Gobierno de Bolivia emite decretos que debilitan cooperativas de mineros

El gobierno del presidente Evo Morales, en Bolivia, revocó concesiones de exploración de minas, ordenó revertir concesiones operadas por empresas privadas y obligó la sindicalización de los mineros. Las decisiones, que tienen el efecto de reducir el poder de las cooperativas mineras, fueron tomadas a través de la emisión de decretos presidenciales.

Las medidas son una represalia por el asesinato del viceministro del Interior del país, Rodolfo Illanes, ocurrido el día 25/08/2016, y son parte de un conflicto entre el gobierno y las cooperativas de mineros, que se agravó a lo largo de agosto. El gobierno ya había detenido también nueve mineros acusados de estar involucrados en el crimen. Otros 5 mineros murieron en el embate con la policía que siguió al homicidio.

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— Maria Nela Prada T. (@MariaNelaPradaT) 2 de setembro de 2016

Hoy, las cooperativas operan parte de las concesiones para exploración de las minas y tercerizan parte de ellas a empresas privadas bolivianas y extranjeras. El foco del actual conflicto es la disposición del gobierno a no permitir más que esas empresas exploren los recursos naturales del país, conforme a la alteración reciente en la Ley de Minería boliviana. Esto venía siendo combatido por las cooperativas, y acabó con la alianza entre ellas y el gobierno de Evo Morales.

También fueron revocadas concesiones de minas que están inactivas. El decreto que obliga a la sindicalización fuerza a aquellos que trabajan informalmente en las minas a que se encuadren en la Ley General del Trabajo del país - lo que saca fuerza a las cooperativas.

Más allá de esas medidas, que han atingido directamente a los mineros cooperados, también queda prohibido el uso de explosivos en cualquier tipo de manifestación social. Los mineros utilizaban dinamita en sus protestas.

Adecuación a la Constitución

Las decisiones del gobierno encuentran amparo en la legislación del país. De acuerdo con Katu Arkonada, investigador y analista del Centro de Estudios aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Ceadesc, en Cochabamba, Bolivia, la Constitución del país registra que “las áreas de exploración minera otorgadas por contrato no pueden ser transferidas, abarcadas y transmitidas por sucesión hereditaria”.

Como también nota Arkonada, la Constitución boliviana afirma que “los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado”. Así, la tercerización a otras empresas está prohibida en el país.

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