El escándalo de Odebrecht salpicó a otro mandatario latinoamericano: el presidente panameño, Juan Carlos Varela, que fue acusado de haber recibido “donaciones” de la constructora brasileña, lo que negó tajantemente, pese a que sus exsocios de la firma Mossack Fonseca lo confirmaran.

El reportaje es de Mariana Álvarez Orellana, publicado por ALAI, 13-02-2017.

En una comparecencia convocada de urgencia, Varela aseguró que “no existen donaciones de la empresa Odebrecht” y se comprometió a entregar una lista de los donativos privados que recibió en la campaña de 2014, contradiciendo así la acusación de su antiguo ministro consejero y socio del bufete Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora.

Mucha preocupación causa en Panamá la desconfianza que genera la Odebrecht y la ineptitud de las políticas del Gobierno. Casi a diario se destapan negocios ilícitos en todos los renglones económicos. El caso de Odebrecht probablemente encabeza la lista. El escándalo de los ‘papeles' de la firma de abogados Mossack-Fonseca no se queda atrás, señala el académico y sociólogo Marco Gandásegui.

“Pende una gran interrogante sobre Minera Panamá que dice tener una inversión de varios miles de millones de dólares en Coclesito. Así mismo, el Canal de Panamá y el puerto de Corozal se han convertido en un tinglado donde las diferentes fracciones de la oligarquía se pelean los beneficios de las políticas públicas especulativas. En 2016 concluyó la construcción de la ampliación del Canal de Panamá con demandas de pagos por más de $3 mil millones de dólares adicionales por parte del grupo constructor que dejó fuertes dudas sobre su integridad”, añade.

El Polo Democrático señala que ninguna institución puede garantizar una investigación profunda e independiente al presidente. La Asamblea Legislativa a la que le corresponde investigar denuncias contra un mandatario, es una institución igualmente corrupta, donde los diputados que se reeligieron en 2014 fueron parte de la trama de saquear 400 millones de dólares del Programa de Ayuda Nacional (PAN) para financiar sus campañas.

Añade que la Corte Suprema de Justicia es otro órgano completamente corrupto en el que su presidente, Ayú Prado, fue electo porque era “manejable” para el Ejecutivo, según Fonseca Mora. Todo el sistema judicial, pero en particular sus nueve máximos magistrados, se caracterizan por fallos sospechosos de compras, siempre favorables al gran capital a cambio del respectivo “salpique”, contra los intereses y demandas populares. “Ahí están las confesiones del propio magistrado Harry Díaz de hace un año, y no ha pasado nada”, denuncia el grupo político.

El Polo insiste en que por ser un régimen político antidemocrático y corrupto, en que los candidatos y partidos son financiados por empresarios en los torneos electorales a cambio de jugosos contratos del Estado, deberían auditarse todos los grandes contratos públicos de, al menos, los últimos 25 años, incluyendo muchas empresas competidoras de Odebrecht.

Mientras, La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este mes una nueva investigación contra el expresidente Ricardo Martinelli por el delito de peculado en un préstamo otorgado por la Caja de Ahorros para la construcción del Centro de Convenciones de Amador.

Con esta nueva causa penal, Martinelli, autoexiliado en Miami, enfrenta nueve procesos que se suman a: 1) por una extorsión a Impregilo, 2) por las irregularidades en la compra de comida deshidratada en el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), 3) espionaje telefónico, 4) la compra abultada de granos del PAN, 5) por supuesta manipulación del mercado de valores con las acciones de la minera Petaquilla utilizando cuentas de Financial Pacific, 6) el presunto cobro de coimas en Cobranzas del Istmo S.A., 7) por otorgar 353 indultos antes de dejar el poder y 8) por despojar de sus tierras a pobladores de Bahía Honda, Veraguas.

