17 Mai 2018
"En el análisis y desarrollo de las Ciencias Sociales no se cuenta con ninguna “bola de cristal”, y mal haríamos ahora aquí en hacer pronósticos sobre el curso inmediato y mediato de los acontecimientos en Nicaragua", escribe Sergio Barrios Escalante, Científico social y investigador, Colaborador del FSLN desde 1977 y activista en diversas tareas de la revolución sandinista durante los años 80s y 90s y Editor de la revista virtual Raf-Tulum, en artículo publicado por Alai, 15-05-2018.
“Poeta (me dijo Sergio Ramírez): esta revolución jamás será derrotada por los gringos, porque hasta los niños más pequeños son “comunistas” (arremedando jocosamente a nuestros enemigos al decir esta palabra). Y ciertamente lo fueron en su inmensa mayoría esos jóvenes y niños durante los diez años del gobierno revolucionario, y lo hubieran sido también después los que entonces aún no podían caminar y los que aún no habían nacido, si la revolución no hubiera sido derrotada no por los gringos sino por sus propios líderes”
La tesis principal que expongo en este artículo, con relación a las causas principales que se encuentran en la fuente y origen de la actual crisis social y política por la que atraviesa Nicaragua, en particular, a raíz del reciente levantamiento estudiantil y ciudadano en las jornadas de protesta de abril 2018, y la consecuente represión gubernamental (con su cauda trágica de muertos y heridos por todos conocida), se resume, desde esta perspectiva, en el surgimiento y consolidación del “post-sandinismo patrimonialista”, el cual ahora, al parecer, recién estaría entrando en crisis.
Este “post-sandinismo patrimonialista”, surgido desde inicios de los años noventa, ha tenido cuatro formas concretas de manifestación en las últimas décadas: captura y secuestro del Partido FSLN; los pactos cupulares como mecanismo principal de consolidación de la fracción hegemónica dentro del FSLN (aquí denominada “post-sandinismo”); el golpe mortal a la Constitución de la República; y, la pérdida de independencia de los poderes del Estado y la captura de las instituciones.
Previo a entrar en materia y desarrollar estos cuatro aspectos medulares, parece necesario intentar una definición o una aproximación conceptual de lo que aquí se denomina “post-sandinismo patrimonial”.
Antes de intentar una definición del término, es importante recordar que ha habido cinco etapas históricas del sandinismo; la etapa del “Sandinismo original”, por así llamarlo, iniciado con la gesta del héroe de Las Segovias, Augusto César Sandino (1929-1934); la etapa del “Sandinismo de catacumbas”, iniciada por Carlos Fonseca y Tomás Borge, entre sus principales fundadores (1961-1976); la etapa del surgimiento y rápido desarrollo del “Sandinismo insurreccional”, iniciada con los levantamientos militares al frente de los “Terceristas”, fracción del FSLN encabezada por Humberto Ortega, su hermano Daniel y Víctor Tirado López, con el apoyo financiero de los “empresarios anti-somocistas” y el apoyo logístico-diplomático de los gobiernos de Cuba, Panamá, Costa Rica y Venezuela (1977-1979); la etapa del “Sandinismo institucional”, iniciada con la toma del poder y administración del aparato estatal por parte del FSLN (1979-1989); y la quinta etapa, denominada por el autor de este ensayo, “Post-Sandinismo patrimonialista”, que emergió a partir del “Protocolo de Transición” en 1990 (firmado entre el gobierno revolucionario saliente y la coalición de partidos políticos de derecha agrupadas en la UNO, triunfantes en las elecciones generales), y la llamada “Piñata”.
Esta quinta etapa estaría vigente hasta el día de hoy, y al parecer, con la actual crisis, su lógica y principal esquema de funcionamiento, estaría presentando ahora las primeras señales de agotamiento.
El “Post-Sandinismo patrimonialista”, el cual nació con la derrota electoral del FSLN en 1990, podría definirse como “la pequeña fracción de empresarios sandinistas que surgió como producto del proceso abrupto de acumulación económica originaria, derivada tanto de los beneficios económicos del “Protocolo de Transición” y de la “piñata”, como de su constitución y consolidación como fracción política hegemónica al interior del FSLN”.
