15 Fevereiro 2019
Los acontecimientos ocurridos en Venezuela a partir del 23 de enero aceleraron los tiempos en el país bolivariano. Ya no hay vuelta atrás al día anterior a esa fecha. Los cambios en Venezuela tendrán importantes efectos en nuestro país. Acelerarán los tiempos en Nicaragua, ya sacudida en noviembre, diciembre y enero por tres sismos políticos. En noviembre, la sanción de Washington la Vicepresidenta Murillo. En diciembre, el informe del Grupo de Expertos Independientes estableciendo que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad. Y en enero, la carta de renuncia del magistrado Rafael Solís denunciando que en el país impera “un estado de terror”. Tres terremotos escala diez. ¿Se acerca la negociación que iniciará la salida de la crisis?
El texto es publicado por Envío, revista editada por los jesuítas de Nicarágua, y reproducido por CPAL Social, 13-02-2019.
Desde que Daniel Ortega llegó al gobierno en 2007 y uno de sus primeros actos fue armar la alianza política y económica con la Venezuela de Hugo Chávez, el proyecto orteguista se ha mantenido estrechamente vinculado al proyecto chavista, heredado por Nicolás Maduro. Y así hasta hoy. Nada de lo que pudo hacer o deshacer Ortega en Nicaragua en estos años se explica sin tener en cuenta a Venezuela y a sus petrodólares. También en la rebelión cívica que estalló en nuestro país en abril de 2018 pesó la crisis multifactorial que se inició en Venezuela desde 2013, con la muerte de Chávez, la caída de los precios del petróleo y las consecuencias políticas, económicas y sociales que fueron derivando de estos hechos.
Hasta hoy, aunque con variables, las crisis que viven ambos gobiernos y ambas sociedades tienen parecidos acentos dramáticos. Se parecen también las incertidumbres del futuro que seguirá a las salidas de esas crisis. Y aunque la importancia geopolítica de Venezuela no tiene comparación con la que tiene Nicaragua, y aunque los inmensos recursos naturales de Venezuela pesan en la balanza como nunca lo harán los de nuestro país, todo lo que suceda allá tendrá, por carambola, efectos aquí. Bien lo sabe el régimen de Ortega.
¿Fue casualidad que al iniciar enero se aceleraran simultáneamente los tiempos en ambos países? No lo parece. Mientras Venezuela se estremecía el 23 de enero con la juramentación de Juan Guaidó como “presidente encargado” desafiando como “usurpador” a Nicolás Maduro, llegaba a Managua una delegación de eurodiputados a los que Ortega había insultado en noviembre prohibiéndoles la entrada entonces, volviendo a prohibírselas en enero, hasta que ahora tuvo que permitirles llegar.
A las mismas horas llegaban también a nuestro país dos importantes funcionarios del Departamento de Estado: Michael McKinley? y Julie Chung, él principal asesor del Secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y ella Subsecretaria adjunta en el Departamento para Asuntos del Hemisferio Occidental, encargada “del mayor programa de extradición del gobierno estadounidense en casos de paramilitares y narcotraficantes”.
Después de una reunión de varias horas con Ortega y Murillo no se hizo público el contenido de la plática de los enviados estadounidenses,quienes también se reunieron con otros actores nacionales.
Los eurodiputados sí compartieron ampliamente con la opinión pública los resultados de su visita. La misión, compuesta por once miembros de partidos de distinto signo ideológico presentes en el Parlamento Europeo, fue presidida por Ramón Jaúregui, del Partido Socialista Obrero Español, duró tres días y culminó con una rueda de prensa de una hora.
Los parlamentarios se refirieron a “las dos Nicaragua” que habían visto. Las dos sostienen -dijeron- “dos visiones totalmente antagónicas” de los hechos. Ellos desestimaron la versión del golpe de Estado porque “no tiene ninguna base”, también la de la agresión externa: “No estamos ante una conspiración internacional, sino ante una fractura social”, dijeron.
Ante la “grave crisis de democracia y de derechos humanos” que consideran vive Nicaragua consideraron “urgente” un diálogo con un único punto a negociar: lograr que se exprese con votos cuál es la voluntad popular, es decir, elecciones.
Pidieron al gobierno tres gestos que “faciliten y favorezcan” ese diálogo: dar casa por cárcel a quienes están presos por ejercer derechos, cesar el acoso a los líderes de la oposición y la sanción por ejercer libertades (de reunión, de manifestación y de prensa) y permitir el regreso al país de los organismos de derechos humanos internacionales.
En la oposición los parlamentarios encontraron “una voluntad firme y clara de paz en el ejercicio del legítimo derecho a la oposición política”. Le pidieron a partidos y movimientos sociales fortalecer su “vertebración” y lograr “una articulación” que facilite el diálogo. Fueron firmes al expresar que la situación actual de Nicaragua es “incompatible” con lo que establece el Acuerdo de Asociación entre Europa y Centroamérica (firmado en 2013 y que en 2017 empezó a sentirse en las exportaciones).
