"El veredicto por el Plan Cóndor y las nuevas vías que habilita tiene un impacto regional sin precedentes en lo que respecta a los procesos de rendición de cuentas. La noticia de las condenas recorrió la región y produjo novedades," escribe Luz Palmás Zaldua, coordinadora del Equipo de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en artículo publicado por OpenDemocracy, 04-06-2016.

Vea el artículo abajo.

Por primera vez una sentencia judicial declaró en América Latina la existencia del Plan Cóndor como una asociación ilícita supranacional organizada para desaparecer a opositores políticos sin importar las fronteras. Ocurrió en la Argentina el 27 de mayo, cuando un fallo condenó a catorce militares argentinos, pertenecientes a los mandos medios y altos de la estructura represiva argentina, y un militar uruguayo.

La investigación sobre los crímenes del Cóndor se inició en nuestro país en 1999 con la denuncia de dos abogados, David Baigún y Alberto Pedroncini, por cinco personas desaparecidas de distintas nacionalidades, todos ellos víctimas de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de los años 70. El argumento principal era que esas desapariciones forzadas fueron ejecutadas en el marco de una asociación ilícita entre responsables políticos y militares de rango superior, mediante el uso criminal del aparato del Estado, en un contexto de regímenes dictatoriales en nuestra región.La investigación judicial duró 14 años y la causa fue creciendo a lo largo de esa década y media. En Buenos Aires, el Centro de Estudios Legales y Sociales ingresó en la causa en representación de familiares de desaparecidos en 2004. En marzo de 2013 finalmente comenzó el juicio oral y público. Al momento de la sentencia, ciento cinco casos de personas desaparecidas eran parte de este proceso judicial. Uruguayos, chilenos, paraguayos, bolivianos y argentinos, estos últimos secuestrados en Brasil, permitieron trazar un mapa del Cóndor nunca antes visto.

El rompecabezas

El juicio movilizó a cientos de testigos, algunos fueron sobrevivientes de campos de concentración, familiares de desaparecidos, investigadores, periodistas, funcionarios públicos. Sus historias remitían a un tejido común de lucha, persecución, exilio y muerte. Muchos declararon por videoconferencia desde sus países de origen.

A esos testimonios se sumaron miles de documentos y archivos que permitieron explicar los alcances de la operación: una docena de informes de organizaciones de derechos humanos, más de cuatrocientos legajos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas de la Argentina, distintos informes de organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, miles de documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Archivo del Terror de Paraguay, del National Security Archive, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile, del Archivo Nacional de la Memoria de la Argentina, de la Investigación Histórica de Detenidos Desaparecidos de la Presidencia de Uruguay, informes parciales de la Comisión Estadual de la Verdad de Río de Janeiro de Brasil, cientos de documentos de las fuerzas armadas e investigaciones periodísticas, históricas y judiciales.

Uno de los papeles de enorme trascendencia probatoria fue el acta de fundación del Plan Cóndor hallada en 1992 en Paraguay e incorporada a este juicio. Suscripta en Santiago de Chile en noviembre de 1975 por representantes de la Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia delineaba los términos del plan criminal. Tiempo después, cuando en 2002 se desclasificaron los documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos se verificó la participación de Brasil.

El juicio entonces brindó el escenario ideal para potenciar el conocimiento que se tenía de la Operación Cóndor y posibilitó la confluencia de las voces de los testigos con los documentos.

Una estructura criminal

El acta de fundación del Cóndor estructuró la denuncia que originó el juicio. En esa primera reunión interamericana de Inteligencia Nacional de 1975 quedaron establecidos los contactos bilaterales o multilaterales para el intercambio de información. Los representantes de los países acordaron formar una oficina coordinadora para proporcionar los antecedentes de las personas u organizaciones conectadas con la llamada “subversión”. Dentro de esta burocracia del terror está la recomendación de realizar un contacto rápido para alertar a los servicios de inteligencia ante la expulsión del país de un individuo o cuando se encuentre viajando a un "sospechoso". También resolvieron habilitar en las embajadas de sus países la presencia de personal de inteligencia.

La coordinación represiva se pensó en tres fases. La primera supuso la creación de una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales. Allí entraba todo lo que los gobiernos autoritarios identificaran como enemigos.

La segunda fase consistió en pasar a la acción. Luego de identificar a sus blancos, se sucedía el ataque.

La tercera y última fase, la más problemática, comprendió operativos fuera de la región para encontrar y eliminar a personas que estaban en otros países de América y de Europa.

El soporte ideológico del Plan Cóndor –nombre que cumplió la función de homenaje de la delegación uruguaya al anfitrión, Chile–fue la Doctrina de la Seguridad Nacional.

El rol de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos tuvo un conocimiento temprano de la coordinación represiva. Eso también quedó probado en el juicio.

El 28 de septiembre de 1976 el agente especial del FBI, Robert Scherrer, envió un cable desde la Embajada de su país en la Argentina al Departamento de Estado. El documento –analizado en las audiencias de juicio– describía con gran nivel de detalle el plan que maximizaba los esfuerzos de las dictaduras en su cruzada contra opositores y resaltaba el "entusiasmo" de la Argentina, Chile y Uruguay. El cable también señalaba la posibilidad de que el asesinato de Orlando Letelier en el barrio de las embajadas en Washington hubiera sido parte de la tercera fase de la Operación Cóndor.

Hubo otros reportes enviados al gobierno estadounidense, cables de la CIA y también relatorías sobre las conversaciones entre Henry Kissinger y el ministro de Relaciones Exteriores argentino, César Guzetti, y con el Embajador de Estados Unidos en Paraguay, Robert White. Esto mostró la logística y los recursos puestos a disposición por Estados Unidos para el funcionamiento del Cóndor. Algunos miembros del plan utilizaron, por ejemplo, una base norteamericana en el Canal de Panamá que contaba con un sistema de comunicaciones protegido, conocido con el poco imaginativo nombre de Condortel, y computadoras de la CIA.

En la reciente visita del presidente Barack Obama a la Argentina se comprometió a iniciar un proceso de desclasificación de los archivos del Pentágono y de la CIA, elaborados durante los años del terrorismo de Estado. Además del rol de Estados Unidos en el Plan Cóndor, se podrán comenzar nuevas investigaciones.

En términos de justicia y reparación, el proceso de justicia abierto en la Argentina por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar es inédito en la región. Hasta diciembre de 2015 se dictaron 154 sentencias y se logró un conocimiento riguroso sobre el plan sistemático de desaparición de personas, los secuestros, la apropiación y ocultamiento de la identidad de niños y niñas, los operativos de las fuerzas armadas y de seguridad, la complicidad de civiles en la represión y los responsables de esos delitos.

El veredicto por el Plan Cóndor y las nuevas vías que habilita tiene un impacto regional sin precedentes en lo que respecta a los procesos de rendición de cuentas. La noticia de las condenas recorrió la región y produjo novedades. En Bolivia, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd) y el hijo del ex presidente boliviano asesinado por el Plan Cóndor, Juan José Torres, solicitarán formalmente ante el Estado la creación de la Comisión de la Verdad, tantas veces postergada.

De la resistencia a la política de exterminio del gobierno militar nació el movimiento de derechos humanos en la Argentina. Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de distintos grupos y organizaciones nos fuimos constituyendo en un movimiento social que primero luchó contra la violencia dictatorial y después para que esta fuera investigada y sancionada y se impidiera su repetición. La actual condena al acuerdo criminal entre las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional nos recuerda que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es posible y necesaria, y sostiene los pilares de una sociedad democrática.