"La herencia del Partido Patriota se destaca por la imposición de un sistema corrupto que logró consolidar mecanismos para aprovechar comercial y clientelarmente los procesos de apoyo en asistencia alimentaria. El caso de “El Bodegón” que involucra a altos funcionarios del gobierno anterior, pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema de asistencia alimentaria ante los intereses comerciales de grupos criminales que aprovechan las conexiones con los gobiernos de turno para su propio beneficio", escribe la equipe de Investigación Fundatierra.

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A diez meses de iniciado el Gobierno del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN)el abordaje de las problemáticas que provocan Hambre y Pobreza en Guatemala se observan débiles e incongruentes con el objetivo trazado de reducir en un 10% la Desnutrición Crónica. La continuidad de las metodologías iniciadas en el gobierno del Partido Patriota, así como la debilidad para desarrollar acciones sostenibles derivan en un estancamiento institucional que provoca la profundización de la problemática alimentaria y la reducción de las oportunidades para implementar una estrategia sostenible.

La herencia del Partido Patriota se destaca por la imposición de un sistema corrupto que logró consolidar mecanismos para aprovechar comercial y clientelarmente los procesos de apoyo en asistencia alimentaria. El caso de “El Bodegón” que involucra a altos funcionarios del gobierno anterior, pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema de asistencia alimentaria ante los intereses comerciales de grupos criminales que aprovechan las conexiones con los gobiernos de turno para su propio beneficio. Por otra parte los graves retrocesos en materia social generan un panorama mucho más complejo de asumir si no se retoman acciones congruentes y respaldadas por la ciudadanía. Si bien la pobreza general pasó del 62.8% en 1989 a un 59.3% en 2014, la pobreza extrema pasó del 18.1% en 1989 al 23.4% en 2014. En el periodo 2006-2014 la pobreza extrema en la población indígena se incrementó del 75% al 79.2%, mientras que la pobreza extrema aumentó del 27.3% al 39.8%. Guatemala además se destaca por ser el único país del continente americano que retrocedió en la Meta del Milenio No. 1 C relativa a la Subalimentación, y retrocede en cuanto a la Meta No 1 B relativa a Desnutrición Crónica, al pasar del 50% en 2012 al 54.4% en 2014 en la población menor de dos años.[1]

A pesar de estar presente el mensaje de prevención de la Desnutrición Crónica, en la estrategia nacional no se evidencia respuesta a las causas estructurales que la determinan. Por el contrario, se reitera la priorización de acciones hacia las causas inmediatas y la transferencia de los principales resultados hacia instituciones sin representación en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN). Se patentiza la ausencia de la Vicepresidencia de la República en el liderazgo de las políticas dirigidas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Entre los principales retos en materia de política alimentaria que debe asumir el gobierno del Frente de Convergencia Nacional (FCN) se destacan los siguientes:

• Ineficiencia e ineficacia para la implementación de los programas vigentes: Al 30 de septiembre el Presupuesto del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional había sufrido un recorte de Q100 millones y tenía un avance del 48%. Los ministerios con peor ejecución son el Ministerio de Comunicaciones, con un avance del 9%; Ministerio de Desarrollo Social, con un 39%; y el Ministerio de Economía, con un 37%. La secretaría con menor ejecución es la SESAN, con 64%. De las entidades descentralizadas las de peor ejecución son el INFOM con 19%; el FONTIERRAS, con un 37%; y el INDECA, con un 47%. Las acciones en el marco de la Ventana de los Mil Días había sufrido un recorte de Q110.8 millones y mantenía un avance de tan solo el 38%; mientras que el 58.4% de su presupuesto se ejecuta en el departamento de Guatemala.[2]

• Rezago en el proceso de fortalecimiento de la Inspectoría General del Trabajo (IGT): Si bien es positivo el proceso orientado a recuperar la capacidad sancionatoria de la IGT, el Ministerio de Trabajo espera que el CACIF lo apruebe, validando un poder de juez y parte en un asunto que corresponde al Estado implementar. Las violaciones a los derechos laborales constituyen un delito ante el cual la población trabajadora debe recurrir a demandas judiciales onerosas para enfrentarse a empresas con mayor capacidad de defensa. El Estado debe asumir su poder rector en materia laboral, para lo cual la IGT es el mecanismo establecido. No es factible identificar violaciones a los derechos laborales con disputas laborales, y contar solamente con 275 inspectores en todo el país implica el abandono para la población trabajadora más vulnerable.

• Incremento del costo de los alimentos: Al mes de septiembre de 2016 el costo de la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en Q3,826.24; lo que implica un incremento de Q389.44 en un año, y Q164.24 desde el mes de enero. El Salario Mínimo Agrícola y no Agrícola actualmente es de Q2,747 y para las actividades de exportación y de maquila en Q2,534. Esto significa que para la población trabajadora agrícola y no agrícola existe una brecha de Q1,079 y para la población trabajadora de maquila Q1,292 para lograr cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria.

• Incongruencia de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020: La Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica, entidad adscrita al Organismo Ejecutivo vino a debilitar el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINASAN, en tanto que asume atribuciones que ya estaban establecidas en el mismo. Sin embargo hasta el momento no rinde cuentas de su trabajo y no existe capacidad de fiscalizar, en tanto que carece de obligaciones ante el Congreso de la República y de responsabilidades de probidad ante la Contraloría General de Cuentas. La reducción a la mitad de los municipios priorizados, de 166 a 81 municipios, no ha generado mayor impacto, y deja fuera de cobertura a un número mayor de población vulnerable a la Inseguridad Alimentaria.

• Rezagos en materia legislativa que podría debilitar el SINASAN. La promoción de un reglamento para el manejo de los Organismos Vivos Modificados; la intención de realizar cambios al Reglamento de la ley del SINASAN; el rezago en la aprobación de la Iniciativa de Ley 4084 para establecer el Sistema de Desarrollo Rural; así como elretraso en el cumplimiento de las sentencias ratificadas por la Corte de Constitucionalidad para restituir el Derecho a la Alimentaciónde las cuatro familias de Camotán, evidencian la falta de voluntad política para asumir sus compromisos políticos y jurídicos en materia del Derecho a la Alimentación Adecuada.

En este sentido el Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación exige el abordaje de los puntos anteriores para responder de forma congruente al Derecho a la Alimentación Adecuada de su población.

Notas

[1]Con información de GAED.

[2] Con información del POASAN al 30 de septiembre de 2016.

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