A los eurodiputados el régimen les permitió visitar la cárcel de mujeres, donde se entrevistaron con las presas políticas. También pudieron visitar en la cárcel de El Chipote a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, encerrados allí, en condiciones deprimentes, desde el 21 de diciembre.
Ambas visitas y los permisos a los europeos, ¿son acaso primeras señales de flexibilidad de Ortega, viendo lo que puede suceder en Venezuela?
El último de los tres terremotos de escala diez que sacudieron el escenario político nicaragüense antes de estas visitas había ocurrido apenas unos días antes, el 10 de enero.
Ese día, al atardecer, se conoció la carta “de renuncia y denuncia” del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, quien abandonaba “irrevocablemente” su cargo en la Corte después de 21 años de ser allí representante de los intereses de Ortega. También renunciaba a su militancia en el FSLN después de 43 años en esa organización política.
De su denuncia hay dos párrafos centrales en su carta. En uno le dice a la pareja gobernante: “Han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes, que ha hecho desaparecer todos los Poderes del Estado”.
En el otro les dice: “Si se hubiese tratado de un golpe de estado fallido o una agresión externa en estos meses del 2018, y si no se hubiera matado tanta gente, yo estaría con ustedes y continuaría en la Corte y en el Frente… Lo que hubo fue un uso irracional de la fuerza. Ustedes se empeñan en continuar haciendo mal las cosas hasta llevar al país a una guerra civil, de la cual yo no quiero ser partícipe, mucho menos al lado de ustedes”.
La carta, de tres páginas, fue un inesperado terremoto escala diez que sacudió al círculo más íntimo del poder.
Rafael Solís, 65 años, con estudios de Leyes y Economía, combatió en el Frente Interno en la lucha contra Somoza y fue el primer embajador de la Nicaragua revolucionaria en Estados Unidos.
Durante el gobierno de Alemán entró a la Corte Suprema y allí se convirtió en el brazo derecho de Ortega como asesor jurídico y político para salvaguardar los intereses de la pareja presidencial, que lo eligió como padrino de bodas en 2005. En la Corte, “resolviendo” casos complejos y costosos Solís se hizo millonario. En mayo de 2004 el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa de entrada a territorio estadounidense por actos de corrupción en el desempeño de su cargo.
Su responsabilidad en la construcción jurídica y política del poder absoluto que hoy denuncia es enorme. Está detrás de la reelección en 2011 de Ortega promoviendo una discutible reforma constitucional.
Durante dos décadas, en ese cargo y con ese poder, Solís se fue convirtiendo en una “caja de secretos” que ha guardado celosamente. Hasta ahora. Es difícil creer que haya tomado la decisión de renunciar y denunciar por un arranque de arrepentimiento ético. También es difícil con esa carta ter¬mi¬na su influencia en los desenlaces de la crisis nacional.
La sorpresa en todos los estratos del régimen fue manifiesta. ¿Era el inicio de una implosión? ¿Qué habría dicho Solís además de lo que decía en la carta…? Durante las primeras horas lo negaron a sus bases y sus bases los creyeron, hasta que no hubo otra alternativa que aceptar que era cierto. Ha sido no sólo un “golpe político, también un golpe moral”, tuvieron que reconocer colegas de Solís en la Corte Suprema. Los medios oficiales no informaron nada. Sólo en algún medio oficialista y en las redes afines al gobierno fue tildado de “traidor”.
Al día siguiente, fue el representante de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, quien confirmó la renuncia de otro alto funcionario del régimen: Víctor Urcuyo, al frente de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SIBOIF) desde 2004 . Urcuyo había renunciado¬ en agosto con la vicesuperintendente Soledad Abaunza. Y aunque ambos adujeron problemas de salud -lo mismo que han argumentado en estos años otros funcionarios de cualquier rango que renuncian o “son renunciados”-, la razón real fue el temor a las sanciones de Estados Unidos.
La salida de Urcuyo y Abaunza en la administración orteguista tiene mayor importancia de la que puede parecer. Porque sucede en medio de la peor crisis financiera del país en muchos años (entre abril y diciembre salieron 1,553 millones de dólares de la banca nacional, el 28% del total de los depósitos, preocupación prioritaria del FMI). Y porque el régimen difícilmente va a encontrar para dirigir esa instancia a personas que se acomoden a sus intereses y a la vez sean aceptables para la banca nacional y para los gremios empresariales del COSEP.
Si 2019 inició muy movido, tanto en Venezuela como en Nicaragua, al finalizar 2018 Nicaragua había experimentado ya varios sismos políticos, dos de ellos, como la carta de Solís, terremotos de escala diez.
A mediados de noviembre, cuando se cumplían siete meses del alzamiento popular, y en medio de un escenario de “empate de desgastes” (un gobierno cada vez más aislado y los azul y blanco desgastados por el estado de terror), el país escuchó la primera voz que hablaba desde dentro de la maquinaria del poder.
Fue la de Ligia Gómez, durante cuatro años gerente de investigaciones económicas en el Banco Central (BCN) y secretaria política del FSLN en esa institución, cargo de confianza por el que durante esos años recibió órdenes directas de la Vicepresidencia a través de Fidel Moreno, secretario político del FSLN en Managua y tercero al mando en el país por el control de todos los poderes municipales desde la alcaldía de Managua.
Del cargo de confianza partidaria separaron a Gómez el 25 de abril, apenas iniciada la rebelión. De su trabajo profesional en el Banco la separaron en julio. Después de recibir amenazas, logró salir del país con su familia y dio testimonio en Washington en una audiencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Fue hasta noviembre que escuchamos su testimonio.
En entrevista con Carlos Fernando Chamorro el 18 de noviembre Ligia Gómez contó cómo funcionan las instituciones, cómo ser empleado estatal significa participar ciegamente en las actividades del partido, cómo el Banco Central esconde estadísticas que revelan la situación real del país…Contó que, por su cargo, ella estuvo presente el mediodía del 19 de abril cuando, junto a otros cargos de confianza del partido de gobierno, escuchó en una reunión de emergencia la orden taxativa que les transmitía Moreno: “¡Vamos con todo! ¡No les permitiremos que nos roben la revolución!” Sólo horas después se desató la estrategia letal: disparar, hasta con armas de guerra, contra quienes protestaban. Los comentarios críticos que hizo Ligia al presidente del BCN le hicieron perder el cargo de confianza.
Gómez compartió los correos electrónicos dirigidos por la Vicepresidenta entre el 19 y el 25 de abril a secretarios políticos del FSLN y a miembros de los Consejos de Liderazgo Sandinista de todo el país. Muestran que percibía que las protestas se les salían de las manos y confirman las primeras decisiones que el régimen tomó para enfrentar la crisis.
El 25 de abril el ir “con todo” ya había dejado 55 jóvenes asesinados por las balas de la Policía, que no habían podido frenar la rebelión. Más bien, la multiplicaban.
Menos de dos semanas después de escuchar estas revelaciones, el 27 de noviembre se escuchó otra voz desde la Casa Blanca: “Yo, Donald Trump, como Presidente de Estados Unidos, considero que la situación en Nicaragua constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para enfrentar esta amenaza”.
La primera consecuencia de esta orden ejecutiva fue un terremoto de escala diez: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó financieramente a la Vicepresidenta y a Néstor Moncada Lau, un oscuro personaje que durante décadas ha “trabajado” en las sombras para la pareja presidencial.
La sanción, firmada directamente por el Presidente y administrada por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, se convirtió en un tercer mecanismo de sanciones (“Nicaragua related sanctions”) a disposición de Washington. Se suma a los otros dos mecanismos: a la Ley Magnitsky , aplicada ya a cuatro altos funcionarios del régimen, y a la Ley Nica (Nica Act), con capacidad de sancionar a muchísimos más.
Los sancionados por la orden ejecutiva de la Casa Blanca quedan en estado de “muerte financiera”: bloqueo de cualquier relación o transacción con el sistema financiero de Estados Unidos, con el que toda la banca nicaragüense tiene corresponsalía.
El mismo día 27 de noviembre el Senado aprobó, finalmente y por unanimidad, la Nica Act, un proceso que había sido detenido una y otra vez dando oportunidad a Ortega para que rectificara.
La ahora llamada Ley Nica impone el bloqueo de créditos a Nicaragua de las instituciones multilaterales, tal como establecía el primer proyecto de ley (elaborado por la congresista republicana Ileana Ros Lehtinen desde 2016) y combina esa sanción financiera al Estado con sanciones financieras individuales del Departamento del Tesoro a funcionarios nicaragüenses vinculados a la corrupción y a la violación de derechos humanos (como establecía el proyecto de ley elaborado en 2018 por el congresista demócrata Bob Menéndez).
Una ley con estos alcances sólo ha sido formulada y aprobada por el Congreso de Estados Unidos para Nicaragua, ni siquiera hay algo similar para Venezuela ni para cualquier otro país.
¿Quién creería que Nicaragua sea una amenaza para Estados Unidos, como declaró el Ejecutivo estadounidense? Sin embargo, no son pocos los que en Washington consideran que la gravedad y la prolongación del conflicto nicaragüense tienen potencial para desestabilizar el ya violento e inestable istmo centroamericano, en donde imperan cárteles de la droga y de donde salen caravanas de emigrantes hacia Estados Unidos.
La orden ejecutiva sancionando a la Vicepresidenta sorprendió al ex-canciller liberal Francisco Aguirre Sacasa. “Refleja -dijo- una cierta frustración de Washington por la manera en que Ortega y su cónyuge se cerraron a los intentos de Estados Unidos por facilitarles un aterrizaje suave”.
