19 Dezembro 2017
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas condena la represión, el sabotaje a Radio Progreso y exige a las autoridades una profunda investigación para aclarar lo sucedido.
El reportaje es publicado por CPAL Social, 18-12-2017.
En el contexto de efervescencia e inconformidad que caracteriza a Honduras desde las elecciones generales del pasado 26 de noviembre, cuyos resultados definitivos aún no han sido publicados, Radio Progreso, obra del Apostolado Social de la Compañía de Jesús en el vecino país, ha dado cobertura, como le corresponde a un medio de comunicación con clara opción por las mayorías, a las diversas expresiones populares y voces académicas que cuestionan el proceso electoral, que para muchos ha sido fraudulento.
Radio Progreso ha mantenido una línea editorial que denuncia las múltiples irregularidades y problemas sistémicos del proceso electoral desarrollado; problemas e irregularidades que hacen desconfiar de su fiabilidad. Esas mismas anomalías han sido denunciadas por la misión de Observadores Internacionales de la OEA. En este contexto, en la madrugada del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la antena de Radio Progreso fue derribada deliberadamente, interrumpiendo su señal e impidiendo la cobertura en Tegucigalpa y zonas circundantes.
Ante esto, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Lo que está pasando en Honduras indigna, como indigna la superficial cobertura que le dedican los medios nacionales e internacionales a la represión con la que el Gobierno hondureño pretender callar las protestas ante el fraude electoral. Los comicios legislativos, municipales y presidenciales del vecino país se realizaron el domingo 26 de noviembre. Desde que en 1982 se inauguró la democracia en Honduras con un Gobierno elegido en las urnas, tener los resultados de una elección había sido cuestión de horas. Ahora pasan los días y el Tribunal Supremo Electoral va de tumbo en tumbo para esconder una victoria inesperada de la oposición sobre el actual Presidente, que hizo todo lo que pudo, legal o ilegalmente, para ser reelecto.
Aunque la primera comparecencia del Tribunal estaba anunciada para las 7 de la noche del mismo domingo 26, los magistrados no se hicieron presentes. Al percatarse de que la tendencia de la votación, con casi el 60% de los votos escrutados, le daba 5 puntos porcentuales de ventaja a la Alianza Opositora que postula al centrista Salvador Nasralla, el máximo organismo electoral guardó silencio. A partir de ese momento, el sistema digital se paralizó en varias ocasiones y, al reanudarse, los votos a favor del candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, comenzaron a crecer progresivamente. El último reporte del Tribunal, del jueves 30 de noviembre, le da a Hernández una ventaja de más de 40 mil votos sobre Nasralla.
Numerosas voces de protesta se han alzado desde el exterior y desde dentro de Honduras. La misión de observadores de la OEA ha hecho un enérgico llamado a que se contabilicen todas las actas, a que se atiendan todas las impugnaciones y a que se respete la voluntad de los electores. Juan Orlando Hernández ha violado todas las leyes posibles con tal de seguir en el poder. Él y su grupo cercano, asociado al crimen organizado y al narcotráfico, han recibido el favor del Gobierno de Estados Unidos a pesar de ello y de su talante antidemocrático. Hernández, además del Ejecutivo, controla el poder legislativo y desde ahí ha extendido sus tentáculos a los otros poderes. Cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional que declararon inconstitucionales algunas de sus políticas fueron destituidos y reemplazados por otros que avalaron su reelección, a pesar de que la Constitución hondureña lo prohíbe. Hernández también maneja el Tribunal Supremo Electoral, a cuyos magistrados escogió por ser incondicionales y seguir sus órdenes. En Honduras, pues, hay un Gobierno con modos y afanes dictatoriales. Muestra de ello son también los casi 40 periodistas asesinados en los últimos años por denunciar injusticias y los defensores de los derechos humanos que, como Berta Cáceres, encontraron una muerte violenta por su compromiso con los hondureños más pobres.
El fraude ya se hubiera consolidado de no ser por que gran parte del pueblo hondureño se ha volcado a las calles para exigir que se respete el resultado de las elecciones y para dejar patente su deseo de vivir en democracia. En un giro tan absurdo como previsible, los sectores en el poder están culpando a quienes protestan y a algunos medios de comunicación de provocar la violencia. Desde este espacio, la UCA condena la represión gubernamental contra los manifestantes y exige que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.
