de abril, el CENIDH se refiere a la “forma organizada” en que se realizaron los saqueos, que “no fueron repelidos por la Policía, que tampoco realizó labores de prevención”. Y añade: “El gobierno responsabilizó de estos robos al movimiento de jóvenes para justificar la represión, por lo que pobladores indignados, considerando que eran grupos afines al gobierno, empezaron a hacer acciones de vigilancia y protección en las afueras de los establecimientos…”
Justa fue, por todo esto, la sospecha de los pobladores de que no eran los estudiantes los responsables. Justificada también por lo que sucedía en otras ciudades. En León, Masaya, Chinandega… turbas organizadas por las autoridades locales quemaron esos días edificios del partido de gobierno, para abonar a la idea de que eran vándalos los que protestaban.
El 21 de abril Ortega había aparecido por primera vez desde que había iniciado el estallido. Lo hizo flanqueado por el Jefe del Ejército y la Jefa de la Policía. Forzado a hacer algo, ofreció a sus aliados del COSEP un diálogo para revisar las reformas al INSS.
Altamente preocupados por una revuelta que era nacional y parecía imparable, y por las consecuencias económicas de la torpe y sangrienta respuesta del gobierno, los empresarios del COSEP pidieron que el diálogo se ampliara a otros sectores del país. Y convocaron a sus agremiados y empleados a marchar en Managua el lunes 23.
La población capitalina se unió a la marcha empresarial y la desbordó totalmente: gentes de toda clase social de Managua, autoconvocadas por las redes, salieron a las calles. Una multitud incalculable recorrió ocho kilómetros de la capital enarbolando banderas de Nicaragua.
En una demostración espontánea que dos generaciones de capitalinos nunca habían visto, plenamente cívica y totalmente pacífica, se escuchó reiteradamente: ¡No eran delincuentes, eran estudiantes! Incontenibles también otra consigna: ¡Que se vayan!
Primeros cálculos indicaban que la economía perdía millones de dólares diarios desde que inició la crisis. El descalabro al que llevaba el país la represión gubernamental y los resultados de la marcha convocada por ellos, que los trascendió, cambió la percepción de buena parte del empresariado nacional. Después de la marcha, conscientes de su responsabilidad en la crisis, pidieron que el diálogo tuviera una agenda amplia y que en él estuvieran presentes los estudiantes. Ortega ya había sugerido que fuera la jerarquía católica la mediadora del diálogo. El diálogo “nacional” que los obispos habían pedido hacía cuatro años sin ser escuchados, el diálogo aparecía de nuevo como una “salida” en el horizonte.
El 24 de abril los obispos aceptaron ser “mediadores y testigos” del diálogo. Y llamaron a participar el sábado 28 de abril en una Peregrinación por la Paz.
De nuevo, una multitud incontable, convocada por las parroquias de la arquidiócesis (Managua, Masaya y Carazo), llenó la capital. De nuevo, gentes de todas las clases sociales, católicas o no, marcharon hacia la Catedral con banderas de Nicaragua. Hubo “peregrinaciones por la paz” en Boaco, en Estelí, en Rivas y en otros puntos del país. La de Matagalpa fue la más numerosa: 50 mil personas.
A la marcha católica llegaron por primera vez a Managua en buses y camiones -no pudieron impedirlo las fuerzas antimotines- y después de más de doce horas por las carreteras, unos mil campesinos del movimiento anti-Canal, los primeros en encender hace cinco años la llama de la rebeldía contra el régimen.
Con liderazgos políticos muy debilitados durante años, el liderazgo de la jerarquía católica, dada la intensa religiosidad popular, es el que ha emergido con más fuerza en esta crisis.
Párrocos valientes que en muchos municipios lograron detener la furia represiva y defender a su gente y la conferencia episcopal, a nivel nacional, han sido referentes imprescindibles de seguridad y de credibilidad para buena parte de la sociedad.
