La ley de aguas parece una ley maldita, por la cantidad de intereses y visiones que afecta; y porque no ha logrado ser aprobada. Desde la agroindustria hasta las comunidades de Totonicapán, muchas fuerzas se oponen a una regulación de los recursos hídricos del Estado.

El reportaje es de Sebastián Escalón, publicado por Plaza Publica, 28-03-2016.

En los últimos 30 años, 12 iniciativas de ley llegaron al Congreso para intentar poner orden en el uso de los recursos hídricos de Guatemala. Todas fracasaron. Los 12 intentos se estrellaron contra un muro de intereses contrapuestos.

Ahora, en 2016, un nuevo grupo de diputados vuelve a la carga para elaborar una nueva iniciativa.
Entre ellos, el diputado Leocadio Juracán de Convergencia, y el diputado Ferdy Elías, electo por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero ahora miembro de la bancada Frente Convergencia Nacional (FCN). Ambos lideran la Comisión de Recursos Hídricos del Congreso. La nueva propuesta pretende surgir de una mesa técnica interministerial que están promoviendo, y del diálogo con movimientos sociales.

Si ambos diputados perseveran en este enésimo intento de regular el agua en Guatemala, tendrán que librar una dura lucha.

¿Cuáles son los intereses que rechazan sistemáticamente todos los proyectos de una ley de aguas?

Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), no tiene dudas al respecto: “Son las élites, que chupan como sanguijuelas, las que no quieren que haya una regulación del agua. Ellos producen aceite o azúcar con el agua que no les cuesta nada. Igual las hidroeléctricas, producen una electricidad que exportan con agua por la que no pagan canon de aprovechamiento. Esa gente nunca va a querer pagar por el agua que usa, ni está dispuesta a aceptar el principio que el que contamina paga”, exclama el ambientalista.

“El problema de fondo son los vínculos entre sectores económicos y la clase política. La falta de regulación beneficia a los grandes usuarios del agua, en contra de los sectores populares que son afectados”, argumenta Jorge Cabrera Hidalgo, consultor en temas ambientales de la Asociación de investigación y estudios sociales (Asies). Hasta ahora, no existe regulación sobre la utilización y el pago por el agua.

Pero, un discurso muy distinto manejan los representantes de estos sectores económicos. Por ejemplo, Juan Carlos Zapata, director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), tanque de pensamiento afín al sector privado organizado, afirma que legislar sobre el agua es un mandato constitucional que debe ser acatado. Agrega que Fundesa está elaborando una propuesta de ley.

Por su parte, Carla Caballeros, vocera de la Cámara del Agro (Camagro), niega que la agroindustria esté en contra de la regulación del agua. “Nosotros queremos que se regule el acceso al agua, pero a partir de criterios técnicos. Tiene que haber una gestión de los derechos de uso que tome en cuenta a todos los usuarios. Y también hay que fortalecer las instituciones para darle viabilidad a la ley”.

Un discurso en el que no cree Yuri Melini. “No hay que preguntarles si quieren una ley de aguas; hay que preguntarles si están dispuestos a pagar por el agua que consumen”. A esta pregunta, Carla Caballeros dijo no poder contestar. “Estos contenidos a detalle son los que discuten nuestros agremiados”.

Según la exdiputada Lucrecia Marroquín de Palomo, quien presidió la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso en 2005 —y que ahora lidera un movimiento para la reactivación de la pena de muerte—, la oposición de la agroindustria nunca ha sido pública. Pero en los hechos, explica, sí usan de su influencia sobre muchos diputados para paralizar las iniciativas de ley.

Quienes sí se han opuesto de manera pública y radical a las anteriores propuestas, son los 48 cantones de Totonicapán, así como otras organizaciones campesinas. Por razones distintas, incluso contradictorias con las de la agroindustria. El destino fatal dela iniciativa 3118, en 2005, es una muestra de esta paradójica convergencia entre dos sectores tan distintos.

