14 Outubro 2016
El informe “Gobernanza del agua en zonas mineras de Perú: Abriendo el diálogo” de las investigadoras Ruth Preciado y Carmen Álvarez, muestra el poder que ejerce el lobby minero en Perú para controlar el proceso de adjudicación del agua que emplean. Este estudio arroja una luz para comprender por qué se desencadenaron 153 casos de conflictividad social vinculada al agua durante el 2011 y 2014, según registró la Defensoría del Pueblo. La falta de información y transparencia; así como la débil gestión permiten que se establezca una distribución poco equitativa, favorable a las empresas mineras.
La información fue publicado por Acción Solidaria para el Desarrollo - CooperAcción, 11-10-2016.
La falta de información por parte de la Autoridad Nacional del Agua, que maneja datos con más de 20 años de antigüedad, conlleva a que los estudios de impacto ambiental (encargados a consultoras transnacionales) presentados por la minera determinen la cantidad de agua disponible. “Con la modificación de la resolución directoral N°007-2015-ANA, ahora se pueden entregar licencias de agua antes incluso de que se apruebe el EIA. Tampoco ya es necesario contar con la aprobación del consejo de cuenca. Estas dos medidas dotan de más poder a la minera”, explica Ruth Preciado, coautora de la investigación.
El conflicto en Tía María mostró la importancia y el papel que juega el Estudio de Impacto Ambiental, pues se convirtió en la pieza fundamental que hizo detonar el descontento social ya que revelaba graves inconsistencias en el manejo de aguas. Actualmente, el organismo que se encarga de revisar los EIA es el Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (SENACE), y lo debe hacer en un corto tiempo pese a que el documento suele tener miles páginas. Según la Ley 30237 (calificada por la sociedad civil como ‘paquetazo ambiental’), la evaluación se realiza en un plazo de 150 días que incluye la aprobación de otras 14 autorizaciones y/o permisos. Cabe señalar que SENACE es un organismo que acaba de protagonizar un escándalo, pues su director, Julio Bonelli, -designado por PPK- tuvo que renunciar tras salir a la luz pública que había trabajado como gerente de permisos ambientales en Yanacocha.
El informe además muestra la falta de transparencia y la débil gestión del Estado sobre los recursos hídricos. Hasta el momento, se desconoce la cantidad de agua que consumen gigantes mineros como Yanacocha o Glencore. El informe también cuestiona el procedimiento de otorgamiento los derechos de uso de agua a grandes mineras, pues las autoridades nacionales no evalúan el impacto que tiene la entrega de estas licencias sobre muchos de los campesinos que habitan en la misma cuenca. “Según reporte de la ANA del 2011, el 70% de usuarios de agua del Perú son informales, es decir, no cuentan con un derecho de uso de agua reconocido. Por lo tanto, son invisibilizados en la distribución formal de este recurso”, declara Ana Leiva, directora de CooperAcción.
El estudio analiza, en particular, dos zonas mineras emblemáticas: la Cuenca del Río Grande (Cajamarca) y Espinar (Cusco), donde operan las mineras Yanacocha y Glencore Xstrata. Los impactos de la actividad minera son compartidos: escasez y reducción de la calidad del agua por la minería. Pese a que el sector minero repite constantemente que emplea tan solo el 1% del agua, un estudio internacional elaborado por Water International demostró que Yanacocha emplea hasta el 34% de la cuenca Mashcón que abastece a la ciudad de Cajamarca. Las investigadoras descubrieron, asimismo, el sometimiento de los campesinos a la minera, pues en época seca, dependen del agua que bombea la empresa.
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