La institución regional de derechos humanos de las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció públicamente el 23 de mayo que se encuentra en una profunda crisis financiera. De no encontrarse financiamiento de emergencia para mediados de junio, la Comisión perderá el 40% de su personal a finales de julio. El impacto de estos recortes forzados en la protección y promoción de derechos humanos en los 35 Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) será devastador.

El reportaje es de Par Engstrom, Paola Limón y Clara Sandoval, publicado por Open Democracy, 27-05-2016.

Derechos humanos al borde del abismo

La Comisión ha operado históricamente con un presupuesto reducido, derivado de la combinación de una carga de trabajo en continuo aumento y el fracaso de los Estados Miembros de la OEA para asignar los recursos mínimamente necesarios para que pueda llevar a cabo su mandato adecuadamente. No obstante, la situación financiera de la Comisión se ha vuelto particularmente problemática. Tal como lo informó la CIDH en su comunicado de prensa de 23 de mayo:

“Existe una profunda discrepancia entre el mandato que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) le han asignado a la CIDH, y los recursos financieros que le otorgan. El presupuesto regular de la CIDH para el año en curso no alcanza los 5 millones de dólares, o sea menos de cinco milésimas de dólar ($0.005) por habitante. El personal de la CIDH financiado por el fondo regular de la OEA totaliza 31 personas, es decir, tiene menos funcionarios/as que países bajo su jurisdicción. Los otros 47 funcionarios están financiados con donaciones, las cuales presentan problemas de inestabilidad e imprevisibilidad, tal como lo demuestra la crisis actual.”

Además de la pérdida anunciada del 40% de su personal, la Comisión cancelará todas las visitas de promoción e investigación en los países que tenía planeadas para este año y no llevará a cabo sus sesiones regulares de julio y octubre en las que, entre otras actividades básicas, se llevan a cabo audiencias temáticas y de país.

Para empeorar aún más las cosas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que junto con la Comisión conforma el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), se encuentra en una situación financiera de similar gravedad. La Corte ya está operando con el presupuesto más pequeño de cualquier tribunal internacional. Además, en marzo de este año, el Presidente de la Corte declaró ante el Consejo Permanente de la OEA que la Corte había perdido el 25% de su presupuesto tras la retirada de fondos de donantes internacionales. Lo que está actualmente en juego, en otras palabras, es el futuro mismo del SIDH, ya que la crisis financiera que enfrenta la Comisión amenaza efectivamente con desmantelar la institución más importante de derechos humanos en las Américas.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es crucial para la región

La Comisión se creó en 1959 por los Estados Miembros de la OEA con el mandato de garantizar la promoción y protección de derechos humanos en el hemisferio. Desde entonces, la Comisión ha viajado a través de la región documentando violaciones de derechos humanos a través de visitas in loco y ha publicado múltiples informes temáticos y de país sobre una amplia gama de derechos. Mediante sus informes temáticos, el desarrollo de directrices políticas y la asistencia técnica a los gobiernos, la Comisión ha avanzado los estándares de derechos humanos en diversas áreas como la libertad de expresión, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas privadas de libertad, derechos de los pueblos indígenas, derechos territoriales y derechos de las personas LGBTI, por mencionar algunas. La Comisión ha otorgado medidas de protección a personas en riesgo inminente, particularmente en respuesta a solicitudes de defensoras y defensores de derechos humanos en América Latina que enfrentan graves amenazas e intimidación, pero también a favor de personas privadas de libertad enfrentando la pena de muerte en Estados Unidos de América. Junto con la Corte Interamericana, la Comisión también ha cumplido un rol central en atender violaciones de derechos humanos cometidas en tiempos de conflictos o represión y ha creado importantes estándares en materia de justicia transicional sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Adicionalmente, la Comisión se ha convertido en un mecanismo clave de justicia internacional para personas del hemisferio a quienes se les ha negado la justicia en sus países. La demanda de la Comisión es cada vez mayor, tal como se demuestra en el aumento en el número de peticiones presentadas contra Estados por individuos y organizaciones en todo el continente americano. Por ejemplo, de la información proporcionada en el Informe Anual 2015 de la Comisión, se observa que el número de peticiones presentadas ante la Comisión aumentó en un 61.4% en el período 2005-2015.

