El presidente de Ecuador, Rafael Correa, envío a la Asamblea Nacional del país el día 1/12 un proyecto de ley por el cual el gobierno busca combatir la especulación inmobiliaria. Conocido como Ley de la Plusvalía, el proyecto enfrenta fuerte resistencia de la oposición y de sectores de la sociedad. Fue encaminado en régimen de urgencia, lo que significa que precisa ser tratado por el Congreso antes del 01/01/2017.

La plusvalía que da nombre a la ley se refiere al aumento del valor de un inmueble en un determinado periodo de tiempo; o sea, la diferencia entre lo que valía cuando fue comprado y lo que vale hoy. Hay un impuesto sobre ese valor que debe ser pagado en el momento de la venta, y lo que el Gobierno quiere es aumentar el impuesto sobre ventas que generen grandes lucros, y que el impuesto sea extendido a propiedades rurales - actualmente, vale solamente para urbanas.

La propuesta es que sea aplicada una tasa del 75% para ventas en que haya “ganancias extraordinarias”, aquellas en que la plusvalía supere el valor de 24 salarios mínimos (poco menos de 9 mil dólares). En contrapartida, las ventas donde haya “ganancias ordinarias” (bajo ese valor) pasarían a estar exentas del pago de este impuesto. El Gobierno dice que quiere combatir la “riqueza ilegitima” al tasar lo que llama de especuladores y eximir las ventas de inmuebles que no generen alto lucro.

Una versión similar de la ley presentada el año pasado fue retirada de pauta después de protestas en la calle contrarias a ella y a un proyecto que buscaba implementar una tasación progresiva sobre herencias. La ley de la plusvalía representa efectivamente una suba de impuestos, y el argumento del gobierno para defenderla es que la cobranza recaerá sobre especuladores, y no sobre las personas comunes.

Una de las entidades críticas al proyecto es la Cámara de Comercio de Quito. El presidente Correa reaccionó, afirmando que “las Cámaras ya están diciendo que esto va a perjudicar la construcción. Esto beneficia a la construcción y evita la especulación del suelo. Evita aquello que sufrieron nuestros inmigrantes en Estados Unidos y en España. Impide las burbujas inmobiliarias. Nosotros hacemos cosas buenas para las grandes mayorías, y el que fuera “perjudicado” - no creo que pagar impuestos sea ser perjudicado, sino una responsabilidad - por la ley de la plusvalía, que nunca nos vote”.

La impopularidad de la ley puede tener impacto en el escenario electoral del país. Por el momento, la política ecuatoriana está volcada a las elecciones presidenciales, que se realizarán en febrero del 2017. Todas las encuestas apuntan una amplia ventaja para el candidato de la situación, Lenin Moreno, pero hay señales de una tendencia de caída en las intenciones de voto. Si la elección se complica, el gobierno puede verse obligado a retirar el proyecto de la discusión, aunque cuente con mayoría en el Congreso.

El empresario Guillermo Lasso, que quedó en segundo lugar en la última elección y es el principal desafiante de Moreno, realizó críticas a la Ley de la Plusvalía. El candidato, ya en precampaña, afirmó por medio de Twitter que la ley significa “más impuestos para seguir explorando el bolsillo de la familia ecuatoriana”. Para él, “el correísmo-morenismo ya está en camino de salida”, y “la década desperdiciada está a punto de acabar”. Lasso promete eliminar impuestos, en caso de que sea electo presidente.

CORREISMO-MORENISMO SE DESPIDE CON MÁS IMPUESTOS: LEY DE PLUSVALÍA pic.twitter.com/Yf63chaRFu

— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) 1 de dezembro de 2016