Miles de kilómetros, tal vez gran parte de la superficie de México, han transitado los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa durante los últimos dos años. Marchas, charlas y protestas en casi todos los estados del país; incontables reuniones en la Procuraduría General de la República (PGR); y varias visitas a la residencia presidencial aunque sólo una vez los recibió Enrique Peña Nieto: no descansan desde que los normalistas fueron atacados y secuestrados por policías en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

El reportaje es de Paula Mónaco Felipe, publicado por El Telégrafo, 27-09-2016.

Andan con su dolor a cuestas. “Estoy flaco porque ahora me dio diabetes”, dice con resignación Margarito Ramírez, padre de Carlos Iván Ramírez Villarreal. Como él, todos arrastran nuevas enfermedades y complicaciones en la salud, consecuencias de una angustia que los carcome. “Tener a un hijo desaparecido – explican-es estar muerto en vida”.

Pero su integridad pasa a segundo plano. “Moveré montañas para estar contigo”, dicen las camisetas que usan; “Hasta encontrarte”, los carteles con rostros amados impresos en una lona que jamás abandonan.

Este 26 de septiembre de 2016 se cumplen dos años del caso que para muchos ha sido parte aguas en la historia reciente del país. “Hay un México antes y otro después de Ayotzinapa”, resume el intelectual Luis Hernández Navarro, coordinador de Opinión del periódico La Jornada.

Un hecho que evidenció la colusión entre gobierno y crimen organizado, mal presente en gran parte de la República. Un ejemplo que despertó movilización social inédita, llamó la atención del mundo entero y socavó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto porque golpeó su imagen pública, que ha seguido desplomándose desde entonces (en 2013 tenía una aprobación del 62% y ahora alcanza apenas un 23%, según la última medición del diario Reforma).

Han pasado 730 días y no hay avances significativos en la investigación oficial: no aparecieron los estudiantes ni se esclarecieron los hechos, tampoco hay sentenciados entre los más de 120 detenidos. Verdad y justicia se ven lejanas: el gobierno no abrió nuevas líneas de investigación fuera de su hipótesis inicial, no avanzó más allá de presuntos autores materiales y blindó por completo al Ejército, sospechoso de participación en Iguala. “Por ser pobres no tenemos justicia”, denuncia Emiliano Navarrete, padre del desaparecido José Ángel Navarrete González.

“Mentira histórica”

Días después de los ataques, la PGR ofreció su hipótesis sobre el caso y no ha dado lugar a otras posibles explicaciones. En noviembre de 2014, el entonces procurador Jesús Murillo Karam dijo que los estudiantes habrían sido entregados al narcotráfico, asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, localidad cercana a Iguala. Más adelante, la versión oficial agregó que las cenizas de los 43 habrían sido arrojadas al río San Juan, también en Guerrero, con lo cual cerró por completo la posibilidad hallazgo con o sin vida. Para completar la “verdad histórica”, como le llamó el gobierno mexicano, Murillo Karam aseguró que sólo dos fragmentos óseos pudieron recuperarse del río. Un examen genético comprobó que pertenecen a Alexander Mora Venancio, uno de los normalistas.

Pero algunos de los más destacados expertos a nivel internacional derrumbaron la versión oficial del caso, que popularmente pasó a ser conocida como “mentira histórica”.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mayor autoridad mundial en ese tema y peritaje oficial en el caso Ayotzinapa, demostró con evidencias físicas que ninguno de los 43 estudiantes fue incinerado en el basurero de Cocula. También puso en duda el origen de los restos de Alexander Mora Venancio, ya que no les permitieron estar presentes durante el supuesto hallazgo de la evidencia . El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), demostró que resulta imposible calcinar a 43 personas en las condiciones descritas por el gobierno. Además reveló presunta “siembra” de los restos óseos identificados; denunció que las autoridades desaparecieron uno de los cinco camiones implicados en el caso, el cual podría ser móvil de los ataques; y advirtió que la hipótesis oficial es legalmente nula ya que se sustenta sólo en declaraciones, en un alto porcentaje obtenidas presuntamente bajo tortura.

Durante un año y medio de trabajo, el GIEI esclareció cuantos detalles se conocen sobre el caso y abrió una extensa lista de preguntas que aún no han sido respondidas. Pero en mayo de 2016, el gobierno de Peña Nieto expulsó diplomáticamente al grupo al no renovarle su estancia en el país. Rige ahora un mecanismo de seguimiento internacional que todavía no genera confianza en cuanto a sus efectos concretos.

El procurador Murillo Karam fue designado en otro alto cargo y lo sustituyó Arely Gómez, quien no ha logrado avances significativos. Tomás Zerón, acusado de sembrar pruebas en el río San Juan cuando era jefe de la Agencia de Investigación Criminal, fue premiado con un puesto de mayor rango por orden de Peña Nieto. Los familiares consideran que se trata de una “burla”.

“Vivos los llevaron ,vivos los queremos”, es la consigna que familiares y normalistas gritan desde hace dos años. En los primeros meses les acompañaron multitudes pero la presencia ciudadana en las calles fue reduciéndose: tal vez por el paso del tiempo, la represión que existió en algunos casos y los incidentes violentos presuntamente provocados por agitadores. Sin embargo, previo a este nuevo aniversario se multiplicaron las acciones y hoy se realizan actividades en México y en otros países como Brasil, Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos.

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