La Comisión también juega un importantísimo rol indirecto de promoción al proveer una plataforma para ONGs de derechos humanos, algunas de cuales han sido muy hábiles al incorporar el trabajo ante la Comisión en sus estrategias de promoción internacional a fin de generar presión para el cambio en sus países.

La Comisión también ha sido promotora activa de respuestas innovadoras a crisis de derechos humanos. Más recientemente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionó la versión del gobierno mexicano sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014. Pese a que la verdad y la justicia están lejos de ser una realidad en este caso, el apoyo proporcionado por el GIEI a las familias de los estudiantes y la publicidad generada, tanto en México como a nivel internacional, han, por lo menos, retado la rutina de impunidad que generalmente caracteriza a las respuestas de violaciones en dicho país. El caso ofrece un ejemplo notable de la capacidad de la Comisión de responder oportunamente a graves violaciones de derechos humanos. Sin duda, como hemos documentado ampliamente con colegas de la Red Interamericana de Derechos Humanos en años recientes, la Comisión ha contribuido significativamente a la protección y promoción de derechos humanos en las Américas y es un ejemplo para instituciones de derechos humanos en todo el mundo.

¿Crónica de una muerte anunciada?

Desde su creación hace medio siglo y pese a sus éxitos, o más bien, dado su impacto potencial y real, la Comisión ha enfrentado una escasez crónica de financiamiento que ha limitado su capacidad de llevar a cabo proactivamente la investigación y trabajo de derechos humanos. Los limitados recursos disponibles para la Comisión han contribuido al surgimiento de un gran retraso de varios años en las peticiones.

De acuerdo al Informe Anual 2015 de la Comisión, al concluir ese año, un total de 9673 peticiones se encontraban pendientes de evaluación inicial y 1903 se encontraban en las etapas de admisibilidad y/o fondo. La Comisión está intentando atender esta acumulación con sus ya limitados recursos. Perder el 40% de su personal simplemente implica que la capacidad de la Comisión de procesar peticiones disminuirá aún más, con consecuencias devastadoras para las víctimas para quienes, en muchas ocasiones, el Sistema es la única esperanza de obtener justicia.

Las sucesivas rondas de reformas institucionales, reorganizaciones y expansión de actividades –por ejemplo, el número gradualmente creciente de Relatorías Temáticas– se han sumado a las presiones sobre los recursos. Además, las decisiones para priorizar áreas o actividades específicas con frecuencia no dependen de la Comisión o sus prioridades estratégicas. Las iniciativas institucionales frecuentemente dependen de fondos específicos y donantes externos. Esto se evidencia, por ejemplo, en las dificultades de la Comisión para asegurar financiamiento para su nueva Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, en parte, es una iniciativa que busca atender críticas de larga data a la Comisión de privilegiar los derechos civiles (desapariciones, tortura, debido proceso) sobre los derechos socio-económicos.

Procurar aumentar el financiamiento por parte de donantes europeos y aportaciones voluntarias por parte de Estados Unidos y Canadá (los dos contribuyentes principales de fondos específicos de la OEA) puede ser necesario en el corto plazo, aunque esto continuaría exponiendo a la Comisión a las críticas por parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe que son objeto de su escrutinio.

La crisis financiera actual exacerba un problema recurrente. Sin embargo, la causa inmediata de esta crisis no es financiera, sino que tiene sus raíces en la ausencia de la necesaria voluntad política por parte de los Estados Miembros de la OEA para apoyar el trabajo de la Comisión. De acuerdo a James Cavallaro, actual Presidente de la CIDH, en 2015, los países de América Latina y el Caribe aportaron 13.7 millones de dólares estadounidenses a la Corte Penal Internacional –que no se encuentra ejerciendo su jurisdicción sobre ninguna situación que involucre a un Estado Miembro de la OEA (únicamente hay una situación bajo examen preliminar: Colombia)– y la miserable suma de 199,000 dólares estadounidenses a la Comisión Interamericana.

