21 Novembro 2018
Compartimos este reportaje de Minerva Vitti para la Revista SIC sobre los avances de los proyectos extractivos del Arco Minero del Orinoco en el sur de Venezuela.
El reportaje fue reproducido por Cpal Social, 20-11-2018.
En la calle principal del Barrio Unión, en Puerto Ayacucho, tres locales con las cortinas metálicas bajadas e identificados con los carteles de ONAFIM (Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera. Misión Piar), Proveeduría Motor Minero, y Arco Minero del Orinoco; anuncian que la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, decretada el 24 de febrero de 2016 sin consulta previa libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y sin estudio de impacto socio-ambiental; llegó al estado Amazonas. Un estado al sur de Venezuela en el que precisamente está prohibida la minería, en cualquiera de sus modalidades, por el decreto N° 269 del año 1989, y los decretos que crean la Reserva de Biósfera del Alto Orinoco y diferentes parques nacionales.
La posible apertura de una oficina del Arco Minero del Orinoco expande el megaproyecto del estado Bolívar al estado Amazonas. Además, coincide con la preocupación que han compartido varios líderes indígenas, a quienes se les ha pedido que consulten a sus comunidades si estarían de acuerdo en aprobar la minería artesanal en los territorios que habitan ancestralmente.
Precisamente, el 12 de octubre de 2018 el gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, mencionó la posibilidad de pedir permiso y hacer consulta a las comunidades indígenas para la explotación minera y que se revirtiera la ganancia en las comunidades indígenas. Con esta consulta sobre minería artesanal, el gobernador pretende ordenar la minería ilegal, obviando que las organizaciones indígenas han sido muy claras en que no quieren minería en sus territorios, y que la practica de esta actividad depredadora ya ha traído consecuencias irreversibles en los ecosistemas y en la organización social de estos pueblos.
Oficina del Arco Minero del Orinoco en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. En varias oportunidades que se visitó el lugar para preguntar sobre la apertura de esta sede y los locales estaban cerrados. Foto: Minerva Vitti
Los indígenas reiteran que su principal demanda es la demarcación y titulación de sus territorios, que como han denunciado las propias organizaciones indígenas se encuentra estancado y con menos del 15 % de realización, a pesar que la Constitución Nacional establecía un período de dos años para ser llevado a cabo en su totalidad.
“Necesitamos urgentemente la reactivación de la comisión nacional de demarcación de los territorios indígenas, porque en Amazonas está paralizada. Hay muchos expedientes de los hermanos indígenas, el pueblo yanomami, el pueblo arawaco, el pueblo yekuana, el pueblo hoti, el pueblo sanema, que están esperando por la reivindicación de sus territorios para garantizar la vida los pueblos indígenas” [1], dijo Gregorio Mirabal, quien actualmente es el coordinador de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Lo anterior se enmarca en un contexto de violencia generalizada y disputas por los territorios donde se practica minería en Amazonas. El 4 de noviembre de 2018 hubo un enfrentamiento entre un grupo armado irregular procedente de Colombia, que algunos habitantes identifican con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, en la comunidad de Picatonal, ubicada en el eje carretero norte a treinta minutos de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas.
Los amazonenses siempre han denunciado que ambos grupos tienen acuerdos de convivencia, por eso mientras se aclaran los verdaderos motivos del enfrentamiento, nos preguntamos si este evento guarda relación con una disputa territorial por la entrada de transnacionales convocadas en el marco del decreto Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
En un reciente informe del Examen Periódico Universal titulado “Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en la Cuenca Amazónica por inversiones chinas”, se detalla el caso de Venezuela referido al Arco Minero del Orinoco, la información es proporcionada por la Organización de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA): “Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela se consolidaron con la Asociación Estratégica por el Desarrollo Conjunto, la cual implicó la firma de un sin número de acuerdos con énfasis en los sectores de energía y minas, infraestructura, entre otros. En este contexto nació el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino Venezolano, cuyo fin es brindar financiamiento, principalmente a través del Banco de Desarrollo de China (BDC), a proyectos en Venezuela en las áreas de infraestructura, energía, minería, entre otros que impulsen el desarrollo económico y social de dicho país. Es en el marco de este fondo que la República Bolivariana de Venezuela crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional ‘Arco Minero del Orinoco’ para exploración y explotación minera a gran escala”[2].