Aguirre recordó las reuniones que en junio de 2018 hicieron a la familia en el poder el asesor principal del comité de relaciones exteriores del Senado Caleb McCarry? y el representante de Estados Unidos en la OEA Carlos Trujillo, ofreciéndoles seguridad personal y seguridad patrimonial si accedían a negociar una salida rápida anticipando las elecciones.
Y señaló que su sorpresa se basa también en que la estrategia contra Ortega que hasta ese momento tenía consenso en Washington era “ir subiéndole gradualmente la parada a Ortega y a su círculo familiar para inducir el aterrizaje suave. Pero ahora-dijo- se ve que la Casa Blanca descartó ese esquema y si Ortega optó por “ir con todo”, pareciera que Estados Unidos anda en la misma onda”.
La interpretación del politólogo estadounidense Richard Feinberg añade otro matiz. Considera que sancionar a Murillo es un “mensaje excepcional” que Estados Unidos le dirige a Daniel Ortega: “Tocan a la persona que ellos ven como la más difícil, la opuesta a un arreglo político. Tocándola a ella le dan al FSLN y a Daniel Ortega la señal de que ella no es la solución, sino el problema, que ella es el pasado y no el futuro. Y al hacerlo, apelan al pragmatismo que ha mostrado Daniel Ortega en otras ocasiones, incentivándolo para dejarla a ella a un lado y decidirse a negociar”.
La orden ejecutiva apuntó tan alto que indicaba que para Washington el régimen Ortega-Murillo ya no tiene futuro. ¿También se podía leer la sanción como una advertencia de que la salida debe incluir la renuncia de ambos y una sucesión constitucional que abra caminos a una etapa de transición?
La única reacción oficial y pública a la sanción fue un breve comunicado que, entre otras frases retóricas, decía: “Llenos de amor patrio, de convivencia valiente y fraterna, declaramos improcedentes, inconsecuentes, irrespetuosas, falsas e ilegítimas todas las acusaciones que ratifican las perspectivas y prácticas imperialistas de Estados Unidos de Norteamérica, y la condición servil y abyecta de los vendepatria criollos”.
A pesar de la contundencia de la sanción de la Casa Blanca, y a pesar de los llamados nacionales que se le hicieron al régimen para detener la represión y así evitar la debacle económica en marcha negociando una salida pacífica, la escalada represiva continuó.
No se detuvieron las capturas ilegales ni los juicios amañados que terminan en sentencias condenatorias ni los tratos inhumanos a los centenares de presos políticos. También continuó el régimen negando la realidad, afirmando que el país recobraba la normalidad y el golpe de Estado ya había sido neutralizado: “¡No pudieron, ni podrán!” fue la nueva consigna.
Tampoco se detuvo la represión, incluidos asesinatos, en algunas zonas rurales, tragedia de la que tan poco se conoce en el resto del país. En las montañas, en la Nicaragua profunda, hay un ambiente muy tenso entre grupos de rearmados y el Ejército. Son focos, brotes de esa “guerra civil” de la que habla el ex-magistrado Solís en su carta y la que señalaron como una posibilidad los eurodiputados, “porque hay un pasado demasiado bélico en el país y hay un crecimiento peligroso del odio entre las dos partes”.
De estos episodios armados habló para Envío en noviembre Henry Zelaya, miembro del Estado Mayor de la Resistencia en los años 80: “Ortega -nos dijo- quisiera una guerra civil, estamos convencido. Pero hay que evitarla a toda costa. Yo no dejo de decírselo a los muchachos. El problema es cómo lidiar con la desesperación de la gente en el campo. Porque desde el 18 de abril la represión en las zonas rurales ha aumentado y hay gente que está siendo perseguida y hace ya cuatro o cinco meses huyó a las montañas. Ellos se desesperan y en ese desespere creen que hacerle la guerra a este hombre es el único camino”.
El remezón que causó el terremoto que significó la orden ejecutiva que llegó de la Casa Blanca alimentó rumores de que ya se estaban desarrollando negociaciones “bajo la mesa” para recuperar el “aterrizaje suave”. Los rumores incluían en esa “mesa” negociadora al empresariado.
El 11 de diciembre, la empresa privada de Nicaragua en pleno, incluidos los consejeros del COSEP -los tres capitales financieros del país, en silencio desde el 29 de mayo-, se reunieron de emergencia a la expectativa de nuevas y peligrosas sanciones de Washington.
400 empresarios debatieron a puerta cerrada y al final publicaron una carta dirigida a Ortega.
Le recuerdan la “dramática reducción de la actividad económica y una contracción sin precedentes del sistema financiero” y le piden “que tome en cuenta lo que la mayoría de los nicaragüenses anhelamos”: diálogo, negociación, elecciones anticipadas con garantía de transparencia, una salida a la crisis. “Es vital que cese la represión en el país. Las libertades deben asegurarse”, señalaban como otro anhelo de la mayoría.
