Pedro Landa y Consuelo Soto están jugándose la vida por clamar lo que clamó su compañera y amiga Berta Cáceres antes de ser asesinada hace dos años: su país, Honduras, es una “dictadura”. Un “régimen” cuyo fin ni siquiera es ideológico… Su verdadero objetivo es vender enormes porciones de su tierra y ponerlas al servicio de un “conglomerado internacional” que se beneficia económicamente de un modo extraordinario gracias a que puede despojar de sus hogares a las comunidades indígenas que viven allí desde hace siglos.

El reportaje es de Miguel Ángel Malavia, publicado por Vida Nueva, 16-03-2018.

De paso por Madrid gracias a la entidad jesuita Entreculturas, con el fin de que se reunieran con diferentes representantes políticos de nuestro país para dar a conocer la situación de Honduras, Vida Nueva ha podido recabar su testimonio. Landa ofrece, con tono analítico, el clamor frío contra la injusticia padecida. Ambientalista y referente en la lucha contra la minería desde hace dos décadas, este miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), de la Compañía de Jesús, es claro: “Más del 70% de la población es consciente de que en las últimas elecciones presidenciales ha habido un fraude por parte del Gobierno de Juan Orlando Hernández. No reconocemos al presidente como legítimo, por lo que defendemos que nadie debe obediencia a un usurpador, tal y como manda nuestra Constitución de la República en su artículo 3º”.

Sobre el modo de encauzar esa oposición, apuesta por mantener la presencia en la calle a través de “manifestaciones, bloqueos de vías y la búsqueda de un posicionamiento de la comunidad internacional”. Pese a este rechazo de la violencia, se han topado con la represión, “habiendo ya 38 asesinados en estas semanas; 16 de ellos, por heridas de bala a cargo de policías”. El fin último, defiende Landa, es evidenciar que “estamos ante un régimen extractivista que ha hecho de esta política su pilar fundamental”.

“Se subasta el país”

Algo que documenta con un alud de datos: “En cuanto a la minería, han aprobado 587 proyectos y otros 324 están en trámite. En total, el Gobierno sabe que hay más de 900 zonas de explotación. En 2015, encargó a una empresa alemana un estudio en el que identificara todas las reservas mineras del país. Con esos datos, se ofrece a las empresas que exploten a los recursos. Se trata de una subasta… En realidad, lo que se subasta es el país”.

Respecto a la energía hidráulica, el miembro del ERIC explica que “se han aprobado 123 pequeños medianos y pequeños y otros 52 grandes”. Estos últimos, reclama indignado, lo fueron de un modo “completamente irregular, en el último día del mandato de Hernández antes de las elecciones, siendo un Gobierno cesante. Los 52 proyectos se aprobaron en el Congreso todos juntos, en una sola jornada”.

Parecida es la situación con la energía solar (el Ejecutivo ha puesto en marcha 34 parques solares, de los que ya funcionan cuatro) y con la eólica (17 parques). Más allá, prosigue Landa, “el Estado ha concesionado irregularmente, a través de concesiones directas, más de 300.000 kilómetros cuadrados de la plataforma marítima continental que se dedicará a la explotación petrolífera”. Significativamente, el negociador de este macroproyecto “es ahora el nuevo Defensor del Pueblo…, cuando no tiene ni idea de derechos humanos, solo de derecho marítimo”.

Con todo, la propuesta gubernamental más polémica fue la Ley de Ciudades Modelo, en 2013, “por la que se vendían porciones de tierra para que quien las comprara pudiera tener en ellas el control absoluto, pudiendo crear incluso su propia jurisdicción o su sistema de seguridad”. Tras la denuncia de varias organizaciones, entre las que estuvo el ERIC, el Tribunal Constitucional echó abajo el proyecto por considerar que implicaba una pérdida de la soberanía nacional, dando paso a estados dentro del Estado.

Sin embargo, la victoria duró poco: “Hernández logró la destitución de cuatro de los cinco magistrados que votaron contra el proyecto. El que siguió es hoy el Fiscal General del Estado…”. Tras este “segundo golpe de Estado” –Landa reivindica que “el primero fue el que sufrió Zelaya en 2009”–, al proyecto “se le cambiaron dos párrafos y el título, y ya sí que se aprobó”.

El mercado asiático, al acecho

Como denuncia el representante de la organización jesuita, “esto afecta a 23 zonas del país”, siendo “los más interesados en ello países como China o Corea, que ya ha iniciado la construcción de su primera ciudad en el Pacífico hondureño”. El objetivo es crear un canal interoceánico (“ya se ha construido el 60%”) para el comercio de mercancías. Aún más, “empresas como las españolas Iberdrola y Gamesa, la inglesa BG Group o el holding italiano Colacem” están detrás de todo, impulsando “un monopolio” para el que necesitan como socios a empresarios locales.