El proyecto Arco Minero del Orinoco se divide en cuatro áreas, de las cuales, y a través de acuerdos de entendimiento, la empresa china Camc Engeerering Co. Ltd. (CAMCE) explorará y explotará el área 1 donde predomina coltán, y la empresa Yankuang Group Co. Ltd. (Yankuang) explorará y explotará el área 4 donde predomina oro, bauxita, cobre, caolín y dolomita y que abarca la Reserva Forestal Sierra de Imataca [3]. Precisamente el área 1 del megaproyecto es limítrofe con el estado Amazonas. En esta área también existen minerales como bauxita, tierras raras y diamante, y tiene una superficie de 24.680,11 kilómetros cuadrados.
Es importante señalar que una de las primeras denuncias contra el Arco Minero del Orinoco la hizo la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) en junio de 2013[4]. En aquel momento doce líderes indígenas viajaron a Caracas para reunirse con el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, y manifestarle su profunda preocupación por la implementación del Arco Minero del Orinoco, el Convenio entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China que incluía: el desarrollo de actividades de exploración y explotación de minerales en la región Guayana, y el Acuerdo entre el Gobierno venezolano, a través del Instituto de Geología y Minas (Ingeomin), y la empresa transnacional China “Citic Group” para desarrollar un mapa minero para la certificación y cuantificación de las reservas minerales de todo el país.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas durante su visita a Caracas en junio de 2013. Foto: Minerva Vitti Rodríguez - Revista SIC
“Yo he visto pueblos al sur de Ecuador, los achuar, viviendo en la miseria, y ahí están metidos los chinos. ‘Vengo aquí a perforar pozo, a desarrollar’, les dijo un chino, y un sabio achuar le respondió ‘aquí tu no vas a desarrollar, porque nosotros somos desarrollo cultural, de pensamiento. Usted lleve su desarrollo a China y dígale a Correa que perfore su palacio’, cuenta Guillermo Arana, líder del pueblo Uwottuja, y con esta anécdota les advierte a sus compañeros los mitos de la minería transnacional y un modelo extractivista que se profundiza en los países de la región latinoamericana.
La consulta para aprobar la minería artesanal, promovida desde la gobernación del estado Amazonas, guarda estrecha relación con lo anterior. Se pretende ordenar lo que sucede en el territorio buscando el aval de los pueblos y comunidades indígenas, mientras paralelamente se está abriendo el camino a la megaminería con la participación de transnacionales, cuya técnica para la búsqueda del oro es la mina a cielo abierto, el uso de cianuro, y el consumo cien millones de litros de agua diarios.
El 12 de mayo de 2017, el líder indígena Freddy Menare, fundador de la Organización Indígena Pueblo Uwottuja del Sipapo del estado de Amazonas, y quien se oponía al proyecto Arco Minero del Orinoco, fue asesinado por un disparo en la espalda. Las organizaciones indígenas y la academia denunciaron que Menare fue víctima de sicariato, y hasta hoy exigen el esclarecimiento de este hecho, así como el cese inmediato al hostigamiento de otros dirigentes indígenas del estado Amazonas que se encuentran amenazados.
El domingo 4 de noviembre de 2018 las calles de Puerto Ayacucho estaban solas. La gente se había refugiado en sus casas tras conocer el enfrentamiento ocurrido entre grupos armados irregulares procedentes de Colombia y la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. El resultado fueron tres muertos y diez heridos, todos oficiales de la Guardia Nacional.
