Si a las empresas petroleras se paga un promedio superior a los 40 dólares por barril, quiere decir que los ecuatorianos cubrimos con nuestros impuestos el costo que el Gobierno paga a las empresas extranjeras. Se calcula una cifra de pérdidas por sobrepago a las petroleras en unos 4 mil millones de dólares desde cuando empezó la caída de los precios. Esos recursos, que no pueden llamarse de otra manera que legalización de la corrupción, salieron de nuestros bolsillos, de la cantidad de impuestos que ahora nos agobian a todos los ecuatorianos.

El reportaje es de Nina Osorio, publicado por Plan V, 20-01-2017.

Adivinando que estamos en tiempos de elecciones, algunos díscolos asambleístas amazónicos que no están de candidatos lograron persuadir a Rafael Correa para que envíe a la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley de Circunscripción Territorial Amazónica, un simple cuerpo legal de 28 artículos que nada aporta, que más bien profundizará los problemas sociales y vuelve expedita la extracción minera y petrolera aun en área protegidas.

Pretender usar este demagógico mamotreto jurídico con fines proselitistas, es una desfachatez por dos razones: incentiva la minería a gran escala ofreciendo “regalías” con las nuevas explotaciones; y, congela los fondos destinados la región por lo menos por los próximos 10 años. Tampoco les importa la selva si de extraer petróleo se trata; ofrecen recursos congelados bajo la condición de nuevas áreas de explotación minera y petrolera.

El proponente de la Ley Amazónica, habla sin ruborizarse, argumenta que “les están quitando el caramelo de la boca” a los candidatos que quieran hacer de este tema un motivo para pescar votos en las próximas elecciones. Quienes no pescan votos, en cambio, no han perdido la oportunidad, ya en retirada, de brindar con esta Ley todo un aguinaldo para las empresas extractivistas, en la misma corriente de quienes han hecho de la corrupción su forma de gobierno.

Nuestra región seguirá percibiendo 1 dólar por cada barril de petróleo, al menos por los próximos 10 años, según previenen los expertos. El avaro porcentaje, (2%), será más de un dólar cuando el precio por barril sobrepase los 50 dólares. Este año Ecuador vendió el crudo en promedio a $ 35. Es ilusorio pensar que el barril de petróleo se ubique en los 60 dólares en los próximos años, para que la Región pueda percibir veinte centavitos más. No puede haber un gobierno más sórdido con la Amazonía.

Pero no solo el proponente admite que para lograr unos centavos más por barril de crudo debemos sacar todo el petróleo del subsuelo. También algunos candidatos, inclusive llamados de izquierda, ya se frotan las manos con la esperanza de unos cuantos centavos con los nuevos proyectos petroleros en Pastaza, el uno del bloque 28 que cruza de parte a parte la zona más densamente poblada de la provincia y los bloques 79 y 83 que están en territorio Sapara y en Sarayaku. Este último tiene una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la cláusula de no repetición y que es obligatorio para el Estado ecuatoriano.

La otra fuente de financiamiento de la cicatera Ley Amazónica estaría en obtener el 60% de las regalías que produzca la minería a gran escala. Es decir, ya dan por hecho que la Amazonía tiene que entrar en la vorágine de la explotación minera para que algo de aquello nos gotee. Ya vendrán, como Ley concentradora en el Ejecutivo que es, a decirnos que tenemos que firmar un documento para acceder a los recursos producto de la minería, tal como sucedió con las Juntas Parroquiales a las que chantajearon haciéndoles firmar por la explotación del Yasuní para ofrecer unos dólares que todavía no llegan. Ya vendrá una cadena de televisión para justificar el atropello a los pueblos Shuar y Achuar de Morona Santiago, diciéndonos que con esos recursos tendremos escuelas del milenio por doquier, tendremos carreteras no importa que sean con sobreprecio y que no podemos ser pordioseros sentados en un saco de oro.