Y a pesar de que el 40% de la población nicaragüense se congrega en iglesias evangélicas, los pastores de esas denominaciones no presentaron un bloque unificado. Ha sido a la iglesia católica a la que le ha tocado ponerse al frente de la nación conduciendo un diálogo que parece imposible ante la represión que continuó en el país desde que cesó la masacre de abril.
En 2014 los obispos propusieron a Ortega un diálogo nacional y elecciones libres y le presentaron un documento con algunos de los graves problemas nacionales que requerían de soluciones. Nunca recibieron respuesta.
“Señor Presidente -decían entonces-, usted tiene la capacidad de no defraudar la esperanza que muchos nicaragüenses depositaron en usted al iniciar su primer período presidencial en el 2007 y heredar a la nación un legado histórico digno de ser recordado por las futuras generaciones. Los años pasan y nadie es eterno. Usted tiene todavía la posibilidad de demostrar su voluntad de favorecer una auténtica apertura al pluralismo político en la nación; colaborar activamente a replantear el funcionamiento integral del sistema político y buscar caminos de concertación a nivel nacional, restableciendo la normalidad política de un auténtico estado democrático”.
Cuatro años después la historia parece repetirse. El mensaje busca lo mismo, sigue siendo actual. La única diferencia es que ahora lo escucha el país sintiendo otra correlación de fuerzas y con mucha sangre derramada.
Después de las dos megamarchas llegaba el Primero de Mayo y, como en otros años el gobierno lo celebró el 30 de abril, para asegurarse la asistencia obligada de los empleados estatales, amenazados con perder su puesto de trabajo.
Esta vez los simpatizantes del partido de gobierno, la JS y los empleados del Estado fueron convocados para expresar “el amor y el cariño que le tenemos a nuestro líder indiscutible… El comandante presidente tiene que sentirse acompañado de un mar de pueblo y así darle un revés contundente a la marcha política-religiosa de la Iglesia-derecha”.
Como en otras ocasiones, los buses del transporte colectivo se dedicaron a recoger por barrios y comarcas de todos los municipios del país a empleados públicos y simpatizantes. Las redes sociales testimoniaban que venían más vacíos que nunca.
El discurso de Ortega fue breve y provocador. No asumió responsabilidad alguna por nada de lo ocurrido y dio a entender que no iba a ceder en nada. Se refirió al diálogo limitándolo a temas de “justicia social y económica y de seguridad” (¿seguridad social?), excluyendo del diálogo el tema de la justicia por los crímenes y cualquier otro tema político.
Afirmó que daría “una batalla” por la paz y ofendió a muchos al dar un saludo especial a “la noble, noble, profundamente noble” Juventud Sandinista, representada en la tribuna por dos muchachos y una muchacha con sus coloridas camisetas, iguales a las que llevaban quienes habían garroteado sin nobleza a estudiantes y periodistas días antes.
Hasta aquí una muy limitada crónica de las primeras dos semanas de una crisis que a todo el país ha sorprendido y conmocionado.
El 30 de abril, al bajar de la tarima en la que acompañó a Ortega, Rosario Murillo dijo a los medios oficialistas: “Sabemos que Dios estará sentado en la mesa del diálogo. Lo que queremos es que se retome el buen rumbo que llevaba nuestro país hasta hace unos días”.
Es imposible. La correlación de fuerzas dio un abrupto vuelco en el país. Después de la matanza de tanta gente, alzados en rebelión unos, inocentes muchos otros, después de tanta gente herida en el cuerpo y en el alma, la hora de la crisis en la alianza entre los empresarios y el gobierno, que unos consideraban tan beneficiosa como indestructible y otros han criticado como espuria, llegó de improviso.
La élite empresarial ya sabe que el gobierno Ortega-Murillo no les garantiza ni la estabilidad económica y social para sus inversiones ni la institucionalidad política, a la que no dieron suficiente importancia cuando el país era “estable” privilegiadamente para ellos y sus empresas.
Algunos han reaccionado dando declaraciones muy claras. El ex-presidente del Banco Central en el gobierno que precedió a Ortega, Mario Arana, gerente de APEN (exportadores) dijo en una entrevista en la televisión ya en la tensa calma de los últimos días de abril: “En este país todos nos estamos jugando todo… El sector privado llegó a la conclusión de que el modelo hizo agua… En este momento necesitamos ser independientes, con todo el costo que esto tiene en este país”.
