03 Abril 2018
Compartimos el desgarrador reportaje de Alberto Pradilla, publicado por Plaza Pública, sobre el asesinato en Honduras del joven de 16 años Luis Fernando Ayala, defensor del medio ambiente, hijo, nieto, primo y sobrino.
El reportaje es de Alberto Pradilla, publicado por Plaza Pública y reproducido por Cpal Social, 02-04-2018.
Luis Fernando Ayala, de 16 años, fue secuestrado, torturado y asesinado. Su cuerpo apareció el 18 de febrero. Era integrante del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) en la aldea de Gualjoquito, en el noreste de Honduras. Su familia vincula el homicidio a su participación en las protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández, en el contexto de la crisis postelectoral abierta tras las elecciones del 26 de noviembre. Marta Raquel Hernández, líder del colectivo en la comunidad, ha tenido que refugiarse, mientras que otros cinco jóvenes están sometidos a medidas de protección por parte del Estado.
Marta Raquel Hernández, de 25 años, guarda una imagen terrible en la memoria de su celular. La tomó el 20 de febrero pasado. Es la última fotografía que pudo hacerle a Luis Fernando Ayala, su primo de 16 años, parte de la familia a pesar de que su padre nunca lo reconoció. La instantánea te obliga a apartar la mirada. En ella aparece el cadáver del joven, le faltan las manos y su rostro ha sido desfigurado. Marta Raquel tomó la fotografía cuando acompañó a los padres de Nando, que es como conocían al chaval asesinado, a reconocer el cuerpo. Fue la única que pudo tomar antes de que un policía le impidiese el paso y le advirtiese que no puede retratarse el escenario de un crimen, a pesar de que existen medios de comunicación que han convertido la escena de los asesinatos en su principal reclamo comercial. Hernández muestra el celular en el patio de su casa, una humilde vivienda ubicada en la comunidad de Gualjoquito, municipio de Guala, departamento de Santa Bárbara, en el noreste de Honduras, a tres horas y media en carro desde Tegucigalpa. Un mes después de la entrevista, la joven ya no se encuentra en el domicilio en el que ha pasado toda su vida. Ella es una de las integrantes del Grupo de Apoyo al Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS). Tiene miedo de ser la próxima víctima.
Los defensores del medio ambiente en Honduras son un colectivo vulnerable. Según el informe de 2017 de Global Witness, hasta 14 fueron asesinados en 2017. La muerte de Berta Cáceres, que tuvo lugar el 2 de marzo de 2016, puso el foco sobre los peligros que afronta. “Vas a terminar como Berta Cáceres”, es algo que muchas de las integrantes de grupos como el MAS, que se oponen a proyectos extractivistas, han tenido que escuchar en algún momento en Honduras, explica Betty Vásquez coordinadora del grupo ambientalista.
La región de Santa Bárbara es rica en oro, plata y minerales industriales, tal como zinc, cobre y aluminio. (Fotografía: Simone Dalmasso | Plaza Pública)
La violencia es un mal endémico en este país centroamericano. En 2017, según cifras oficiales, 3,791 personas fueron asesinadas, lo que ofrece una tasa de 42,8 muertes violentas por cada 100 habitantes. Y eso que las estadísticas muestran una tendencia a la baja. Un año antes, el número de homicidios ascendió hasta los 5,154.
Luis Fernando Ayala ha pasado a formar parte de esas estadísticas. Números que, en un contexto del 90% de impunidad (según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Conadeh), quedan enterrados y sin explicación.
El cuerpo del joven apareció el 19 de febrero en la aldea de Concepción Sur, en el mismo municipio de Gualala. Su familia había denunciado su desaparición días atrás. “Con sus manos amputadas y torturado, encuentran cadáver de joven ambientalista desaparecido en Santa Bárbara”. Así titulaba su nota el diario El Progreso el 20 de febrero. “Ayala y su familia han sido miembros activos del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) en el municipio de Gualala, donde hace más de tres años se lucha contra la concesión minera para la extracción de yeso otorgada por un período indefinido y que amenaza con desaparecer la comunidad de Arenales en ese municipio”, explicaba el rotativo.
En Gualjoquito todavía se respira un estado de shock. Se trata de una pequeña comunidad empobrecida, de algo más de 500 vecinos, a la que se accede abandonando la carretera principal que conduce desde Santa Bárbara a San Pedro Sula. Sus habitantes se dedican en su mayoría a la agricultura. Como Luis Fernando Ayala, que encontró la muerte cuando se trabajaba recogiendo café. No es habitual que en esta zona ocurran homicidios, al menos no al nivel de Tegucigalpa o San Pedro Sula. Aunque sí que existe algo que se conoce como “la ley del monte”, una suerte de “ojo por ojo” de la Ley del Talión.