Para contextualizar un poco las cinco etapas arriba descritas, diríamos que hasta cierto punto han existido “cinco frentes sandinistas”: el de la primera etapa (original o “primitiva”), de base social eminentemente campesina, con énfasis en la soberanía y el anti-imperialismo; el de la segunda etapa (“Sandinismo de catacumbas”), de base social campesina y estudiantil, con predominancia de la humildad, modestia y la mística revolucionaria; el de la tercera y decisiva etapa (“Sandinismo insurreccional”), de base social heterogénea (obrera, campesina, estudiantes, intelectuales, artesanos urbanos, profesionales, amas de casa y hasta grandes empresarios), cuya agenda prioritaria y urgente fue la derrota militar del somocismo.
El de la cuarta etapa (“Sandinismo institucional”), la del sandinismo en el poder, cuya base era amplia, muy extensa, donde cabían todos los sectores del espectro nacional, desde los llamados, en ese entonces, “empresarios patrióticos”, hasta el campesinado pobre, pasando por una extensa gama de actores sociales, con obreros, campesinos, jornaleros, cooperativistas, pequeños y medianos industriales, estudiantes, gremios y grupos de mujeres, ganaderos, veteranos y lisiados de la guerra insurreccional, soldados del nuevo ejército revolucionario, profesores, educadores populares, artistas, sectores religiosos progresistas, entre muchos otros.
Funcionalmente hablando, esta amplísima base social se constituyó en las “correas de transmisión”, que operacionalizaban a nivel local y regional las directrices políticas de la llamada “Dirección Nacional” (cabeza principal de la revolución en los 80s), y en los años subsiguientes a la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990, se fragmentó y dispersó, alejándose gradualmente de las líneas oficiales del partido, en busca de autonomía política pero conservando su identidad ideológica sandinista.
Con la derrota electoral del FSLN en febrero de 1990, se crearon las condiciones para el surgimiento abrupto, muy rápido, del “quinto sandinismo”, o mejor dicho, del “post-sandinismo”, durante el cual una pequeña fracción de cuadros históricos del partido y de exfuncionarios del aparato burocrático de los 80s, tomó por asalto y privatizó para sus intereses particulares y privados, una considerable cantidad de activos empresariales estatales de la revolución, y de manera simultánea, efectuó el secuestro político de las principales estructuras orgánicas del Frente Sandinista, relativamente “fuera del poder” en la nueva realidad del “post-sandinismo patrimonial”.
“Post-sandinismo”, puesto que la pequeña fracción hegemónica que tomó el control del partido en los 90s, abandona los pilares fundamentales de su ideario fundacional; solidaridad, justicia social, democracia, socialismo, igualitarismo, honestidad y modestia.
“Patrimonialista”, puesto que ahora la tradicional mística del desinterés por las ambiciones económicas personales, el liderazgo dominante o cupular la cambia por una nueva cultura, la de la rapiña de los recursos del Estado y la búsqueda de enriquecimiento personal. La consigna revolucionaria de “caminaremos hacia el sol de la libertad”, ahora se cambia por la de “el que tiene plata platica” (2).
Dicho lo anterior, pasemos ahora rápidamente a revisar este “post-sandinismo patrimonialista”, en sus cuatro formas concretas y principales de manifestación en sus casi 30 años que lleva de existencia (1990-2018).
En medio de la conmoción general por la pérdida de las elecciones en 1990, el gobierno revolucionario y el gobierno entrante encabezado por la señora Violeta de Chamorro y su yerno Antonio Lacayo (“Primer Ministro” de facto), firman el “Protocolo de Transición”, un acuerdo marco, diseñado y orientado a realizar una entrega “ordenada” del gobierno, y a buscar la regularización y legalización de la propiedad, en particular, de la pequeña propiedad, en manos de decenas de miles de pobladores urbanos y rurales, todos ellos beneficiados durante la revolución (3).
Este acuerdo buscaba además, la devolución a sus antiguos dueños de propiedades “injustamente confiscadas” (en particular, mansiones y propiedades rurales de gran extensión), la mayoría de ellos, nicaragüenses exiliados en Estados Unidos, ahora en retorno al país y en posesión de nacionalidad y pasaporte “Americano”.
Tanto este proceso institucional de privatización, así como el gran relajo que se armó con la llamada “piñata” (apropiación con medidas de hecho de propiedades estatales por parte de ex-funcionarios y cuadros sandinistas), fue el mecanismo por el cual la pequeña fracción de cuadros políticos sandinistas (los llamados “históricos y algunos ex-funcionarios de alto nivel e incluso algunos dirigentes sindicales), logró su acumulación originaria de capital (tierras, instalaciones industriales, capital monetario, títulos financieros de la banca local, transportes, agencias y establecimientos comerciales, vehículos automotores, haciendas, entre otros activos (4).
