El día 26-09-2014, 43 estudiantes desaparecieron en Iguala, en el estado de Guerrero, en Méjico. La desaparición de los estudiantes marcó al país y expuso la violencia que domina el cotidiano de los mejicanos. Dos años después, la impunidad todavía envuelve el caso, y el destino de los jóvenes es desconocido.

En la tarde del 26-09-2016, las familias de los estudiantes y millares de otras personas realizaron una manifestación en la Ciudad de Méjico en protesto por la impunidad. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, era uno de los cantos entonados por los manifestantes.

Las familias y los manifestantes denunciaron la incapacidad del Estado mejicano de ofrecer una explicación para la desaparición de los estudiantes. El gobierno del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, renunció al cargo. El caso también provocó el inicio de una trayectoria descendiente del presidente del país, Enrique Peña Nieto, que ostenta hoy los más bajos índices de popularidad de un mandatario ya registrados en el país.

Recientemente, Tomás Zerón, el responsable en el gobierno por investigar el caso, renunció a su cargo de jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Existen sospechas de que él habría alterado pruebas y actuado para encubrir el caso.

Los estudiantes eran alumnos de una escuela rural en Ayotzinapa y fueron detenidos por la policía municipal de Iguala cuando se dirigían a la capital del país para participar de una manifestación. No hay clareza sobre lo que sucedió después de ese hecho.

De acuerdo con la investigación oficial, después de haber sido secuestrados por la policía municipal, los estudiantes fueron entregues para una organización del narcotráfico local, que probablemente los mató. Sus cuerpos habrían sido incinerados en un basural, y las cenizas, lanzadas en un río. El intendente de Iguala y su mujer, que en la época del crimen lanzaba su propia carrera política, fueron responsabilizados por el desaparecimiento de los estudiantes y están presos.

Sin embargo, las familias de las víctimas y los investigadores independientes jamás aceptaron la versión oficial, que no atribuye responsabilidad a cualquier órgano federal de seguridad. Hay indicios de la participación de dos policiales federales y de la omisión de militares del Ejército, que estaban presentes en la región.

Investigadores independientes nunca encontraron indicios que sustenten la versión de que los cuerpos habrían sido quemados en el local apuntado por el gobierno. Hasta hoy, fue encontrado el cuerpo de apenas un estudiante. Él tenía señales de tortura.