14 Abril 2016
“El río recibe ácidos, desechos, amonio, cobre y mercurio además de cianuro y nadie habla de ellos”, dijo hoy en la cámara alta del Congreso de la Nación el Doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas Robert Moran. El especialista fue invitado para exponer ante los senadores sus conclusiones sobre su reciente visita a la mina Veladero, en el marco del proceso judicial luego del derrame de cianuro ocurrido en septiembre pasado.
El reportaje fue publicada en el sitio del GreenPeace, 12-04-2016
Moran, como integrante de la Comisión de Expertos convocada por el juez Sebastián Casanello para evaluar el estado actual de la zona, aseguró que la única información que posee de la mina es de la misma empresa Barrick. “Son palabras lindas, pero muéstrenme información concreta”, pidió.
En septiembre de 2015 se derramaron al menos un millón de litros de cianuro sobre la cuenca de Río Jáchal. Una pericia judicial de la PFA estableció que se contaminaron al menos 5 ríos como consecuencia del derrame, pero la mina continúa abierta. Moran sumó datos alarmantes, indicando que “cuando la mina deje de operar, la roca de desechos va a a seguir contaminando el agua”.
Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares de Greenpeace, dijo que las autoridades tienen la oportunidad de cerrar un proyecto que daña el ambiente y que está ubicado sobre área periglaciar. “No solo pedimos el cierre definitivo de la mina Veladero, también exigimos el inmediato inicio de las acciones de la remediación ambiental a cargo de la Barrick”.
Por su parte, Enrique Viale, representante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, informó que las palabras de Moran dejan en claro que la minera Barrick aún se niega a presentar información concreta sobre lo sucedido en Veladero. “Por eso, se deben tomar medidas efectivas que impliquen el cierre de la mina, que provocó uno de los desastres ambientales más importantes en la historia del país” agregó.
Por su parte, Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN, resaltó su preocupación por el no cumplimiento de dos leyes fundamentales para el desarrollo sustentable del país: la Ley de Presupuestos Mínimos para la preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, y La Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental. "Significa que, además del daño ambiental e impacto en el recurso más importante para la vida, como lo es el agua, la empresa imposibilita a la ciudadanía el derecho conocer el estado de situación, lo que permitiría, por ejemplo, prevenir y mitigar riesgos en la salud de los habitantes".