Con este lenguaje claro y cuidadoso, y reiteradas declaraciones de empresarios individuales, insistiendo en que no volverán a aliarse con Ortega en el modelo corporativo que se quebró en abril, el empresariado marcó nuevamente distancia del régimen. Algunos esperarían que, asumiendo su responsabilidad en la crisis nacional por su alianza de años con Ortega, los empresarios le advirtieran con mayor firmeza que su legitimidad como interlocutor en una negociación está severamente disminuida y que los plazos para la negociación se están acabando.
En su carta, los empresarios se unieron al clamor azul y blanco haciéndole - un llamado a Ortega para “una Navidad sin personas encarceladas por ejercer sus derechos fundamentales”.
El desafío que representan los centenares de presos políticos será crucial en el momento de acercarse una negociación.
Hay unanimidad en el bloque Azul y Blanco de que una condición indispensable para iniciar un diálogo con el régimen es la libertad de los presos políticos. Esas centenares de personas encarceladas, a quienes sus custodios los amenazan con matarlos “si algo le pasa al comandante”, son rehenes de Ortega. ¿Para jugar con esos “ases” cuando no le quede más remedio que sentarse a negociar?
La carta de renuncia del ex-magistrado Solís da sustento a la exigencia de liberar a los presos políticos anulando los juicios a los que se les está sometiendo. Conocedor de cómo funciona el Poder Judicial, Solís afirma que los juicios se basan en “acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron” y sale en defensa de los jueces que dictan las sentencias que los condenan: “No tienen más alternativa que obedecer las órdenes emanadas de El Carmen (casa presidencial) y de la Fiscalía o de lo contrario ser destituidos de sus cargos”.
El 11 de diciembre el Congreso de Estados Unidos, Cámara y Senado, aprobó por unanimidad la Ley Nica, faltando sólo para que la legislación entrara en vigencia la firma Trump.
Aferrado a su táctica de demostrar fortaleza ante sus bases manteniéndose impávido e inmune ante toda sanción o presión y devolviendo a cada golpe de advertencia externa un contragolpe represivo, el 12 de diciembre el régimen canceló, en minutos, por decreto legislativo y valiéndose de la mayoría que tiene en el Parlamento por el fraude de 2011, la personería jurídica de dos ONG: Hagamos Democracia y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la más prestigiosa del país.
Al día siguiente, y con la misma celeridad, sufrieron la misma embestida otras cinco organizaciones no gubernamentales: la Fundación Popol Na, la Fundación del Río, el Instituto de Liderazgo de las Segovias, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE) y el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO).
Días antes les había sucedido lo mismo al Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). A todas, el decreto legislativo les aplicó la Ley contra el Terrorismo. Se les acusó de promover “terrorismo, crímenes de odio y alentar y celebrar la destrucción de propiedades públicas y el asalto a la dignidad humana de miles de personas y familias”. Y de usar los recursos que reciben de la cooperación internacional para cometer todos estos delitos.
Sin presentar pruebas ni esperar plazos legales para que ninguna de las organizaciones suspendidas reaccionara, el 14 de diciembre a todas se les congelaron sus cuentas bancarias y en la noche grupos de policías allanaron violentamente las instalaciones de todas y confiscaron vehículos, equipos de trabajo y todo el patrimonio material que había en sus oficinas, que quedaron ocupadas militarmente.
El mismo día 14 sufrió un violento¬ allanamiento y destrucción de sus instalaciones y el robo de todos sus equipos “Confidencial”, el sistema de medios de comunicación que dirige Carlos Fernando Chamorro, a pesar de no tratarse de ninguna ONG sino de estar constituidos como empresa privada. “No sólo van con todo, van contra todos”, nos dijo un abogado del CENIDH.
A excepción de Hagamos Democracia y el IEEPP, todas las organizaciones afectadas fueron fundadas, han sido dirigidas por personalidades de tradición sandinista y contaban mayoritariamente con un personal de tendencia sandinista, lo que induce a pensar, además del objetivo de dejar “tierra arrasada” silenciando cualquier organización alternativa y cualquier pensamiento crítico, en una venganza política.
En el caso del IPADE su fundador fue Jaime Wheelock, uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del FSLN en los años 80. Buena parte del personal de estas organizaciones tuvo que salir del país después de estos hechos, ya que el ambiente era de continuas amenazas. Chamorro se exilió en Costa Rica un mes después.
La reacción internacional al ataque a las organizaciones civiles y a los medios fue unánime. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que “no había ninguna duda de que Nicaragua vivía una de las peores crisis de derechos humanos en el continente en los últimos treinta años” y que “en Nicaragua se ha instalado un régimen de terror y la supresión de todas las libertades”.
