Mientras el gobierno colombiano negocia con el Ejército de Liberación Nacional – ELN un cesar fuego mediado por la Organización de las Naciones Unidas, las fuerzas armadas oficiales asesinan campesinos. La muerte de seis cocaleros, la semana pasada, cayó como una bomba para la reputación de Juan Manuel Santos, presidente que se esfuerza para solidificar el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc.

El hecho sucedió el último jueves, 05/10/17, durante un enfrentamiento entre policiales y civiles que participaban de un protesto contra la erradicación de plantaciones ilegales de coca en la región de Tumaco, en el sudeste del país, en la frontera con el Ecuador. Además de los seis muertos, la masacre tuvo 14 personas heridas y un retroceso en los acuerdos de paz del año pasado.

Al lamentar y condenar lo ocurrido, Santos ratificó que el gobierno continuará con la estrategia contra las drogas, que combina acuerdos de substitución voluntaria con la erradicación forzada de cultivos. “No vamos a permitir que ninguna organización criminosa frustre una política que debe ser una política bien sucedida (…), recuperar la legalidad en todo el territorio nacional y substituir los cultivos de coca por cultivos lícitos”, expresó el presidente en declaraciones a la prensa en la casa de gobierno.

La ONU ya había alertado para el aumento de los asesinatos. En marzo, el Escritorio de Colombia del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había dicho que el “vacío dejado por las Farc” está siendo “ocupado por grupos al servicio del narcotráfico.” En la oportunidad la entidad emitió un documento en donde llamaba la atención para el “aumento de asesinatos en las áreas rurales.”

Hay varias versiones para explicar lo que sucedió. Mientras el ejército y la policía atribuyen el choque a un atentado del grupo disidente ‘Guacho’ (el cual la Farc esclarece por medio de nota en su página web que no hace parte de sus listas oficiales) que habría lanzado una bomba de cinco cilindros contra la Fuerza Pública, la Asociación de Juntas de Acción comunal de los ríos Nulpe y Mataje – Asominuma afirma que fue el Ejército que “atacó desproporcionalmente contra la comunidad que protestaba pacíficamente.” Según esta entidad, el número de muertos fueron 9 y 18 heridos.

El proceso de pacificación de las Farc avanza de forma aparentemente irreversible, lo que debe poner fin a una guerra civil de 53 años, y el diálogo de paz con la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional, también ya está instalado. Sin embargo, en las dos últimas semanas, de acuerdo con el Consejo Comunitario de alto Mira y Frontera, las comunidades fueron utilizadas como “escudos humanos antes de la intervención de la Fuerza Pública que realiza tareas de erradicación forzada.”

Presionado por los Estados Unidos, el gobierno Santos planeaba acabar este año con 100 mil hectáreas de cultivos ilegales. Entre 2015 y 2016 los cultivos dispararon de 646 a 866 toneladas de cocaína, según la ONU.

Aunque Tumaco haya sido el local en donde el conflicto estalló, en otras partes del país la situación también es crítica. Conocido como “el pulmón del tráfico de drogas”, por la proximidad con la frontera con Ecuador, a lo largo del río Mataje, el área representa la ruta de entrada para la transformación de la coca. La droga producida en Colombia va principalmente para los Estados Unidos, en donde abastece mercados de Miami, Nueva York y Chicago.

En setiembre, Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acertaron, en Quito, un cesar fuego bilateral que entró en vigor el 1 de octubre y deberá vigorar hasta 12 de enero de 2018, dos días antes de la llegada del Papa Francisco para visita al país andino. Hay margen para prorrogación.

“La prioridad es proteger a los ciudadanos, por eso, durante este período, secuestros, ataques a oleoductos y otras hostilidades contra la población civil cesarán”, acrecentó. Los detalles y los métodos de verificación, sin embargo, todavía están siendo finalizados.

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