Tiempos de paz deberían simbolizar la disminución de la violencia y de las muertes. Infelizmente, no es lo que sucede en Colombia. Desde el acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farcs, en diciembre pasado, el número de asesinatos en el campo disparó.

Apenas en los primeros meses de 2017, 51 líderes sociales fueron muertos. En el año anterior, fueron registrados 35 en el mismo período (lo que representa un crecimiento de 31%). Los datos del movimiento político y social Marcha Patriótica ponen al país en segundo lugar en el ranking de conflictos agrarios. En lo más alto de la lista está Brasil.

Un informe realizado por la ONG internacional Global Witness utiliza datos levantados por la Comisión Pastoral de la Tierra – CPT y destaca que, en 2016, fueron 49 asesinatos de defensores del derecho a la tierra en Brasil. En tercero están las Filipinas, con 28 muertes. En entrevista a la Radio agencia Nacional EBC, la procuradora Deborah Dupart, del Ministerio Público Federal brasileño, pone como responsable por el número de las muertes al crecimiento de la utilización de empresas de seguridad privada en las estancias.

“Tendría que haber una gran operación de fiscalización de esas empresas, y desarmamiento en el campo. No es posible convivir con una situación en que usted crea una seguridad paralela a la del estado, actuando casi sin fiscalización”, afirma.

En todo el mundo, la ola de violencia es impulsada por una intensa lucha por la tierra y recursos naturales. En Brasil, cuestiones ambientales, extracción de madera y minería ilegal son los motivos más comunes. Las víctimas son principalmente pequeños agricultores e indígenas, pero también agricultores, guardias de seguridad y pistoleros.

Recientemente, la noticia sobre la extinción de la Reserva Nacional de Cobre y sus Asociados – Renca en los estados de Pará y Amapá, en Amazonas, para ampliar la extracción mineral, sirve de señal para la futura reconfiguración en las estructuras ambientales y sociales de la región. El local históricamente marcado por conflictos por causa de la tierra y que ya fue testigo de la persecución de líderes como Chico Mendes y Dorothy Stang.

Ya en Colombia, el estudio realizado por el programa Somos Defensores apunta para os paramilitares como siendo los responsables por 59% de los casos. El levantamiento indicó las regiones en donde los crímenes son más frecuentes. Bogotá, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.

De la región de paz en donde se localizan las Farc, fue emitido un comunicado cuestionando las acciones del Estado. ¿“Qué es lo que las autoridades están haciendo para cumplir los compromisos asumidos, en el sentido de combatir a los grupos paramilitares al servicio de las mafias que son una amenaza real para los ciudadanos, los guerrilleros y los militantes liberados, que no cuentan con protección alguna; no considerando que la protección de los ciudadanos y ex prisioneros es una condición para asegurar una paz estable y duradera en lo que tiene que ver con la protección de nuestra transición a un partido político civil?”

En Tumaco, en las últimas semanas, irrumpieron protestos de campesinos de coca en vías públicas, alegando que, aunque tengan firmado un acuerdo resultante de los Diálogos de Havana para substituir voluntariamente la hoja de la coca, el Ejército los está obligando a hacerlo. Los abusos de la policía fueron evidentes en vídeos que circulan en la web en que los agentes aparecen disparando contra la población civil y los campesinos en varios lugares.

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