La firma del Presidente de Estados Unidos para que la Ley Nica entrara en vigencia se materializó el 20 de diciembre. Horas antes, el régimen expulsó el 19 de diciembre del país (usó la figura de “suspensión temporal”) al equipo del Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los cuatro miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), profesionales internacionales que llegaron a Nicaragua con la aceptación del gobierno en el mes de junio.
Al día siguiente de su expulsión, el GIEI iba a presentar en Managua el informe que elaboró, investigando los acontecimientos violentos ocurridos en nuestro país entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. Ése era su mandato según el acuerdo firmado entre la CIDH, la secretaría general de la OEA y el gobierno de Nicaragua. En una entrevista en uno de los seis canales de televisión del régimen, el canciller Denis Moncada dijo que se les suspendía su estancia en nuestro país porque estos organismos eran “caballitos de Troya móviles”. Y los llamó así, dijo, “porque en nuestro país hay caballitos de Troya permanentes y ya conocemos quiénes son: las ONG a las que nuestra Asamblea Legislativa les ha quitado la personería jurídica”.
El 21 de diciembre el equipo del GIEI presentó en Washington su informe, de más de 400 páginas. Fue el segundo terremoto escala diez en menos de un mes.
En Managua, el régimen ni siquiera quiso recibirles el texto. Sus informes -les dijo el canciller Moncada al cancelar su estadía- “no los aceptamos, los rechazamos, los desconocemos, porque son subjetivos, porque son mentirosos, porque son sesgados, porque responden a una política de injerencia e intervención en los asuntos internos de Nicaragua”.
Los cuatro expertos que conformaron el Grupo -Amerigo Incalcaterra (Argentina), Claudia Paz y Paz (Guatemala), Sofía Macher (Perú) y Pablo Parenti (Italia)- explicaron en la presentación “la falta absoluta de colaboración de las autoridades nicaragüenses” negándose a entregarles expedientes policiales, forenses y judiciales, incluidos los correspondientes a los de los 22 policías fallecidos en el conflicto. Explicaron también, cómo, después de unas primeras reuniones meramente protocolarias, “obstaculizaron nuestro trabajo”, violando así los compromisos del acuerdo que los trajo a Nicaragua.
Sobre esta actitud de entorpecimiento oficial, Claudia Paz y Paz dijo a los periodistas que el gobierno de Nicaragua aceptó el acuerdo (en mayo) “porque en ese momento estaban sin control y necesitaban ganar tiempo. Y cuando ganaron tiempo y control (en julio, después de las “operaciones limpieza” para levantar tranques y barricadas en todo el país) se cerraron. El gobierno que firmó con nosotros en mayo tenía un poder, el que nos recibió en julio tenía otro poder y el que nunca nos volvió a recibir en agosto ya tenía otro poder”.
Aunque el informe cubre apenas 43 días, por su precisión y profesionalismo es el que haría una Comisión de la Verdad, instancia que jamás ha existido en Nicaragua, a pesar de las guerras y episodios de violencia que llenan la historia nacional, la pasada y la más reciente.
El informe describe el contexto en que se produjeron los hechos de violencia, investigando al detalle los más relevantes. Caracteriza la violencia que ejerció el Estado y la actuación del sistema de justicia penal y el sistema de salud, relata experiencias vividas por las víctimas y sus familiares y presenta un plan integral de reparación a las víctimas, finalizando con conclusiones y recomendaciones al Estado.
En los 43 días a los que dedicó su investigación, el GIEI contabilizó 109 muertos, 95 por disparos dirigidos al cuello, al cráneo y al tórax . 100 de esas muerte están impunes. El informe señala 1,400 heridos, 599 por arma de fuego y 690 personas detenidas.
El texto analiza antecedentes políticos e institucionales “que permiten comprender las razones de las protestas sociales masivas y la forma como se gestó la desproporcionada respuesta del Estado”. Analiza acontecimientos violentos “que dan cuenta de las formas que fueron adquiriendo la protesta y la represión del Estado”.
Establece que “la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas que iniciaron el 18 de abril se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
Caracteriza los patrones de la violencia estatal: “el uso de armas de fuego con capacidad letal como forma de represión, los actores que la llevaron a cabo, el impulso y aval político a la represión, la detención de manifestantes, la actuación del sistema de salud y la garantía de impunidad con que se ejerció la violencia”.
El informe asegura que en los días que investigó “la mayoría de los asesinatos y lesiones graves fueron responsabilidad de la Policía Nacional”, advirtiendo que después del 30 de mayo no cambiaron los patrones de la violencia estatal.
El informe es claro al establecer que, por su responsabilidad en la violencia estatal el Presidente, la Vicepresidenta, varios mandos de la policía y varios funcionarios gubernamentales y partidarios deben ser investigados.
Tal vez la conclusión de mayor “impacto sísmico” en el informe aparece en el capítulo 8. En él, el GIEI explica que “sobre la base de la información reunida es posible afirmar que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad”, delitos que no prescriben nunca, que no pueden ser objeto de amnistía y que son perseguibles por el principio de justicia universal en cualquier tribunal del mundo. Reproducimos íntegramente ese capítulo en este mismo número.
