22 Janeiro 2019
En un momento en que la mayor selva tropical del mundo se enfrenta a enormes desafíos. La deforestación va en aumento y amenaza su condición de mayor reserva de oxígeno del planeta.
El reportaje es de Andrés Bermúdez Liévano para demoracria Abierta, publicado por Cpal Social, 20-01-2019.
Estos son los perfiles de los nuevos responsables de la Amazonía.
Ricardo Salles fue el último de los 22 ministros que nombró Jair Bolsonaro. Su elección para el Ministerio del Medio Ambiente vino después de que Bolsonaro diera marcha atrás de su intención de dar carpetazo a dicho ministerio, una propuesta que había divulgado ampliamente durante la campaña electoral.
Su elección, sin embargo, no desentona con el discurso del presidente. Uno de los primeros comentarios de Salles tras su nombramiento fue que “el debate sobre si hay o no calentamiento global es secundario”. El futuro ministro se propone simplificar las licencias ambientales, aligerar la carga fiscal de los productores rurales y hacer que el ministerio sea “más eficiente”.
También promete “defender la propiedad privada” ante las demandas de los movimientos sociales y las comunidades étnicas. Los grupos indígenas serán probablemente los que más acusen su gestión: Bolsonaro ya ha anunciado que va a permitir la minería en tierras indígenas.
El nombramiento de Salles, que ha sido bien recibido por los grandes productores agropecuarios, ha causado muchísima preocupación entre los activistas medioambientales. No solo por las posiciones que ha explicitado, sino por el momento en el que asume las riendas del ministerio, cuando la tasa de deforestación de la Amazonia está incrementándose. Según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), entre agosto y octubre de 2018 creció un 48,8%.
Tal vez la única nota positiva para los ambientalistas ha sido el anuncio del nuevo ministro de que Brasil no se retirará del Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Aún así, es mucho lo que podría cambiar en los próximos meses. El nombramiento de Salles ya levantó ampollas ya que está acusado de violar las leyes medioambientales al haber alterado el plan de gestión del área protegida Várzea do Rio Tietê desde la oficina ambiental del estado de São Paulo con la "clara intención de beneficiar a los sectores económicos". Su caso que puede ser ahora un problema para Bolsonaro, que fue elegido arbolando la bandera de la lucha contra la corrupción.
Ricardo Lozano, el Ministro del Medio Ambiente colombiano desde el pasado mes de agosto, llegó a su cargo en un momento crucial. Dos años después de la firma del histórico acuerdo de paz firmado con las FARC de 2016, la deforestación se ha disparado en la Amazonía y en muchas de las regiones donde la guerrilla mantenía control sobre el territorio y sobre negocios como el de las drogas.
A este geólogo, el primer ministro del medio ambiente con amplia experiencia en el sector, se le conoce por haber dirigido durante cinco años el IDEAM, el instituto meteorológico de Colombia cuya creación lideró en 2012 - un potente sistema de monitoreo que publica alertas de deforestación cada tres meses.
Ese es hoy precisamente su mayor desafío, en un momento en que Colombia está perdiendo anualmente 219.973 hectáreas de bosque y con un gobierno del que forma parte que llegó al poder bajo la bandera de oponerse al acuerdo de paz y de impulsar el gran sector agropecuario.
A lo largo de su carrera, Lozano - cuyo nombramiento fue bien recibido por los ambientalistas - ha trabajado extensamente en temas importantes para Colombia y la Amazonía como el cambio climático, la gestión de riesgos (en un país que contribuye poco a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que es muy vulnerable a los efectos de fenómenos climáticos extremos como inundaciones y deslizamientos de tierras), y la gestión de recursos hídricos.
A Lozano, además, le queda el reto de que estos problemas se entiendan de manera transversal en el gobierno. “La deforestación no es un problema solo del Ministerio del Medio Ambiente ni de un solo ministro, sino del Estado”, ha repetido en varias ocasiones.
Marcelo Mata Guerrero, el nuevo ministro del Medio Ambiente ecuatoriano, llegó al cargo hace apenas unas semanas - en el marco de los cambios que hizo en el gabinete el presidente Lenin Moreno - y su nombramiento ya está generando preocupación entre quienes trabajan en la Amazonía.
Este abogado tiene experiencia en la gestión de temas medioambientales, pero casi siempre desde el sector de hidrocarburos: fue el responsable de medioambiente de la petrolera Repsol Ecuador y asesor en temas medioambientales y sociales de la empresa estatal Petroecuador. Desempeñó además varios cargos relacionados con el medio ambiente en el Ministerio de Minas y Petróleos, donde fue director nacional de protección medioambiental y coordinador de participación social y relaciones comunitarias.
Su nombramiento ha levantado duras críticas de los activistas medioambientales, que opinan que su trayectoria pone en evidencia que ha estado al servicio del sector extractivo. Cuestionan de modo especial su vinculación a dos empresas ligadas a la explotación de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía, un tema que ha dividido profundamente a la sociedad ecuatoriana.
“Es inaceptable que se ponga al frente del Ministerio del Medio Ambiente a un antiguo ejecutivo de la primera empresa petrolera en explotar este parque nacional, el más biodiverso del Ecuador, y donde existen pueblos en aislamiento voluntario”, dice Elizabeth Bravo de Acción Ecológica, una de las ONG medioambientales más conocidas del país.
Y agrega: “Ha participado además en procesos de elaboración de políticas públicas para la minería, por lo que los movimientos ecologistas del país tememos que su nombramiento facilite la operación minera en zonas de fragilidad ambiental”.
Fabiola Muñoz Dodero llegó al Ministerio del Medio Ambiente peruano cuando tomó posesión el presidente Martín Vizcarra el pasado mes de abril, tras una década trabajando en el sector forestal.
Esta abogada venía de dirigir durante cuatro años – hasta su nombramiento como ministra - el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), agencia que depende del Ministerio de Agricultura y que es la máxima autoridad en la gestión de los bosques peruanos. Con anterioridad había liderado el programa de cooperación del Servicio Forestal de Estados Unidos en el Perú.
Una parte importante de su trayectoria ha estado ligada a luchar contra las actividades ilegales que vienen diezmando la Amazonía y otros ecosistemas peruanos. Desde SERFOR se centró en la tala y el comercio ilegal de madera, sumándose al Pacto Nacional de Madera Legal cuyo objetivo es que toda la madera comercializada en Perú tenga origen legal y verificado para 2021.
Ahora, como ministra, su principal preocupación es la minería ilegal y la deforestación, y la necesidad de ofrecer alternativas a las comunidades afectadas. “Tenemos que reconocer que el Estado no suele ser eficiente en generar condiciones para que la actividad legal sea más barata y más rápida que la actividad ilegal”, dijo al tomar posesión.
En todo caso, el gobierno de Vizcarra está buscando una ministra que tienda puentes con el sector privado. “Necesitamos una ministra del Medio Ambiente que entienda que la mejor manera de mantener el medioambiente es generando inversión en el país, pero de manera responsable para el sector, que es lo que ella va a hacer”, dijo el primer ministro César Villanueva tras nombrarla.
En eso puede ayudar que Muñoz ya fue la gerente de relaciones comunitarias de la filial peruana de la empresa británica Anglo American, que opera la mina de cobre de Quellaveco.
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