Al diálogo nacional ya en marcha la empresa privada anunció que concurrirán cinco de sus representantes con cuatro puntos de agenda. Reflejan ya su distanciamiento de Ortega: investigación de los asesinatos “con organismos de derechos humanos de reconocida trayectoria”, (no dicen “organismos internacionales”), reformas “a lo inmediato” al sistema electoral para garantizar elecciones libres y transparentes (no hablan de “anticiparlas”), reformas institucionales que garanticen el Estado de Derecho y la eliminación de la corrupción, y resolución de la crisis del INSS, para lo que plantean cambio de sus autoridades y una auditoría de la institución.
En los días más sangrientos de la revuelta ningún funcionario público de nivel parecía tener permiso para dar declaraciones. Es el estilo consolidado durante una década por el gobierno Ortega-Murillo. Sólo hablan ellos dos, ella a diario.
El primero en decir algo fue Bayardo Arce, comandante y ex-miembro de la dirección del Frente Sandinista en los años 80. En entrevista con el canal internacional Telemundo, Arce reconoció que la reforma que el gobierno había hecho al seguro social había sido “un error”. Arce es asesor económico de Ortega, lo que demostraría que no lo tuvieron en cuenta.
A la pregunta sobre si la reacción de los estudiantes había sorprendido al gobierno, respondió: “Claro que lo sorprendió. Nos sorprendió a todos, yo creo que sorprendió a los empresarios, sorprendió a los sindicatos, a todo el mundo. Porque la reacción vino de un sector que no está directamente vinculado a la problemática de la seguridad social. Protestaba el estudiante universitario, que todavía no es empleado, que todavía no es cotizante, que todavía no es pensionado”.
También habló esos días el diputado Jacinto Suárez, secretario de relaciones internacionales del partido de gobierno y compañero de cárcel de Ortega, entrevistado por ACAN-EFE. Suárez dijo: “Nos toca hacer un balance crítico a los sandinistas y encontrar en qué hemos pecado”.
Ambas consideraciones, salidas del seno del poder, demostraban lo espontáneo de la crisis, la sorpresa de todos, la torpeza de la respuesta represiva del gobierno… O como dijo el propio Arce: “Suele suceder en estos fenómenos sociales que llega un momento en que perdés el control. La misma Policía perdió el control y las noticias además te hacen perder el control”.
La sorpresa admitida por Arce y Suárez demuestra que nadie organizó ni planificó esto, ni dentro de Nicaragua ni fuera.
A pesar de eso, una “izquierda” tradicional, congelada en el tiempo y aferrada a interpretar con esquemas simples y ya obsoletos casi todo lo que ocurre en el mundo, una “izquierda solidaria” que tal vez menosprecia las capacidades del pueblo de este insignificante y pequeño país, no termina de creer que la “desestabilización de la revolución” sucedida este abril no haya sido resultado de una conspiración del “imperio”. Pero los hechos los desmienten, aunque no los convenzan.
Muy pronto, en el seno del poder había que cambiar el discurso y transmutar “la sorpresa” en injerencia externa y agresión...
El propio Jacinto Suárez, que hablaba de autocrítica y de pecados, dijo a la BBC días después, respondiendo a la pregunta de cómo explicaba lo ocurrido: “Estamos ante una conspiración patrocinada y pagada por el gobierno de Estados Unidos. No estamos viendo fantasmas, ni inventando nada. Es el mismo estilo de Venezuela: tumultos de vándalos, manifestaciones, un montón de muertos.
Obviamente nos causó algún efecto porque no estábamos preparados. Para ser sinceros, nos sorprendieron. Pero ahora ya estamos en la jugada. Estamos más alerta para entender este fenómeno y ver como lo trabajamos y lo asumimos”.
