28 Julho 2017
Lo acaban de procesar por 119 delitos de Lesa Humanidad, pero cobrará una jubilación de privilegio y reclama que el estado le pague 12 millones de pesos por retroactivos.
El reportaje es publicado por Cosecha Roja, 26-07-2017.
El beneficio fue otorgado al represor Jaime Smart por la Corte Suprema, con los votos de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.
En 2009 Smart se convirtió en el primer civil preso por delitos de Lesa Humanidad. Lo acusaron de ser responsable del secuestro y torturas al periodista Jacobo Timerman y de la desaparición del abogado Rodolfo Gutiérrez en 1978.
Lo condenaron, y desde hace cinco años la causa está en la Cámara de Casación a la espera de ser confirmada.
Toda la carrera judicial de Smart está ligada a distintas dictaduras. Entró como fiscal en 1968, de la mano del entonces presidente Carlos Ongania. En el 71, el gobierno militar de Roberto Levingston lo nombró juez de la Cámara Federal porteña, creada para perseguir militantes y conocida como ‘El Camarón’. Estuvo tres años en el puesto: por ellos, desde hace una década reclama que se le pague la jubilación y un retroactivo millonario.
En la actividad privada, defendió a Albano Harguindeguy y al comisario Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa.
Según informó Página 12, varios años después de la demanda, y por fallo dividido, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social le dio la razón, con el voto negativo de Nora Dorado. Según la jueza, el “represor no acreditó en la causa 15 años continuos o 20 discontinuos como funcionario del Poder Judicial de la Nación, tal como lo requiere el artículo 9. Sus colegas Luis Herrero y Emilio Fernández no encontraron esa “inconsistencia” en la demanda de Smart y le concedieron el reclamo”.
Casi en paralelo a la resolución de la Corte, Smart fue procesado por el secuestro y torturas de 119 víctimas en el centro clandestino de detención que funcionaba en la calle 1 y 60 en La Plata.
Según publicó el diario Hoy, el titular del Juzgado Federal nº 1 local, Ernesto Kreplak, le dictó a Smart el procesamiento con prisión preventiva, basado en la declaración de más de un centenar de testigos, en informes de Abuelas de Plaza de Mayo, en escritos de la Conadep y los llamados “Juicios por la Verdad”, en los que quedó claro que el centro clandestino de 1 y 60 existió y que allí se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Smart fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires entre el 76 y el 79 “Desde ese lugar habría desempeñado un rol central en el aparato represivo dentro del territorio bonaerense, asumiendo consecuentemente un compromiso colectivo y activo en la denominada lucha antisubversiva”, explicó el juez Ernesto Kreplak en el fallo citado por el matutino.
Los editorialistas del diario La Nación salieron en su defenslesa, diciendo que era ‘víctima de la justicia militante‘. En su habitual defensa de los genocidas, ayer escribieron que “quienes conocen a Smart saben de sus elevadas cualidades morales y de su dignidad y entereza para enfrentar una tan prolongada como injusta prisión política. A sus 82 años ha tenido que sobrellevar por enésima vez la situación de prepararse para dejar su calabozo e iniciar una detención domiciliaria, para recibir un minuto antes de partir la notificación de un nuevo proceso con dictado de prisión carcelaria”.
La tribuna de doctrina evitó pronunciarse por la millonaria jubilación para el represor.