Irene Ayala, de 77 años y abuelo del joven asesinado, recuerda la última vez que le vio. Fue el lunes, 12 de febrero. Abandonó la aldea acompañado por un joven al que había conocido un mes antes, en las fiestas de Chinda, una comunidad cercana. Ambos marcharon a la finca de Concepción Sur, donde la víctima trabajaba recogiendo café. Marta Raquel Hernández recuerda que su primo todavía intentó que otros dos amigos más se sumasen a la expedición. Ninguno quiso.
“No entiendo por qué alguien querría hacerle algo así. Era un buen chico”, dice Ayala. Durante toda la entrevista mantendrá un gesto serio, controlando sus emociones. Al terminar, romperá a llorar. El abuelo fue el que se hizo cargo del joven prácticamente desde que nació. Estamos ante un caso de desestructuración familiar característico de países centroamericanos. El papá comienza a tomar, hasta que la mamá se harta y se separa. La familia se rompe. El hijo pasa a ser cuidado por otros familiares. En este caso, con el agravante de que el padre nunca le reconocerá como tal, por lo que lleva el apellido de su madre.
Luis Fernando Ayala era una víctima fácil.
Marta Raquel Fernández, 25, ambientalista y activista política, sentada en el patio de su casa, en la aldea Gualojito, departamento de Santa Bárbara. (Fotografía: Simone Dalmasso | Plaza Pública)
Lo único que sabemos sobre la víctima desde que abandona su aldea hasta que aparece muerto en la finca en la que recogía café es a través de fuentes terciarias. Su abuelo explica que el jueves 15 recibió una llamada preguntando por el paradero del joven, lo que le hizo sospechar. No sabrían nada más hasta el lunes, cuando apareció el cadáver. Una mujer de la zona, la encargada de dar la comida a los campesinos que trabajan en el café, les dijo que vio cómo tres encapuchados se llevaban al adolescente en la noche. Que su hijo lloraba. Que tenía miedo. La Dirección Policial de Investigación (DPI), encargada de las pesquisas, rehusó hablar para Plaza Pública.
Los familiares de la víctima creen que detrás del homicidio está algún grupo irregular de la policía o el Ejército de Honduras. Sospechan que pudieron hacerle alguna fotografía durante las protestas que se han llevado a cabo en el municipio por la elección de Juan Orlando Hernández como presidente. Señalan al supuesto amigo que acompañaba a la víctima. Dicen que tenía aspecto de militar, que siempre portaba un cuchillo, que, de alguna manera, tenía controlado al menor.
El joven, que decía ser de la vecina aldea de Chinda, desapareció desde que se encontró el cadáver.
Hasta aquí, tenemos la historia de un joven activista secuestrado, torturado y asesinado en uno de los países en los que ser defensor tiene mayores costes para la integridad física. No existe ningún dato que vincule el homicidio del muchacho, con la condición de ambientalista de Ayala, más allá de las sospechas de sus familiares.
La cárcel de máxima seguridad de Santa Bárbara. Conocida como el Pozo, es parte de las obras del programa de seguridad del gobierno de Juan Orlando. Hernández. La presencia del Pozo ha implicado una fuerte presencia de policías y militares en el área, justificando acciones de represión hacia la población. (Fotografía: Simone Dalmasso | Plaza Pública)
Uno de los errores que tiende a cometer un periodista cuando se enfrenta a una situación de estas características, con un homicidio de por medio, es tratar de ejercer de fiscal. El segundo es dar por buena la primera versión, generalmente difundida por oenegés, sin plantearse otras hipótesis. Spoiler: es posible que nunca se sepa quién mató a Luis Fernando Ayala, ni cuáles fueron sus motivaciones.
A día de hoy, lo que conocemos es que el balance en la comunidad de Gualjoquito es de un adolescente muerto, una joven que se ha tenido que marchar a vivir a otra aldea para protegerse y otros cinco vecinos con medidas de protección colectiva impuestas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Todos ellos son miembros del Movimiento Ambientalista Santabarbarense. Miedo.
“Nando era un principiante, apenas llevaba tres años apoyando al movimiento”, explica Marta Raquel Hernández. Muy joven para haber participado en la gran movilización que ha marcado la historia de este municipio. Ocurrió en 2010. Poco antes, el presidente interino, Roberto Micheletti, otorgó una licencia minera a Rubén Darío Bonilla Moreno. El objetivo era perforar para obtener yeso en un espacio de 900 hectáreas en la aldea de Arenales, en el mismo Gualala. Los vecinos se organizaron y, según indica la joven, el proyecto se paralizó hace ocho años. No obstante, siempre existe la posibilidad de que se retome, lo que constituye una espada de Damocles para la aldea, que sería completamente destruida.
Hernández, que viene participando en las protestas desde 2010, explica que estas constituyeron el inicio del movimiento ambientalista en Gualjoquito. “Yo siempre he estado en todas las marchas”, afirma orgullosa. Asegura seguir el ejemplo de Berta Cáceres. Muestra una camiseta con el rostro de la ambientalista. Otra, con la imagen de Ernesto Che Guevara, el mítico revolucionario argentino. La figura de la líder indígena asesinada es omnipresente. La joven lamenta haber coincidido con ella solo en una única ocasión. Está orgullosa de su activismo. Este le ha convertido en una voz autorizada en el municipio.
Desde hace años, su referente es el Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS). Este se formó el 7 de diciembre de 2011. Entre sus fundadores se encuentran la actual coordinadora, Betty Vásquez, Wilfredo Rivera, que fue el primer líder, y Adolfo Ayala, primo del joven asesinado en Concepción Sur. El origen del grupo está en la concesión de más de 70 licencias mineras en 2011, de las 250 que se han aprobado en todo Honduras. El departamento es uno de los más afectados por los proyectos extractivistas. A pesar de ello, 12 de los 28 municipios que lo componen se han declarado “libres de minería”. Vásquez explica que 28 de los ríos de la zona van a ser utilizados para implementar proyectos hidroeléctricos. Afirma que desde el golpe de Estado de 2009 el número de este tipo de proyectos se ha multiplicado.
Una mina fue el origen del grupo en el que participa Marta Raquel Hernández y donde también podía verse, de forma esporádica, a Luis Fernando Ayala. Según indica la primera, fue diversificando sus actividades hasta convertirse en un referente en Gualjoquito. Su segundo hito fue la protesta contra la deforestación ilegal que sufría el municipio. Ocurrió hace dos años y llevó a los activistas a ocupar simbólicamente el edificio de la alcaldía. Esto les llevó a una disputa con el alcalde, Marco Fernández, del Partido Nacional.
Irene Ayala, 77, muestra la foto de su nieto, Luís Fernando, tal como lo encontraron sus familiares en una plantación de café en el municipio de Concepción Sur, después haber sido secuestrado y asesinado. (Fotografía: Simone Dalmasso | Plaza Pública)
“Se dedica a mantener limpia la zona de las comunidades aledañas a Gualala, haciendo un recorrido de limpieza cada viernes, ayudan a los enfermos, participan dentro de la Iglesia Católica como Grupo Ambiental, colaboran con el Grupo Cultura Verde, para limpiar los pozos y la siembra de árboles, denuncian los incendios forestales, cuidan que no se deforesten las áreas donde hay vertientes de agua, protestan por la instalación de la minas a cielo abierto”, explica un informe realizado por el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (Cofadeh). En este documento, la agrupación de defensa de los derechos humanos solicita al Estado la adopción de medidas cautelares de protección para Hernández y otros cinco jóvenes de la comunidad.
La labor de este grupo ha trascendido al movimiento ambientalista. Los mismos jóvenes que protestaron contra la tala ilegal de árboles o hacen frente a la construcción de una mina son los que se manifiestan contra el presidente, Juan Orlando Hernández. El jefe de Gobierno proclamó su reelección tras los comicios del 26 de noviembre.
Desde entonces, la oposición, liderada por Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura y José Manuel Zelaya, expresidente depuesto en 2009 tras un golpe de Estado, mantiene una estrategia de movilización callejera. Un informe firmado por 50 oenegés hondureñas que se presentó en Bogotá ante la 137 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifra en 38 las víctimas mortales durante el período postelectoral, además de 393 heridos, 76 casos de tortura, 105 desplazados por su adscripción política, 1,275 arrestos, 89 personas criminalizadas, 24 de las cuales están en prisión preventiva y 15 periodistas detenidos. La ONU reduce el número de muertos hasta los 23, 22 civiles y un policía, señalando directamente a las fuerzas de seguridad hondureñas como responsables en el uso excesivo de la fuerza.
“En las zonas en las que existe resistencias contra proyectos ambientalistas se ha registrado mayor oposición al gobierno”, explica Dunia Rodríguez, abogada del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), un centro jesuita fundado en El Progreso, norte de Honduras, en 1980. Actualmente es uno de los referentes de la lucha por los derechos humanos en el país. Rodríguez apunta a la que puede ser una de las claves. Desde que tuvieron lugar los comicios, en Gualjoquito se han multiplicado los plantones y las protestas de carácter político. Las protagonizan los mismos miembros del movimiento ambientalista, pero con otra connotación. Esto ha provocado una reacción por parte de la policía, que ha irrumpido en diversas ocasiones en la comunidad. Cuando Luis Fernando Ayala fue asesinado era habitual que los uniformados tomasen las calles de la aldea, entrasen en algún domicilio e interrogasen a alguno de los integrantes del Grupo de Apoyo al MAS.
