11 Mai 2018
El inicio formal de la Comisión de la Verdad en Colombia. La Comisión está presidida por el jesuita Francisco De Roux, un incansable trabajador por la paz de Colombia.
El presidente Juan Manuel Santos posesionó a los once comisionados que integran esa institución. La entidad ya ha empezado a escuchar a las víctimas en diversas regiones del país para afrontar el enorme reto que tiene por delante.
El reportaje es publicado por portal Verdad Abierta, 08-05-2018.
Este martes empieza a contar el tiempo global de tres años y seis meses que tendrá la Comisión de la Verdad para iniciar la construcción del informe que, por mandato del Acuerdo Final de paz, deberá entregarle al país para contribuir a comprender el conflicto armado colombiano, promover el reconocimiento de las víctimas de la confrontación y ayudar a generar condiciones de una “cultura de respeto y tolerancia”.
El inicio formal de esas tareas está marcado por la posesión de los once comisionados que integran la institución, que tuvo lugar en la Casa de Nariño con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló; el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula; la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el ministro de Justicia, Enrique Gil; el contralor general, Edgardo Maya; y el coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia, Martín Santiago.
La fase que inicia hoy está precedida por el trabajo que ha venido realizando la entidad desde noviembre de 2017, cuando el Comité de Escogencia, creado en virtud del Acuerdo, dio a conocer el nombre de los comisionados: Francisco de Roux, Carlos Berinstain, Alfredo Molano, Ángela Salazar, Patricia Tobón, Marta Ruiz, Lucía González, Alejandra Miller, Carlos Guillermo Ospina, Alejandro Valencia y Saúl Franco.
De acuerdo con información suministrada por la Comisión, la institución inició desde esa fecha tareas preliminares en tres frentes: constitución, interpretación del mandato y relacionamiento con la sociedad civil, todo lo cual se ha financiado con recursos del Fondo Multidonante de Naciones Unidas bajo la gestión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En el frente de constitución, la Comisión ha asignado presupuestos, explorado formas de financiación, constituido equipos de trabajo y establecido relaciones con otras instituciones del Estado, como las Fuerzas Armadas, el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema, así como empezado a crear canales de articulación con los otros dos componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En cuanto a las tareas de interpretación del mandato, la Comisión ha trabajado en la comprensión de sus objetivos, en firme desde marzo pasado, cuando la Corte Constitucional declaró exequible el decreto 588 de 2017, que organiza la entidad. De acuerdo con la Comisión, esta labor ha implicado situar su tarea “dentro del inmenso movimiento colombiano por la paz y la verdad”, para lo cual se ha reunido con organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos, académicos, periodistas y empresarios.
En ese frente, también se han trazado lineamientos para las estrategias de comunicación, participación y pedagogía, y empezado a dimensionar el desafío de explicar el conflicto con enfoque étnico y de género. En estas últimas dos tareas juegan un papel fundamental las comisionadas Tobón, Salazar y Miller, conocedoras, en su orden, de los pueblos indígenas, los pueblos afro y el movimiento de mujeres.
En cuanto al relacionamiento con la sociedad civil, la Comisión reporta haber realizado 22 talleres con víctimas y defensores de derechos humanos en Neiva, Florencia, Ibagué, Valledupar, Sincelejo, Barrancabermeja, Cúcuta, Quibdó, Arauca, Popayán, Villavicencio, Pasto, Leticia, Buenaventura, Santander de Quilichao y Tumaco, así como en las subregiones del Sumapaz (Cundinamarca) y Montes de María (Bolívar).
Asimismo, la entidad ha completado 48 reuniones con organizaciones de víctimas, 13 encuentros con organizaciones de mujeres y de personas LGBTI, 20 encuentros con organizaciones étnicas y campesinas, 21 reuniones con universidades y centros de pensamiento, 35 reuniones con entidades internacionales y al menos 49 encuentros en Bogotá y Medellín con funcionarios públicos, organizaciones no gubernamentales, iglesias, empresarios y periodistas. A la fecha, la Comisión también reporta haber acompañado ocho actos de reconocimiento de responsabilidad y de convivencia en Bogotá, Medellín, Chigorodó y Remedios (Antioquia), Tenjo (Cundinamarca) y Caldono (Cauca).
El objetivo de esas tareas, además de dar a conocer el mandato y escuchar las expectativas de las organizaciones, es nutrir el trabajo de recolección, clasificación y sistematización de información que desde hace varios meses realiza el equipo técnico de la institución. Según el comisionado Berinstain, esa labor busca comprender qué aristas del conflicto colombiano se han estudiado y faltan por estudiar, con qué enfoques se han realizado las investigaciones y los análisis y qué vacíos de información existen, con el fin de empezar a trazar la ruta que a la larga permitirá construir el informe. En la definición de los lineamientos y la metodología juegan un papel central Valencia y Berinstain, los únicos que han trabajado en otras comisiones de la verdad.
A la fecha, la entidad ha recibido dos voluminosos documentos de manos de las víctimas, que le apuntan a nutrir esa tarea. Un primer paquete fue entregado por la familia del asesinado dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán, integrado no sólo por archivos judiciales y de prensa, sino también por los análisis que ha hecho la familia sobre las causas y consecuencias del crimen, claves para entender el desarrollo del conflicto armado.
Un segundo grupo está conformado por el informe de dos tomos titulado “La verdad de las mujeres”, elaborado por la Comisión de Verdad y Memoria de la Ruta Pacífica de las Mujeres. En ambos se estudian las distintas formas de victimización, los impactos de esos crímenes, la dimensión colectiva de la violencia contra las mujeres, sus demandas en términos de reparación y sus procesos de resistencia.
Igualmente, la Comisión ha empezado a estudiar caminos para hacer realidad el enfoque étnico que mandata el Acuerdo Final. Según la comisionada Tobón, la metodología con que se estudiarán los crímenes graves cometidos contra los afro y los indígenas se concertará con las propias comunidades y sus organizaciones, mediante el procedimiento de consulta previa, que deberá empezar a activarse en esta fase de alistamiento.
El otro desafío es definir la manera como se escucharán los testimonios de las víctimas, procedimiento que deberá contar con acompañamiento psicológico. En su sentencia de constitucionalidad, la Corte dejó en claro que “el criterio de centralidad de las víctimas compromete al Estado con el aseguramiento de su participación y la transformación de sus condiciones de vida e implica su asistencia psicosocial oportuna y efectiva, cuando sea requerida, en desarrollo de los trabajos de la CEV (…), dados los diferentes eventos que pueden surgir ante la rememoración y reconstrucción de las historias de horror”.
Igualmente, la Comisión deberá constituir sus equipos de trabajo regionales, que de acuerdo con el comisionado De Roux, presidente de la institución, estará segmentado en diez macroregiones y contará con 26 puntos fijos de trabajo.
La idea de los comisionados es concluir el informe antes de la culminación del tiempo del mandato, con el fin de tener un tiempo prudente para hacer pedagogía sobre el contenido de ese documento y cumplir la tarea que le dio el Acuerdo Final de “contribuir a crear condiciones estructurales para la convivencia entre los colombianos y las colombianas, y a sentar las bases de la no repetición, la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera”.
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