15 Setembro 2017
Monseñor Douglas Crosby, obispo de la diócesis de Hamilton y presidente de la Conferencia de obispos católicos de Canadá, dirigió, el 9 de agosto de 2017, en nombre de sus hermanos, una carta al Primer Ministro, Justin Trudeau, refiriéndose al daño ambiental y humano que provocan las industrias mineras canadienses que operan en América Latina, también en Nicaragua. Reproducimos textualmente este importante documento para animar a quienes en todo el continente, también en Nicaragua, se organizan para rechazar el extractivismo minero.
La reportaje es publicada Revista Envío, Nº. 426, Septiembre-2017.
Señor Primer Ministro: Leí con interés la noticia de su audiencia con el Papa Francisco en Roma el mes de mayo pasado, durante la cual usted discutió muchos temas, incluyendo el impacto de la industria sobre la Creación y la Humanidad misma. Estos efectos están entre las preocupaciones más cercanas al corazón de la Iglesia Católica en Canadá, particularmente cuando se trata de los pueblos indígenas.
Recientemente, los obispos católicos de América Latina nos han hecho saber su profunda preocupación por la presencia de compañías de extracción minera canadienses que operan en América Latina. Muchas de estas empresas son directamente responsables de graves daños al medioambiente y de violaciones de los derechos humanos. Es particularmente lamentable que sus intereses comerciales tengan consecuencias directas y negativas sobre poblaciones indígenas, cuyas tierras ancestrales están siendo devastadas y agotadas por formas de explotación minera no éticas, injustas e irresponsables.
Este flagrante desprecio por la Tierra y por las personas que habitan en ella no sería tolerado si las voces de quienes están siendo afectados no fueran silenciadas por quienes con influencia política tienen intereses financieros vinculados a las operaciones mineras.
En Honduras, en Brasil y en otras partes de América Latina se ha impedido a mujeres y hombres, a comunidades enteras, defender sus tierras, su agua y sus medios de subsistencia. Es bien sabido también que el control, la extracción, el procesamiento y el comercio de estos recursos financian a grupos armados con poder que ponen en peligro a las poblaciones más vulnerables. Hemos recibido historias de cómo las amenazas, la violencia, la extorsión, incluso el asesinato, se han utilizado para hacer avanzar el progreso de estos grandes negocios y de la industria minera, en detrimento, humano y económico, de los pobres.
Nosotros, como canadienses, estamos entre los privilegiados. No podemos permanecer indiferentes al grito de los pobres o a las repercusiones de la degradación ambiental en nuestra casa común. No podemos aceptar la forma poco ética de las compañías mineras canadienses al operar en América Latina y en otras regiones del mundo, donde la ausencia de regulaciones eficaces se convierte en excusa para eludir las responsabilidades éticas.
Depende de todos nosotros, canadienses - el gobierno, las corporaciones, los inversionistas, las autoridades locales, los trabajadores y los consumidores - cambiar nuestras actitudes y prácticas si queremos vivir en un mundo en el que la creación de riqueza a partir de los frutos de la tierra no nos desvíe del origen y propósito de estos bienes, que deben servir para mejorar las condiciones de vida para todos.
Como ha señalado claramente el Papa Francisco en su carta encíclica de 2015 “Laudato Si – Sobre el cuidado de nuestra casa común”, la ecología natural está estrechamente ligada a la ecología humana, de modo que nuestra forma de tratar al mundo natural es inseparable de nuestra forma de ver a otros seres humanos, de concebir moralmente la sociedad y de relacionarnos con Dios.
El reciente interés de su gobierno por revitalizar la política exterior de Canadá fue objeto de una carta que envié a la Ministra de Relaciones Exteriores el 29 de junio de 2017, en la que expresé mi consternación por su discurso ante la Cámara de los Comunes el 9 de junio de 2017. Respuestas a mi carta en los medios de comunicación, tanto de la Ministra como de la Honorable Marie-Claude Bibeau, que recientemente se reunió con el arzobispo de Sherbrooke, el reverendo Luc Cyr, han sugerido una voluntad por parte de su gabinete para profundizar en esta importante discusión con los líderes religiosos.*
Ahora, le invitamos a que considere la carta abierta adjunta, firmada por más de 200 organizaciones latinoamericanas e internacionales, en la que se plantean importantes preocupaciones sobre el sector minero de Canadá. Esta carta, fechada el 25 de abril de 2016, fue enviada hace más de un año y todavía está a la espera de una respuesta. Quienes la firmaron, incluyendo los miembros de la “Red Iglesias y Minería”, esperan cambios basados en el compromiso que usted, como Primer Ministro, y su gobierno, han tomado hacia la adopción de un marco legislativo que llevaría a agencias estatales y a compañías a rendir cuentas de los abusos relacionados con las operaciones mineras de las compañías mineras canadienses. Sus sugerencias incluyen:
La creación de medios objetivos e imparciales, como un Ombudsman, para monitorear e investigar las denuncias de abusos relacionadas con las compañías mineras canadienses en el extranjero.
