Decenas de millares de argentinos salieron a las calles del país el 10-5 para protestar contra una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que beneficiaría condenados por crímenes de lesa humanidad. El mismo día, el Senado aprobó una ley que limita los efectos de la decisión del tribunal.

En la semana pasada, la Suprema Corte emitió una sentencia que llevó a la libertad de Luis Muiña, envuelto en la represión política durante la última dictadura del país (1976-1983). El tribunal juzgó que él puede ser beneficiado por una ley conocida en el país como “2 por 1”, que descuenta dos días de pena para cada día pasado en la prisión antes de la condenación ser confirmada por instancias superiores.

La corte decidió que la regla es aplicable a los delitos de lesa humanidad – como los cometidos en la represión del Estado de la época de la dictadura. Hasta 700 represores podrían tener su pena reducida por la sentencia del supremo tribunal.

Los críticos a la decisión dicen que ella “abre las puertas para la impunidad” de los responsables por los crímenes cometidos en el contexto de terrorismo de Estado. Alrededor de 270 opresores podrían salir de la cárcel inmediatamente gracias a la aplicación de la regla, según cálculos de la prensa argentina.

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Hubo una fuerte reacción de la sociedad a la decisión del tribunal. El mayor protesto ocurrió en la capital, Buenos Aires, pero también hubo manifestaciones en otras ciudades argentinas como Córdoba, Mendoza, Rosario y La Plata.

En Buenos Aires, el acto fue encerrado en la Plaza de Mayo, local histórico de denuncia de los crímenes de los militares. La manifestación tuvo como símbolo los pañuelos blancos usados por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que comenzaron a luchar en los años 1970 por sus familiares desaparecidos y asesinados. El acto ocurrió en frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.

#LaFoto | La Plaza de Mayo se desborda de pañuelos en rechazo a ley del 2x1, que favorece a los violadores de derechos humanos en #Argentina pic.twitter.com/sRykbWEVxz

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En el palco principal colocado en la Plaza de Mayo, había una faja con el mensaje “Señores Jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto.” Fue leído un documento firmado por organizaciones de derechos humanos en que se afirma que “no queremos más convivir con los asesinos más sangrientos de la historia argentina, ni que nuestros hijos y las futuras generaciones tengan que hacerlo. Nuestro pueblo, ejemplar durante tantos años en su defensa de la memoria, no merece ser condenado al olvido.”

“Que quede claro: los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes, no prescriben y no se pueden amnistiar”, dice el texto. Las entidades afirmaron todavía que “lamentablemente, la dictadura no es un hecho de un pasado distante. Los hijos, los nietos y los bisnietos del pueblo argentino serán afectados con este nuevo viento de impunidad.”

La movilización de la sociedad no se limitó a organizaciones de derechos humanos y a los millares de manifestantes que salieron a las calles. Mismo en juegos de fútbol, clubes e hinchas expresaron su rechazo a la decisión de la Suprema Corte.

En este cuadro de fuerte rechazo popular, los parlamentares argentinos trabajaron rápidamente para limitar el alcance de la decisión de la Suprema Corte. El 10-5, el Senado aprobó un proyecto que impide la aplicación de la ley 2 por 1 para condenados por crímenes de lesa humanidad.

La ley pasó por unanimidad, con 56 votos a favor. La iniciativa había sido aprobada el día anterior por la Cámara de Diputados con 211 votos a favor y uno en contra.

El 10-5, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, felicitó al Congreso “por la seriedad con que comenzó a resolver el asunto del vacío legal que había dejado este tema del 2 por 1.” Él enfatizó haber siempre sido contra la ley, y justificó diciendo ser “contrario a cualquier herramienta que sea a favor de la impunidad, y todavía más cuando se quiere aplicar esa herramienta para delitos de lesa humanidad.” El presidente resaltó que la Suprema Corte del país es independiente.

(Foto: Cosecha Roja)