De manera simultánea, este proceso de despojo económico al Estado se complementó con otro tipo de despojo, de tipo político. En mayo de 1994, bajo la promoción directa de Daniel Ortega, se convocó a un Congreso Extraordinario del FSLN (5), en el cual una serie importante de cuadros políticos relevantes del partido, fueron defenestrados, en particular, aquellos que desde sus nuevas posiciones como diputados de la Asamblea Nacional (Congreso), habían promovido varias reformas importantes a la Constitución, entre las cuales estaban, la prohibición a la reelección presidencial y la prohibición a la sucesión del presidente por sus parientes más cercanos (6).
Resultó así derrotada una corriente compuesta por militantes honestos y relevantes del FSLN, que desde la Asamblea de Cuadros celebrada en 1990 en el “Crucero” (en la sierra de Managua), y desde el Primer Congreso del FSLN, celebrado en julio de 1991, venían exigiendo la democratización del partido, el relevo de la Dirección Histórica por vías electorales internas (electa de manera individual y no por “plancha”), la investigación y castigo de los miembros del partido involucrados en las malversaciones de la “Piñata”, y el distanciamiento oficial (y renuncia pública), del Frente hacia las medidas de choque y de violencia como mecanismo habitual de presión y negociación política (7).
Los pactos cupulares como mecanismo principal de consolidación de la fracción hegemónica dentro del FSLN, en el gobierno y dentro de la sociedad.
Con la captura de importantes recursos económicos del Estado y la captura política de las estructuras orgánicas del FSLN, la pequeña fracción del “post-sandinismo patrimonialista”, dio origen al surgimiento de una nueva clase de capitalistas, esta vez, de “capitalistas sandinistas” (nuevos ricos), constituyéndose de hecho, en el ala derechista del partido, la cual, se impuso, como primer meta política estratégica, regresar de nuevo al poder de la administración del Estado, ahora, por la vía electoral (algo que les habría de tomar 16 años y 2 derrotas electorales sucesivas y adicionales a la de febrero de 1990).
Pero para retornar al poder por esa vía había un “pequeño problema”. Debido al enorme capital político electoral que el FSLN había perdido en los últimos años (en gran medida debido al reflujo y alejamiento de las masas), su “techo” en términos de votos no le permitía ganar más que en segunda vuelta, pero para ello, había primero que reformar La Ley Electoral, pues esta establecía un margen no menor a 10 puntos porcentuales entre el total de votos obtenidos entre la primera y la segunda fuerza de cada contienda partidaria, para poder ir a una segunda ronda.
Por lo tanto, la cúpula hegemónica del FSLN necesitaba reducir ese margen a 5 puntos, para tener derecho a pasar a segunda vuelta, y para ello, no encontró otra manera de lograrlo más que pactando con Arnoldo Alemán, el más acérrimo enemigo público del FSLN en los 90s, y el más corrupto presidente que la Nicaragua contemporánea haya tenido, solo superado en estulticia, depredación y depravación por los Somoza.
De tal manera que en el año 1999, poco tiempo antes de las elecciones generales del 2,000 (las cuales de todas formas Daniel Ortega volvió a perder por tercera vez consecutiva), la cúpula hegemónica del Frente estableció lo que popularmente se conoció como “El Pacto”, el cual inicialmente fue “secreto”, pero luego se propagó como reguero de pólvora, provocando en grandes segmentos de la militancia sandinista una mayor decepción por la falta de ética de su dirigencia histórica.
“El Pacto” fue en realidad un acuerdo en el cual el corrupto presidente Arnoldo Alemán concedió las Reformas Electorales requeridas por el Frente, a cambio de impunidad e inmunidad a sus escandalosos robos de los recursos del Estado, impunidad que de todas formas no pudo obtener, al ir a la cárcel tiempo después, ya que el Frente no podía cargar con semejante costo político, al perder más caudal electoral del que había ganado con las reformas electorales transadas a espaldas de la militancia de base.
Pero el daño ya estaba hecho, y de todas formas la cúpula hegemónica del FSLN tuvo que esperar hasta la siguiente contienda presidencial (año 2005), la cual finalmente logró ganar, pero al precio de tener que realizar otro pacto espurio, esta vez, con Monseñor Obando y Bravo, otro de los grandes y furibundos enemigos tradicionales del sandinismo de los 80s (a quien el pueblo sarcásticamente solía apodar “Comandante Bravo”, por su cercanía con el directorio de la contra-revolución durante la guerra de los años ochenta).