Según fuentes oficiales, los uniformados venezolanos en una misión capturaron al ciudadano colombiano Luis Felipe Ortega Bernal, cédula de identidad 91.186.752, y acusado de ser líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Posterior a la detención, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana fueron emboscados en una trocha del sector Picatonal por hombres armados y allí se produjo el enfrentamiento. Radio Fe y Alegría pudo conocer que Luis Felipe Ortega Bernal figura como “un comandante del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN” y es buscado por el Gobierno de Colombia [5]. Hasta el momento se desconoce si hubo bajas de los integrantes del grupo armado irregular o de algunos de los habitantes de la comunidad de Picatonal.
Aquel día y los siguientes, lugares estratégicos como alcabalas, avenidas principales de Puerto Ayacucho y la vía hacia el eje carretero norte estuvieron militarizados. Era frecuente ver helicópteros sobrevolando la zona, y camiones trasladando embarcaciones militares, conocidas como pirañas, a los principales puertos. El ambiente de zozobra hizo que muchos no enviaran a sus hijos a clases durante la semana y que muchos habitantes de la comunidad de Picatonal, la mayoría indígenas de la etnia piapoco, se desplazaran a otros lugares.
“Siguen operativos militares en territorio indígena y no sabemos si se le está brindando la seguridad al pueblo”, dice Wilson Rojas, etnia piapoco, abogado.Además, algunos indígenas han informado que el 13 de noviembre de 2018 hubo un nuevo tiroteo en la comunidad de Provincial.
Desde 2013 las organizaciones indígenas están denunciando la presencia de la guerrilla y grupos armados irregulares en el territorio amazonense. En el argot popular son nombrados como los “pata e´ goma”. El 14 de mayo de 2013, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hicieron una invitación a las comunidades indígenas del río Sipapo y sus afluentes donde proponían los siguientes puntos a tratar: 1. Nuestra presencia en el territorio, 2. La política en Autana, 3. La pesca abusiva en la boca del Sipapo, 4. El robo de motores fuera de borda[6].
El 15 de mayo de 2013 las comunidades que hacen vida en el territorio Piaroa: Sipapo, Cuao, Autana, Guayapo y Orinoco medio; emitieron una carta a las FARC donde señalaron su total desacuerdo con su presencia y desplazamiento en sus territorios: “No estamos de acuerdo que haya explotación de los minerales existentes de dentro de nuestro hábitat y territorio (…) El pueblo Uwottujä tradicionalmente y ancestralmente somos pueblos sin armamentos y pueblos pacíficos. Estamos destinados a vivir en paz y no vivir con grupos armados dentro de nuestros territorios (…) Solicitamos que busquen alternativa de cómo retornar a su lugar de procedencia o país”.
En junio de 2013 la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) notificó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo la situación, pero esas instituciones no realizaron ninguna acción. Posteriormente en diciembre acudieron a la Fiscalía General de la República y a la Asamblea Nacional para reiterar su denuncia sobre la presencia de mineros ilegales, trasnacionales mineras y guerrilleros de las FARC, en territorio venezolano. La Asamblea les ofreció un derecho de palabra ante la Comisión de Pueblos Indígenas del Parlamento pero no indicaron la fecha.
En aquel momento el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, estimaba que podía haber hasta 4.000 guerrilleros en esta entidad también dijo que a cinco kilómetros de Puerto Ayacucho habían hecho reuniones con comerciantes para implantar vacuna. Guarulla indicaba que la guerrilla había tomado el control de la explotación del oro y el comercio de gasolina.
