El día 28/06/2009, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue arrestado en su casa por el Ejército del país y llevado en un avión militar para Costa Rica. El golpe de Estado ocurrió después de una decisión de la Suprema Corte que ordenaba la detención de Zelaya, y el Ejército decidió por el exilio forzado del presidente del país. Zelaya no volvió al ejercicio del cargo.

El 21/06/2012, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por 76 votos a 1 el impeachment del presidente Fernando Lugo. Al día siguiente, el Senado confirmó la decisión. Así, en un proceso sumario, que duro 24 horas, Lugo fue retirado del poder. Él mismo denunció el hecho como un “golpe parlamentar”.

En Brasil, en 2016, la presidenta Dilma Rousseff sufrió impeachment. Ella denunció ser víctima de un golpe de Estado. La presidenta fue apartada del poder por el Senado el 12/05/2016, y removida del cargo el 31/08.

Los tres líderes fueron elegidos democráticamente, pero tuvieron su mandato abreviado por intervenciones de otros poderes - del Legislativo, en el caso de Brasil y Paraguay, y del Judicial, con colaboración del Ejército, en Honduras. En ese país, Zelaya fue acusado de infringir la Constitución. La Carta del país impide la reelección, y el presidente buscaba convocar un referendum para una asamblea constituyente que la alterara.

En el caso paraguayo, Lugo fue considerado por el Congreso como responsable de una masacre de campesinos en Curuguaty. El Senado brasileño ya juzgó que Dilma cometió crimen de responsabilidad a razón de las llamadas “pedaleadas fiscales” y de emisión de créditos suplementarios.

Pretextos

Hay, mientras tanto, poco o ningún esfuerzo por ocultar que estos motivos son solamente pretextos para la remoción de un gobernante del poder. La senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), líder del gobierno Michel Temer en el Congreso, dijo en junio a la radio Itataia, todavía durante el trámite del proceso en el Senado, que “según mi tesis, no hubo ese asunto de la pedaleada, nada de eso. Lo que hubo fue un país paralizado, sin dirección y sin base alguna para administrar”.

Luego de votar a favor del parecer que condenaba a Dilma por crimen de responsabilidad, el senador del PDT de Roraima, Acir Gurgacz, afirmo en entrevista a TV Senado, que “nosotros tenemos la convicción que no hay crimen de responsabilidad fiscal en este proceso, pero falta gobernabilidad, y la vuelta de la presidenta en este momento podría causar un trastorno todavía mayor para la economía brasileña”.

Recientemente, el propio Michel Temer declaro que el impeachment ocurrió porque el gobierno de Dilma no quiso implementar el plan Puente para el futuro, programa neoliberal de reformas impulsado por el PMDB.

Legitimidad internacional

Uno de los principales desafíos para el gobierno que asume después de un golpe es la cuestión de la legitimidad internacional. La remoción de Zelaya de la presidencia de Honduras fue ampliamente considerada como un golpe de Estado, y tratada como tal por la Organización de los Estados Americanos - OEA, por la Unión Europea y por Estados Unidos, entre otros países.

El impeachment de Lugo fue igualmente denunciado como un golpe de Estado por otros países de América del Sur. El Paraguay fue suspendido del Mercosur en esa ocasión, lo que incluso posibilitó la entrada de Venezuela en el bloque - la falta de aprobación del Parlamento paraguayo atrasaba la entrada del país presidido, en esa época, por Hugo Chávez.

Durante un discurso reciente de Michel Temer en la Asamblea General de la ONU, seis países latinoamericanos salieron de la sala en protesta. Esa fue la forma por la cual las delegaciones de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela expresaron su disconformidad con la remoción de Dilma Rousseff.

De forma general, mientras tanto, fue tímida la reacción en el continente a la toma de posesión de Temer, un presidente que no fue electo. Los países del continente pueden discordar del proceso de impeachment, pero tienen poca capacidad de oponerse a Brasil, la mayor economía de la región.

La paradoja quedó expresada a través de la posición de Uruguay. A pesar que había considerado, por medio de una nota oficial, la destitución de Dilma como una “profunda injusticia”, el gobierno uruguayo ya realizó una reunión bilateral con el brasileño, un encuentro de los presidentes Tabaré Vázquez y Temer. El país cisplatino, de 3,4 millones de habitantes, no tendría cómo sostener económicamente una disputa con Brasil.

Perspectivas para la democracia

Si en Honduras el ejército intervino, en Paraguay y en Brasil hubo lo que ha sido llamado “golpe parlamentar”. Estas remociones de gobernantes del poder son diferentes de las que se tornaron costumbre en el siglo XX, a lo largo de la Guerra Fría, donde las Fuerzas Armadas, en general con apoyo de los Estados Unidos, retiraban del poder un gobernante considerado alineado a la Unión Soviética e instauraban un régimen militar represor.

Mientras tanto, el hecho de que continúen ocurriendo interrupciones en la normalidad democrática en países de América Latina revela que las conquistas en términos de democracia en el continente todavía son frágiles, y que el legado de los golpes del siglo XX dificulta las transformaciones de estos países en democracias plenas.

De hecho, las rupturas democráticas son defendidas por sectores significativos de la población de los países afectados. Hasta en Honduras, hubo quien alegará que la remoción de Zelaya era constitucional. Y hay quien apoye los procesos, mismo considerándolos como inconstitucionales: aunque la remoción de Dilma Rousseff fuera apoyada por una mayoría de la población, una investigación del Instituto Datafolha de julio reveló qué poco menos de la mitad de los brasileros (49%) consideraba que el proceso de impeachment seguía las reglas democráticas y la Constitución, mientras que el 37% consideraba que el proceso no la respetaba.

En este escenario de inestabilidad democrática, el Instituto Latinobarómetro reveló, en su investigación anual referente al 2016, que el apoyo a la democracia cayó en América Latina - del 56% al 54% de la población. 15% apoya un régimen autoritario, y el 23% son indiferentes. En Brasil, en medio de la crisis política y el proceso de impeachment, el descrédito en la democracia ganó impulso, solamente el 32% de los brasileños considera la democracia preferible a otras formas de gobierno. En 2015, era el 54% de los brasileños que manifestaba la creencia en el sistema democrático.