La muerte de la 3118

En 2005, el representante de Chimaltenango Alfredo Cojtí, decidió promover una ley de aguas. Para redactar la nueva iniciativa de ley, se conformó un sólido equipo de ambientalistas entre los cuales estaban Yuri Melini, Jorge Cabrera Hidalgo y Elisa Colom, abogada con mucha experiencia en manejo de los recursos hídricos.

Juntos, elaboraron el proyecto 3118 que obtuvo el apoyo de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales presidida por Lucrecia Marroquín de Palomo, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). La mayor parte de las bancadas grandes veían el proyecto con buenos ojos. Con el viento en popa, el equipo que lideraba este proyecto trabajó durante meses en la socialización de la propuesta. “Fue la primera iniciativa de ley que se consensuó con todas las municipalidades”, recuerda Lucrecia Marroquín. Además, realizaron un sinnúmero de talleres con oenegés, organizaciones campesinas, sindicatos, representantes de la agroindustria y representantes de los 48 cantones de Totonicapán.

Según Yuri Melini, en el Congreso la iniciativa 3118 tenía asegurados los 108 votos para su aprobación. Pero de repente, el panorama cambió.

El 6 de septiembre de 2005, pobladores de Momostenango, Totonicapán, bloquearon la carretera interamericana a la altura de Cuatro Caminos para protestar contra la iniciativa. El siguiente día, en la cabecera de Totonicapán, hubo violencia: un grupo de gente incendió la comisaría y la casa del alcalde municipal, aprovechando una manifestación contra la ley de aguas. El 9 de septiembre de 2005, al grito de “No a la privatización del agua”, decenas de miles de personas de todo Occidente se echaron de nuevo a las carreteras, bloqueando la Interamericana en varios puntos.

Esa misma mañana, delegados de los 48 cantones de Totonicapán llegaron a la capital a negociar con los diputados y el presidente Óscar Berger. Antes de mediodía, todo el embrollo estaba resuelto: el Congreso archivó la ley de aguas y los pobladores liberaron las carreteras.

Diferentes motivos, un mismo fin

La caída de la iniciativa 3118 conlleva una lección que los diputados interesados en retomar el tema del agua deben aprender.

Mientras se socializaba el proyecto de ley de aguas, no hubo oposición pública por parte del sector privado. Ni comunicados, ni campos pagados, ni declaraciones como los que se han visto en contra de iniciativas de ley como la de Desarrollo Rural. “Ellos no dijeron nada, trabajaron de otra manera. No lo puedo probar, pero creo que manejaron a muchos diputados de los departamentos”, explica Lucrecia Marroquín.

Según la excongresista, la prohibición a los desvíos de ríos y la regulación de los pozos y las aguas subterráneas motivaron la oposición solapada de los grandes del agro, y de otras empresas industriales no menos poderosas. “El que más trabajó contra la ley fue el diputado (Eduardo) Zachrisson Castillo. Los Castillo tienen dentro de la finca El Zapote un nacimiento de agua de donde sale el agua Salvavidas. Por eso no estaban de acuerdo con que la ley dijera que las aguas eran del Estado”, afirma Lucrecia Marroquín.

Viene entonces la paradoja: unos, por mantener la privatización de hecho de los recursos hídricos, y otros, creyendo evitar su privatización, los dos sectores lograron detener la iniciativa. Para Yuri Melini, el hecho no es una casualidad:“La ley estaba bien fundamentada y consensuada, tanto a nivel académico como con los alcaldes. Pero todo se complicó cuando Óscar Berger y su secretario privado, Alfredo Vila, se dieron cuenta que la ley iba contra sus intereses, los intereses de los cañeros y del CACIF. El CACIF instrumentalizó a un grupo de Totonicapán llamado 48 cantones para que se opusiera a la ley, diciendo que iba contra los derechos de las comunidades. Cuando en realidad la ley reconocía los derechos de las comunidades indígenas”. El director de Calas agrega que una instrumentalización de los 48 cantones ya se había dado en 1998, con la reforma truncada a la ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), que también puso en el mismo bando a la organización totonicapense y al sector privado.