Desde la muerte de Berta Cáceres, los movimientos ambientalistas han mejorado su capacidad de organización y han desarrollado nuevos mecanismos para demandar la atención del Estado frente a la amenaza de proyectos económicos que ponen en riesgo sus territorios. Esta es la razón por la que hoy tienen un papel protagónico en las calles, aunque esta vez, como lo explica Rodríguez, sus protestas están asociadas a la coyuntura política del país. Sin embargo, el peligro está ahora en la dificultad que tienen para determinar quiénes están detrás de las muertes de sus compañeros.
El nerviosismo es palpable en la aldea. Hernández lleva la voz cantante. Irene Ayala, sentado a su lado, también interviene. Formando un semicírculo, varios jóvenes, amigos de la víctima, siguen la conversación sin abrir la boca. Si se les pregunta, apenas aciertan a sonreír, nerviosos, sin ser capaces de expresar una palabra. Tienen miedo.
“Él era nervioso, miedoso, cuando nadie le veía trataba de marcharse de las protestas”, dice Hernández, en referencia a la Luis Fernando Ayala. En su opinión, el origen del asesinato está en el 15 de diciembre de 2017. Ese día, vecinos de la comunidad, entre ellos el adolescente posteriormente asesinado, participaron en un plantón contra la elección de Juan Orlando Hernández como presidente. La policía irrumpió en el municipio. Los jóvenes se escondieron en las montañas aledañas. Lanzaron piedras. Los uniformados llegaron a disparar a bala viva.
Sandra Yesenia Bautista, 39, junto con Ángel, el último de sus 6 hijos. La mujer es una reconocida activista ambiental de la aldea Horconcitos, en el municipio de Zacapa, Santa Bárbara. (Fotografía: Simone Dalmasso | Plaza Pública)
En el exterior de la aldea se observan los restos del conflicto. La carretera que llega hasta la comunidad está decorada con lemas contra Juan Orlando Hernández. La entrevista con los pobladores se realiza el domingo 25 de febrero. La carretera está plagada de controles de la Policía Militar de Orden Público, un destacamento creado en 2013 por el presidente cuando lideraba el Congreso. Está prevista una marcha ante el Pozo I, una de las prisiones de máxima seguridad ubicada a diez minutos en carro desde Gualjoquito. La prisión, donde ni siquiera hay señal de celular, estaba pensada para albergar a los líderes de las grandes pandillas que operan en Honduras, Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18. Sin embargo, desde el inicio de la crisis política, al menos una decena de opositores han sido encerrados en esta cárcel especial.
Marta Raquel Hernández tiene miedo de que le ocurra lo mismo que a Ayala. O a ser detenida y encarcelada en una prisión de máxima seguridad. La misma semana en la que el adolescente estuvo desaparecido ella fue arrestada por la policía. Le acusaban de “incitar a la violencia” y le trasladaron a comisaría, donde permaneció un día.
Por eso, el 27 de febrero acudió a Tegucigalpa para reportar su caso al Cofadeh. Estos, a su vez, trasladaron sus preocupaciones ante el Mecanismo de Protección, quien ofreció a la joven contar con escolta policial. “Lo rechacé”, explica en conversación a través de Whatsapp. No se fía de los policías que deberían protegerla. Dice que quiere abandonar el país. Se siente triste por tener que renunciar a sus estudios de Derecho, pero no le queda otra opción. Al mismo tiempo, Cofadeh ha solicitado medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Que la institución internacional te proteja tampoco es garantía de nada. Berta Cáceres tenía estas medidas y fue asesinada igualmente.
Betty Vásquez, directora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, en la sede de la oficina, en Santa Bárbara. (Fotografía: Simone Dalmasso | Plaza Pública)
El cuerpo de Luis Fernando Ayala fue enterrado el viernes, 2 de marzo. En un primer momento, el Instituto de Medicina Forense de San Pedro Sula afirmó que no podría devolver el cadáver hasta pasados tres meses del asesinato. La protesta de los familiares agilizó el trámite. Está claro que el adolescente fue asesinado. Lo difícil es hallar a los culpables.
Lo que se anunció como un nuevo atentado contra un miembro de un grupo ambientalista muestra una realidad más compleja. Lo que no puede ocultarse es la situación de extrema vulnerabilidad que padecen los integrantes de los grupos que defienden la naturaleza o que protestan por la situación política de Honduras.
(Este artículo es una colaboración periodística entre Plaza Pública y Mongabay Latam).
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