"El canciller chileno ha afirmado la postura de su país respecto de la solución del conflicto en torno al Silala y la salida al mar: “Chile no acepta amenazas ni diálogo con condiciones, y quiero recordar que Chile también puede iniciar acciones judiciales contra Bolivia", escriben Shirley Ampuero y Mariela Pinza/CELAG, publicada en el sitio AlaiNet, 31-03-2016. 

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El 23 de marzo se conmemoraron 137 años de la pérdida al acceso marítimo de Bolivia. La caída de los 144 defensores el Puente Topáter, en la Batalle de Calama, marcó esta fecha. En La Paz se llevaron a cabo una serie de actos cívicos donde participaron autoridades, funcionarios públicos, colegios; entre banderas tricolor y trajes oscuros el sentimiento de reivindicación marítima se convirtió en una sola voz al grito de ¡Mar para Bolivia! En este acto de conmemoración, el Presidente Evo Morales hizo un recuento de los avances hasta ahora logrados en la Corte Internacional de Justicia, las aspiraciones del país, y mencionó que existen otros temas pendientes, por ejemplo el uso de las aguas del Río Silala.

El litigio por el Silala

El conflicto con Chile en torno a las aguas del Río Silala resurge a partir del anuncio de Evo Morales de que Bolivia está estudiando “alternativas jurídicas” para demandar, frente a organismos internacionales, el uso “ilegal” de estas aguas por parte de Chile. Se trata de un conflicto derivado de la concesión de una vertiente del Rio Silala a la empresa chilena Bolivian Antofagasta Railway, en 1908. El gobierno boliviano aduce que durante décadas, empresas chilenas han desviado el cauce natural de esas aguas con destino a Chile[1] [2], y que ello afecta los intereses de la nación, ya que éste no es un río de aguas internacionales.

Existe un ítem sobre la soberanía boliviana sobre estas aguas en la “Agenda de los 13 puntos” acordada en el año 2007 entre Morales y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. El objetivo de esta agenda era fortalecer la relación bilateral intentando reconstruir la confianza mutua[3]. Entre los puntos a tratar se encontraban: seguridad y defensa; libre tránsito; complementación económica; tema marítimo y en su punto siete: “Silalá y Recursos hídricos” donde se acordaba una III Reunión del Grupo de Trabajo sobre el tema para antes de finales de ese año en La Paz[4]. Esta agenda quedó sin efecto cuando Bolivia, en 2013, demandó a Chile frente a la Corte Internacional de Justicia de la Haya por el conflicto derivado del reclamo marítimo, aunque es importante resaltar que las relaciones diplomáticas entre ambos países están interrumpidas desde el año 1978 por el mismo motivo.

Para Evo Morales, acudir nuevamente a la Haya ante esta diferencia significa resolver el conflicto pacíficamente para delimitar la soberanía del país andino: “Como Chile no quiere resolver (un acuerdo) sobre las aguas del Silala en el departamento de Potosí, hemos decidido, como un país pacifista, que vamos a acudir a (la Corte Internacional de Justicia en) La Haya para que Chile respete nuestra agua del Silala del departamento de Potosí”.[5] Por su parte el gobierno Chileno, por intermedio de Heraldo Muñoz, Ministro de Relaciones Exteriores, insistió públicamente que el Río Silala -desde el “Tratado de Paz y Amistad[6]” de 1904- es considerado un río internacional, aunque existe documentación que prueba que en 1908 Chile solicitó un permiso a Prefectura de Potosí para poseer una concesión de las aguas del Silala para mantenimiento de las locomotoras[7].

El conflicto marítimo

El canciller chileno ha afirmado la postura de su país respecto de la solución del conflicto en torno al Silala y la salida al mar: “Chile no acepta amenazas ni diálogo con condiciones, y quiero recordar que Chile también puede iniciar acciones judiciales contra Bolivia en las instancias internacionales”. Lo que en estos momentos se está discutiendo por el lado chileno es si quedarse o retirarse del Pacto de Bogotá[8], que fue firmado por veintiún naciones americanas en el año 1948, y es el que habilita con jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia (ICJ) para resolver las controversias entre los países miembros. Este punto es importante porque en el mes de Septiembre del año pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sí se declaró competente para tratar la histórica demanda de Bolivia contra Chile por obtener acceso al océano Pacífico.

Bolivia tiene varios intereses en conseguir una salida soberana al mar pero, el más fundamental es evitar las restricciones en el libre tránsito que incluyen: a) puertos privatizados; b) las cargas bolivianas no cuentan con autonomía ya que deben ser constantemente revisadas y restringidas según criterios chilenos; c) monopolio de servicio portuario (Chile privatizó sus puertos en Antofagasta y Arica a las mismas empresas, limitando la capacidad de elección entre otras empresas con precios más accesibles); d) cobro por almacenaje de cargas peligrosas; e) cobro de impuestos a todos los servicios aplicados a la carga boliviana en tránsito, siendo que Chile concede a otros países exenciones impositivas y; f) incremento de costos por la habilitación de sitios extra-portuarios, esto es, los depósitos portuarios para mercancía boliviana se encuentran alejados de los puertos y, por tanto, se incrementa el gasto de transporte. En efecto, la exportación boliviana es más costosa que la exportación chilena o peruana en más de un 50%[9]. No está demás agregar que Jeffrey Sachs estimó que un país enclaustrado pierde 0.7% de crecimiento económico anual[10]. Asimismo, el ex Presidente de la Cámara de Comercio de Bolivia afirmó, en 2003, que el PIB per cápita tras un acuerdo con Chile lograría ascender a 9.500 dólares de los 2.232 actuales, es decir, una diferencia de 7.300 dólares[11] .

La relación entre ambos países es de una tensa calma, que queda expresada cuando comparten espacios políticos como sucedió en el último encuentro de CELAC, en enero de este año, cuando el presidente Evo Morales responsabilizó a Chile de obstaculizar la designación de Bolivia a la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) para el año 2017. Sin embargo, ante la falta de diálogo bilateral, Bolivia, una vez más, decide resolver los conflictos marítimos con el país vecino en un espacio pertinente, de forma pacífica enmarcado en el plano internacional. En caso de que esta segunda demanda boliviana ante la CIJ prospere, Chile ya confirmó que contrademandará al país andino.

[1] Aquí.

[2] Aquí.

[3] Aquí.

[4] Agenda completa disponible aquí.

[5] Aquí.

[6] Tratado completo disponible aquí.

[7] Aquí.

[8] En su artículo primero establece: Las Altas Partes Contratantes, reafirmando solemnemente sus compromisos contraídos por anteriores convenciones y declaraciones internacionales así como por la Carta de las Naciones Unidas, convienen en abstenerse de la amenaza, del uso de la fuerza o de cualquier otro medio de coacción para el arreglo de sus controversias y en recurrir en todo tiempo a procedimientos pacíficos. Disponible aquí.

[9] Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. 2014. Libro del Mar. Segunda Edición. Editorial Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima. 57-59.

[10] Ibid. 58

[11] Bolpress “Cada boliviano perdería al menos 7.300 dólares al año por la mediterraneidad. aquí y El Deber.