¿Cuál es la “jugada” del régimen? Ganar tiempo, ceder en lo mínimo o en temas menores, dividir a la juventud organizada, desgastar a la población y mantener una represión selectiva y no tan visible, en forma de amenazas, intimidación y acciones más dirigidas a los líderes de la revuelta. Lograr así que todo no haya sido más que una “llamarada de tusa”.
La jugada incluye instituciones. Crearon a toda prisa en la Asamblea Legislativa una Comisión de la Verdad integrada por cinco “notables”. Aunque el Poder Legislativo carece de credibilidad por tener Ortega mayoría absoluta, obsecuente en cualquier decisión al Poder Ejecutivo, y aunque los cinco nombrados son conocidos por todo mundo como afines o cómplices de las políticas del gobierno, ponerla a “funcionar” durante tres meses, le da a Ortega una perfecta excusa para evitar el escrutinio internacional.
Ya le sirvió para negarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la posibilidad de visitar Nicaragua para investigar la masacre de los días de abril. Cuando la CIDH lo solicitó “de manera urgente”, la respuesta del gobierno fue: “Debemos esperar los avances nacionales”.
La jugada institucional incluye a la Fiscalía, otra institución carente de credibilidad, que recibirá denuncias de los familiares de los asesinados. Nunca la Fiscalía ha terminado de investigar casos que implicaran a altos cargos del gobierno. Sin embargo, algunos familiares, advirtiendo que no creen en los resultados, han llegado a interponer las denuncias.
En el caso del periodista asesinado en abril, Ángel Gahona, que cayó con un tiro en la cabeza en Bluefields, el inicio de las “investigaciones” de la Fiscalía evidenció que uno de los objetivos de los investigadores, además de prolongar indefinidamente su tarea, será responsabilizar de los crímenes a otras personas, “chivos expiatorios”, para mantener en la impunidad a los culpables.
La “jugada” gubernamental incluye a la OEA. A solicitud de Ortega, llegó a Nicaragua el 26 de abril Wilfredo Penco, quien dirigió la misión de observación electoral de la OEA en las elecciones municipales de 2017, marcadas por una masiva abstención.
“Nuestro objetivo -dijo Penco- es iniciar el camino de las reformas electorales”. Por ese camino, el de Penco y la OEA, llegaríamos hasta las elecciones presidenciales de 2021, una fecha que a las familias de los muertos les suena a escarnio después de todo lo que ha pasado.
En sus cálculos, Ortega ha pensado en llevar el diálogo con la OEA en paralelo al diálogo nacional que median los obispos. O, calculando que fracasará el diálogo mediado por los obispos, piensa en quedarse únicamente con el diálogo bilateral con la OEA.
Ortega vive aún en marzo… antes del estallido de abril. Su objetivo es que en el diálogo mediado por los obispos se hable solamente de lo social, del INSS, de aspectos económicos que interesen a los empresarios, sus aliados de años, y que el diálogo de la reforma política, el de la transformación del sistema electoral que le garantizó cuatro fraudes consecutivos, lo lleve su gente directamente con la OEA.
Si Ortega vive en marzo, es imposible que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no haya tomado nota de lo ocurrido en abril en Nicaragua.
Por si no lo hubiera hecho, dada la complacencia con la que Almagro ha tratado a Ortega desde que le envió un cuestionador informe previo a las elecciones de 2016 que nunca hizo público, para recordarle que las cosas han dado un vuelco en Nicaragua, Cristiana Chamorro, directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro -lleva el nombre de su madre y ex-Presidenta de Nicaragua (1990-1997)-, lo visitó en Washington el 4 de mayo.
Cristiana le pidió a Almagro que se sume a la demanda de justicia por la masacre de abril y le expresó preocupación por el silencio de la OEA ante la crisis nicaragüense: “No queremos más muertos, ¿qué va a hacer la OEA?”. Le señaló a Almagro la falta de credibilidad que tiene hoy la OEA entre los nicaragüenses y lo “desfasado” que ha quedado el memorándum de entendimiento que Almagro firmó con el régimen de Ortega en febrero de 2017. Y le dijo abiertamente que era necesario cambiar a Penco como representante de la OEA en nuestro país.
