Los asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos están aumentando en áreas de Colombia que contaban históricamente con presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC. El alerta es de la Oficina en Colombia del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El “vacío dejado por las FARC” está siendo “ocupado por grupos al servicio del narcotráfico”, de acuerdo con la entidad, ligada a la Organización de las Naciones Unidas - ONU. El Alto Comisariado divulgó el día 16/03 su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país. La ceremonia de presentación de los resultados fue en Bogotá, capital del país.

La ONU registró 389 ataques a activistas de derechos humanos en 2016. Hubo 59 homicidios de defensores, 45 de ellos en áreas que las FARC desocuparon en el último año. Las fuerzas de la guerrilla están actualmente en zonas temporales de concentración acordadas con el gobierno para proceder a la entrega de sus armas.

“Es notable el aumento de asesinatos en las áreas rurales en comparación con el 2015, cuando la Oficina registró 25 víctimas. Esto está relacionado con los vacíos de poder que las FARC dejaron, y la escasa o débil presencia del Estado”, registra el estudio de las Naciones Unidas.

Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisariado de la ONU, pidió que haya una mayor presencia institucional del Estado en esas áreas dejadas por las FARC. Afirma que existe una relación directa entre los crímenes y los cultivos ilícitos de drogas, común en esas regiones en que el Estado colombiano estuvo ausente por décadas: donde hay más cultivos, hay más homicidios.

Un defensor o defensora es quien protege y promueve Derechos: Todd Howland pic.twitter.com/oE3zHKG7sK

— ONU Derechos Humanos (@ONUHumanRights) 16 de março de 2017

De acuerdo con el informe, las principales causas para la violencia contra los defensores de derechos humanos son su lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal y por el derecho a la tierra. Los crímenes son sistemáticos y cometidos por paramilitares, según el Alto Comisariado, que actúan con el objetivo claro de ocupar los espacios dejados por las FARC.

Todd Howland hizo referencia al proceso de paz con las FARC como un “momento crítico” en la historia del país. El Ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, estuvo presente en la ceremonia de presentación del informe. Admitió que “hay grandes desafíos en materia de control territorial y presencia institucional en las zonas dejadas por las FARC”.

Después de la presentación del informe, también señaló que “son muchos los factores y los actores violentos en esas regiones en que ocurren estos actos violentos. El denominador común es el negocio del narcotráfico y de la minería ilegal”. El Ministro de Defensa del país, Luis Carlos Villegas, negó que los crímenes contra defensores de derechos humanos tengan carácter sistemático.

Hay grandes desafíos en materia de control territorial y presencia institucional en zonas dejadas por las FARC @OACNUDH pic.twitter.com/Bt4sFbHP7R

— Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) 16 de março de 2017

A partir del informe, la ONU emitió recomendaciones al Estado colombiano, que incluyen “reconocer el asesinato de defensores de derechos humanos como una situación grave”. También pidió que sean tomadas las medidas de protección para los activistas, de forma de garantizar su seguridad.

Padre Francisco de Roux destaca la importancia del trabajo de ONU DDHH en Colombia y lo agradece pic.twitter.com/kqAr1rSK2c

— ONU Derechos Humanos (@ONUHumanRights) 16 de março de 2017