En la misma línea está el Proyecto SIEPAC, para toda Centroamérica, “que en la práctica consiste en generar un banco de reserva energética para Estados Unidos, en previsión a un tiempo en el que pueda necesitar esa energía”. Ante ello, constata dolido, “la realidad es que Centroamérica pone los muertos y las tierras, siendo el patio trasero de los estadounidenses, cuyo presidente, Donald Trump, además nos estigmatiza y nos cierra sus fronteras, creando aquí un muro virtual aparte del muro físico de México”.

La cara oculta de esta estrategia, apuntala Landa, es que, “al declararse todos estos proyectos como bienes de interés público, no consultan a las comunidades locales, en su mayoría indígenas”. ¿Y qué ocurre cuando estas se oponen? “Se las criminaliza, se las amenaza y se hostiga a sus líderes, acusándolos de delitos falsos. Ahora mismo, más de 600 defensores del territorio han de afrontar juicios”. Algo que ejemplifica con un caso concreto: “Una entrañable anciana, que es panadera, ha sido acusada de fabricación de armas de guerra… Le colocaron morteros en su zona y la inculparon”.

Ejército y policía, “accionistas”

En medio de este ambiente de tensión, el representante del ERIC señala que “el ejército y la policía tienen intereses en que estos proyectos salgan adelante, pues una parte de sus presupuestos se destina a la seguridad, encargada a ellos. Una estrategia por la que el Estado consigue que las fuerzas militares sean en la práctica accionistas. Así, lo primero que se hace al iniciarse toda obra es colocar el destacamento policial”.

En los casos más graves, “el trabajo se encarga a sicarios, que son los que matan a los líderes sociales”. Una denuncia que ampara Global Witness, que ha declarado que Honduras es “el país más peligroso del mundo para los ambientalistas”. Y es que, desde 2010, han sido asesinados 127 de ellos…, “quedando el 97% de los casos –según Landa– en la total impunidad”.

Dos intentos de asesinato y viuda

Esto lo ha padecido con toda su crudeza Consuelo Soto, indígena tolupán en Locomapa, una comunidad rural en el Departamento de Yoro, y quien lleva más de una década luchando frente a los intereses madereros en la defensa del bosque y de la soberanía territorial. Su trabajo fue clave para detener la instalación de una mina de antimonio en su tierra, pero ha pagado un precio enorme por ello. “En 2012 convocamos una manifestación, una de las pocas herramientas que tenemos, pues pedimos consultas populares que avalen los proyectos y ni nos escuchan… Ese día, los sicarios asesinaron a tres compañeros en mi comunidad. No fue algo casual, pues iban con una lista en la que aparecían ocho hombres más, entre ellos el mío. Yo me acababa de ir cinco minutos antes.

Volví, dispuesta a morir como ellos, pero la gente me protegió. Al día siguiente, con mis siete compañeros, tuvimos que marcharnos del pueblo. Pasamos un año escondidos en la ciudad. Yo echaba de menos las tortillas con frijoles de mi tierra. Me dolía tener que estar oculta como una criminal, cuando los asesinos eran ellos”.

Pasado un año, regresaron a casa. Pero, en 2015, los sicarios mataron a su marido y ella tuvo que huir otra vez. Al cabo de un mes, volvió. Pero, esa misma noche, sufrió otro atentado, debiendo esconderse durante seis meses más. Su vida pende de un hilo, y encima se encuentra con que el proyecto que consiguió echar atrás, ahora ha vuelto a presentarse. Toca volver a luchar. Y Soto no tiene miedo: “Salvo uno, el resto de los asesinos siguen libres. Pero ni les temo ni dejaré de luchar contra su impunidad”.

La Iglesia, dividida

“En esta lucha –reconoce Landa–, al igual que en el resto de la sociedad, nos encontramos con un sector de la Iglesia católica y evangélica que respalda a los grupos del poder político y empresarial que explotan al pueblo y a la Casa Común. Este sector, que en 2009 apoyó el golpe contra Zelaya, ahora está al lado del régimen y nunca tiene una palabra de aliento para nosotros, llegando incluso a tachar de ‘sacrílegas’ las misas y celebraciones ecuménicas que hacemos en homenaje de los asesinados, entendiendo que son ‘actos politizados’. Por otro lado, sentimos el respaldo de sectores diocesanos y comunidades religiosas como los franciscanos o los claretianos. Y, a nivel de jerarquía, nos demuestran su cercanía con las luchas del pueblo varios obispos, como Luis Solé (Trujillo), Michael Lenihan (La Ceiba) y Ángel Garachana (San pedro Sula), quien, a Dios gracias, es el actual presidente del Episcopado”.

Por último, Landa y Soto tienen otro foco de esperanza: el recuerdo de Berta Cáceres, con la que ambos han compartido su lucha durante años. Tras el “duro golpe” que supuso su asesinato, ambos insisten en que “vamos a continuar su legado, si cabe, con más compromiso”. Y es que, como concluye la indígena tolupán, “ella no ha muerto en nuestro corazón originario”.

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