Cristiana le presentó a Almagro los dos escenarios que existen hoy en Nicaragua. O elecciones justas y transparentes anticipadas que permitan una transición pacífica, como Ortega decidió en 1989. O una salida sangrienta y de destrucción del país como la eligió Somoza en 1979. “Lamentablemente, parece que Ortega ha escogido esta segunda”, le dijo Cristiana al secretario general de la
El aspecto para el que los “teóricos de la conspiración” no tienen respuesta es el de la crisis por la que atraviesa hoy el sandinismo histórico, la diferenciación cada vez más clara entre cada vez más gente entre “sandinismo” y “orteguismo.
También en bastiones históricos del FSLN como León, Estelí o Masaya las fisuras en el partido rojinegro se han hecho evidentes con una fuerza sorprendente. Ninguna conspiración ni interna ni externa pudiera haberlas logrado con tanta velocidad.
Es en este aspecto del estallido en donde Ortega aparece más débil en “la jugada” con la que pretende salir airoso del atolladero en el que él mismo se metió ordenando la matanza de abril. Carente de tácticas y de estrategia, viendo el desgrane de sus bases, ya ha tenido y tendrá que recurrir a más represión para defender su poder.
Enormes grietas se han abierto en las bases del FSLN al ver la respuesta represiva del gobierno. Son innumerables los testimonios de sandinistas de buena fe dolidos y avergonzados, incrédulos ante la magnitud de la masacre llevada a cabo por el gobierno de su partido. “Ya no, ya no, hasta aquí llegamos”: eso es lo que se escucha.
Una clara primera “baja” es la sucesión dinástica. No existe ninguna posibilidad de que alguien de su familia pueda suceder a Daniel Ortega. Se abre así la crisis de la sucesión en el partido rojinegro.
“Este gobierno no puede regresar a como estaba antes de esta crisis, a la forma de gobierno tan monopólica y autoritaria que venía ejerciendo. La pareja presidencial no tiene perspectivas”, dijo en entrevista con Andrés Oppenheimer el general en retiro Humberto Ortega.
Centenares de otras bajas se van descubriendo hoy en el sandinismo de los combatientes y colaboradores “históricos”, relegados por Murillo durante estos años y en el sandinismo de base, el de las familias sandinistas de toda la vida, en el de los simpatizantes fieles a Daniel, en el de “danielistas y chayistas a morir”, como se confesó la profesora Socorro Corrales, madre del joven Orlando Pérez, asesinado en Estelí por francotiradores empleados por la Policía.
No son pocos los simpatizantes del partido de gobierno que fueron asesinados sólo por estar en el “lugar equivocado” cuando los antimotines tiraban a matar. Tras cada uno de los que fueron apresados, torturados, heridos y asesinados estos días hay centenares de parientes, vecinos y amigos. Y entre esos centenares muchos eran simpatizantes de Ortega, votaban por él. Es incomprensible para el pueblo nicaragüense, también para el pueblo sandinista, que un gobierno que lleva ese nombre haya asesinado a “universitarios”, porque el sueño de todas las familias de Nicaragua, especialmente de las más pobres, es precisamente ése: que sus hijas y sus hijos lleguen a ser eso, universitarios.
¿En cuántos barrios de Managua y de otras ciudades, incluso baluartes del Frente, se rebelaron simpatizantes de Ortega contra las fuerzas del orden, participando también de esta espontánea insurrección de la conciencia? Sin esa rebelión no se explican ni muchos de los muertos ni la saña de la policía.
¿El orteguismo es ya una minoría dentro del sandinismo? Al menos, pareciera que ese proceso inició en abril de 2018. Y suena a irreversible. No se basa en intereses económicos ni en ideología, se basa en principios humanistas y en mucho dolor. Las familias que hoy lloran a hijos asesinados injustamente, por una causa noble, son un símbolo de poder inmedible en Nicaragua. Y abril nos ha mostrado a decenas de ellas.
El 24 de abril la Casa Blanca se refirió en un comunicado a “la repugnante violencia política de la Policía y de los matones pro gubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, en particular los estudiantes universitarios, que ha conmocionado a la comunidad internacional democrática”.