Los amazónicos sabemos que ser la región más rica del país no nos ha traído prosperidad nunca. De acuerdo con las estadísticas, hasta el año 2014 Ecuador disminuyó los índices de pobreza en un 10%, pero paradójicamente la Amazonía aumentó los niveles de pobreza en un 2%, según las propias cifras de la Senplades, organismo que según la Ley que ya está en la Asamblea, se convierte en el amo y señor de la Región Amazónica Ecuatoriana. En este organismo, dependiente directamente del Ejecutivo se concentra todo el poder y los Amazónicos a la espera de la buena voluntad de del Presidente de la República.

Debemos recordar que en el 2011, el Gobierno Nacional envió a la Asamblea la nueva Ley de Hidrocarburos, la cual que entre otras cosas estableció el cambio de negociación petrolera, de contratos de participación a contratos de prestación de servicios. Esa Ley entró en vigencia por el llamado imperio de la Ley y fue, a no dudarlo, la legalización de la corrupción, es decir, la corrupción elevada a la categoría de Ley de la República.

Los nuevos contratos, bajo la tutela del primer mandatario, elevaron los precios de producción en beneficio de las compañías extranjeras de manera descomunal. Solo cito lo que sucedió con la AGIP, en Pastaza. Cuando entrevisté a Rafael Correa, en el año 2007, le hacía caer en cuenta que el Estado pagaba a la AGIP 20 dólares por barril de petróleo extraído, (la AGIP era la única empresa que siempre tuvo contrato de prestación de servicios), y que esa cantidad era exagerada pues a Petroecuador en las mismas condiciones y con la infraestructura ya amortizada, extraer un barril le costaba entre 8 y 9 dólares.

El Presidente me dio la razón con el argumento que eso solo sucedía en la larga y triste noche neoliberal. La sorpresa mía y de muchos ecuatorianos fue que, al aprobarse la nueva Ley de Hidrocarburos, a la AGIP el gobierno paga 36 dólares por barril extraído. Esta antigua empresa ya tiene todo su capital amortizado, por eso, su costo de producción no puede ser superior a los campos maduros de Petroecuador, cuyo costo de producción no está por ahora más arriba de los 14 dólares por barril. La legalización de la corrupción se da en que todos los contratos hechos con la nueva Ley de Hidrocarburos, por prestación de servicios son sobrevaluados en favor de las empresas petroleras. Legalizada la corrupción, diga usted.

El dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del pueblo originario de Sarayaku lo declara zona protegida e inviolable. Y sentencia, mediante cláusula específica, la no repetición. Pero a solo dos años de haber pedido disculpas al pueblo del medio día, el régimen entregó dos bloques petroleros a los chinos, el 79 y el 83, que claramente viola esta cláusula.

Por ello, nosotros estamos planteando una reforma Constitucional que no permita, ni siquiera mediante resolución de la Asamblea Nacional la declaratoria de “prioridad Nacional”, justamente para que no suceda lo que ya sucedió en el Parque Nacional Yasuní. Sentados en un saco de oro decía el Presidente luego “que el mundo le falló”, el parque Nacional Yasuní iba a producir 18 mil millones de dólares en los próximos 20 años, ya pasan cuatro y no tenemos un solo dólar. Allí el costo de explotación de un barril de petróleo será de 55 dólares y el precio de venta promedio actual es de los referidos 35 dólares. Negocio redondo.

Primero entonces, hay que reformar la Ley de Hidrocarburos de tal manera que las empresas participen del negocio y no sean las únicas beneficiarias. Si a las empresas se paga un promedio superior a los 40 dólares por barril, quiere decir que los ecuatorianos cubrimos con nuestros impuestos el costo que el Gobierno paga a las empresas extranjeras. Se calcula una cifra de pérdidas por sobrepago a las petroleras en unos 4 mil millones de dólares desde cuando empezó la caída de los precios. Esos recursos, que no pueden llamarse de otra manera que legalización de la corrupción, salieron de nuestros bolsillos, de la cantidad de impuestos que ahora nos agobian a todos los ecuatorianos. Este solo cambio permitirá una redistribución de la riqueza, que se verá, en sus beneficios plasmarse en la Ley Amazónica, sin pedir caridad a nadie, sin entregar nuestros derechos a nadie, rescatando nuestra dignidad y haciendo valer nuestros derechos y también nuestros izquierdos.

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