A cambio de caudal electoral, del cual el Orteguismo estaba cada vez más escaso, por la sucesiva serie de graves errores y traiciones políticas de la cúpula hacia la militancia de base y la población sandinista en general. Para la jerarquía de la iglesia católica, el cobro fue en términos de concesiones políticas e ideológicas.
Empieza a aparecer ahora con gran fuerza la figura omnipresente de Rosario Murillo, casándose oficialmente con su compañero de vida Daniel Ortega, en una ceremonia pública y televisada en la propia Catedral Metropolitana, y con Obando como oficiante; la bandera rojo y negro que el Frente ostentaba con esos colores desde que Sandino así lo decidió a principios del siglo XX, aparece ahora sustituido por un rosado chicha, y el socialismo del Frente ahora se muestra con apellido de “Cristiano”.
Junto a otras concesiones a la iglesia católica (un tanto oscuras y no del todo conocidas hasta el día de hoy), el retorno de Daniel y su cúpula empresarial a la presidencia en enero del año 2006, significó la aprobación de ciertas leyes retrógradas de gran estima para la iglesia católica ultra conservadora, entre ellas, la prohibición del aborto, la cual, según algunas fuentes independientes, en los últimos diez años de vigencia ha cobrado la vida de miles de mujeres nicaragüenses, incluyendo a numerosas niñas y adolescentes menores de edad, muchas de ellas víctimas de violación.
A punto de terminar su primer mandato en la era “post-sandinista” (2006-2010), Daniel Ortega dejó claro a todos que había regresado para quedarse por un buen lapso de tiempo, es decir, prolongar la vigencia temporal de su cargo como presidente, de tal manera que para poder acceder a un segundo período, no le quedó otra que retorcer la ley, y mediante un decreto del Poder Judicial, logró levantar la prohibición de reelección, algo que habría de revolver al propio Sandino en su tumba, pues el rechazo frontal y radical al continuismo presidencial fue uno de sus más sagrados principios ideológicos y políticos.
De tal manera que en enero del 2011, Ortega se colocó la banda presidencial por segunda vez (en realidad por cuarta ocasión, si tomamos en cuenta sus dos períodos de poder durante los años 80s).
La fracción hegemónica del “post-sandinismo patrimonialista” aparece ahora cada vez más estrecha y más compacta. A estas alturas han quedado ya muy atrás (y muy defenestrados), una gran cantidad de cuadros históricos que por décadas habían permanecido fieles al lado del caudillo Ortega, y ahora desaparecidos del “mapa político oficial”, en gran medida, gracias a la oficiosa y sistemática persecución política que contra muchos de ellos realizó Rosario Murillo, con especial saña, en contra de Ernesto Cardenal (ex –ministro de Cultura durante la revolución), contra el propio fundador del Frente Sandinista, Tomás Borge (quien prácticamente fue obligado a “exiliarse” bajo la figura de Embajador en la República del Perú), en contra el genio financiero del partido Herty Lewites, Dionisio Marenco, Sergio Ramírez, las ex-comandantes guerrilleras Dora María Téllez y Mónica Baltodano, contra el legendario guerrillero y ex –miembro de la Dirección Nacional Henry Ruiz (8), entre una larga lista de cuadros relevantes en la historia del FSLN.
A esas alturas en el círculo cada vez más estrecho del primer anillo de los Ortega-Murillo, queda tan solo un puñado de empresario sandinistas y un reducido número de familiares cercanos de la pareja (hijos e hijas principalmente), convertidos ahora en empresarios de radio, de televisión y de otros negocios millonarios.
En el segundo anillo de la camarilla gobernante queda ahora otra cúpula “paralela”, compuesta por el gran empresariado aglutinado en el COSEP, el otro sector con el cual el “post-sandinismo patrimonialista” hace otro pacto, casi simultáneamente con el realizado con la iglesia católica, esto alrededor del año 2005.
La fórmula exitosa de este otro pacto cupular (ahora con los empresarios de la tradicional oligarquía criolla), fue la siguiente: “Ustedes se dedican a hacer negocios y a nosotros nos dejan la política”.
Esa política ultra pragmática, sumada a una apertura bastante amplia a las inversiones extranjeras, hicieron de Nicaragua en los últimos años un polo regional de atracción a nuevos y muchos inversores (incluyendo mega-proyectos agro-industriales, mineros y hasta un proyecto de Canal Interoceánico, el cual ha desatado la ira de centenares de poblaciones rurales, algunas de las cuales prácticamente han vuelto a tomar las armas para evitar ser desalojados o malvender sus propiedades por donde supuestamente pasará el canal).