José Luis Sapón fue Presidente en 2013 de los 48 cantones. Abogado y notario, él fue uno de los legistas que estudió la iniciativa 3118 y consideró que la organización debía combatirla.

Sapón menciona algunas de las razones de esta oposición: “Rechazábamos la necesidad de hacer solicitudes al Estado para obtener el derecho al agua. Tampoco había representación indígena en las instituciones que administrarían el agua. Además, se abría la posibilidad para autorizar el uso de agua a empresas privadas mediante concesiones. El agua se convertía así en un objeto de comercio”.

En cuanto al señalamiento de Yuri Melini, Sapón responde: “No recuerdo reuniones con el CACIF para lo de la ley de aguas, pero yo no estaba en la junta directiva. Pero no descartemos la posibilidad de que nuestros intereses coincidan a veces con los de otro sector. Lo que sí es cierto es que nuestro análisis de la ley mostraba que no nos beneficiaba”.

Todos contra el Estado

Quizás no sea necesario plantear un contubernio secreto entre dos sectores tan dispares, con visiones y objetivos tan alejados uno del otro, para explicar que la agroindustria y los 48 cantones hayan obrado por el fracaso de la ley de aguas en 2005. Las dos fuerzas tienen un punto en común: el rechazo a la intromisión del Estado en sus asuntos.

Animadversión al Estado que expresan claramente los intelectuales “libertarios” para quienes el agua se debe privatizar y ser objeto de comercio.

En una columna de opinión intitulada “Una ley de aguas no es la solución”, José Fernando Orellana Wer, columnista de El Periódico, escribe: “Si dejamos de considerar (el agua) como un bien público y lo consideramos como uno económico, sujeto a derechos de propiedad para regular su aprovechamiento, se crearían los incentivos necesarios para el fomento de la inversión, explotación, distribución y conservación del mismo”. Orellana Wer es miembro de Estudiantes por la Libertad y miembro de la Red de Amigos de la Naturaleza (Rana), un grupo que se define como ambientalista, aunque niega tajante la existencia del cambio climático.

Luis Figueroa, periodista y también integrante del grupo Rana, opina en el mismo matutino: “La colectivización y el estatismo fracasan en proveer de agua a los pobres, como fracasan en darles buena educación, y fracasaban en proveerlos de teléfonos”.

Estas dos opiniones se enmarcan dentro del pensamiento “libertario” que nutre las ideas de buena parte de las élites económicas de Guatemala. Una de las características de esta ideología es el rechazo a toda intromisión de la política en asuntos que considera del dominio exclusivo del libre mercado. En este sentido niegan que el agua deba ser regulada de otra forma que por contratos privados.

Pero más allá de la ideología, están las prácticas habituales de muchas empresas agroexportadoras, hidroeléctricas o industriales. Los desvíos de ríos, el uso abusivo de acuíferos subterráneos, la contaminación por aguas no tratadas, el no respeto de caudales ecológicos son delitos que una ley de aguas debería sancionar con rigor.

Los 48 cantones vieron también con recelo el papel que la iniciativa 3118 otorgaba al Estado. Por razones muy distintas.

Verdadero Estado dentro de Guatemala, los 48 cantones disponen de un territorio, de leyes y reglas propias, y de un poder ejecutivo (la junta directiva) bajo la tutela de una Asamblea. Organización capaz de influir en muchos aspectos de la vida diaria de su población, gran parte de su razón de ser es defender y administrar los bosques, el agua y la tierra.

La administración del agua en este territorio es tan estricta como eficiente, y sujeta a reglas que todos los pobladores conocen. “Nuestra reglamentación es sencilla: hay trabajos que hacer para el mantenimiento y la protección del agua y los nacimientos, y todas las comunidades tienen que participar. La comunidad que trabaja, tiene agua. La que no trabaja, no tiene agua. Si alguien contamina o perjudica, no tiene acceso al agua. Los conflictos por nacimientos o cuestiones con el agua, se resuelven en la Asamblea de los 48 cantones”, explica José Santos Sapón.