Los papeles de Panamá y el Lava Jato

El bufete Mossack Fonseca protagonizó en abril del año pasado los denominados Papeles de Panamá, pero el último jueves, horas antes de quedar en una especie de detención provisional, soltó una bomba informativa que ha desatado un vendaval político en el país: “A mí el presidente Varela, escuchen esto con atención y que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo”, aseguró Fonseca Mora en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Fiscalía.

El abogado acudió de manera voluntaria al Ministerio Público, junto a su socio en la firma, Jürgen Mossack, después de que sus oficinas fuesen allanadas por su presunta implicación en el caso Lava Jato, la mayor trama de corrupción de la historia de Brasil. La Fiscalía también formuló cargos por blanqueo de capitales a ambos abogados, ordenó su detención mientras terminen de comparecer y les acusó de ser una “organización criminal” que ayudaba a lavar dinero en la trama de Lava Jato, que involucra a decenas de empresarios y políticos de Brasil y otros países de la región.

Fonseca Mora reconoció que su bufete creó una “decena” de sociedades anónimas a petición de distintos bancos, que luego las vendieron a personas implicadas en el caso Lavo Jato, pero que es una cantidad, a su parecer, insignificante comparada con las más de “10.000 empresas” involucradas en esta investigación, y acusó al Ministerio Público de usarle como “chivo expiatorio”, ya que la institución no ha ordenado aún el allanamiento de las oficinas de Odebrecht en Panamá a pesar de que hay abierta un investigación por los sobornos pagados a funcionarios panameños.

“Aquí en Panamá se han constituido muchas sociedades de Odebrecht y, aquí en Panamá, Odebrecht coimeó (sobornó) fuertemente”, dijo Fonseca Mora. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora desembolsó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, de los cuales 59 millones fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014.

“Todo el mundo ha creído que Varela está al lado mío, que me ha ayudado y que soy su amigo. Eso es mentira”, dijo con rotundidad Fonseca Mora. El abogado fue ministro consejero de Varela y presidente del gobernante Partido Panameñista hasta marzo de 2016, además de amigo del mandatario.

“Las declaraciones de mi amigo, el señor Fonseca, envían un mensaje claro al país de que la Justicia es independiente y de que este presidente no está protegiendo a nadie y que a cada uno le toca rendir cuentas por sus actos”, añadió por su parte Varela, quien asumió el cargo en julio de 2014, y ha defendido desde entonces que está lidiando una lucha contra la corrupción nunca antes vista en el país.

Lo cierto es que compañías de Mossack Fonseca, el bufete epicentro del escándalo conocido como Papeles de Panamá, bancos, telefónicas, ministros y el propio presidente Juan Carlos Varela, aparecen en una lista parcial de donantes privados de la campaña que lo llevó al gobierno en 2014.Varela publicó una copia autenticada por el Tribunal Electoral (TE) de la lista de las contribuciones privadas que recibió durante la campaña, que suman más de 9,73 millones de dólares.

Jürgen Mossack, detenido junto a Ramón Fonseca Mora, su socio, aparece en la lista con una donación de 1.000 dólares, aunque a lo largo de las 17 páginas con nombres y montos se repite Mossack Fonseca & Co. S.A. o Fiduciaria Mossfon S.A. entre otras, con cifras que varían. También aparecen en la lista de donantes privados varias personas de apellido Fonseca Mora, familiares del presidente, así como bancos privados, telefónicas, farmacias, grupos ginecológicos y firmas de bienes raíces, entre otras empresas.

Además se desglosan las contribuciones de personas que actualmente ocupan posiciones en el gobierno, como los titulares de Salud, Miguel Mayo, con 1.000 dólares, y el de Vivienda, Mario Etchelecu, con 2.000 dólares, entre otros altos cargos y miembros del gobernante Partido Panameñista. El propio presidente abre la lista con una contribución de 5.000 dólares.

