28 Agosto 2018
Al cumplirse el pasado 22 de agosto el octavo aniversario de la masacre de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, se sigue esperando justicia.
El reportaje es de José Ignacio De Alba, publicado por Inter Press Service - IPS y reproducido por CPAL Social, 27-08-2018.
San Fernando, México, En ninguna zona del país la violencia ha sido tan cruenta como en este lugar. La desolación y la brutalidad llevan la marca de “los zetas”, el más sanguinario de los grupos delictivos engendrados por la corrupción y la impunidad que asolan México.
Por eso, al cumplirse ocho años de uno de sus episodios más trágicos, cuando 72 personas migrantes fueron masacradas en un galerón de esta pequeña urbe de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas, parece aún inconcebible levantar aquí un memorial contra el olvido.
El martes 22, un grupo de 20 personas ingresó al territorio silenciado por el cartel del narcotráfico de los zetas para colocar en el almacén una enorme cruz con 72 cruces pequeñas, una por cada uno de los 72 migrantes asesinados el 22 de agosto de 2010.
El memorial fue construido por migrantes del albergue Casa Belem, de Saltillo, en el vecino estado de Coahuila, que dirige el sacerdote Pedro Pantoja.
A sus 75 años y con una reciente operación en el corazón, Pantoja no pierde la pujanza en la demanda de justicia.
“La masacre de 72 migrantes nos llena de profunda indignación, el Estado mexicano permitió y fue cómplice de estos terribles hechos”, dijo el religioso.
En ocho años, los resultados de las investigaciones son muy pobres. La seguridad misma es un problema no resuelto en la entidad, e incluso se ha extendido a otras zonas del país.
Un reportero local recuerda que un año después del hallazgo de los cuerpos, en el rancho había ropa y otras evidencias que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) no resguardó ni recogió de la escena del crimen.
Y peor aún, ocho meses después de la masacre de los 72 migrantes, en abril de 2011, fueron halladas, en este mismo municipio, 47 fosas clandestinas con 193 cuerpos. Y casi dos años después, en mayor de 2012, se encontraron 49 torsos al borde de la carretera en Cadereyta, Nuevo León, que está dentro de la misma ruta migrante.
La PGR investiga los tres casos como si fueran eventos aislados, aunque diversos expertos han señalado la importancia de tratarlos como un solo caso.
“Nos encontramos con una PGR muy indolente que no quiere cumplir con las sentencias; (los ministerios públicos) litigan como coyotes tratando de evadir, de darle la vuelta a los procedimientos, simplemente porque no quieren transparentar los casos ante las víctimas”, dice en entrevista Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación Para la Justicia y el Estado de Derecho, que representan a 10 de las 72 familias de los migrantes asesinados.
— ¿Por qué actúa así la PGR?
— Puede ser porque ellos mismos saben que hay gente del gobierno implicada y lo que no quieren es que eso se sepa. Realmente cuando ocultan tanto la información uno piensa que es porque tienen un grado muy alto de participación en lo que pasó.
El 23 de agosto de 2010, un migrante herido escapó de la bodega de maquinaria donde estaba secuestrado. Llevaba un balazo en la cabeza.
Llegó hasta un puesto militar donde pidió ayuda, los uniformados acudieron al lugar descrito y lo que encontraron no tenía parangón en la historia reciente de México: 72 cuerpos maniatados y con tiro de gracia.
En el solar del viejo almacén donde fueron asesinados 72 migrantes el 22 de agosto de 2010, se colocaron 72 pequeñas cruces al cumplirse ocho años de una masacre sin esclarecer en México. | Foto: José Ignacio de Alba/EnElCamino
Las imágenes de los migrantes ejecutados fueron la primera alarma de que la llamada “guerra contra el narcotráfico” que instrumentó el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) estaba fuera de control.
El hallazgo también puso en la mesa el tema de la migración, un tema normalmente relegado y de poca importancia para los propios medios de comunicación. De hecho, poco se dijo sobre cómo la violencia estaba afectando a los sectores más vulnerables.
A pesar del escándalo que provocó el hallazgo, el caso de los 72 migrantes fue prácticamente abandonado por el gobierno.
Las investigaciones judiciales son lentas, ninguno de los 13 implicados en el caso ha sido sentenciado, y apenas el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD) a pronunciarse sobre el caso.
Es decir, tuvieron que pasar siete años de la masacre para que la CNDH declarara como “graves” los hechos ocurridos en San Fernando.
Una de las cosas más sorprendentes aún es que nueve de los 72 cuerpos no han sido identificados. Sus cadáveres siguen guardados en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México.
Los cuerpos que supuestamente ya fueron identificados por las autoridades mexicanas y entregados a sus familiares están en litigios para hacer una segunda prueba de ADN. Delgadillo explica que cuando las autoridades mexicanas los entregaron iban en ataúdes cerrados y con la consigna de que no fueran abiertos.
San Fernando fue un pueblo ranchero que se convirtió en pueblo fantasma. En 2010 y 2011 el pequeño pueblo del norte del país vio como la violencia se desbocaba, cuando Cartel del Golfo y su brazo armado, los zetas, se enfrentaron para controlar el paso carretero hacia Estados Unidos.
La bodega donde se encontraron a los 72 migrantes asesinados está sobre un camino de terracería bordeado de campos de sorgo en las afueras del pueblo.
El memorial fue colocado dentro del almacén. El evento luctuoso duró menos de una hora, algunos de los participantes hicieron discursos muy breves, exigiendo justicia. “Felipe Calderón y (su sucesor y actual mandatario) Enrique Peña Nieto fueron presidentes de un Estado homicida”, dijo Fray Tomás González.
El religioso, que fundó el albergue la 72, en Tenosique, un municipio del estado Tabasco, criticó las “políticas xenófobas” de los gobiernos de Calderón y Peña. Luego, en entrevista, insistió: “Ya no ha habido masacres pero las muertes siguen; los migrantes siguen siendo secuestrados”.
— ¿Qué ha cambiado desde la masacre? — se le pregunta a Ana Lorena Delgadillo
— Ha aumentado la indignación de las familias.
Pero eso no es lo único que ha cambiado por esta región. Hace tres años, cuando se cumplían cinco de la masacre, las carreteras tamaulipecas eran intransitables y estaban bordeadas de ranchos abandonados.
Hoy los campos abandonados son ocupados por grandes generadores de energía eólica. La empresa española Acciona tiene instalados aquí 61 aerogeneradores del proyecto El Cortijo, el primero de los parques eólicos asociados a la reforma energética de diciembre de 2013.
El Cortijo es resultado de la primera subasta de electricidad a largo plazo, tuvo una inversión de 235 millones de dólares y se construyó en un tiempo récord de 15 meses, lo que le permitió comenzar a operar antes de la fecha prevista, en junio de este año.
¿Cómo ha sido posible eso en una región que sigue asolada por la violencia? ¿En un estado donde todavía este año las autoridades siguen reportando secuestros masivos de migrantes? ¿Y en un municipio al que los activistas y religiosos tienen que entrar escoltados por personal de la CNDH para poner un memorial por las personas masacradas hace 8 años?
Son preguntas para las que nadie tiene respuesta.
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