La intromisión del Estado de Guatemala en la administración del agua de Totonicapán planteaba un problema casi de soberanía nacional. Un poco como si México o El Salvador, que reciben las aguas de los ríos Usumacinta y Lempa, quisieran supervisar la regulación del agua en Guatemala.

Bien es cierto que la propuesta legislativa reconocía explícitamente el derecho indígena y consuetudinario, y las prácticas ancestrales en lo que respecta a manejo de aguas. Pero el simple hecho de tener que pedirle un permiso de uso del agua al Estado, y tener que justificar esta solicitud, motivó gran parte del rechazo. La rectoría del Ministerio de Ambiente, ente ajeno a la comunidad y que no suscita más que desconfianza, era inaceptable. También lo era la posibilidad de que el mismo Estado entregara concesiones de uso a empresas o industrias sin pedir permiso a la organización, como lo explicaba Sapón.

“No queremos institutos del agua, ni viceministerios del agua. Queremos que el ente regulador sea el gobierno local”, explicaba a El Periódico en septiembre de 2005, Carlos García, entonces presidente de los 48 cantones.

“En cada territorio, se organizan los pueblos kaqchikeles, quichés, etcétera. Ellos son los que deben decidir sobre el uso de los recursos como está escrito en el convenio de la ONU”, indica José Santos Sapón, en referencia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por otro lado, los 48 cantones ven en el Estado un ente corrupto, destructor y violento que siempre va en contra de las comunidades indígenas y a favor de la agroindustria. “El Estado promueve proyectos de creación de riqueza basados en la destrucción del ambiente. ¿Cómo creer que va a proteger el agua?”, argumenta José Santos Sapón. Casos como la masacre de Alaska apuntalan con firmeza esta desconfianza.

La centralización de la decisión sobre el agua es un motivo genuino de recelo, explica Elisa Colom. “Los 48 cantones tienen razón en esto: si les ponen una ley de aguas en la que un director, desde su despacho en la capital, decide que tal persona o tal empresa puede ir a tu comunidad a usar el agua, como pasa con las hidroeléctricas, eso no sería justo”.

“Yo no creo en un sistema en el que tres tecnócratas superpagados, en una oficina preciosa, con su sistema de información geográfica, deciden de todo. Nadie les va a hacer caso. Hay que empezar al revés, para que poco a poco se cree la confianza”, añade Colom, quien cita como ejemplo el modelo francés, en el que “las autoridades de cuenca parten de la base, de la comunidad, y de la comunidad pasan al municipio, y luego al país”.

Tanto va el cántaro a la fuente…

El escándalo de los robos de ríos Madre Vieja y Achihuate en la Costa Sur reavivó el clamor entre la sociedad civil por una regulación de las aguas. Pero, después de 30 años de intentos infructíferos, ¿qué oportunidades tendría hoy una nueva ley de aguas? Diez años después de la muerte de la iniciativa 3118, los congresistas tendrán que hacer frente a una conflictividad social y ambiental aún más dura que en 2005.

Para Yuri Melini, las opciones de lograrlo son nulas: “Yo no le veo viabilidad al tema de la ley de aguas. Es una pérdida de tiempo”. Sentimiento que comparte José Santos Sapón: “Va a ser difícil porque hay muchos intereses contrarios”.

El diputado Leocadio Juracán es más optimista: “Yo creo que es posible. Estamos en un contexto en el que hay conflictos, destrucción masiva del recurso hídrico, y hay que tomar acciones. Están las condiciones, creo yo, y con un poco de voluntad, se puede llegar a un balance.”

Si, cargando con el peso de la historia, los nuevos diputados persisten en su afán, inevitablemente, se toparán con el mismo obstáculo: ¿qué hacer con el Estado? ¿Qué poderes darle a un Estado débil, pobre, enfermo, desinformado, corruptible y en el que nadie cree ni confía? Estado que, a pesar de los pesares, es el único dueño de las aguas superficiales y subterráneas, y es el que está llamado a administrar y priorizar entre distintos usos cobrando cuotas, sancionando delitos, invirtiendo en infraestructura, y favoreciendo el acceso al agua a la población que no lo tiene.