18 Março 2016
Las violaciones a los derechos humanos están a la orden del día este jueves cuando los grupos indígenas y Garífunas han iniciado la gran movilización para exigir justicia para Berta Cáceres, Nelson García y el respeto a los derechos ancestrales a la tierra y a la protección de los recursos naturales de sus comunidades.
El reportaje fue publicada en el sitio Criterio.hn, 17-03-2016.
La Policía Nacional está usando burdas estrategias para frenar la movilización y ayer en la ciudad de La Ceiba, la policía de tránsito se inventó que no tenían papel para extender los permisos de circulación a los buses urbanos que trasladarían gente de esa localidad hacia Tegucigalpa para participar en la gran movilización.
Los policías les manifestaron que se vinieran y que al llegar a alguna posta que los llamaran por teléfono para manifestarles que venían con permiso, pero no fue así ya que al llegar a la posta de La Barca en el desvío a Santa Rita de Yoro, la policía los detuvo desde la madrugada y este jueves a las 7 de la mañana los regresaron para La Ceiba.
Esta madrugada en la posta del Durazno en la entrada a Tegucigalpa fueron detenidos los miembros del Movimiento Amplio por la Democracia y la Justicia (MADJ), sin manifestar ninguna razón y violentando el libre derecho a la locomoción y el derecho a protestar.
El líder de la Coordinadora de Pueblos Indígenas, Salvador Zúniga, denunció que el gobierno de Juan Hernández por su actitud represiva contra la población indígena, están decomisando las cedulas de identidad y a los dueños de los buses les están decomisando los permisos extendidos por la dirección nacional de transporte.
Zúniga denunció también que los buses que venían de la comunidad de Rio Blanco fueron regresados en la posta de Pito Solo, ubicada entre Siguatepeque y el Lago de Yojoa.
Alfredo López, de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), manifestó que la actitud de la policía es hostil y que es una violación a los derechos de los ciudadanos negros e indígenas que hoy vienen a manifestarse y a exigir sus derechos y castigo para los asesinos de sus pueblos.
German López, del pueblo Pech de Santa María del Carbón, San Esteban, Olancho manifestó que están en esta movilización para exigir que este gobierno haga algo por proteger la etnia Pech que está a punto de perder su idioma por falta de la asistencia estatal.
Además señaló que, vienen a exigir que se esclarezca la muerte de su líder Blas López Catalán, que fue asesinado en el 2010 y porque tienen problemas con la tierra ya que el Instituto Nacional Agrario (INA) no ha querido hacer nada contra una familia Solbarriba que les tienen invadidas unas cien manzanas de tierra que son del pueblo Pech.
Los tolupanes se pronunciaron a través de Ramón Matute, quien denunció que la policía los detuvo en la salida de sus comunidades y los amenazaron de muerte al decirles “por eso los matan por andar protestando”.
Matute relató que, la policía les atravesó la patrulla y los obligo a bajarse del bus donde venían y los registraron profiriéndoles malos tratos y tratándolos como si fueran criminales.
En torno a la tenencia de la tierra dijo que, en la tribu san Francisco quieren la anulación del título supletorio 366-98 porque ellos tienen un título ancestral de 1864 que les fue otorgado por el misionero Manuel de Jesús Subirana y el Estado ha despedazado ese documento.
