Chile. La difícil relación del Estado con los indígenas

Después de que el gobierno chileno endureció la represión con los mapuches al aplicar el Plano Huracán, responsable por la detención de ciudadanos acusados por la quema de camiones en la región sur del país, el subsecretario del interior de Michele Bachelet, Mahmud Aleuy, pide la salida del gobierno ha dos meses de las elecciones presidenciales. Él alegó que la presidente incumplió el acuerdo que estaba vigente con los indígenas – de que la Ley antiterrorista no sería re aplicada como lo hizo durante su primer mandato entre 2006 y 2010.

Uno de los puntos de inflexión ocurre en la región de Araucanía, a 700 kilómetros de Santiago, en donde se vive hace décadas un enfrentamiento violento entre indios, latifundistas y empresas agrícolas y forestales. En julio de 2016 un grupo de mapuches atacó una iglesia evangélica en la localidad de Padre de las Casas. En el interior del templo, adultos y niños celebraban una ceremonia. El gobierno de Bachelet aplicó la Ley Antiterrorista contra los cuatro acusados: Alfredo Trancal y los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol. Presos de forma preventiva hace más de un año y tres meses, ellos están en huelga de hambre desde el día 7 de junio de 2017 y son acusados de emprender un “incendio terrorista” en un proceso repleto de incoherencias lógicas y jurídicas. El episodio sigue el flujo de lo que ocurre en los últimos cuatro años, cuando ataques a iglesias y equipamientos forestales son generalmente reivindicados por “Weichan Auka Mapu”, o “Lucha del territorio rebelde”, un nuevo grupo mapuche radical.

Poco antes del comienzo de la huelga de hambre, Bachelet hizo un pedido de perdón por los “errores y horrores” cometidos contra el pueblo mapuche, en un intento de comenzar a saldar una antigua deuda con la mayor etnia chilena. Entre otras medidas, la presidente anunció el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de la Araucanía, que incluye la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas y el Consejo de los Pueblos Indígenas, oficializa el uso del mapudungún, la lengua mapuche, en la región y establece el Día Nacional de los Pueblos Originarios. Son acciones que, a pesar de demostraren una tendencia de la izquierda de estar al lado de la lucha indígena, no señalan un real apoyo del gobierno a la causa.

Considerados los primeros habitantes de Chile y de parte de Argentina, los mapuches lucharon contra los conquistadores españoles hasta que, al final del siglo XIX, fueron sometidos por el Ejército chileno a la llamada “pacificación de Araucanía.” Reducidos a 700 mil personas, de los 17 millones de habitantes de Chile, en su mayoría viven en pequeñas comunidades en las regiones de Aracucanía, Los Ríos y una parte vive en Bio-Bio.

Ese no es el único ni el primer caso de ataque al pueblo mapuche. En Argentina, hace cerca de dos meses, el joven Santiago Maldonado fue forzadamente desaparecido por el Estado y su aparato represor, la policía. Activista de la causa mapuche del otro lado de la cordillera, Maldonado luchaba contra la toma de tierras del pueblo originario por la empresa Benetton.

Infelizmente, tampoco fue el primer caso de desaparecimiento forzado. El joven José Huenante, también está desaparecido, desde 2005, por manos del Estado chileno. Los casos de persecución y criminalización son inúmeros, demostrando el carácter represivo de los Estados que así reafirman las políticas coloniales y racistas, negando y atacando la cultura de su pueblo originario.

Además de Chile, el desaparecimiento del ambientalista identificado con la causa mapuche envuelve países vecinos, como Argentina y Uruguay. Tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dedicará una reunión el próximo día 26 en Montevideo para analizar el desaparecimiento de Maldonado.

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