“Los movimientos sociales se insertan de modo contradictorio en terrenos afilados por las disputas del campo jurídico”, dice el investigador.

La criminalización de los movimientos sociales “actúa” en Brasil “a través de la deslegitimación de militantes, movimientos sociales y, en última instancia, de sus pautas políticas”, y de la “conversión narrativa de ‘militantes’ en ‘criminosos’ en el sentido de la producción de una ilegitimidad para la participación democrática”, en la cual “luchadores” son rediseñados narrativamente como criminosos”, dice Roberto Efrem Filho a IHU On-Line en entrevista a continuación, concedida por e-mail.

Con todo, señala, cuando se trata de analizar las relaciones de los movimientos sociales con el Judiciario, “sería irresponsable” alegar que el Judiciario brasilero es absolutamente cerrado a las pautas de los movimientos”. Efrem Filho recuerda que “fue por medio del Poder Judiciario que el Movimiento de Lésbicas, Gays, Bisexuales, Travestis y Transexuales, por ejemplo, consiguió alcanzar derecho hasta entonces negados a la población LGBT.”

Según Efrem Filho, el Judiciario ha sido “cada vez más convocado a decidir sobre los conflictos sociales y lo exigible de los derechos previstos en la Constitución de 1988”, y está “cada vez más interfiriendo en la gestión de las políticas sociales, reconociendo derechos de acceso a los medicamentos caros o exigiendo que entes públicos ejecuten los mínimos constitucionales presupuestales para la educación” y, por esas razones, también “pasa a ocupar un lugar cada vez más relevante en la escena pública” y se configura como un agente “fundamental de las disputas ínsitas en el campo político”, pero sufre de un “déficit democrático”.

A pesar de las conquistas resultantes con el Judiciario, advierte, mismo cuando este “recibe las pautas de los movimientos sociales, la forma propiamente jurídica de realización de la política impone su precio.” Desde allí que el ‘sujeto de derechos’ competente para accionar las nociones de ‘estabilidad’ – características al proyecto hetero-normativo de ‘familia’ – acaba por ser alguien muy parecido conmigo, un ‘hombre gay’ o ‘bisexual’, blanco, miembro de lo que se llama de ‘clase media’, y no con la travesti asesinada con 30 cuchilladas en las esquinas de la noche de Campina Grande, labrado en los registros de la investigación y del proceso judicial correspondiente como una ‘criminosa’.”

Roberto Efrem Filho es profesor de Sociología del Derecho en la Universidad Federal de Paraíba – UFPB y cursando doctorado en Ciencias Sociales en la Unicamp y es integrante del Sector de Derechos Humanos del MST/PE.

La entrevista es de Patricia Fachin | Traducción de Juan Luis Hermida.

Lea aquí parte de la entrevista.

IHU On-Line – ¿Está usted de acuerdo con aquellos que defienden que existe un aumento de la criminalización de los movimientos sociales en el país? ¿Por qué razones?

Roberto Efrem Filho –La historia de las luchas sociales en nuestro país es densamente marcada por la reciprocidad entre la violencia y la criminalización. Agentes del Estado, clase y grupos sociales dominantes, de modo más o menos explícito o mediado, nunca tuvieron pudor en recurrir a la violencia y a la gestión criminal – o a la combinación dialéctica de ambas – para reprimir las luchas sociales, las luchas por los derechos, los movimientos sociales. Se trata de algo propio a las fronteras y a los límites de nuestra frágil experiencia democrática. Se trata de aquello que Florestan Fernandes llamó de ‘arcaizar lo moderno y modernizar lo arcaico”. Entre nosotros, el pasado y el presente se rehacen y actualizan uno a través del otro. Pero de tal manera que prácticas sociales pretendidamente “antiguas” o “ultrapasadas” se representan y reconstituyen en los conflictos sociales, y las luchas por los derechos y por la ampliación democrática acaban siendo comprendidas, por aquellos sectores dominantes, como inconvenientes, como obstáculos a sus intereses.

En otro momento, Ana Lia Almeida y yo llamamos ese proceso de “indisponibilidad democrática.” Con esa expresión, intentamos señalar para la difícil, si no imposible, relación entre las elites nacionales – fijadas por la concentración de propiedad de la tierra y por la súper explotación del trabajo – y la democracia. En la trayectoria de esa relación el recurso a la violencia se dio y se da, en determinados contextos, como una obviedad. Sucedió en Eldorado de los Carajás; sucedió en las calles de San Pablo y de tantas ciudades durante los protestos de junio de 2013; sucede en las Cataratas del Iguazú, en Paraná, con el asesinato de Vilmar Bordim y de Leomar Bhorback, militantes del MST, en abril de este año; sucede en Mogeiro, en Paraíba, igualmente en abril, con el homicidio de Ivanildo Francisco da Silva, dirigente del Partido de los Trabajadores y apoyador de la Comisión Pastoral de la Tierra, la CPT. Por medio de la actuación de aquellos que los movimientos sociales y sus asesorías jurídicas llaman de “milicias armadas” y, sobretodo, de agentes de Estado, como policiales militares y civiles, muchas veces participantes de las tales “milicias”, la violencia se propaga.

Criminalización

Sin embargo más allá de ella, se propaga también la “criminalización”, o sea, aquello que, como Douglas Pinheiro Bezerra y yo argumentamos anteriormente, maniobra en el interior del ámbito jurídico una de las dimensiones del concepto, formulado por Michel Foucault, de “gestión diferencial de las ilegalidades”. Tal criminalización representaría el modo característico empleado por el Poder Judicial para digerir, en sus intrigas, la “delincuencia” – las clases y grupos sociales históricamente construidos como “peligrosos” o “con vocación para el crimen” y que sirven a la legitimación del propio poder punitivo – delincuencia esta que, si el Judiciario no crea, actualiza en su cotidiano burocrático. En otras palabras, la criminalización opera a través de la deslegitimación de militantes, movimientos sociales y, en última instancia, de sus pautas políticas – la reforma agraria, el pase libre etc. “Luchadores” son rediseñados narrativamente como “criminosos”. Amalgamada la violencia, esa criminalización hizo oportuna, por ejemplo, que trabajadores rurales sin tierra torturados, durante una ocupación de tierras, por policiales militares encapuchados, fueran presos “preventivamente” y tratados como reos en un proceso judicial, como ocurrió en Paraíba, en uno de los casos ya acompañados por el Núcleo de Extensión Popular Flor de Mandacaru, el NEP, núcleo de asesoría jurídica universitaria popular de la UFPB. Violencia y criminalización por lo tanto, no consisten en excepcionalidades. Por el contrario, ellas dan forma a las fronteras y a la precariedad de nuestra experiencia democrática. Al final, una y otra actúan en la administración y en la configuración de los sujetos políticos capaces de participar del juego democrático.

Los “sin tierras” no están entre esos sujetos, aunque sin los “sin tierras”, el MST y sus luchas siquiera hubiese una “experiencia democrática” para llamar de “nuestra”. Esto que por testarudez o necesidad, nombramos como “democracia” es deudor de las luchas sociales. Siendo así, violencia y criminalización rellenan las relaciones dominantes de las luchas, se combinan y se re-combinan, dependiendo de las disposiciones e indisposiciones de los agentes sociales y de las relaciones de poder en cuestión. Se puede decir que la primera década de este siglo testimonió una mayor participación del Judiciario en la gestión de los conflictos sociales y que, de esa forma, la criminalización de los movimientos sociales avanzó como modus operandi del control. La violencia, sin embargo como indiqué, no fue evitada.

• La entrevista completa, en portugués, puede ser leída a continuación