Las causas de esta problemática de la Comisión son profundamente políticas. A lo largo de su historia, la Comisión siempre ha sido objeto de críticas feroces y ha operado en un contexto regional que, con frecuencia, es políticamente hostil. Una de las razones por las que la Comisión tuvo problemas en sus inicios fue, por ejemplo, la percepción de que había sido creada por los Estados Unidos de América como parte de sus esfuerzos para socavar la revolución cubana. El SIDH también ha enfrentado desafíos de Estados y funcionarios hostiles a su interpretación de su mandato y/o a ciertas decisiones y resoluciones emitidas por la Comisión y la Corte. Una crisis a finales de 1990 surgió como resultado de los intentos del gobierno de Alberto Fujimori en Perú de retirarse de la jurisdicción de la Corte. Durante las últimas décadas, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago, y Venezuela han suspendido el pago de sus cuotas a la organización, han (temporalmente) retirado a sus embajadores, han afirmado no encontrarse obligados con determinada sentencia de la Corte y, luego de decisiones controvertidas, han amenazado con denunciar o efectivamente han denunciado la Convención Americana.

La resistencia puede ser, en parte, una consecuencia inevitable de ser una institución internacional de derechos humanos cumpliendo con su mandato institucional de monitorear y vigilar la situación de derechos humanos de los estados. Sin embargo, las críticas cada vez más incisivas de los últimos años, por parte de diversos Estados Miembros de la OEA podrían sugerir que la Comisión, así igual que la Corte, están bordeando los límites mismos de lo que los gobiernos de la región pueden tolerar políticamente. Debates recientes al interior de la OEA evidencian una inquietud persistente y profunda respecto de la supervisión externa y la sanción de la situación de derechos humanos en los Estados. Esto sugiere que es precisamente la creciente influencia y relevancia política de la Comisión, en un proceso que escapa del control de los estados, la que ha propiciado un rechazo significativo de ciertos grupos de estados al interior de la OEA.

Paralelamente, el aumento de las organizaciones sub-regionales en América Latina en particular, como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), ha visto otros mecanismos incipientes de derechos humanos expandiéndose hacia zonas que antes eran del ámbito institucional exclusivo del SIDH. En relación con esto, la continua falta de la ratificación universal de los principales instrumentos de derechos humanos del Sistema, en particular por parte de las áreas anglo-parlantes de la región, es una fuente constante de crítica para aquellos que buscan socavar las decisiones y funcionamiento del SIDH. Por otra parte, los gobiernos de las Américas son hoy casi universalmente elegidos por votación popular. Las credenciales democráticas de los gobiernos han hecho que el acto de equilibrio, por parte del SIDH, entre su papel como árbitro supranacional de los derechos humanos, por una parte, y el principio y la práctica de la subsidiariedad, por otra, sea cada vez más delicado.

Si bien la crisis actual podría proporcionar una oportunidad para avanzar en la agenda de los derechos humanos del Sistema Interamericano con el fin de que sea política y financieramente viable, los numerosos desafíos de larga data que enfrenta la Comisión le dificultan cumplir con su función vital de promover y proteger los derechos humanos. Por ello, es el momento de adoptar las medidas necesarias para prevenir una muerte anunciada.

#SalvemosLaCIDH: un llamado a la acción

Claramente, es importante reconocer las limitaciones reales de la Comisión y los diversos desafíos que el SIDH, más en general, enfrenta. Sin embargo, como se refleja en el aumento constante de peticiones ante la Comisión, las personas a quienes se ha negado justicia en sus países siguen recurriendo al sistema. La demanda por parte de las víctimas y sus familiares, así como de organizaciones de derechos humanos en toda la región sigue siendo, en otras palabras, sólida y creciente. Es por esta razón que un creciente coro de voces en las Américas y más allá (véase, por ejemplo, aquí) deploran la actual crisis financiera que la Comisión enfrenta, e instan a los Estados Miembros de la OEA, en primer lugar, a asegurar que los fondos necesarios sean inmediatamente puestos a disposición de la Comisión.

También se ha hecho dolorosamente evidente en los últimos días que la Comisión carece de los recursos necesarios para hacer frente a la protección y promoción de derechos humanos y la promoción a lo largo de la región en los próximos años. Atender esto requiere mucho más que hacer frente a la actual crisis financiera. Si los derechos humanos son importantes para los Estados, tal y como los Estados Miembros de la OEA declaran solemnemente al ratificar tratados internacionales de derechos humanos, en sus Constituciones Nacionales y en su legislación, deben demostrar esto políticamente y financieramente. Como lo demuestra la actual crisis, el financiamiento de una institución regional de derechos humanos como la Comisión Interamericana no puede seguir dependiendo de fuentes externas de financiamiento. El financiamiento debe provenir de los Estados Miembros de la OEA. Lo que está en juego es el futuro del Sistema Interamericano y la protección de millones de personas a lo largo de las Américas.