Claudia Paz y Paz reflexionó así sobre las posibilidades que abre esa conclusión del informe: “Estos crímenes pudieran ser juzgados por la Corte Penal Internacional. El problema es que Nicaragua no ha suscrito el Estatuto de Roma, que creó la Corte. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los podría presentar a la Corte. Otra vía es presentarlos en varios Estados que reconocen la jurisdicción universal. Independientemente de la nacionalidad de los perpetradores y de la nacionalidad de las víctimas o del lugar donde ocurrieron los hechos, las justicias nacionales de otros Estados pueden conocer de estos crímenes. En este caso los perpetradores tendrían que estar fuera de Nicaragua para poder ser capturados”.
Después de las fiestas de Navidad, y a pesar de que no habían pasado las de la bienvenida al nuevo año, el 29 de diciembre, y después de que representantes de los Estados miembros de la OEA conocieron el informe del grupo del GIEI, el secretario general de la OEA Luis Almagro anunció que se veía “obligado” a iniciar el proceso de aplicarle a Nicaragua las sanciones que establece la Carta Democrática Interamericana.
La Carta Democrática es un instrumento jurídico creado en la OEA en 2001 para llamarle la atención primero, y después para aplicarle la suspensión de la OEA, a cualquier país miembro en donde se haya producido una alteración del orden democrático.
Al anunciar que no le quedaba más remedio que iniciar el proceso para su aplicación, Almagro, de tradición de izquierda, hizo un llamado muy personal a Ortega, con el que hasta antes de abril mantuvo relaciones visiblemente cordiales: “Es una pena que uno de los principales revolucionarios históricos vivos de América Latina, que hasta hace un año todavía representaba la posibilidad de una izquierda revolucionaria y democrática en nuestro continente, haya elegido el camino del autoritarismo, del abuso de derechos humanos y de la represión para mantenerse en el poder… Asuman su responsabilidad, sean dignos, no pierdan la dignidad revolucionaria que alguna vez tuvieron”.
A diferencia de otras sanciones, o tal vez por el acumulado de sanciones que ya tenía encima, el anuncio de la aplicación de la Carta Democrática sí pareció preocupar al régimen: el canciller nicaragüense Denis Moncada escribió una carta de 21 páginas a todos los cancilleres de América Latina solicitándoles “amablemente” no permitir ni apoyar esa medida.
En la misiva, Moncada intenta demostrar que la iniciativa es “improcedente e ilegal”, argumentando siempre desde los principios de soberanía nacional y no injerencia en los asuntos internos de los países, superados actualmente por los principios de la universalidad de los derechos humanos y de la justicia universal para protegerlos.
Además de la carta, Moncada fue enviado de urgencia a una gira por los países caribeños que apoyan al tándem Ortega-Maduro para asegurar sus votos en rechazo al proceso de aplicación de la Carta Democrática. Estos pequeños países agradecen con esos votos el petróleo venezolano que reciben a precios preferenciales en el marco de la iniciativa Petrocaribe.
El nuevo año inició así con dos cartas: una “carta” sísmica: la de renuncia y denuncia del ex-magistrado Rafael Solís el 10 de enero. Y otra “carta”, que preocupo al régimen por sus efectos telúricos.
El 11 de enero se reunió el Consejo Permanente de la OEA para que los representantes de todos los países en la organización regional hicieran una “evaluación colectiva” de la crisis nicaragüense, primer paso en la ruta para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
¿Se aceleran los tiempos de la salida, no sólo en Venezuela, también en Nicaragua? ¿Está coordinado el timing” de las presiones de Washington y las de Europa en ambos países? ¿Está cercana una negociación?
En su mensaje de año nuevo, Ortega eludió cualquier referencia a sanciones, no mencionó, ni de cerca, alguna posibilidad de diálogo y no pareció tomar en serio las razones políticas de la grave crisis económica. Más bien, dio por sentado que ya todo estaba superado al afirmar: “Nuestro reto fue alcanzar la paz ¡y lo que costó alcanzarla, cuánto dolor!, pero al fin se alcanzó la paz”.
Casi diez meses después de la insurrección de abril, Ortega se ha resistido irresponsablemente a cualquier señal de flexibilidad o rectificación. “Nada dice el hombre, como si con él no fuera”, es una expresión que se escucha en las calles.
La Vicepresidenta dijo ese día, en el mensaje de año nuevo: “Cerramos este año, que durante algún tiempo nos llenó de pesadumbre, ¡y lo cerramos ya! Y abrimos, en nombre de Jesús, otro tiempo”.