En 2014, la Organización de Mujeres Indígenas de Autana (OMIDA), publicó un comunicado producto de lo trabajado en su segunda asamblea. En el mismo denunciaban la presencia de grupos armados no estatales en sus territorios e indicaban que estos “representan una amenaza para la vida, autodeterminación y Derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Amazonas, circunstancia que afecta, con mayor contundencia, a las Mujeres Indígenas”. Las mujeres indígenas denunciaron que estos grupos “acosan, hostigan y amenazan a las ancianas sabias, lideresas e integrantes activas de las Organizaciones indígenas”. También exhortaron al Gobierno nacional a “investigar la situación de violencia que viven las Niñas, Adolescentes y Mujeres Indígenas por causa de la presencia de grupos armados y mineros. Estas Niñas, Adolescentes y Mujeres Indígenas se encuentran en estado de vulnerabilidad ante las redes de trata y tráfico de mujeres, siendo víctimas de una cultura patriarcal que opera en perjuicio de sus Derechos Humanos”.
En el caso del ELN, los amazonenses indican que estos controlan el combustible, 95 % del comercio de compra de oro, cobro de vacuna en Parguaza (estado Bolívar), que está dentro del área 1 del Arco Minero del Orinoco, y que hay alianzas estratégicas con las Fuerzas Armadas Nacionales.
Lo cierto es que desde que comenzó la minería ilegal y la presencia de estos grupos armados irregulares en el estado Amazonas, también han aumentado los asesinatos en el estado: “Aquí se oye que son grupos armados irregulares haciendo limpieza o el gobierno”, dijo un habitante del estado Amazonas que prefirió no ser identificado. También ha aumentado el contrabando de combustible. Hay denuncias que indican que la gasolina sale custodiada por la Fuerza Armada desde el Puerto de Samariapo hasta Atabapo, y de ahí es distribuida en las minas Cacique, La Cuarenta, Yagua, Maraya, y Moyo. El 15 de agosto de 2016 un grupo de personas y organizaciones representativas de Amazonas presentaron un informe sobre la corrupción militar en la zona [7].
La Red de Defensores y Defensoras de Derechos Indígenas y Derechos de la Naturaleza, del estado Amazonas elaboró un Diagnóstico Socio-Ambiental del estado Amazonas donde alerta sobre la expansión de la minería ilegal en las últimas cuatro décadas, “desde su presencia inicial en las cabeceras del río Orinoco en los comienzos de los años 80, oportunamente denunciada y enfrentada exitosamente por el Estado venezolano, hasta la identificación en la actualidad de por lo menos 56 sitios de minería, dispersos en las principales cuencas hidrográficas: Orinoco, Atabapo, Guainía, Negro, Ventuari, y muchos de sus afluentes: Parú, Parucito, Marieta, Wanay, Cunucunuma, Ocamo, Caño Iguapo, Padamo, Pasimoni, Pasiba, Siapa, Caño San Miguel, Yagua, Yureba, Caño Picua, Puruname, Maraya, Moyo, Fibral, Caño Caname, Guayapo, Cuao y otros afluentes de menor extensión”.
Minería en Amazonas. Foto cedida para este trabajo.
En estos lugares existen Áreas Bajo Régimen de Protección Especial (Abraes): cuatro Parques Nacionales, diecinueve Monumentos Naturales, una Reserva de Biósfera y otras categorías de áreas protegidas. Por cierto, algunas de ellas han llegado a constituirse en destinos turísticos, no únicamente del estado Amazonas, sino del país, como por ejemplo el Cerro Autana.
La Red advierte que “las técnicas de extracción han incrementado sus impactos negativos sobre los recursos naturales y la salud humana, pasando de medios artesanales a una minería mecanizada que incorporó motobombas, dragas, explosivos, monitores hidráulicos y sustancias químicas como el mercurio y el cianuro; mientras que las modalidades pasaron desde la participación individual, hasta la concentración de cientos de mineros en un sitio de mina; estableciendo paralelamente relaciones de trabajo caracterizadas por la explotación de la mano de obra en beneficio de financistas, proveedores, comerciantes y otros actores, que prestan diversos servicios. Incluso, se identifican actuaciones de funcionarios públicos e individuos representantes de diversas organizaciones del Estado, en evidente violación de las regulaciones”.
En esta actividad ilícita participan nacionales y extranjeros, con la incorporación de grupos armados irregulares. La Red también reconoce “la creciente participación de hermanos indígenas, de Colombia y Venezuela, en la actividad minera, la mayoría de ellos ocupando las posiciones más débiles de la estructura funcional que se ha generado alrededor de la actividad”.
El tema del combustible es complejo. De hecho, actualmente con el corte en el suministro de combustible, muchos indígenas, no indígenas, y extranjeros se encuentran varados en las minas. Esta medida impacta profundamente otras actividades que no necesariamente tienen que ver con la depredación socio-ambiental.
En Amazonas muchas comunidades indígenas del municipio Manapiare están produciendo yuca, mapuey, maíz, plátano, miel, mañoco, aceite de palo, cacao, almidón, harina de pijiguao, harina de plátano, aceite de seje, caraña, ají molido. En muchas oportunidades estos alimentos se les dañan porque no tienen cómo sacarlos de las comunidades hacia Puerto Ayacucho, para poderlo vender. La falta de combustible, esencial para la movilización y las labores productivas y sociales; y el poco o escaso apoyo aéreo de las fuerzas armadas imposibilita la comercialización de estos productos. Precisamente muchas mujeres indígenas están sembrando porque no quieren involucrarse en la minería, pero los obstáculos se multiplican y empujan a la gente a esta práctica.
Las mujeres yekuana desarrollan actividades productivas para el sustento de sus familias. Foto: Minerva Vitti
El gobierno nacional declara a Venezuela como un país petrolero-minero, por encima de cualquiera de sus otras identidades, y plantean que el país saldrá de la crisis que atraviesa si explota sus bienes naturales a gran escala.
Como bien dice el geógrafo Héctor Escandell: “La decisión de basar el proyecto económico nacional en otra actividad extractivista minera, lo que evidencia es una visión cortoplacista por generar riqueza material a costa de los efectos de mediano y largo plazo sobre elementos naturales que, como el agua dulce, son esenciales para la vida; y sobre las posibilidades autogestionarias de las poblaciones locales, particularmente de los pueblos indígenas; mientras que paralelamente inviabiliza otras opciones más sostenibles (manejo de la selva y su biodiversidad, turismo, agricultura…)”.
Hasta este punto es evidente la relación entre minería ilegal, grupos armados irregulares, y militares. También es notorio el incremento de la violencia en los municipios donde se práctica la minería aurífera, situación que se potenciará porque para que entren las transnacionales chinas al territorio, y se oficialice el Arco Minero del Orinoco en Amazonas, son necesarias ciertas condiciones que garanticen la “seguridad” de la “inversión”. Pero lo que siempre se pierde de vista es lo estructural: “Es necesario desarrollar una política integral que atienda el problema socioeconómico de las personas que practican minería en pequeña escala, garantice la preservación del hábitat de los pueblos indígenas y sus derechos, y la soberanía territorial mediante el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado y la realización de planes de seguridad con enfoque de derechos humanos” [8]. La minería ilegal no se arregla con megaminería.
Del mismo modo, resulta necesario el acompañamiento más constante de los líderes, organizaciones y comunidades que hacen resistencia y que apuestan a alternativas productivas distintas al modelo extractivista minero. Solo el fortalecimiento del tejido social en las ciudades y en los territorios podrán exigir la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas, detener el Arco Minero del Orinoco, y decir no a otros “arcos” que el gobierno venezolano pretende implantar como proyecto nacional. Lo que está en juego es la vida y la destrucción de la Amazonia. Venezuela no es solo minería.
Notas:
[1] Enlace
[2] Enlace
[3] Enlace
[4] Enlace
[5] Enlace
[6] Derecho de los pueblos indígenas. Informe Anual de Provea 2014. Autor: Minerva Vitti.
[7] Enlace
[8] Enlace
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