Por: Lara Ely | Tradução: Juan Hermida | 28 Setembro 2017
Esta semana se completan tres años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero (México), el caso de violencia que quedará marcado como el más grave y con más consecuencias políticas para la gestión de Enrique Peña Nieto, del PRI.
La masacre ocurrió en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro en la ciudad de Iguala. De acuerdo con los informes oficiales, los estudiantes habían viajado para realizar un protesto para lo que consideraban prácticas de contratación y financiamiento discriminatorios por parte del gobierno.
La #PGR se ha enfocado en agotar todas las líneas de investigación que han resultado necesarias en este caso https://t.co/XzjywUfrCK pic.twitter.com/UQuBeGlcpU
— PGR México (@PGR_mx) September 26, 2017
La versión oficial es la principal línea de investigación apuntan solamente para las autoridades y criminosos locales. El alcalde, irritado porque la parada de los estudiantes en Iguala tendría como motivo estorbar el acto de lanzamiento de la candidatura de su mujer, había pedido a la policía local que los contuvieran. Todavía según esta versión, los policiales habrían capturado al grupo y los habría entregado al cartel, los Guerreros Unidos. Éstos habrían matado a los estudiantes, y después incinerado sus cuerpos en un basurero.
La gravedad de este caso, entre tantos enfrentamientos violentos de la guerra del Estado mexicano al narcotráfico, reside en aquello que se expone: el hecho de que, en el interior del país, existe un vínculo muy fuerte entre autoridades regionales, carteles y fuerzas de seguridad. No es de hoy que se acumulan acusaciones de que los carteles financian buena parte de las campañas de los alcaldes y gobernadores.
Los restos fueron localizados en 15 de Julio de 2015 a partir de datos proporcionados por José Franco un sobreviviente y padre de uno de los niños, que apuntó para el comité de busca del gobierno el área en donde fueron enterrados en el final de la operación militar de 1982. El hombre murió sin conseguir enterrar a su hijo.
“Después de una larga investigación se llegó a la conclusión de que los estudiantes fueron muertos por soldados y paramilitares en cantón de El Sito del Arcatao, Chalatenango, durante la operación militar conocida como “la chinda de mayo”, especificó la Comisión Nacional de Investigación en un comunicado emitido en 2015.
Un año después, el caso había llevado al desgaste de la imagen del presidente Enrique Peña Nieto, investigado por dos grupos internacionales de especialistas en crímenes contra los derechos humanos. El asunto fue noticia de los principales medios de comunicación de todo el mundo, recibió oraciones del Papa, fue tema de reuniones de las Naciones Unidas y sumaba, hasta el año pasado, 130 prisiones, 422 resoluciones judiciales, 850 testimonios, 1.651 actuaciones de expertos y un registro babilónico de 240 volúmenes y 250.000 páginas.
En el cumpleaños de dos años del caso, el periódico El País hizo una amplia cobertura en la cual se destaca un vídeo con tecnología 360º del caso Ayotzinapa. La grabación permite la visualización integral de los principales escenarios del caso. Desde la escuela normal rural de Ayotzinapa y palco de las primeras muertes en Iguala hasta el polémico basurero de Cocula, en donde según la versión oficial, los estudiantes fueron asesinados e incinerados.
Felipe de la Cruz, porta voz de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto todavía no cumple las recomendaciones del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes.
“El próximo martes marca el tercer año del desaparecimiento de los jóvenes y el caso continúa en impunidad”, dijo él.
