01 Junho 2018
El P. Rolando Alvarado, S.J., provincial jesuita de Centro América y Roberto Jaramillo, S.J., Presidente de la CPAL, se pronuncian sobre la situación en Nicaragua, la mesa de negociación que lideran los obispos, la participación de la UCA.
El reportaje es publicado por CPAL Social, 31-05-2018.
La situación es crítica. El gobierno de Daniel Ortega y su señora Rosario Murillo ha ido cooptando todos los poderes del Estado, y el pueblo nicaragüense, ante esa falta de democracia, ha estallado en protestas populares. El puntapié inicial fue el intento de reformar el sistema de jubilaciones. Después de una fuerte, múltiple y masiva reacción popular, encabezada por jóvenes universitarios, Ortega tuvo que retirar el proyecto. Pero ya la conciencia del pueblo estaba atenta y su estrategia de retirada no alcanzó a desmovilizar el deseo de justicia y democracia.
La represión a los estudiantes universitarios, y a la población en general que apoyó masivamente su legitima y constitucional demanda, reflejó la vocación antidemocrática y autoritaria de la pareja presidencial y de los seguidores del aparato gubernamental y político. Hasta ahora hay 76 los muertos, varios jóvenes desaparecidos, centenares de heridos y muchas personas encarceladas como resultado de la cruel represión cometida a través de fuerzas de choque paramilitares afines al gobierno y por los destacamentos antimotines de la policía.
El reciente informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) fue claro: “La visión nuestra al llegar a Nicaragua era distinta a lo que vimos y luego de casi cinco días nos vamos con una visión bastante más grave de lo que pensábamos", dijo a periodistas la relatora especial Antonia Urrejola. "Hay personas que se sienten aterrorizadas. Había mucho miedo de prestar testimonio a la comisión y las consecuencias y represalias que eso podía representar en sus vidas", dijo, aunque la delegación regresó con "maletas llenas" de documentación recabada. La CIDH reveló "graves violaciones a los derechos humanos" caracterizadas por "un uso excesivo" de la fuerza pública y de terceros armados para reprimir las protestas; las recomendaciones de su informe preliminar no han sido aún asumidas y cumplidas por parte del gobierno.
La Conferencia Episcopal Nicaraguense, en cabeza del Cardenal Monseñor Leopoldo Brenes, aceptó la solicitud del gobierno de hacer de mediadora y testigo en una "mesa de diálogo" que pusiera en marcha un proceso de justicia y democratización del país; para ello se convocó a sectores representativos y claves para el éxito de las negociaciones tales como: estudiantes, universidades, empresarios, organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, organismos de iglesia y delegados del gobierno. Durante la primera fase del dialogo el gobierno de Ortega y Murillo se mostró evasivo y mentiroso diciendo una cosa en las conversaciones (transmitido por medios y redes sociales) y haciendo otra: continuó reprimiendo al pueblo que expresaba pacífica y legítimamente su inconformidad.
En virtud de esa estrategia de doble cara, el irrespeto de una tregua pactada y al poco avance en la negociación, los obispos decidieron suspender las sesiones de la Mesa e integrar una Comisión mixta de representantes gubernamentales y de la Alianza civil por la justicia y la democracia. Tres por cada una de las partes, con la finalidad de llegar a acuerdos mínimos. Asimismo denunciaron las amenazas y ataques a miembros de la Conferencia Episcopal, en especial a Monseñor Silvio Báez, y a sacerdotes y religiosas que han estado auxiliando y apoyando humanitariamente a las víctimas de la represión.
Pese a que el gobierno calificó de "ruta para un golpe de estado" la agenda presentada para hacer justicia y democratizar el país, la Conferencia Episcopal ha vuelto a convocar a una nueva ronda de dialogo, prevista para los próximos días. Mientras tanto, en lo que va de esta semana la represión se ha reactivado. Se atacó a la universidad jesuita - UCA - con actos vandálicos para asustar a directivos, docentes y funcionarios, se tiró a matar (y de hecho murió un joven) se golpeó y apresó a mas de veinte universitarios de la UNI (Universidad Publica de Ingeniería), y el día de ayer, 30 de mayo, con ocasión de celebrarse el día de la madre, al finalizar una multitudinaria manifestación pacífica convocada en solidaridad con las madres de los asesinados -ellas encabezaron la manifestación- nuevamente operó la represión. Fueron millares las personas que se refugiaron en la UCA, cuyas autoridades abrieron sus accesos ante los disparos a los manifestantes provenientes de francotiradores y el ataque de las "fuerzas parapoliciales" afines del gobierno. Hubo dos personas asesinadas entre los manifestantes y se atendieron numerosos heridos. Impactantes han sido las imágenes del ataque a la población indefensa que celebra y protesta pacíficamente.
Los Jesuitas de la Provincia Centroamericana junto con la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe - CPAL,
¡No hay que esperar a que más sangre sea derramada y no hay solución que no pase por el diálogo y la concertación!
Animamos a TODOS los actores y sectores, en particular a los jóvenes y a los representantes de las iglesias, a no ceder ante las estrategias del miedo y de la represión. No hay que salirse del diálogo y no hay que permitir que este instrumento sea inutilizado. No hay que dejarse engañar por los discursos de una paz fundada en el silencio, la corrupción, el terror y la violencia; la paz verdadera se construye entre todos con verdad, transparencia y participación lo más amplia posible. Ella es fruto del encuentro entre la verdad y la justicia, garantia de libertad y reconciliación verdaderas.
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