Ciertamente, en 2019 hemos entrado en “otro tiempo”. El nuevo año empezó marcado por la evidencia de que los acontecimientos desencadenados en Venezuela a partir del 23 de enero indican que no hay vuelta atrás, que Venezuela no regresará al tiempo pre-Guaidó, que Maduro tendrá que negociar su salida con unas u otras condiciones.
En este otro tiempo al régimen de Ortega se le reducen las opciones. Sólo tiene ante sí dos escenarios. O se mantiene en la obcecación irresponsable de no hacer nada más que reprimir, confiando en que así llegará hasta 2021. O inicia pronto una negociación en serio para iniciar la salida de la crisis… y su propia salida.
La reforma presupuestaria (74 páginas), aprobada a finales de enero por los diputados del régimen con carácter de urgencia, y sin consultarla con los actores económicos, indica que la obcecación en permanecer en el poder hasta 2021 tiene sólidas raíces en la mente de Ortega, quien podría mantenerse reprimiendo (¿por cuánto tiempo…?) en el primer escenario.
La grave crisis económica que vivimos requiere de una urgente respuesta política: todos se lo han dicho a Ortega, desde los funcionarios del FMI hasta los economistas nacionales. “El gobierno pretende resolver el problema político que existe con medidas económicas, que no resuelven nada porque sólo el diálogo político puede resolver el problema económico... pero no vemos al gobierno dispuesto al diálogo. Se está cometiendo el mismo error que en los años 80. Y el que lo está cometiendo es el mismo personaje político, quien es quien tendría que promover un diálogo político”, decía hace unos meses a Envío el economista Néstor Avendaño.
Con la reforma presupuestaria impuesta, el régimen reconoce implícitamente que el país no está “normal” y reconoce también la profundidad de la crisis. Sin embargo, Ortega vuelve a responder con medidas económicas, que únicamente la ahondarán.
La larga lista de medidas fiscales pretende paliar el déficit presupuestario y “salvar” el seguro social, pero basta hacer unos primeros números para comprobar que su carácter meramente recaudatorio deteriorará las pensiones de los ya jubilados y de quienes se jubilarán, encarecerá productos básicos, afectará a la mayoría de las empresas y a toda la población, incrementará el desempleo y, seguramente, el número de quienes abandonan el país en busca de trabajo y oportunidades. Tocará analizar en detalle esta larga lista de medidas en mayor profundidad el próximo mes.
¿No se da cuenta Ortega que con esta reforma y la prolongación de la represión no resolverá nada? ¿Qué espera si continúa reprimiendo? ¿Más sanciones? ¿Una segunda rebelión, ahora ya no sólo por razones políticas, sino alimentada por las consecuencias de la crisis económica y las nuevas medidas que la agravarán? ¿Confía en que las presiones diplomáticas no tendrán mayor alcance y el mundo se olvidará de la brutal represión que ha desencadenado? ¿Cree que logrará sobrevivir a las sanciones económicas? ¿A qué apostará cuando caiga Nicolás Maduro?
En el segundo escenario, Ortega “viendo las barbas de Maduro arder” comienza a preparar el terreno para una negociación.
¿Con qué condiciones? Teniendo como telón de fondo la negociación de Maduro, y eventualmente su caída, una salida gatopardista, de puro maquillaje, para seguir en el gobierno hasta 2021, a lo que parecía apostar antes del 23 de enero, ya no parece posible.
El momento que se vive en Venezuela es de “ahora o nunca”. Si Maduro sale, si Albanisa ya está siendo objeto de importantes sanciones, sin el FMLN de aliado regional, si se sigue estrechando contra el régimen el cerco político y económico, y con una correlación de fuerzas continental que lo dejará totalmente aislado, ¿qué le quedará a Ortega más que negociar una salida, aunque en condiciones cada vez menos favorables…?
En el primer escenario, a la oposición Azul y Blanco no le quedaría más que resistir, como lo ha hecho hasta ahora.
En este segundo escenario, el de un diálogo o negociación, o sea cual sea el nombre que tenga, llega la hora de la oposición Azul y Blanco: les corresponde una tarea urgente: seleccionar a un consejo, a una dirección, a un grupo, sea cual sea el nombre que asuma, que se presente como interlocutor de Ortega y que, en representación de los millones de autoconvocados que llenaron las calles y de los centenares que han dado su vida y han perdido su libertad reclamando un país mejor, desafíe a Ortega y lo haga entrar en razón.
Confiamos en que “la vitalidad política, el alto sentido de patriotismo, la profundidad de los sentimientos democráticos, la entereza ante el sufrimiento, la voluntad de alcanzar la paz y la dignidad del pueblo de Nicaragua”, que tanto impresionaron a los eurodiputados -y así lo reconocieron al despedirse de nuestro país- acelere la selección de esos representantes y logre una negociación en la que las dos Nicaragua fracturadas encuentren una salida que sea digna, democrática, patriótica, justa y pacífica.
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Nicaragua. ¿Se acelera la salida de la crisis? - Instituto Humanitas Unisinos - IHU
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