El acceso a tribunales canadienses, de manera que las violaciones de las leyes ambientales y de los derechos humanos por las compañías mineras canadienses que operan en el extranjero sean juzgadas bajo las leyes canadienses.
El fin de cualquier acción del gobierno canadiense, ya sea a través de la ayuda, el comercio, la asistencia técnica o la diplomacia, que busque influir en la adopción o modificación de marcos regulatorios para proyectos extractivos en los países receptores.
La interrupción de la búsqueda de acuerdos de libre comercio e inversión que favorezcan a las empresas mineras canadienses en detrimento de las personas y el medioambiente. En particular, el fin de los mecanismos de arbitraje internacional inversionista-Estado, que los inversionistas extranjeros usan para proteger sus inversiones y evadir la regulación o la rendición de cuentas de sus responsabilidades en caso de abuso.
Hace más de dos años, mi predecesor como presidente de la Conferencia de obispos católicos de Canadá, el reverendo Monseñor Paul-André Durocher, arzobispo de Gatineau, envió una carta de apoyo que adjunto al entonces presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), como expresión de nuestra solidaridad con su decisión de comparecer ante un tribunal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 19 de marzo de 2015, en Washington DC, sobre las implicaciones éticas y morales de los proyectos extractivistas en América Latina.
El reverendo Monseñor Donald Bolen, entonces obispo de Saskatoon, quien sigue siendo Presidente de la Comisión para la Justicia y la Paz de los obispos canadienses, estuvo presente en las audiencias del tribunal como una expresión más de nuestra solidaridad.
Una copia de la carta fue enviada al entonces Ministro de Relaciones Exteriores, el Honorable Rob Nicholson, en la cual el arzobispo Durocher señaló cómo nuestra Conferencia de obispos se preocupa desde hace varios años por las conexiones canadienses con las industrias extractivas presentes en América Latina.
La organización católica canadiense Desarrollo y Paz – Cáritas Canadá también ha intervenido en numerosas ocasiones para que las comunidades afectadas por las actividades de compañías mineras canadienses en el extranjero puedan tener acceso a la justicia, un llamado que ha sido apoyado y reiterado por los obispos de Canadá. Más de 80 mil canadienses se unieron a Desarrollo y Paz en el marco de la campaña “Voz para la Justicia” en 2013, para exigir la creación de un Ombudsman, un Defensor del Pueblo independiente, para monitorear al sector extractivo en el extranjero.
¿Cuándo responderá el gobierno de Canadá a estos insistentes llamamientos para mejorar la supervisión de las compañías extractivas canadienses que operan en el extranjero? Espero recibir pronto su respuesta, y le agradezco su atención a nuestras continuas preocupaciones.
Sinceramente,
Douglas Crosby
Presidente de la Conferencia de Obispos de Canadá
En una carta a la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, el obispo Douglas Crosby le expresó su “profunda preocupación” por un discurso que Freeland pronunció ante la Cámara de los Comunes, en el que aseguró que el derecho al aborto y el reto de los derechos sexuales y reproductivos “están en el centro de la política exterior canadiense”. Entre otras cosas afirmaba el obispo: “Si bien los obispos católicos de Canadá comparten su preocupación por promover el respeto y la dignidad de las mujeres - un tema al que la Conferencia de obispos y los católicos canadienses otorgan gran importancia - sentimos la necesidad de señalar con todo respeto que su declaración es errónea, confusa y equivocada”. Señaló que asuntos importantes para las mujeres están siendo “pasados por alto y silenciados”. Y puso como ejemplos “los acuerdos económicos de Canadá con países en los que las niñas son asesinadas por no ser varones, en los que las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo o donde no gozan de los mismos privilegios legales y donde no hay protección contra la violación, la violencia física y otras formas de abuso”. “Los canadienses - dijo - reconocen estas violaciones graves de los derechos humanos, como crímenes atroces en ciertos casos, mucho más rápida y unánimemente que la oposición al aborto y a la anticoncepción artificial”.
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