24 Abril 2018
Compartimos este análisis de Amílcar Salas Oroño y Javier Calderón Castillo, para el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG, sobre las protestas sociales en Nicaragua, originadas por las reformas al sistema de seguridad social por el gobierno de Daniel Ortega.
El análisis es de Amílcar Salas Oroño y Javier Calderón Castillo, escrito para el CELAG y publicado por CPAL, 23-04-2018.
La repetición de hechos similares en diversos lugares del país, con la misma modalidad y desenlace, permite una primera aproximación a la cuestión de los sucesos ocurridos durante esta semana en Nicaragua: presiones y manifestaciones callejeras que van más allá del inmediato desencadenante – las reformas al INSS; propuesta de modificación que ya fue admitida por el Gobierno que, eventualmente, puede ser rediscutida – y que deben ser observadas con la preocupación propia de un intento desestabilizador a la democracia nicaragüense, cuestión no secundaria dado el clima de disputa geopolítica en que se encuentra la región.
En el transcurso de las horas y días, pudieron observarse: ataques violentos a la Alcaldía de Estelí, ataque a la Alcaldía de Granada, saqueos a la sede Departamental del Frente Sandinista de Chinandega, incendios organizados de locales en Rubenia, León, y otras comunas, intento de incendio de la biblioteca de Nueva Guinea (con seis personas en el interior del edificio), saqueos en establecimientos de Metrocentro, ataques y amenazas a periodistas de diversos medios, sin dejar de resaltar los encuentros violentos en los alrededores de la Catedral de Managua, la publicación en redes sociales de un comunicado falso del Ejército de Nicaragua, y si se considera la multiplicidad de los focos de fuego y humo instalados durante los días -estratégicos, desde el punto de vista mediático- pareciera que alguna forma de organización previa pudiera estar también participando de las circunstancias.
El inicio de las “protestas” fue activado desde los sectores estudiantiles, cuestión que no es una novedad – desde el punto de vista de la comparación regional-: en la Universidad Nacional Agraria (UNA), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Facultad Regional Multidisciplinaria (Farem) y la Politécnica de Nicaragua (UPoli) comenzaron a darse los primeros movimientos. Estudiantes que adhirieron con rapidez a un relato en sintonía con el discurso de las oposiciones de derecha en la región, distintos a los reclamos de la consigna originaria (por el cambio en los montos de cotización previsional). Empezaron a hablar en los medios de comunicación de “luchar contra la corrupción”, “por la libertad de prensa”, etc.
Se trata, también, de hechos vinculados con las nuevas herramientas de protagonismo “cívico”: la convocatoria inicial se hizo a través de las redes sociales (bajo el hashtag #SOSINSS), disparador de las protestas, desde el cual se fueron congregando voluntades en las Universidades y, desde allí, partir hacia otros destinos de choque.
Durante el año 2017, el sistema pensional nicaragüense tuvo un déficit de 80 millones de dólares causado por el desbalance interno entre base de cotización y pensionistas. Un asunto que obligó al Gobierno a revisar el conjunto del sistema, negándose a las peticiones del FMI y de los empresarios a subir la edad de jubilación [1], ni al aumento de las semanas de cotización que se ubican en 750, muy por debajo de las pretensiones de los neoliberales.
La reforma ha sido sometida a discusión con los gremios de trabajadores, las cámaras empresarias y otros sectores de la sociedad. El Gobierno informa que el proyecto presentado es el resultado de esos diálogos y que puede haber una reformulación del mismo para lograr un consenso que evite cualquier alteración de la paz, reinstalando de inmediato la comisión de diálogo para analizar la reforma previsional [2].
Los ataques contra el proyecto no provienen de sectores de trabajadores, puesto que el proyecto presentado (y en disputa) no alteraba la edad de la jubilación ni las 750 semanas de aporte como ya se ha dicho; desde un punto de vista integral, el aspecto en discusión es la deducción del 5 % a las pensiones, dirigidos a financiar la atención de ciertas enfermedades y la maternidad y un aumento en el monto de la cotización en un 3,5 % para los empleadores (pasa del 19 al 22,5 %) y en un 0,75 % para los trabajadores (pasa del 6,25 al 7 %).
Es claro, entonces, que las protestas están siendo promovidas por los más afectados con las medidas de la nueva ley pensional (los empresarios) muy ligados -o dueños- de los medios de comunicación, que están favoreciendo el clima destituyente, alimentando las refriegas callejeras, argumentando que los jubilados recibirán menos salario y la cotización será más alta. Lo concreto o lo correcto, en cambio, es que de acuerdo al proyecto de ley jubilatoria se mantiene el derecho adquirido de un trabajador nicaragüense, de jubilarse con quince años de trabajo (cotizado al INSS) y 60 años de edad, contrario a lo exigido por el FMI y los empresarios.
El Gobierno tratará de disminuir la conflictividad llamando a la mesa de diálogo sobre la ley jubilatoria, ya reinstalada, que tendrá como interlocutores al FMI y las cámaras empresarias, que, si tienen como intención principal escalar el conflicto para ir por mucho más que la modificación de la ley previsional, es probable que no acudan a la discusión. El pulso es fuerte porque los jubilados, los sindicatos y otros sectores de la sociedad han manifestado su apoyo a la ley, por considerar que no está en detrimento de sus derechos. De la actitud de empresarios y del FMI al acudir o no a la mesa de diálogo, se podrá deducir el camino que la derecha nicaragüense está decidiendo: si mantener la paz y la democracia lograda posconflicto, o si decide orientarse a la desestabilización en procura de recuperar el Gobierno.
La sofisticación de las acciones violentas, que ya han dejado diez personas muertas y un número aún no determinado de heridos, realizadas con un alto grado de coordinación y de impacto en todo el país, permiten suponer que el propósito de la derecha es instalar un clima que obligue al gobierno sandinista a volcar sus esfuerzos en impedir un dejavú social que recuerde los largos períodos de guerra, que amedrenten a la habitantes y actúe como chantaje electoral a favor de la derecha; o que le obliguen a retroceder en las medidas de restitución de derechos, diluyendo la adhesión social al proyecto sandinista.
No se puede obviar el papel que sigue jugando la tensión geopolítica, por la posible construcción del canal interoceánico en Nicaragua, financiado y concesionado por empresarios chinos [3]. Un tema que al preocupar a los Estados Unidos, preocupa a la derecha nicaragüense, convirtiéndolo en uno de los puntos más álgidos en las disputas internas, y que puede ser el causante de una mayor ansiedad para lograr la destitución del sandinismo.
En el escenario también están en disputa las bases de apoyo al Gobierno, pues las manifestaciones de la derecha por el tema previsional pueden animar a otros sectores sociales que pueden aceptar como positivas las medidas económicas, pero que tienen críticas por asuntos ambientales, de la gestión de Gobierno y por derechos con perspectiva de género, sexuales y reproductivas que al aparecer no están en la agenda estatal. El escenario se puede definir por la capacidad de apertura que tenga el Gobierno para dialogar con estos sectores sociales, para impedir que en medio de la confusión se aliente la perspectiva destituyente que se percibe en las acciones violentas de la semana.
Notas:
