“La PEC 65 busca liberar las obras con la sola presentación de estudios iniciales de la propia empresa, sin el cumplimiento de las demás etapas. Y, una vez presentado, el documento funcionaría como licencia para la ejecución del proyecto, con carácter irrevocable, sin posibilidad de ser paralizado, ni por cuestionamiento de órganos como el propio Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Renovables - IBAMA”, denuncia el biólogo.

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Si es aprobada, la propuesta de enmienda a la Constitución - PEC 65 habrá de “afectar” la actual legislación de licencia ambiental brasileña, al permitir que las obras sean realizadas “con la sola presentación de estudios iniciales de la propia empresa, sin el cumplimiento de las demás etapas”, advierte Eduardo Ruppenthal a IHU On-Line. Actualmente, la licencia ambiental está determinada por tres etapas: la Licencia Previa - PL, la Licencia de Instalación -LI, y por fin, la Licencia de Operación - OP, pero “la PEC 65 propone la extinción de las dos últimas etapas, eliminando una serie de prerrogativas fundamentales e importantes en lo que dice respecto a derechos ambientales y sociales, principalmente de quienes son alcanzados por la obra”, explica.

En la entrevista que sigue, concedida por e-mail, Ruppenthal refuerza que la PEC 65 está inserta en un “contexto más amplio, que es el actual modelo brasileño de uso, exploración y exportación de los recursos naturales, formado principalmente por el trío agro- hidro- mineronegocio, que no acepta ser regulado y no quiere renunciar a su lucratividad máxima”. La alteración en la legislación, puntualiza, es parte de la propuesta brasileña de continuar invirtiendo en el modelo agroexportador y busca “facilitar el fluir de los recursos energéticos y las commodities agrícolas y minerales, disminuyendo los costos operacionales, ajustando nuestra economía a los intereses del mercado globalizado y las empresas transnacionales”.

Eduardo Ruppenthal también recuerda que la “corrupción es inherente” a las propuestas de alteración de la legislación ambiental brasileña y a la realización de mega-obras, cómo sucedió durante el Régimen Militar, con la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú y la construcción de la Transamazónica, y como todavía sucede hoy en día, con la construcción de Belo Monte. “Además de la convergencia de visión de desarrollo entre los gobiernos y el sector privado, hay una relación más promiscua que siempre fue denunciada, pero que ahora está siendo dilucidada con la Operación Lava Jato, aunque antes no fueran pocas las noticias y denuncias sobre favorecimientos a los grandes contratistas y otras empresas subsidiarias de insumos, cómo hierro, cemento y equipamientos eléctricos”, concluye.

Eduardo Luis Ruppenthal es biólogo y Master en Desarrollo Rural por la Universidad Federal de Río Grande do Sul - UFRGS. Actualmente es profesor en la red pública estatal.

La entrevista es de Patricia Fachin | Traducción de Mariana Szájbély.

Lea aquí parte de la entrevista.

IHU On-Line - ¿Qué implicancias ve en la Propuesta de Enmienda Constitucional - PEC 65/2012, de autoría del senador Acir Gurgacz (PDT/RO), según la cual ninguna obra podrá ser más suspendida o cancelada a partir de la mera presentación del Estudio de Impacto Ambiental - EIA?

Eduardo Luis Ruppenthal - La PEC 65 se inserta en un conjunto de iniciativas que buscan la flexibilización de la licencia ambiental brasileña. La PEC 65 destruye con la licencia, representa un retroceso de décadas. Pero ¿por qué estas propuestas? Es importante entender que esto está dentro de un contexto más amplio, del actual modelo brasileño de uso, exploración y exportación de los recursos naturales, formado principalmente por el trío agro-hidro-mineronegocio, que no acepta ser regulado y no quiere renunciar a su lucratividad máxima. Es más, estos grandes emprendimientos de este trío son construidos básicamente con las funciones primordiales de facilitar el fluir de los recursos energéticos y las commodities agrícolas y minerales, disminuyendo los costos operacionales (en nombre de la competitividad), ajustando nuestra economía a los intereses del mercado globalizado y las empresas transnacionales.

Brasil: El proveedor de materia prima

En el contexto de la división internacional del trabajo, estas obras refuerzan nuestro viejo papel de proveedor de materia prima y esto queda evidente con la reprimarización de la economía brasileña en la última década. Estas obras gigantescas llamadas de “interés público o nacional” están orquestadas en proyectos mayores, transfronterizos, ya pensados en varios momentos de la historia de los países sudamericanos, pero que ganan notoriedad a partir de la década del 90. A nivel de América del Sur se creó la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana - IIRSA, que nacionalmente, dependiendo de los gobiernos, recibe otros nombres, como el Avanza Brasil (FHC – 2000/2003), Brasil de Todos (Lula – 2004/2007) y, a partir de 2007, el Programa de Aceleración del Crecimiento con dos versiones: PAC 1 e 2 con Lula y Dilma.

Pero, siguiendo el razonamiento de los sectores económicos de no aceptar regulación y de querer mantener a toda costa la lucratividad máxima, el costo de la licencia en sí más lo que puede ser generado a partir de ella, a través de compensaciones, mitigaciones y resarcimientos - a pesar que ese valor representa “migajas” frente a los lucros astronómicos que son del orden de billones de reales por año -, todavía es visto como un costo excesivo y/o barreras para la acumulación del capital. Otro factor es el tiempo: es obvio que cualquier “tiempo de atraso” será “perjudicial” para el capital. Y esa lógica está presente en todos los espacios dónde hay actuación de los sectores de ese trío, que ocasionan enormes conflictos socio-ambientales, impactos irreversibles al medio ambiente y la violación de derechos humanos (en la construcción de grandes emprendimientos en Brasil hay violación de derechos humanos, en particular en las hidroeléctricas, sistemáticamente 16 derechos humanos son violados).

Estas iniciativas de combate a la licencia ambiental se fortalecen en los años 2000, pues a ella se le atribuye ser una “barrera” al desarrollo económico y esto es reproducido exhaustivamente por esos agentes económicos y también repetido como un mantra por sus portavoces, los medios comerciales, y por sus financiados representantes políticos en todos los espacios representativos, tanto en lo legislativo como en el ejecutivo, en las tres esferas públicas: municipal, estatal y federal. Están extremadamente organizados, a pesar de pertenecer a varios partidos, son financiados por las empresas del sector y consiguen constituirse en bancadas como la ruralista, que negocia y vota conforme tenga sus intereses particulares atendidos.

• La entrevista completa, en portugués, puede ser leída a continuación