Finalmente, la cuarta forma concreta de manifestación concreta de este “post-sandinismo patrimonialista”, es la pérdida de independencia de los poderes del Estado y la consecuente captura de las instituciones.
El hecho mismo de que Ortega haya optado a un tercer mandato presidencial consecutivo, y que hubiese nuevamente tomado el mando del país en un nuevo período iniciado en el año 2016 (con el agravante de que ahora aparece junto a su propia esposa ostentando el cargo de Vice-Presidenta), desnuda por completo la esencia dinástica y reeleccionista de esta cúpula hegemónica.
Y nada de esto se hubiese podido realizar sin la cooptación y el férreo control de toda la institucionalidad del Estado nicaragüense, con la cual los poderes estatales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), han perdido toda su independencia y por ende legitimidad.
Peor aún, los sangrientos hechos ocurridos recientemente en el país, en los cuales más de 50 personas (la gran mayoría de ellos estudiantes y pobladores desarmados), han perdido la vida, muestran dos síntomas de enorme preocupación: uno, que la cooptación de las instituciones por parte de un único poder cuasi-dinástico, ha llegado hasta el seno de las propias fuerzas armadas y la Policía Nacional, las únicas instituciones estatales que hasta ahora habían mantenido intacto su profesionalismo y relativa independencia.
Y dos, por otra parte, los dramáticos hechos del mes de abril de este 2018, muestran al pueblo de Nicaragua y al mundo entero, una clara voluntad represiva y anti-popular, por parte de lo que a todas luces parece un proyecto dinástico-reeleccionista de largo plazo.
En otras palabras, estaríamos al frente de la maduración de un proyecto de largo alcance, cuya esencia política sería el ejercicio dictatorial como forma principal de gobierno, y su esencia económica, el expolio por parte de un sector empresarial “bicéfalo” (compuesto por la vieja oligarquía criolla y los nuevos ricos sandinistas).
En el análisis y desarrollo de las Ciencias Sociales no se cuenta con ninguna “bola de cristal”, y mal haríamos ahora aquí en hacer pronósticos sobre el curso inmediato y mediato de los acontecimientos en Nicaragua.
De momento hay mucho “ruido” y confusión en el ambiente, tanto dentro como fuera de Nicaragua. Adentro del país, aún después de haber transcurrido un mes del estallido de los violentos acontecimientos del 19 de abril, la agitación social no cesa y abundan las preguntas sin respuesta.
¿Se ha roto en definitiva el pacto del gran empresariado del COSEP con el gobierno? ¿O se trata únicamente de un “incidente pasajero” entre los dos sectores?
Y la misma pregunta podríamos hacernos con respecto al pacto del gobierno actual con la jerarquía de la iglesia católica.
Ambos sectores y aliados estratégicos del Orteguismo-Murillismo (COSEP y la jerarquía de la iglesia católica), han tenido una activa participación en las convocatorias y participación de varias de las 4 multitudinarias marchas de protesta realizadas en muchas ciudades del país en las últimas semanas.
Pero no son los únicos actores políticos importantes que están poniendo en cuestionamiento su alianza con el gobierno. Los estudiantes universitarios, tanto de universidades privadas como públicas (aliados tradicionales del actual gobierno), también han participado activamente en las protestas y marchas, incluyendo el numeroso estudiantado de la principal universidad estatal (UNAN), cuyos recintos en varias ciudades importantes del país han sido tomados, integrando a sus demandas la renuncia de los dirigentes estudiantiles pro-gobierno de la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses (UNEN).
Es demasiado temprano para saber qué dirección tomaran los acontecimientos políticos. En el campo externo, Mike Pence, Vicepresidente de Estados Unidos, se ha sumado a las denuncias de represión gubernamental en Nicaragua, manifestando con ello, al menos en forma simbólica, la intención de EEUU de “montarse” y aprovechar oportunistamente la coyuntura (9).
Si bien Estados Unidos no tuvo nada que ver en el estallido social de abril (algo reconocido hasta por el propio asesor económico principal del gobierno (10), y por Jacinto Suárez, diputado del oficialismo y fiel Orteguista) (11), eso no significa que el gobierno encabezado por Trump, no pueda verse tentado a “sacar raja” (ventaja) de la actual agitación política interna de Nicaragua, algo que a los gringos les llegó como un “regalo no solicitado”.
De momento, lo único que se puede asegurar es que el actual clima de agitación social, con su cauda de muertos, heridos, capturados, barricadas en las calles de muchas ciudades importantes, y daños a instalaciones y edificios públicos y privados, parece no ser la atmósfera más adecuada para el desarrollo efectivo de un diálogo nacional.
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