El 2 de mayo, en la Casa Blanca, el Vicepresidente Mike Pence, en la ceremonia de juramentación de Carlos Trujillo como nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA, se refirió a la crisis de Nicaragua con estas palabras: “En las últimas semanas, el gobierno de Nicaragua ha reprimido brutalmente a su propio pueblo por alzar sus voces en protestas pacíficas”. Mencionó después “el legado de tiranía de los Castro en Cuba” y lo que sucede en Venezuela. Pence dijo que en esos tres países Estados Unidos tiene aún “trabajo por hacer para garantizar un continente en libertad”. Y concluyó: Estaremos del lado de todos los que aspiran a la libertad y confrontaremos a sus opresores”.
Es la primera vez que Nicaragua aparecía en la voz del gobierno estadounidense junto a Venezuela y Cuba. Unos días después, en la reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar el caso Venezuela, Pence nos colocó de nuevo en ese trío.
Resulta oportunista la posición del gobierno de Estados Unidos. Durante once años, antes con Obama y ahora con Trump, han tolerado todas las arbitrariedades de Ortega, a cambio de que Nicaragua se abriera a las inversiones de empresas estadounidenses, retuviera a los inmigrantes en sus fronteras y colaborara deteniendo, sólo en alguna medida, el trasiego del narcotráfico. Necesitamos ayuda, no ese “trabajo”
Es evidente, en una situación de tal desproporción de fuerzas como la que ha dejado instalada la insurrección de abril, que Nicaragua necesita de ayuda internacional para investigar lo que pasó en esas jornadas y para lograr que los autores intelectuales y materiales de la masacre sean sancionados. También necesita de ayuda internacional para garantizar una etapa de transición que sea pacífica y que conduzca a nuestro país a un nuevo modelo de gobierno, con democracia y respeto a los derechos humanos, y con nuevos gobernantes.
Ésa es la ayuda que necesitamos, y no el “trabajo” que venga del Norte, como insinuó Pence. Piensan unos, exigen otros
Sin que pudiéramos imaginarlo tan sólo hace un mes, dos Nicaraguas están confrontadas hoy como nunca antes en esta última década. La que, a pesar de todo, sigue apoyando al gobierno Ortega-Murillo, por intereses económicos comunes y por una ideología impenetrable.
Piensan que el gobierno, por tener todas las palancas del poder, podría recobrar su hegemonía por la fuerza y recomponer su alianza con los empresarios, recuperando así la estabilidad hecha añicos en abril.
Piensan que aceptando algunas reformas electorales que compongan algo la cara del colapsado sistema electoral podrian llegar a los próximos comicios presidenciales en 2021. Incluso, piensan que entonces el FSLN volvería a ganar en las urnas.
Hay otra Nicaragua, la de la insurrección de la conciencia, que no acepta un “borrón” de tanta sangre y una “cuenta nueva” de un régimen que colmó el vaso de la paciencia nacional. Esa otra Nicaragua exige, además de justicia, un gobierno de transición. Unos quieren esa transición suave y ordenada, paso a paso, aun cuando el proceso llegara hasta 2021. Otros la quieren rápida, en este año 2018. Los respalda esa insurrección, que no cesa de crecer.
Ha ido emergiendo entre cada vez más y más nicaragüenses, gracias al coraje y la decisión de las juventudes millenials de nuestro país, un consenso: debe hacerse justicia por tantos muertos matados sancionando a los responsables y ha llegado el momento de democratizar el país y no se puede perder esta oportunidad de hacerlo cuanto antes.
Si en apenas una semana, el gobierno Ortega-Murillo vio trastocada su alianza con la élite empresarial, perdió el monopolio de las calles, provocó una vergüenza sin retorno entre mucha gente buena que aún creía en ellos, pasó a ser minoría social y evidenció ante la nación y ante el mundo su rostro criminal, ya es una mayoría la que afirma que Daniel Ortega y Rosario Murillo perdieron toda autoridad moral para continuar ejerciendo el poder.
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