Varela sostuvo que los donativos que recibió en la campaña “son contribuciones políticas, no son sobornos”, y que “ni un dólar” de esos recursos fueron utilizados para su beneficio personal o el de su familia. El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, que aparece en la lista de donantes con 9.000 dólares, dijo que el partido de gobierno no tiene “ni evidencias ni indicios” de que alguna de las personas que contribuyeron a la campaña proselitista de Varela “sea un vehículo de la empresa Odebrecht”.

El excandidato presidencial del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, dijo que publicará la próxima semana la lista de sus donantes de campaña en 2014, para que “se investigue sin distracciones” la supuesta vinculación de Varela con dinero de Odebrecht. --

Muchos casos de corrupción en la era Varela

El pueblo panameño no espera mucho de su presidente, que sigue cayendo en popularidad y, sobre todo en credibilidad. La gente le pide tres cosas: respeto para los sectores sociales reprimidos, erradicar la corrupción que corroe el país y promover una política exterior favorable para los intereses de todos los panameños. Pero no satisface al pueblo en ninguna de las tres.

“Los sectores que dominan la economía del país, en cambio, si esperan mucho del presidente Varela: mantener un ritmo de acumulación de riquezas basado en el despojo de los trabajadores; organizar una alianza entre gobierno y empresa privada que le permita a esta última apropiarse de los contratos y concesiones más apetecibles, y consolidar las relaciones entre la economía del país y los intereses de EEUU en el istmo, señala Gandásegui, preocupado por las revelaciones sobre corrupción durante la gestión de Varela.

Con 30 meses en el gobierno de Panamá, la administración del presidente Juan Carlos Varela experimenta notorios signos de desgaste (alrededor del 30% de aceptación entre la ciudadanía) por los escándalos de corrupción y la lenta ejecución de los proyectos prometidos en campaña electoral, señala La Estrella de Panamá.

Tres funcionarios de la administración de Varela fueron procesados por supuestos actos de corrupción y uno ha sido condenado a 42 meses de prisión (Grimaldo Córdova) por la práctica ilegal de la medicina. Algunos renunciaron en medio de denuncias, como es el caso del Edwin Cárdenas, del aliado Partido Popular, quien fue el primer director del Instituto de Mercado Agropecuario (IMA). Acusado de malos manejos de fondos públicos, la Contraloría General de la República determinó una lesión patrimonial de $5.3 millones de dólares durante su administración y lo denunció por peculado.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se ha visto envuelto en un caso de peculado de uso. Zulema Sucre, exviceministra, fue denunciada por tres escoltas por despidos injustificados y por exigirles pasear a su mascota (Gucci), como parte de su trabajo. Sucre también renunció a su cargo en medio de las denuncias y hoy enfrenta un medida cautelar de país por cárcel y la Fiscalía Quinta Anticorrupción pidió un llamamiento a juicio.

Grimaldo Córdoba, que fue procesado por uso ilegal de la profesión de medicina, ha sido el primer condenado de esta administración de gobierno: renunció a su puesto como director de Promoción de la Salud, luego de conocerse que no contaba con la idoneidad para ejercer la medicina.

Por su parte, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, y al jefe de la Dirección de Asistencia Social (DAS), el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Stanziola, fueron señalados por división de materia en compras pero, los detalles de este proceso han sido el secreto mejor guardado del Ministerio Público y de la “zarina” Anticorrupción, Angélica Maytín.

También el Ministerio de Educación ha sido protagonista de escándalos de corrupción por compras irregulares. En este caso, seis funcionarios de la institución, supuestamente cercanos a la ministra, fueron destituidos. Del proceso se conoce muy poco.

El (pen)último de los casos de corrupción conocidos en esta administración ha sido el de Ada Romero, exdirectora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), que renunció también en medio de escándalos tras la formulación de cargos criminales por coima, tras una denuncia del ministro de Trabajo y Desarrollo Social, Luis Carles, por mal uso de viáticos durante un viaje realizado a Ginebra.

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